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3 de mayo de 2004

Entró ayer en vigor una normativa que permite la salida al mercado de monumentos considerados «menores» / Clamor de la oposición

El gobierno Berlusconi pone en venta el patrimonio artístico italiano

Irene H. Velasco
El Mundo

ROMA.- ¿Desea convertirse en propietario de una iglesia fuera de uso en un coqueto pueblecito del centro de Italia? ¿Hay alguna multinacional interesada en adquirir un palacio de época en pleno centro de Roma para montar allí una franquicia de hamburguesas? ¿Quiere invertir en un pequeño museo de provincias?

El patrimonio cultural de Italia está desde ayer en venta. Porque, tras dos años de encendida polémica, entró finalmente en vigor la nueva ley de bienes culturales, que permite la compra por parte de particulares de algunos monumentos artísticos considerados «menores».

«No venderemos jamás los tesoros artísticos de Italia», promete una y otra vez Guiliano Urbani, ministro de Cultura y autor de la controvertida nueva ley. «Desde luego, no hablamos en ningún caso de vender el Coliseo. La ley es muy clara, estableciendo por primera vez qué es lo que se puede vender y qué es lo que no», subraya, dejando claro que el Estado prefiere vender monumentos en situación ruinosa porque no tiene dinero para mantenerlos.

Sin embargo, son muchos los que no terminan de creerse sus palabras.Incluidas asociaciones culturales, profesores universitarios, intelectuales, directores de museos, responsables provinciales de patrimonio artístico y, por supuesto, toda la oposición política al Gobierno de Silvio Berlusconi.

«Se trata de una ley espeluznante que atenta contra principios que parecían indiscutibles, como es la prevalencia del interés público sobre el interés privado», asegura el urbanista Vezio De Lucia poniendo el grito en el cielo.

«Supone dar un vuelco al concepto de bienes públicos de interés cultural», denuncia el senador Sauro Turroni, de Los Verdes.«Las empresas privadas buscan un interés económico inmediato.Así las cosas, ¿qué garantías hay de que respetarán el valor artístico de un monumento?», clama Nicola Spinosa, responsable de los museos de Nápoles. «No somos supermercados. Todo lo relacionado con el arte debe de tener un carácter cultural, no comercial», subraya el director del Museo del Louvre, terciando también en la polémica.

Pero, de los 180 artículos de los que se compone la normativa, hay uno que inflama especialmente a su legión de detractores: el número 12 dice que, si la Hacienda pública y el Ministerio de Cultura deciden sacar al mercado un bien artístico, las autoridades provinciales tienen 120 días de plazo para oponerse a su comercialización.Y si no manifiestan su rechazo a la venta, se interpreta que están a favor de la misma.

«¿Cómo les va a dar tiempo a examinar todas las solicitudes de venta?», se preguntan desde la asociación Italia Nuestra. «El riesgo de no poder responder a tiempo y dar así vía libre a la venta de decenas de bienes artísticos está ahí», protesta Nicola Spinosa, responsable de los museos de Nápoles.

Unos argumentos que el ministro de Cultura italiano rechaza de un plumazo: «Una declaración en contra de la venta de un monumento se escribe en 30 segundos. Y nosotros hablamos de 120 días», subraya Giuliano Urbani.

Pero no es solamente eso lo que hace temblar a los numerosos enemigos de la nueva ley. Además de consentir la venta de los bienes artísticos considerados menores,también permite la salida al mercado de los considerados bienes medioambientales (una colina, una playa, un bosque). Y, por si fuera poco, abre incluso las puertas al desembarco de las empresas privadas en la gestión de monumentos, palacios y museos. «La galería de los Uffizi o el Coliseo podrían ser gestionados por una fundación, pero su tutela seguiría siendo del Estado», dice Urbani.

Así las cosas, el pasado viernes un grupo de ciudadanos encabezados por militantes del Partido Verde protestaron contra la entrada en vigor de la nueva ley levantando un muro ante el Ministerio de Cultura italiano.

Por su parte, Italia Nuestra ha iniciado una campaña para denunciar que la normativa viola la sacrosanta Constitución, al incumplir su artículo nueve, ése que reza: «La República italiana promoverá el desarrollo de la Cultura y la investigación científica y técnica.Tutelará el paisaje y el patrimonio histórico y artístico».

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