E C O L O G Í A

6 de mayo del 2004

Rodrigo García
Quincenario Tintají / Quito

El Proyecto de Ley para la Conservación y Manejo Sustentable de la Biodiversidad que se pretende debatir en segunda instancia en el Congreso Nacional, constituye un atentado a los derechos colectivos de las comunidades indígenas del Ecuador. A través de esta propuesta de ley se pretende privatizar riquezas de la biodiversidad en flora y fauna, y los diversos recursos genéticos que poseen nuestras comunidades. Como parlamentario, creo que es imperioso archivar ese proyecto que en definitiva va contra el país, como denuncia la CONAIE. Este proyecto viola los derechos colectivos de los pueblos indios reconocidos en los artículos 84 y 85 de la Constitución de la República.

De aprobarse esta ley, los pueblos indígenas se verían afectados en sus derechos de propiedad, autonomía y respeto a los valores culturales y conocimientos ancestrales, pues el proyecto contempla todos los mecanismos para la privatización de las principales riquezas de la diversidad cultural y de la biodiversidad ecuatorianas. Además, a través de esta ley se permitiría la militarización como recurso impositivo para doblegar el derecho a la propiedad inalienable e imbargable de los territorios comunitarios.

Para ejecutar estos despropósitos, se pretende otorgar al Poder Ejecutivo, particularmente al Presidente de la República y al Ministerio del Ambiente, poderes casi absolutos para controlar y definir la política ambiental del país, en menoscabo del derecho del congreso nacional y de las propias organizaciones indígenas, de legislar y participar en la toma de decisiones que atañen a su sobrevivencia, violentando los derechos humanos, políticos y sociales. No podemos permitir que en el país se otorguen super poderes a ciertas personas para que definan la política ambiental, porque deben participar quienes están directamente involucrados en la misma.

Esta propuesta de ley desarticularía el cuerpo jurídico vigente que ampara constitucionalmente varios derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas produciendo un grave estado de inseguridad jurídica. Entre las normas que se violarían está la Ley Forestal, la Ley de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvetre y la Ley de Gestión Ambiental, así como diferentes convenios y tratados internacionales. Como si todo lo mencionado fuera poco, en varios artículos de este proyecto se muestra un evidente desconocimiento de los valores autóctonos de las tradiciones culturales y religiosas, así como de los conocimientos científicos ancestrales, pues solo se reconoce a las comunidades como actores de servidumbre ecológica.

¿Acaso se quiere que los indígenas sean siervos de la colonización verde que se pretende instrumentar a través de este proyecto de ley?