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E C O L O G Í A 

14 de abril del 2004

El reto del medio ambiente en Cataluña

Jaume Grau y Juanjo Caceres
El Viejo Topo

El nuevo gobierno de la Generalitat de Catalunya ha despertado muchas expectativas, tanto dentro como fuera del territorio catalán, como no podía ser de otra manera dado el carácter novedoso que presenta el panorama político tras dos largas décadas de "pujolismo". El Acuerdo de gobierno firmado por PSC-ERC-ICV-EUiA, estructurado en 4 bloques, incluye un apartado entero titulado "Una nueva política territorial y ambiental", el cual vamos a analizar aquí.

El programa pactado por los partidos que forman el gobierno tripartito en Cataluña es fruto de la desigual correlación de fuerzas entre las tres formaciones integrantes del gobierno. En conjunto, presenta una serie de declaraciones de intenciones interesantes desde un punto de vista ambiental, así como unos grandes ejes estratégicos sobre los que debe centrarse la acción de gobierno en los próximos cuatro años, algunas en la línea de lo que viene reclamando el dinámico movimiento ecologista local y global, otras no tanto. Las políticas medioambientales a realizar a partir del acuerdo de gobierno se desarrollarán por parte de, al menos, cuatro conselleries (Medi Ambient i Habitatge, Política Territorial i Obres Publiques, Agricultura, Ramaderia i Pesca, i Relacions Institucionals i Participació), aunque es cierto que la mayor parte recaerá en el Departament de Medi Ambient, al frente del cual se encuentra un conseller de la coalición ICV-EUiA, la cual ha hecho de las políticas ecologistas su bandera electoral. Veamos cuales son los grandes temas que deberá afrontar el gobierno catalán.

El agua

Una de las promesas estrella durante la campaña electoral fue, sin duda, la de detener el Plan Hidrológico Nacional y oponerse a los transvases del Ebro y el Ródano, defendidos y apoyados por el PP y CiU. Está por ver la actitud que finalmente adopta CiU a la vista de la erosión que le ha producido el apoyo al PP en esta y otras cuestiones, pero parece claro que si el PP renueva su mayoría en las próximas elecciones generales nada o casi nada va a cambiar y la firme voluntad -tan firme que a veces es "testicular", en palabras del Ministro de Agricultura- de ejecutar el PHN, más allá de lo que diga Bruselas, se va a mantener. En este caso, está por ver qué nivel de actitud beligerante adopta el tripartito, a medida que avanzan las primeras obras del trasvase del Ebro, desde la perspectiva judicial o incluso, como se ha insinuado, policial.

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que se recogen en el programa de gobierno la mayoría de los planteamientos que se han hecho desde la "Nueva Cultura del Agua", incluyendo un Plan Nacional de Gestión del Agua con elementos de ahorro en el consumo doméstico y agrícola (no así en el industrial, que parece haber sido olvidado), la suspensión cautelar de la tramitación de nuevos proyectos de campos de golf, medidas para garantizar la calidad y prevenir la contaminación de las aguas y mayor reutilización de las aguas residuales. En otro apartado se hace además hincapié en el desarrollo de nuevos sistemas de regadío, en la protección sus efectos ambientales negativos y en el compromiso con el ahorro de agua de riego. No aparecen, sin embargo, referencias a una cuestión sensible de polémicas, la política de implantación de desaladoras en zonas costeras, completamente insostenibles ambientalmente, mientras la energía sea originada básicamente por combustibles fósiles.

Los residuos

Se trata probablemente del capítulo menos novedoso y más continuista del pacto de gobierno, en buena medida porque lo firman los mismos partidos que gobiernan desde hace mucho la mayoría de ayuntamientos de la Región Metropolitana así como la Entidad Metropolitana, es decir, el espacio desde donde se planifican y ejecutan los programas sobre residuos que afectan a la mayor parte de la población de Cataluña.

Llama la atención la ausencia de cualquier reflexión alrededor de la recogida segregada de materia orgánica (en porcentajes muy bajos actualmente), figura clave para el éxito de cualquier programa de recogida y valorización de los residuos domésticos. Tampoco hay ninguna referencia explícita a los métodos e instalaciones de recuperación de residuos (Ecoparcs), al cierre de vertederos insostenibles (como el del macizo del Garraf), a los residuos industriales, etc., a pesar de la insistente actividad de diferentes plataformas y movimientos cívicos y vecinales, que reclaman la revisión de la situación de cada estructura, de su normativa reguladora y de los criterios de ubicación todas estas instalaciones. Sí aparecen, en cambio, dos elementos positivos, como son la voluntad de planificar el cierre de las incineradoras y también la de desarrollar la Ley para la reducción de envases, transponiendo la Directiva europea.

La energía

Este capítulo, en su formulación global, es uno de los más ambiciosos del documento. Se plantea claramente elaborar un Plan de la Energía que planifique la reducción de las emisiones de CO2, cumpliendo con el protocolo de Kyoto; el ahorro y eficiencia energética, y la descentralización de la producción. Se propone también un programa de desarrollo de las fuentes de energías renovables para conseguir el ambicioso objetivo de una producción del 12% del total producido en el año 2012, y una previsión de cierre de las centrales nucleares, sin fechas concretas.

Sin embargo, el documento no establece ninguna concreción presupuestaria y temporal de los grandes proyectos ni se desprende cual será la respuesta que desde el Govern se dará a los conflictos locales existentes alrededor de estas cuestiones. Sería muy útil, por un lado, que desde la Generalitat se recogiera la propuesta, formulada por el movimiento ecologista, de reclamar para Cataluña una inversión en energías renovables equivalente a la que preveía el gobierno central en caso de haberse quedado el proyecto ITER en Vandellós. Y, por el otro, una actuación decidida ante algunos problemas ambientales graves, como los provocados por instalaciones insostenibles como la central térmica de Cercs: contaminación atmosférica, lluvia ácida, o el peligro de instalación de una nueva Central de Ciclo Combinado en el puerto de Barcelona, etc.

Infraestructuras, transporte y movilidad

A pesar de que formalmente las competencias en cuestiones de infraestructuras no dependen del Departament de Medi Ambient, la realidad es que este es un sector clave en la definición del territorio. La planificación y construcción de infraestructuras, sobretodo las viarias, es foco de la mayoría de conflictos entre los gobiernos y la ciudadanía en temas ambientales, en tanto que la construcción de una carretera, autopista, túnel, embalse o vía ferroviaria provoca una destrucción irreversible en los ecosistemas, tanto por el efecto directo de las obras y la colocación de hormigón, cemento, vallados, etc., como por el efecto de fragmentación y parcelación del territorio.

En este sentido, el gobierno tripartito hereda una Cataluña "desarrollista", cuyas vías de comunicación tienden a separar irreversiblemente los espacios naturales o seminaturales que todavía existen, lo que produce graves repercusiones ecológicas sobre numerosas especies tanto de fauna como de flora, que ven destruidos sus nichos ecológicos o reducidos sus espacios vitales por debajo de lo indispensable para la supervivencia, especialmente la macrofauna vertebrada y las aves. Una herencia pesada, de la que el acuerdo de gobierno se distancia demasiado poco, aunque se introducen algunas novedades que hacen más "verde" el sistema de transportes. Siguiendo la filosofía del "desarrollismo", se apuesta por el incremento de la humanización del territorio, por la construcción de grandes infraestructuras viarias dedicadas al vehículo privado y, de acuerdo con las lógicas del mercado, se habla una y otra vez de la necesaria "competitividad" que hay que animar entre las empresas privadas desde el sector público. También se mantiene, aunque con matices, la obsesión por convertir a Barcelona en una gran capital europea, a cualquier coste. Si durante muchos años se ha apostado obsesivamente, especialmente desde el PSC y CiU, por equiparar a Barcelona con Madrid (Aeropuerto, AVE, etc.), en el acuerdo de gobierno se fija como objetivo "convertir el puerto de Barcelona en el gran centro de distribución del sur de Europa".

Sin embargo, la propia dinámica social puede hacer entrar aun más en crisis muchos de esos planteamientos. Desde antes incluso de que se constituyera el nuevo Govern ya han empezado a aflorar los múltiples conflictos generados por algunas obras públicas. La problemática del túnel de Bracons (eje Vic-Olot), del Cuarto Cinturón, de la ampliación del puerto de Blanes, del trazado del AVE o de la construcción de nuevas áreas esquiables en la Vall d 'Aran son solo algunos ejemplos de lo que se van a encontrar los nuevos consellers en el futuro inmediato. Sin duda hay mucho interés en ver cómo se las ingenian estas formaciones para atender las reclamaciones vecinales y ecologistas: éste será un verdadero bautismo de fuego para las políticas ambientales del gobierno tripartito.

En el lado positivo, el acuerdo prevé una importante inversión en infraestructuras ferroviarias, reforzando y mejorando las líneas actuales y creando algunas nuevas en puntos clave del territorio, así como un mayor uso de esas líneas para el transporte de mercancías. Cabe esperar que no serán al final las mercancías los únicos usuarios de estas infraestructuras, pues las mejoras en la red actual son importantes, sobretodo, para dotar al área metropolitana de un verdadero servicio de metro regional; a Tarragona, Girona y Lleida de servicios de cercanías, y a buena parte de las poblaciones de la Cataluña interior de un acceso rápido y eficaz hacia el área metropolitana. También se crearía un segundo cinturón ferroviario, entre Vilanova i la Geltrú i Mataró, así como un nuevo eje ferroviario transversal Reus-Igualada-Manresa-Vic- Puigcerdà-Francia. Sin embargo se echa de menos la atención hacia la necesidad de hacer llegar también el tren a algunas comarcas prepirenáicas (el Berguedà, el Solsonès) o de la zona más despoblada de Catalunya, el Pirineo de Lleida (Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Val d'Aran).

Por otra parte, también supone una positiva declaración de intenciones la voluntad de elaborar un Plan de movilidad para Cataluña y de fomento del transporte colectivo y el uso de la bicicleta, del que sería deseable un gran resultado ante la previsión general de incremento del uso del transporte privado. En cuanto al transporte aéreo, el acuerdo apuesta implícitamente por el uso de forma complementaria de los aeropuertos de El Prat, Girona y Reus, e incluso el de La Seu-Andorra, descartando así, en apariencia, el interés en una segunda ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Esto supone una buena noticia para una comarca, como el Baix Llobregat, absolutamente agredida y fragmentada por las infraestructuras que la atraviesan.

Equilibrio territorial y zonas rurales

En la planificación territorial, el documento establece la reformulación de los grandes instrumentos urbanísticos, en particular del plan Territorial General de Catalunya, de acuerdo con parámetros más actuales, esto es, teniendo en cuenta las necesidades de vivienda, de servicios, de equilibrio entre residencia y actividades económicas, entre movilidad y calidad ambiental. Paralelamente, se desarrollarán Planes Territoriales Sectoriales y Parciales, haciendo hincapié en el litoral, los espacios agrarios, las zonas de montaña, los espacios fluviales y los sistemas de conexión biológica entre espacios libres. También se incluyen aspectos de participación ciudadana en la elaboración de los Planes, así como detallados programas de actuación. Como novedad interesante, se contempla el establecimiento de un nuevo canon de compensación que se aplicará sobre toda obra de interés público, sea de promotores privados o públicos, por un importe del 1% que será transferido al respectivo ayuntamiento para la preservación y mejora de la calidad ambiental del municipio. Sin embargo el apartado no define con claridad qué zonas serán urbanizadas y cuáles no ni en qué momentos. No define igualmente los espacios libres que deben protegerse imperativamente, ni sus conexiones naturales, tan solo la necesidad de estudiar con especial detenimiento las zonas objeto de Planes Territoriales Parciales. Tampoco conocemos las políticas a desarrollar en el ámbito metropolitano, el más agredido por la presión demográfica y de las infraestructuras, donde las tensiones son mayores ante la acelerada ocupación del territorio y el arrinconamiento cada vez más dramático de los pocos espacios naturales protegidos, llevando prácticamente a un continuo urbano de muchos kilómetros, desde Castelldefels hasta Mataró y desde Esparreguera hasta Granollers.

Las intenciones manifestadas en el documento son, sin duda, positivas, más aun cuando se acompañan de medidas cautelares. El problema, una vez más, es que no se pone en duda el modelo de desarrollo y ni el nivel de ocupación del territorio, ocupación a la que no se pone más límite que los espacios protegidos y las pendientes superiores al 20%. Si los datos nos indican que en los últimos 25 años se ha consumido tanto territorio como en toda la historia anterior, las previsiones que pueden deducirse del modelo urbanístico del acuerdo de izquierdas son poco más optimistas. No hay que olvidar tampoco que desde gobiernos municipales del PSC ¾y a veces también de ERC e ICV¾ se ha tenido la tentación de llevar a cabo macroproyectos urbanísticos de edificación de sectores anteriormente libres. Así, proyectos como el del Pla de Ponent en Gavà, el Centre Direccional en Cerdanyola o la urbanización de Rials en Alella, son ejemplos de planes urbanísticos que han dado pie a conflicto social, político y ciudadano llevando, en algunos casos, incluso a cambios importantes en los gobiernos municipales.

De ahí que el gobierno tripartito deba asumir y que la izquierda social deba reclamar una reinterpretación del territorio en una clave mucho más sostenible. Ello pasaría necesariamente por una redefinición del modelo urbanístico actual, y su enfoque hacia otro modelo radicalmente diferente. Es necesario reconocer la fragilidad de los ecosistemas, la importancia del equilibrio entre los usos urbano, industrial, de equipamientos y de espacio natural del territorio. Y esto debe llevar a los planificadores a limitar el crecimiento (no el desarrollo) y a condicionar la nueva ocupación de suelo para garantizar el mantenimiento de la cohesión y el equilibrio territorial respecto a las zonas rurales y comarcas de interior, aunque resulta inquietante la dificultad de frenar algunos procesos ya muy avanzados, como la pérdida de la agricultura periurbana o la pérdida de dinamismo de las comarcas que han experimentado los mayores procesos de despoblación en las últimas décadas.

Espacios naturales

En el apartado titulado Biodiversidad, se recoge de manera genérica aunque bastante correcta la introducción de medidas administrativas y legislativas para mejorar la protección de las zonas de interés natural catalanas. Se prevé la aplicación de los convenios internacionales sobre protección de zonas húmedas, la concreción de la Directiva Hábitats y la extensión y desarrollo de la Red Natura 2000, planes de uso y gestión de los actuales espacios naturales protegidos así como de las zonas no urbanizables y la aprobación de una ley de protección de la biodiversidad. También se definen escuetamente los nuevos espacios a proteger legislativamente, aunque se dejan de lado una parte importante de las zonas de valor natural sobre las que ha habido demandas de inclusión en la red PEIN (Plan de Espacios de Interés Natural): la propuesta de Parque Agrícola-Forestal del Montbaig-Montpedrós-Puigvicenç, del Parque Agrario del Llobregat, del Parque Natural del Delta del Llobregat, del Parque de la Serra de Marina, del Parque Natural de los Pirineos Catalanes, así como la ampliación y mejora de los Parques del Delta del Ebro, de los Aiguamolls de l'Empordà, del Montnegre, de las Illes Medes, etc.

El principal defecto del apartado es el mencionado anteriormente: proteger únicamente los espacios no urbanizables es insuficiente, ya que hay determinados sectores del territorio que, estando calificados urbanísticamente como urbanizables, tienen una importancia estratégica enorme en la preservación de la integridad de los ecosistemas y como conectores biológicos entre los espacios protegidos. Por otro lado, la propuesta de ampliación de los espacios ZEPA y LIC queda como un enunciado genérico sin concretar. Confiamos, sin embargo, que la gestión concreta de estas dificultades permitirá minimizarlas e introducir un nuevo enfoque en el valor del territorio como recurso escaso y limitado, y en la necesidad de preservar la biodiversidad y la riqueza de espacios naturales diversos no como anécdota museística sino como valor indentificatorio intrínseco al país.

Calidad alimentaria

Las propuestas relativas a la producción alimentaria son escasas y quedan agrupadas en el apartado séptimo del bloque del programa titulado Un nou impuls per Catalunya. Lo cierto es que el acuerdo manifiesta una línea continuista con las políticas precedentes: no en vano todos los partidos del Parlament de Catalunya aprobaron por unanimidad en la legislatura pasada las leyes de calidad agroalimentaria (2003) y de orientación agraria (2002), con las cuales existe una gran identificación, así como con otras líneas de actuación principales del anterior gobierno.

En el apartado destaca el compromiso de adoptar medidas para promover la continuidad de la actividad agraria, introduciendo incentivos a través de los impuestos de transmisión patrimoniales o en la modulación de las ayudas agrícolas, y creando un Fondo de Tierras, que sin embargo son insuficientes desde la perspectiva de los problemas estructurales del sector primario en la Europa actual. También puede ser relevante el compromiso de impulsar un Plan de Pesca del Mediterráneo con otras comunidades autónomas y de diseñar un plan para la agricultura ecológica, aunque desconocemos cual puede ser el alcance de los objetivos de este último, cuando en los últimos años las formas de producción que se han promovido más netamente desde la Conselleria d'Agricultura son las de producción integrada. Tampoco quedan claros los ejes para alcanzar un crecimiento "moderno" y "sostenible" en el sector pesquero, cuando buena parte de sus problemas derivan del proceso de modernización o industrialización de ese sector. Por lo demás ninguna sorpresa en un apartado necesitado de muchas más novedades de las que aquí se manifiestan.

Fiscalidad ecológica

Si bien es cierto que el establecimiento de una "ecotasa" como tal ha quedado descartado de entrada en el pacto de gobierno, ante los recelos acumulados en los sectores turísticos desde la experiencia balear -a nuestro entender desmedidos y profundamente interesados-, también es verdad que éste es un concepto no unívoco, y que debe entenderse en un sentido amplio. Entendida de un modo flexible, la fiscalidad ecológica se puede aplicar a muchos sectores de la sociedad y a muchos niveles de la administración. Ciertamente, ya existen impuestos y tasas aplicadas sobre conceptos claramente medioambientales, pero que se han revelado largamente insuficientes para satisfacer las crecientes demandas ciudadanas de mejoras en las políticas de sostenibilidad. De ahí que el acuerdo de gobierno prevea hacer un estudio de instrumentos disuasorios y de fiscalidad ecológica, enfocado a aplicar figuras impositivas sobre la dispersión urbanística en el territorio, las externalidades estacionales de determinadas actividades y los combustibles fósiles en la generación de electricidad y para el transporte. Unos objetivos, éstos loables, respecto a los que cabe esperar el desarrollo de medidas de mayor envergadura en el futuro.

Sostenibilidad y participación

Este apartado será con toda seguridad otra de las piedras de toque para el tripartido. El conjunto de sociedad civil crítica enarbola la bandera de la sostenibilidad ambiental con una mano, mientras con la otra alza la de la democracia participativa. Son dos patas inseparables de un nuevo paradigma de relaciones ciudadanas, sociales, políticas y de la humanidad en su conjunto hacia el planeta que nos acoge.

En este sentido. no hay que olvidar que la izquierda política catalana se enfrenta al enorme reto de no defraudar las expectativas creadas en el tejido social crítico y en el conjunto de la sociedad, que espera una renovación en las ideas y en las formas. Es en buena medida la izquierda social catalana, esa enorme red de redes, tejido de pequeños y grandes movimientos que, local y globalmente, se cuestionan el estado de las cosas y reclaman con fuerza "otro mundo posible", la que ha aupado al poder a los cuatro partidos del gobierno, y quien en estos momentos se encuentra atentísima a cómo van a comportarse los responsables de dirigir la política catalana. Porque el voto de confianza otorgado el 19 de noviembre no es un cheque en blanco. Precisamente por haberse producido al abrigo de las importantísimas movilizaciones ciudadanas de los últimos tiempos (el movimiento contra la guerra, contra el Plan Hidrológico, contra las consecuencias del Prestige, contra las reformas legislativas laborales y educativas, etc.), y tantas reivindicaciones locales, el cambio político será analizado al detalle y con espíritu muy crítico por parte de esa sociedad civil, que no perdonará traiciones a ninguna de las promesas electorales. Esta oportunidad que ha propiciado la izquierda social (tantos años desvinculada y aún enfrentada a la izquierda política) es la gran novedad del actual ciclo político y harán bien los partidos del gobierno en no olvidarse de ello si no quieren perder la base social de su política.

Dada esta circunstancia, resulta un tanto desconcertante la ausencia de un apartado dedicado específicamente a la definición de las políticas participativas y, que en cambio se cree de la Conselleria de Relacions Institucionals i Participació, que ha sido asumida por el Presidente de IC-V, Joan Saura. A pesar de ello, es cierto que a lo largo del documento hay bastantes menciones a la necesidad de introducir mecanismos y procesos participativos en las políticas públicas, especialmente en el bloque de propuestas sobre política territorial y ambiental, pero se trata de propuestas bastante moderadas y poco innovadoras, que probablemente serán insuficientes para la mayoría de personas y organizaciones sociales críticas y progresistas.

Conclusiones

En conjunto podemos valorar los acuerdos ambientales del gobierno tripartito como los propios de un pacto de carácter "posibilista", ya que no plantea cambios drásticos, es ambicioso en algunos objetivos pero también, en general, muy moderado en los mecanismos para lograrlos. Algunos lo valorarán como insuficiente, como una renuncia de los planteamientos más avanzados de ERC y sobretodo de ICV-EUiA, pero para otros se tratará del mejor acuerdo posible. En cualquier caso el pacto reúne suficiente elementos de interés para constituir el punto de partida para un cambio de las relaciones entre medio ambiente y sociedad en Cataluña, siempre y cuando se mantenga el impulso ecológico desde la izquierda social y el conjunto de la sociedad aumente su identificación con estos objetivos.

No hay que olvidar que dada la naturaleza del sistema sociopolítico vigente, todo cambio debe ser gradual, pero continuado. En este caso, la voluntad de cambio se encontrará no pocas dificultades, desde la enorme limitación presupuestaria heredada de los gobiernos de CiU hasta las reticencias de ciertos sectores sociales, especialmente de la gran patronal y evidentemente la derecha política, que verán con inquietud las perspectivas de modificación de las reglas de juego en sectores económicos clave. También la dificultad de conjugar los grandes proyectos estratégicos a largo plazo con la práctica cotidiana del día a día o una indecisión al afrontar los aspectos de mayor envergadura, como podrá ser el cierre de las centrales nucleares catalanas, puede hacer cuestionar la credibilidad del nuevo gobierno en materia ambiental. Precisamente por este motivo hubiera sido muy deseable una mayor la concreción sobre el terreno, un mayor desarrollo de las actuaciones previstas y la presencia de estimaciones presupuestarias, pero el Govern dispone todavía de cuatro años para dar forma e implementar esas propuestas. Unas propuestas que, insistimos una vez más, no deben defraudarnos. Cataluña debe ser, a nuestro criterio, un país con identidad propia, también en lo económico y lo territorial, sin complejos de inferioridad con ningún otro pueblo de la península Ibérica ni de Europa, y si en algo deber ser pionera es en cohesión social, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental y social. Esos son los grandes retos de futuro que tiene planteados la sociedad, y a ellos hay que dar respuesta.

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