 |
| E C O L O G Í A |
19 de mayo del 2004 |
|
| E C O L O G Í A |
19 de mayo del 2004 |
La Comisión Europea posiblemente decida mañana miércoles si autoriza la
importación de un maíz transgénico insecticida, levantando la moratoria
europea vigente desde 1999, en contra de la opinión de varios gobiernos.
Según Ecologistas en Acción, esta decisión sería prematura y contraria
al principio de precaución, ya que la legislación europea es todavía
totalmente insuficiente, y únicamente se puede entender como respuesta a
las amenazas de sanciones del departamento de comercio estadounidense,
que ha denunciado a Europa ante la Organización Mundial del comercio.
La primera gran "laguna" normativa es la falta de legislación sobre
responsabilidad por daños a la salud y al medio ambiente. Las mismas
compañías biotecnológicas que afirman insistentemente que los
transgénicos carecen de riesgos, se resisten a que se regule la
responsabilidad por daños asociados a este tipo de productos,
pretendiendo que el riesgo recaiga sobre los agricultores, o en otros
eslabones de la cadena productiva.
La segunda grave carencia legislativa es la falta de normas y medidas
para frenar la contaminación genética procedente de cultivos
transgénicos. Esta contaminación supone un grave perjuicio para el
agricultor que la sufre. Pero además es enormemente preocupante a medio
plazo, ante la eventualidad de un fracaso de las variedades manipuladas
genéticamente en términos de rendimiento o de problemas ambientales y de
salud. La Unión Europea, sin embargo, ha establecido únicamente unas
Recomendaciones sobre coexistencia, no sólo inaceptables por su
planteamiento permisivo y su falta de concreción, sino por tratarse de
normas que no son vinculantes.
Por otra parte, se repite insistentemente que no hay datos concluyentes
que permitan afirmar que los OMG tienen riesgos ambientales y sobre la
salud. Pero, ¿acaso se buscan estos datos?. En Europa se han aprobado
variedades transgénicas a pesar de que los propios comités científicos
de los gobiernos habían presentado objeciones en el proceso de
autorización, por considerar que la inocuidad de los productos no estaba
suficientemente demostrada. Y la Comisión Europea no es la primera vez
que autoriza la comercialización de un OMG obviando el voto en contra de
varios gobiernos en las sesiones del Consejo.
En el caso del Bt 11 de Syngenta, la importación de este maíz,
insecticida y resistente a un herbicida y destinado al consumo humano,
preocupa de forma especial a varios gobiernos europeos, que han
cuestionado su seguridad. Bélgica ha señalado que el análisis molecular
revelaba datos inquietantes, como la presencia de fragmentos de ADN
inesperados; el gobierno de Austria no está conforme con los informes
aportados por Syngenta, objetando la carencia de análisis toxicológicos,
de pruebas sobre los efectos a largo plazo del consumo de la proteína
transgénica y de pruebas alergénicas adecuadas; y los informes del
propio Comité Científico para los Alimentos europeo afirman que la
compañía ha aportado una evidencia escasa sobre la seguridad del
producto.
En opinión de Ecologistas en Acción, es lamentable que cuando se mueven
grandes intereses comerciales, como los 1,8 billones de dólares que
Estados Unidos reclama en su denuncia de la moratoria europea ante la
OMC, las decisiones "independientes" de algunas administraciones
empiezan a ser menos independientes, y su responsabilidad de velar por
la salud del medio ambiente y de las personas pasa a un segundo plano.
