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E L   R E I N O   D E L   R E V É S 

6 de mayo del 2004

Argentina

Pueblos de Salta pelean por sus derechos: la tierra y la vida

Claudia Korol
Adital

Distintos conflictos de tierras se desarrollan en estos días en la provincia de Salta, en el Noroeste argentino. Como en el resto del país, la entrega de territorios a las multinacionales y a los terratenientes se continúa realizando con el consentimiento de los gobiernos provinciales y nacional, con absoluto desprecio por las poblaciones originarias que los habitan desde tiempos ancestrales. La resistencia a los desalojos va configurando un nuevo mapa de conflictos en los que la tierra y la vida comienzan a identificarse como fundamentos de la existencia misma de los pueblos.

Las comunidades wichi que habitan los lotes fiscales 32 y 33 en General Pizarro, Departamento de Anta, denunciaron ante el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, la decisión del gobernador salteño Juan Carlos Romero -avalada por la legislatura provincial- de desafectar las tierras que habitan dentro de una reserva natural, para pagar una ruta que beneficiará a los grandes productores de soja.

Otro tanto hizo la comunidad wichi de General Mosconi, que espera por el título de propiedad de sus tierras desde hace años, al saber que éstas fueron ahora vendidas a un terrateniente de la región. "Venden las tierras con nosotros adentro", señalaron los líderes de la comunidad a Adital, denunciando también que el gobernador Romero "tiene comprados a los jueces de la provincia", porque es dueño de una gran parte de los recursos naturales y de la economía de la provincia, y controla los medios de comunicación como el diario local El Tribuno.

Al referirse a este tema, en el Foro de Mosconi realizado el Primero de Mayo, el dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi, José Pepino Fernández acusaba: "Acá vienen las grandes concesionarias de área y destruyen el monte. La gente no se da una idea de cuánto costó crecer a un árbol. Algunos cuestan más de 100 años. Vienen de la noche a la mañana a destruirlo. También destruyen a los pueblos originarios que habitan estas tierras. Tenemos que decir que pueden convivir el hombre y el árbol, como lo hacen los aborígenes hace milenios. Pero las multinacionales tienen a su favor a los presidentes, gobernadores, diputados, jueces. Nosotros tenemos que luchar contra todo eso. En Brasil están los Sin Tierra. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros?".

Señalaron a Adital los líderes de las comunidades en lucha el desamparo que viven sus hijos, sin tierras, sin educación, sin trabajo, víctimas del alcohol y las drogas, que es lo "único que nos ofrecen a bajo costo para tenernos dominados". Los wichi informaron que están articulados también con otras comunidades de pueblos originarios de la provincia, como los ava guaraníes y kolla guaraníes, que se encuentran en estos días en Buenos Aires para demandar que se les devuelvan sus tierras.

El viernes pasado, 30 de abril, la comunidad ava guaraní realizó una movilización en el centro porteño, en la que indicaron que no se irían de la Capital Federal hasta no lograr una respuesta favorable del gobierno nacional a su demanda de restitución de las 5000 hectáreas correspondientes al paraje La Loma, que les fueron arrebatadas por el Ingenio azucarero El Tabacal –propiedad desde 1996 del grupo estadounidense Seabord Corporation, dedicado al negocio de la agroindustria y el transporte marítimo, y el desprocesamiento de los veintidós indígenas de la comunidad, acusados de la "usurpación" de sus propias tierras. La demanda fue presentada contra la comunidad por la Seabord Corporation (productora del azúcar Chango, de exportación), cuando en septiembre del 2003, 150 familias recuperaron una parte de su territorio.

Señaló Mónica Romero, presidenta-cacique de la comunidad, que "hay documentos que prueban la existencia de esta comunidad guaraní en las tierras de La Loma desde 1.804, antes de que el ingenio Tabacal realizara la primera zafra (hecha en 1920)". En un comunicado distribuido en la movilización del 30 de abril, los Ava Guaraní denunciaron "el incumplimiento de los compromisos asumidos con la Comunidad El Tabacal por la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y la falta de respeto del presidente del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Jorge Rodríguez, quien les sugirió que "hagan una vaquita" (colecta) para juntar plata y comprar las 5000 hectáreas" dado que, según les explicó el funcionario, el gobierno no tiene el dinero para efectivizar la expropiación - prometida por la ministra de Desarrollo Social a la comunidad.

También en estos días, viene librando la batalla por sus tierras la comunidad kolla guaraní que habita Río Blanco –paraje cercano a la localidad de Orán-. Treinta y cinco familias kolla guaraní habían sido desalojados en los primeros días de marzo, en un procedimiento realizado por 25 policías uniformados y otros tantos de civil. Muchos de sus bienes fueron cargados en un camión y confiscados, y muchas de sus casas destrozadas con topadoras. Otras 40 familias que no fueron desalojadas permanecieron en las tierras pero sin moverse, ya que si salían no podían volver a entrar, y sus hijos ni siquiera pudieron trasladarse hasta la escuela.

Luego de 42 días en la ruta y bajo la lluvia, el jueves 8 de abril la comunidad decidió recuperar sus territorios desafiando la custodia privada. El martes 27 de abril la justicia salteña aceptó el planteo del Defensor del Pueblo de la Nación y dio marcha atrás: después de la inspección que realizará el juez a la zona, la comunidad recuperará sus casas y lo que queda de sus cosechas y animales y comenzará la pelea de fondo: la tenencia definitiva de las tierras. Señaló el defensor del pueblo de la Nación en su presentación, en la que se insta a que se disponga el inmediato reingreso de los integrantes de la comunidad: "Resulta evidente la violación de los derechos a la propiedad, a la vivienda, a la salud, a la convivencia comunitaria, a la dignidad. Y el quiebre de garantías constitucionales que protegen el debido proceso y la defensa en juicio. Los integrantes del grupo humano expulsado de sus viviendas han visto conculcados sus derechos más elementales, como el de mantenerse en la posesión de las tierras mientras no hubiere una decisión judicial válida que dispusiere lo contrario".

En estas pequeñas batallas por la vida y por la tierra de las comunidades originarias contra las multinacionales, los terratenientes, y los poderes de turno, se va dibujando el nuevo mapa de las relaciones sociales del siglo 21; en ellas se está peleando por la defensa de los recursos naturales, de la soberanía, de la identidad, del territorio. De estas muchas maneras, con más de 500 años de experiencia, los pueblos se van poniendo de pie, y preparan la próxima resistencia del continente, contra el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), la militarización, por un mundo en el que quepan todos los mundos.

* Claudia Korol es corresponsal de Adital en Argentina.  

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