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E C O L O G Í A 

5 de febrero del 2004

Corrupción e Irregularidades en la Gestión del Agua en España

Aguas limpias, manos limpias


Fundación nueva cultura del agua

Introducción

El presente informe evidencia que la gestión del agua en España adolece de graves deficiencias, e irregularidades sistemáticas institucionalizadas en las que se apuntan incluso perfiles de corrupción.

A través de este informe se pone de manifiesto que la existencia de irregularidades en la toma de decisiones sobre la contratación de obras públicas hidráulicas, o las derivadas del incumplimiento del deber de vigilancia frente a la ampliación de regadíos ilegales o frente a la contaminación, no se limita solamente a casos aislados bajo la responsabilidad de particulares o de funcionarios de bajo nivel. Por el contrario, se observa que el abundante número de casos de desgobierno hidráulico y de manejo fraudulento de fondos públicos, que traen como resultado la destrucción o degradación grave de muchos recursos naturales y valiosos patrimonios ambientales, sociales y culturales, tienen rasgos sistemáticos tras los que parece existir una actividad planificada, consciente y decidida de los grupos de presión; al tiempo, se detecta la existencia en la Administración de altos cargos que proceden de sectores como los de las grandes constructoras, compañías eléctricas y grande! s negocios agrarios en connivencia con esos intereses.

CONTENIDO DEL INFORME

El presente informe recoge un estudio basado en el análisis y clasificación sistemática de casos en cada cuenca hidrográfica. La estructura del informe se ha dividido en dos partes. La primera recoge el estudio de irregularidades en las Cuencas Mediterráneas - Ebro, Júcar y Segura -, relacionadas entre sí por los proyectados Trasvases del Ebro del PHN; la segunda parte del informe describe las situaciones de las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de Cataluña.

En la primera parte del Informe se constatan relaciones, sin duda conscientes y bien articuladas entre las grandes obras de la cuenca del Ebro, la del Júcar y la del Segura; esto es, las cuencas a enlazar por medio del trasvase Sur del Ebro, la obra central que preside el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno español.

En este sentido, el informe pone de manifiesto cómo en la cuenca cedente, la del Ebro, se plantea un conjunto de embalses, en particular los de Itoiz, Yesa, Santaliestra y Biscarrués, donde destaca la labor del antiguo Secretario de Estado de Aguas, Benigno Blanco, en la actualidad Secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Esta persona fue máximo responsable de los Servicios Jurídicos de la empresa eléctrica IBERDROLA y miembro del Consejo de Administración de varias compañías constructoras, constatándose que su actuación, juzgada en la actualidad en varios Tribunales de Madrid, podría haber favorecido los intereses de su antigua compañía, IBERDROLA, la cual se encargará del bombeo de los caudales a trasvasar. Hay que señalar que su antigua empresa le pagó, justo antes de ocupar el cargo de Secretario de Estado de Aguas en el Ministerio de Medio Ambiente, 210.000 euros.

En relación con los embalses del Pirineo, los procedimientos judiciales en curso o con sentencia dictada denuncian el incumplimiento manifiesto de la normativa de impacto ambiental, la voluntad de construir embalses en zonas de riesgo geológico cerca de pueblos habitados, la vulneración del régimen de los contratos públicos y del procedimiento administrativo, el uso irregular de fondos, las expropiaciones ilegales, el uso de la Policía y Guardia Civil en beneficio privado a la hora de expulsar a los habitantes de las localidades afectadas y la ocultación de datos al público y a los Tribunales.

Aunque no se reconoce así explícitamente en la Planificación Hidrológica, el contraste de dicha planificación (en la que se prevén 450.000 ha de nuevos regadíos en la Cuenca del Ebro) y el Plan Nacional de Regadíos (en el que tan sólo se prevén 82.000, de las cuales sólo 43.000 están en polígonos en ejecución) dejan al descubierto un inconsistente sobredimensionamiento de estas obras, que sólo puede explicarse por su relación con las necesidades de regulación que exige la política de trasvases prevista. Tal y como hemos señalado, la electricidad exigida para el bombeo de estos caudales procedería de las centrales de IBERDROLA situadas en la cuenca del Júcar, segunda etapa en la conducción del agua al Sureste de España desde el Ebro.

En la región de Valencia, resalta el trasvase del propio río Júcar al Vinalopó, donde el Sr. Benigno Blanco impulsó la creación de la empresa pública "Aguas del Júcar, Sociedad Anónima", que, en régimen de Derecho privado, contrataría a una filial de IBERDROLA, llamada IBERINCO para realizar los estudios técnicos precisos, en la que el propio Benigno Blanco fue Secretario del Consejo de Administración. Entre los territorios destinatarios de este trasvase destacan las zonas residenciales y recreativas de la provincia de Alicante, cuya expansión urbanística fue promovida por el actual Ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, destacado promotor de estos proyectos trasvasistas. Tal es el caso de Benidorm, localidad de la que fue alcalde antes de ocupar la Presidencia del Gobierno autonómico, y en la que se produjeron incendios forestales en el lugar donde posteriormente se edificó el gran parque temático "Terra Mítica".

En lo que respecta a la Cuenca del Segura, aparece el nombre de D. Francisco Cabezas, antiguo Comisario de Aguas de esta cuenca y actualmente Subdirector General de Planificación Hidrológica. Los problemas de escasez en la zona se caracterizan por parte del Gobierno como "déficit estructural" de agua, en base al cual se pretenden justificar los trasvases de agua de otros ríos. Desde su destino en la Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, D. Francisco Cabezas, en lugar de garantizar el control de nuevas perforaciones garantizando la sostenibilidad del acuífero, tal y como exige la ley, autorizó la extracción de aguas subterráneas sin ningún amparo legal, aguas que aumentaron el número de hectáreas irregulares de regadío e incluso de campos de golf. Por otra parte, numerosos expedientes sancionadores relativos a extracción de aguas subterráneas se han dejado prescribir sin llegar a ningún resultado en las propias oficinas de la Confederación Hidrográfica.

De los abundantes casos documentados en base a denuncias y procesos judiciales, podría derivarse que el pretendido "déficit estructural" se debería en buena medida a extracciones y consumos irregulares que, siendo ilegales parecen consentirse e incluso ampararse desde la Administración. Mientras, se ha generado y permitido una gravísima contaminación del río Segura, uno de los ríos más sucios de Europa, por cuya causa se juzga ahora a altos cargos del Ministerio de Medio Ambiente.

De los casos documentados se constata que las irregularidades y el descontrol no sólo alcanza al Ministerio de Medio Ambiente, sino que también se ven implicados, en diversos casos, jueces, alcaldes, empresarios y políticos locales, algunos de los cuales habrían recibido, según se denuncia, fraudulentamente, fondos europeos para poner en regadío zonas de vegetación natural, terrenos forestales quemados en incendios e incluso espacios naturales protegidos. Se denuncia por otro lado, la existencia en la Región de Murcia de casos de acoso laboral y social por parte de algunas autoridades y medios de comunicación, orientados a coartar la libertad de expresión de los funcionarios, investigadores universitarios y ciudadanos que vienen denunciando este tipo de irregularidades.

En la segunda parte del informe se recogen y se clasifican sistemáticamente las irregularidades denunciadas en las cuencas hidrográficas de Galicia-Costa, Guadalquivir, Duero, Tajo, Norte, Sur y Cuencas Internas de Cataluña. Cada una de ellas cuenta con sus particularidades, aunque destacan las evidencias de sobreexplotación hidroeléctrica (por parte de las empresas UNIÓN FENOSA, ENDESA e IBERDROLA) y la ocultación de datos y el impedimento del derecho ciudadano de acceso a la información ambiental por parte de las Confederaciones Hidrográficas (dependientes del Ministerio de Medio Ambiente).

Son de destacar casos paradigmáticos como el de Unión Fenosa y el Gobierno Regional de Galicia, la sobreexplotación de ENDESA en varios ríos de la región de Cantabria o la labor de silencio y la posible complicidad con las empresas constructoras e IBERDROLA de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente también del Ministerio de Medio Ambiente.

Junto a los ejemplos descritos, aparece un mundo de múltiples irregularidades en torno a las pequeñas y medianas obras, generalmente con la connivencia de gobiernos municipales y de pequeños grupos de poder económico de ámbito local o regional. No obstante, sus efectos son muy destructivos para el patrimonio natural y social, como el caso de ciertos regadíos, minicentrales hidroeléctricas, dragados de ríos y talas de bosque de ribera.

En definitiva, las irregularidades y problemas de corrupción existentes en torno a la gestión del agua en España no se deben sólo a fenómenos aislados y por obra de personas de escasa influencia política y económica. Muy al contrario, además de estos casos de menor entidad, sobresalen otros casos en los que el Ministerio de Medio Ambiente, los Gobiernos Regionales, los Entes Locales, las empresas constructoras, los grandes regantes y las compañías eléctricas, aparecen implicados en numerosas denuncias y sentencias que indican hasta qué punto se estudia, planifica y ejecuta la vulneración sistemática del Estado de Derecho a través de múltiples irregularidades y la utilización de fondos públicos que alimentan todas estas actividades.

A la vista de la situación mostrada, urge una reflexión seria y profunda acerca de cómo se están planificando las obras hidráulicas y tomando las decisiones sobre la gestión del agua en España y cuáles son los fines y beneficiarios reales de tales obras y decisiones. Urge también aplicar con contundencia el Estado de Derecho en todo lo relativo a la planificación y uso del agua, depurando todas las posibles responsabilidades por irregularidades y usos abusivos existentes en torno a ello. Urge igualmente rodear de la máxima transparencia y de los máximos canales de información y participación públicas a todos los procedimientos y decisiones relativos a las obras hidráulicas y al uso del agua con el fin de evitar la arbitrariedad, el abuso de poder y la opacidad que con frecuencia aparecen en torno a las actuaciones hidráulicas. Finalmente, las abundantes y graves deficiencias de carácter jurídico evidenciadas en las distintas cuencas hidrográficas demandan una moratoria sobre las obras hidráulicas y grandes decisiones sobre usos del agua actualmente planteadas, incluyendo las previstas en el marco del Plan Hidrológico Nacional, con el fin de evitar que tales obras y decisiones sirvan para seguir alimentando una bola de nieve de corrupción, irregularidades y usos abusivos del agua con cargo a fondos públicos y a expensas de un menguante patrimonio natural, social y cultural.

La aplicación escrupulosa del Estado de Derecho, la máxima transparencia y participación públicas y el respeto a los derechos de los ciudadanos constituyen requisitos imprescindibles en cualquier ámbito y que hoy por hoy no se dan en la planificación y gestión del agua en España. Por tanto, reivindicar dicho Estado de Derecho y la máxima transparencia en la toma de decisiones constituye así la primera exigencia para una imprescindible nueva cultura del agua en España. La Fundación Nueva Cultura del Agua quiere contribuir a ello con la presentación de este informe.

Ver informe completo (.pdf 267kb)

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