E C O L O G Í A

6 de mayo del 2004

Edgar Isch L.
Quincenario Tintají /Quito

La biodiversidad hoy es un ámbito clave de apropiación de la riqueza universal y por ello las áreas de reserva natural y parques se van transformando en terreno de disputa bajo las leyes del mercado. La protección de nuestra naturaleza, que fue un tema importante en el discurso de posesión del Presidente, se ha convertido en una más de las promesas olvidadas y se pone en peligro la mayor riqueza que poseemos. El proceso de debilitamiento de la autoridad ambiental es una de las situaciones más graves vividas en los últimos meses, en los que se han sucedido medidas que contraponen las leyes vigentes y las resoluciones del Primer Congreso Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizado en julio del año pasado. En enero, el Decreto Ejecutivo N°1186 de "Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo", quitó potestades al Ministerio del Ambiente en cuanto al turismo en las 33 áreas protegidas, capacidades de control y prevención de infracciones y de calificar y regular el trabajo de los guías. Los intereses empresariales se colocaron por encima de los de conservación, rompiendo una serie de elementos legales vigentes.

Luego, la Embajadora de Estados Unidos condiciona el Tratado de Libre Comercio a la aprobación de la Ley de Biodiversidad, en cuyo proyecto para segundo debate hay articulados que permiten al Ministerio del Ambiente "constituir derechos de uso y manejo sustentable sobre las áreas y los bienes y servicios del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales a favor de entidades públicas, privadas o mixtas, a través de concesión, delegación y otras figuras legales" (Art. 29) y otros pasos a la privatización de las Áreas y la biodiversidad. Las organizaciones populares han demandado la suspensión del debate de esta Ley contaminado por la intervención directa de la embajada de un país que no ha firmado ni los Acuerdos de Río ni el Protocolo de Kioto y que, por lo tanto, dudosamente tendrá una preocupación ambiental superior a sus intereses de dominación de la región.

Un tercer momento cumbre ha sido el reciente paro en Galápagos con la decisión del hoy renunciante Ministro del Ambiente de aceptar romper el marco legal y los acuerdos provinciales a través de órganos participativos para la regulación de la pesca en la Reserva Marina. De hecho, se trata de un paso atrás que abre las puertas a la pesca intensiva y, por tanto, a la pesca industrial con el riesgo de destruir una reserva única en el mundo. Esto, lógicamente no responde a los intereses legítimos y justos de los pescadores y pobladores de las islas. Si a esto se suma la constante falta de recursos, al grado de tener un número completamente insuficiente de guardaparques (casi 1 por cada 100 mil hectáreas en Yasuní o Cuyabeno), y la determinación de abrir la frontera petrolera sin consideraciones ambientales mínimas necesarias, cabe preguntarse si nuestras áreas naturales están realmente protegidas. La pregunta que sobra es si al gobierno todavía le interesa este tema.