| E C O L O G Í A |
9 de junio del 2004 |
El próximo jueves 10 de junio se reúne el Consejo Europeo de
Transportes, en el que probablemente se debatirá la propuesta de
revisión de la directiva Eurovignette. Dicha directiva, adoptada en 2003
por la Comisión Europea, propone cobrar a los vehículos pesados de
transporte por el uso de las principales carreteras europeas, incluidas
en las redes TEN (Red Transeuropea de Transportes). De esta forma, se
cobraría a los usuarios de transporte precios reales o, en términos
económicos, se lograría una internalización de los costes externos.
La propuesta de revisión de la Comisión presenta, a juicio de la
organización ecologista, algunas mejoras respecto a la anterior
directiva. Entre estas cabe señalar que la nueva propuesta cubrirá a
todos los vehículos de más de 3'5 toneladas, cuando el límite está ahora
en las 12 toneladas. Además, los costes externos de accidentes quedarían
incluidos. Por otra parte, en áreas ecológicamente sensibles se permite
un cobro añadido de más del 25% con la condición de que los ingresos
sean usados para transporte alternativo en esa área.
Sin embargo, aunque la directiva pretende que los costes del transporte
sean asumidos por los usuarios en lugar de por todos los contribuyentes
europeos, lamentablemente no todas las externalidades están
consideradas. La teoría económica sugiere que los cargos de
infraestructuras deberían reflejar los costes marginales sociales. Esto
significa que cobrar por todos los costes causados por el transporte que
la sociedad tiene que aguantar (congestión, daño a la salud humana,
impacto medioambiental, etc.) es económicamente válido. La propuesta de
la Comisión toma otro camino, pues aunque incluye los costes de
accidente, no hace lo propio con los ambientales y de congestión. Esto
resulta absurdo en una directiva que pretende cobrar precios reales.
Además, aunque la actual propuesta determina que los ingresos sean
reservados para el sector transporte, el memorando explicativo deja
claro que el dinero de las tarifas debe ser usado para el sector en el
que ha sido generado, es decir, para el sector carreteras en lugar de
para el de transportes en general. Por tanto sería deseable que todos
los requisitos sobre cómo deben de ser usados los ingresos desaparezcan
de la propuesta, para además evitar así una violación del principio de
subsidiariedad. Un tercer punto que también viola claramente este
principio es el hecho de que, si un Estado miembro decide aplicar un
sistema similar de precios en carreteras no incluidas en las TEN, debe
pedir permiso primero a la Comisión. No parece que esta medida
burocrática tenga beneficios claros.
El movimiento ecologista europeo lleva años pidiendo una nueva
reelaboración de la directiva o, al menos, unas reformas básicas
recogiendo estas reivindicaciones. Ecologistas en Acción ha enviado
sendas cartas y documentos informativos a la Ministra de Fomento,
Magdalena Álvarez, y al Secretario General de Transportes, Fernando
Palao, solicitándoles que se hagan eco de estas propuestas de cara al
próximo Consejo de Transportes del 10 de junio.
Más información: Samuel Martín-Sosa 915312739 Elena Díaz 932 68 36 80
Información sobre directiva Eurovignette (PDF, 28.7 KB)
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/directiva_eurovignette.pdf