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E C O L O G Í A 

19 de mayo del 2003

Chile, caso Ralco

La justicia tarda... pero llega


Después de media década de conflictos y resistencias y cuando las últimas 14 familias pehuenches (dramáticamente arrinconadas) negocian con la empresa y el gobierno, la justicia chilena anuló la validez del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que aprobó la represa Ralco.

Finalmente, los indígenas y los ecologistas "demonizados" en su oposición a Ralco y tachados de "activistas de oscuras causas ideológicas" tenían la razón de acuerdo a la legislación vigente. Su oposición al proyecto, por ende, es coherente con la ley y el estado de derecho.

La represa Ralco en el Alto Bío Bío, no sólo se aprobó con falta de estudios y con irregularidades técnicas en materia ambiental, las que tampoco fueron subsanadas por los adendum que contemplaba el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sino que también contenía graves violaciones a la legislación indígena, lo que vulneró derechos consagrados en ella que protegían a los pehuenches.

Entre ellos, los artículos 1 y 13 que establecen la protección de los territorios indígenas y obliga al estado a ser garante de dicho derecho inalienable. El artículo 34 y los siguientes se refieren al requisito del pleno consentimiento de las comunidades sobre cualquier proyecto o plan de desarrollo que se establezca en sus territorios.

Ante esta violación flagrante, la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, debió dramáticamente aceptar la renuncia del director de la época y posteriormente la de sus consejeros que no estuvieron dispuestos a encubrir dichas ilegalidades. Desde allí en adelante la CONADI perdió toda independencia y obcecadamente, el gobierno continuó tejiendo la vergonzosa historia de ignominias del caso Ralco.

Políticamente este hecho le costó al gobierno la ruptura definitiva con el pueblo mapuche, con el cual había iniciado un nuevo vínculo a comienzos de la transición, a partir del acuerdo de Nueva Imperial en 1989 y la promulgación de la Ley Indígena en 1993.

No quiero ahondar en las responsabilidades que le caben a la empresa, incluyendo a la Era Yuraszec y a ENDESA -España, sino sólo señalar cómo a través de la presión económica un sector puede manipular la política y las comunicaciones, para borrar cualquier indicio de legitimidad de sus opositores.

Esta situación duele por la inequidad e injusticia: gran parte de los ciudadanos informados de este país saben que legalmente Ralco es una represa construida sobre la base irregularidades, que podría forzarse su construcción pero en términos legales no podría ser llenada salvo que la empresa y gobierno quisieran escandalizar al país con una pelea entre la Ley Indígena y la Ley Eléctrica, lo que nacionalmente le causaría costos políticos insospechados y el descrédito internacional (aunque éste ya está patente de acuerdo a la acusación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido que Chile ha violado los derechos indígenas y su propia legislación en el caso Ralco).

La pregunta es ¿cómo puede sostener un país una política de hechos consumados que entrega prerrogativas a los sectores con acceso al poder de turno, aún a costa de caer en la manipulación y ruptura de sus propias leyes pisoteando los derechos de sectores pobres y con menos poder político?.

En esta ocasión el gobierno, quien en su calidad de máxima autoridad debiera compensar a las comunidades pehuenches por el daño y los sufrimientos de los cuales fueron víctimas estos años, está tratando de encubrir - a través del subsecretario Jaime Andrade - las ilegalidades, mediante aceleradas negociaciones económicas con las familias pehuenches en el Alto Bíobío, donde la empresa se resiste a aumentar el monto que ha dispuesto para comprar voluntades y permutas - no libremente deseadas por los indígenas - y asegurar su silencio.

Observamos desde todo el país y no puedo sino expresar que la escena indigna y avergüenza. No es la imagen de país que queremos, ni las formas de convivencia nacional a las que aspiramos. ¿Cuántos años faltarán en Chile, para que se haga justicia y las cosas se llamen por su nombre?

Sara Larraín
Directora
Programa Chile Sustentable

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