28 de febrero del 2002

La estructura de la dominación mundial: de Bretton Woods al Acuerdo Multilateral de Inversiones

Atilio A. Boron

El objetivo de este trabajo es examinar las grandes transformaciones experimentadas por el sistema capitalista internacional en las últimas dos decadas del siglo xx a los efectos de poner de relieve los principales rasgos que caracterizan la estructura y el funcionamiento de la hegemonía norteamericana. Diversos autores, entre los que sobresale Noam Chomsky, han demostrado que a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial la diplomacia estadounidense se dio a la tarea de diseñar y poner en funcionamiento un conjunto de instituciones intergubernamentales destinadas a preservar la supremacía de los intereses de los Estados Unidos y regular el funcionamiento del sistema internacional para asegurar su adecuada gobernancia en función de los intereses de la superpotencia. (Chomsky, 2000). Esta propuesta se plasmó en la creación de una tríada de agencias e instituciones:

a) las instituciones económicas emanadas principalmente de los acuerdos de 1944 firmados en Bretton Woods y que dieron nacimiento al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y, poco después, al GATT.

b) un denso conjunto de instituciones políticas y administrativas, generadas bajo el manto provisto por la creación de las Naciones Unidas en San Francisco, en 1945: FAO, UNESCO, OIT, OMS, PNUD, UNICEF y muchas otras. En el marco hemisférico, la iniciativa más importante fue la disolución de la vieja Unión Panamericana y la creación de la OEA.

c) un complejo sistema de alianzas militares concebidas para establecer una suerte de "cordón sanitario" capaz de garantizar la contención de la "amenaza soviética", y cuyo ejemplo más destacado ha sido la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En el caso latinoamericano esta política se plasmó en la firma del TIAR, Tratado Inter- Americano de Asistencia Recíproca y la creación de la Escuela Inter- Americana de Defensa, organismos éstos que cumplieron un papel crucial en la reafirmación de la hegemonía norteamericana en el área y en el sostenimiento de las tenebrosas dictaduras militares.

Ahora bien, si en la Guerra Fría fueron las instituciones políticas y militares del orden mundial las que desempeñaron la función articuladora general de la dominación, a partir del predominio del capital financiero y la crisis y descomposición del campo socialista –fenómenos éstos que se extienden a lo largo de casi dos décadas, el primero desde comienzos de los 1970's y el segundo a partir del decenio siguiente– se produjo un desplazamiento del centro de gravedad del imperio desde sus instituciones político- administrativas hacia las de carácter económico. Esta transformación se manifestó a través de las siguientes mutaciones:

- por una parte, por una devaluación del papel de las agencias e instituciones políticas, administrativas y militares como custodios de la paz internacional o como reaseguros supuestamente llamados a impedir que la bipolaridad atómica tuviera como desenlace una guerra termonuclear. Los Estados Unidos y sus aliados utilizaron a la ONU y sus diversas agencias para neutralizar, a comienzos de la década de los sesenta, la amenaza que un Patricio Lumumba radicalizado representaba para los intereses occidentales en el Congo, pero fueron estas mismas instituciones las que durante 27 años sostuvieron al régimen de Mobutu, uno de los peores y más corruptos tiranos en la historia del Africa independiente. Similarmente, la ONU toleró con total pasividad el sabotaje al proceso de paz en Angola pero colaboró activamente en los esfuerzos por sacar a Milosevic de Bosnia y Kosovo, objetivos de primer orden de la OTAN. En relación a esta última conviene no olvidar el bochornoso papel desempeñado por ésta última en la crisis de los Balcanes: ante la imposibilidad norteamericana de obtener en el marco de la ONU un refrendo para su política belicista y genocida en Yugoslavia, el gobierno de Clinton optó por servirse de la OTAN para tales propósitos. Esta deplorable involución, consentida por el silencio del Secretario General de la ONU, se suma a las legítimas dudas que plantea la estructura no- democrática del gobierno de las Naciones Unidas, en donde los llamados "cinco grandes" conservan aún hoy poder de veto en el Consejo de Seguridad, órgano al cual van a parar todos los asuntos de importancia estratégica de la ONU. Con el agregado de que mientras el Consejo se encuentra abocado a un tema, el mismo no puede ser tratado por la Asamblea General, en donde impera la regla de un país, un voto, y no existen poderes de veto. Una significativa cuota de responsabilidad por la crisis que caracteriza al sistema internacional debe ser atribuída a la persistencia de una estructura profundamente antidemocrática en el seno de las Naciones Unidas.

- el desplazamiento en dirección a las instituciones de Bretton Woods se verificó también en el ataque sistemático de las grandes potencias, bajo el liderazgo norteamericano, al supuesto "tercermundismo" de la ONU y sus agencias. Esto dio origen a diversas iniciativas, tales como la salida de los Estados Unidos y el Reino Unido de la UNESCO durante el apogeo del neoconservadorismo de Reagan y Thatcher; la retención del pago de las cuotas de sostenimiento financiero de la ONU; significativos recortes en los presupuestos de agencias "sospechosas" de tercermundismo, como la OIT, UNESCO, UNIDO, UNCTAD. Conviene recordar que en 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Carta de los Derechos y Obligaciones Económicas de los Estados, un notable cuerpo legal en el cual se establecía el derecho de los gobiernos a "regular y ejercer su autoridad sobre las inversiones extranjeras" así como "regular y supervisar las actividades de las empresas multinacionales." Un elocuente recordatorio de cuán diferente era la correlación mundial de fuerzas prevaleciente en esa época lo ofrece un artículo específico de la Carta en el cual se reafirmaba el derecho de los estados para "nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de los inversionistas extranjeros" (Panitch: 11). Pero eso no era todo: la Carta fue acompañada por la elaboración de un "Código de Conducta para las Empresas Transnacionales" y la creación de un Centro de Estudios de la Empresa Transnacional, ambas iniciativas destinadas a favorecer el mejor conocimiento de los nuevos actores de la economía mundial y a posibilitar el control público y democrático de su accionar. Desde 1970 el Foro Económico Mundial venía reuniéndose en Davos pero la correlación mundial de fuerzas acallaba sus débiles voces y no lograba impedir, o siquiera demorar, esta llamativa "toma de posición" de las Naciones Unidas. Huelga acotar que todas estas movidas tropezaron con la cerrada oposición del gobierno de los Estados Unidos y sus más incondicionales aliados, liderados por su más obediente perro guardián, el gobierno del Reino Unido. La reacción culminó, ya afianzada la hegemonía del capital financiero, con la abolición de la citada Carta y el Código de Conducta y la liquidación del Centro de Estudios de la Empresa Transnacional. Suerte similar corrieron las iniciativas también surgidas en aquellos años y tendientes a democratizar las comunicaciones mediante la creación de un Nuevo Orden Informativo Internacional. Como signo de los tiempos, en los ultraneoliberales noventa lo que se discute es la forma de imponer un Acuerdo Multilateral de Inversiones que, de ser aprobado, significaría lisa y llanamente la legalización de la dictadura que de facto ejercen los grandes oligopolios en los mercados porque la soberanía de los estados nacionales en materia legal y jurídica quedaría por completo relegada y subordinada a las imposiciones de las empresas, tema sobre el que volveremos más abajo. En esta misma línea, la UNCTAD que creara Raúl Prebisch a mediados de los sesenta con el propósito de atenuar el impacto fuertemente pro-empresario del GATT fue sometida a similares recortes y restricciones jurisdiccionales: sólo puede brindar asistencia técnica a los países subdesarrollados en aspectos comerciales y hacer algo de investigación, pero le está expresamente prohibido ofrecer consejos de política a esos países. ¡Ésa es una tarea que el BM, el FMI y la Organización del Comercio Mundial realizan eficientemente!

- como puede observarse, todo un conjunto de funciones que antes se encontraban en manos de UNCTAD, OIT, UNESCO y otras instituciones igualmente sospechosas de simpatías "tercermundistas" fueron expropiadas por los organismos de Bretton-Woods. La política laboral la fijan ellas en lugar de la OIT; los temas educativos son también objeto de preferente atención y de eficaz monitoreo por el BM y ya no más por la UNESCO; la problemática de la salud fue también en gran medida extraida de la OMS y puesta al cuidado del BM y el FMI, al igual que las políticas sociales y previsionales en donde ambas instituciones cooperan con la OCM en fijar los parámetros de lo que debe hacerse en esas materias. Por su parte, el otrora poderoso Consejo Económico y Social de la ONU fue despojado de sus prerrogativas y jerarquías, siendo reducido al desempeño de funciones prácticamente decorativas. La "magia del mercado" se ha hecho cargo de todo.

El despotismo tecnocrático de las instituciones políticas globales

Resumiendo: en los últimos veinte años se ha producido un desplazamiento de los centros de decisión internacional desde agencias e instituciones constituidas con un mínimo de respeto hacia ciertos criterios, si bien formales, de igualdad y democracia como las Naciones Unidas, hacia otras de naturaleza autoritaria y tecnocrática, que no tienen ni siquiera un compromiso formal con las reglas del juego democrático, que no son responsables ni imputables por las políticas que imponen –vía las famosas "condicionalidades" a los países que monitorean– , que sólo rinden cuenta ante los ejecutivos de sus propios gobiernos y que carecen en absoluto de agencias o procedimientos que posibiliten siquiera un mínimo control popular de las decisiones que allí se toman y que afectan la vida de millones de personas.

Este es el caso, sin duda alguna, de las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se trata de enormes burocracias, extraordinariamente influyentes, y cuyas iniciativas no están sometidas a nada que pueda siquiera remotamente parecerse a un control republicano. Su despotismo tecnocrático encuentra sus límites tan sólo en las preferencias e inclinaciones del puñado de gobiernos que efectivamente cuenta en su dirección y control. No deja de ser aleccionador el hecho de que gobiernos que se ufanan de ser los adalides de la vida democrática no sólo consientan sino que apoyen y promuevan el papel de instituciones intergubernamentales de este tipo cuya estructura, diseño, filosofía y comportamiento se aparta radicalmente de los principios democráticos. Tomemos, por ejemplo, el caso del Fondo Monetario Internacional. Su directorio, que es el órgano ejecutivo de la institución, se rige por un sistema de voto calificado que coloca el poder decisional en manos del capital y principalmente del representante norteamericano. Es decir, los países que forman parte del FMI –y las presiones y los chantajes para que soliciten su admisión al mismo son impresionantes– entran a un club en donde sólo unos cuantos tienen voto, mientras el resto está condenado a un papel pasivo y subordinado. Así, los Estados Unidos tienen el 17,35 por ciento del poder de voto mientras que un país "sospechoso" para el consenso liberal predominante –nos referimos al Japón– sólo controla el 6,22 por ciento de los votos. Ahora bien: cualquier decisión importante requiere una mayoría calificada del 85 por ciento de los votos del directorio. Por lo tanto, USA tiene poder de veto y no sólo derecho a voto. Podría alegarse, desde el plano meramente formal, que el conjunto de países de la Unión Europea tiene 23,27 por ciento de los votos y, por lo tanto, tiene la posibilidad de doblegar el veto norteamericano. Pero ésta sería una visión meramente formalista porque si hay algo de lo que la Unión Europea carece es de unidad. No existe Europa, al menos todavía. Es una ilusión. Por ahora lo que existe es Alemania, Francia, Gran Bretaña y así sucesivamente, y el Viejo Continente paga un precio exorbitante por este déficit estatal. Así lo anota Z. Brzezinski cuando dice que Europa "es una concepción, una noción y una meta, pero todavía no es una realidad. Europa Occidental es ya un mercado común, pero todavía está lejos de ser una única entidad política" (Brzezinski: 67). El discurso dominante que celebra la extinción de los estados nacionales está destinado al consumo de los espíritus cándidos y no al de los intelectuales del imperio. La inexistencia fáctica de la Unión Europea se torna patente cuando se comprueba que los países miembros de la UE jamás votaron unitariamente en contra de una iniciativa de los Estados Unidos en el seno del directorio del FMI. El voto europeo fue invariablemente fragmentado, con Gran Bretaña cumpliendo su tradicional papel de "junior partner " de los intereses norteamericanos. Descarnadamente concluye Brzezinski que estas agencias "supranacionales" deben considerarse como parte del sistema de dominación imperial, "particularmente las instituciones financieras internacionales. El FMI y el BM se consideran representantes de los intereses 'globales'. En realidad… son instituciones fuertemente dominadas por los Estados Unidos" (Brzezinski: 28-29). Este sesgo pro- norteamericano ante el cual se doblega una Europa carente de sustento estatal se observa también en la Organización del Comercio Mundial. Un análisis hecho recientemente sobre las disputas comerciales revela que "sobre 46 casos de conflictos comerciales USA perdió 10 y ganó 36" (Alternatives Economiques, 33). Éstas son las instituciones "supranacionales" y globales que, hoy en día, constituyen el embrión de un futuro gobierno mundial.

Imperio y relaciones imperialistas de dominación

Resumiendo: estamos en presencia de un proyecto animado por el propósito de organizar el funcionamiento estable y a largo plazo de un orden económico y político imperial –un imperio no-territorial, quizás; con muchos rasgos novedosos producto de las grandes transformaciones tecnológicas y económicas que tuvieron lugar desde los años setenta– pero imperio al fin. De aquí nuestro radical desacuerdo con la reciente obra de Michael Hardt y Antonio Negri en la cual se sostiene la tesis no sólo paradojal sino completamente equivocada del "imperio sin imperialismo", tesis que, por ejemplo, es rechazada por una autora inscripta en el progresismo liberal como la ya mencionada Susan Strange (Hardt y Negri: xii-xiv). En ese sentido, la lectura de los intelectuales orgánicos de la derecha es siempre estimulante, porque si algunos en la izquierda hacen gala de una enfermiza inclinación a olvidarse de la lucha de clases y el imperialismo por temor a ser considerados como extravagantes o ridículos dinosaurios del parque jurásico decimonónico, los primeros se encargan de recordar su vigencia a cada rato. Se comprende: la íntima articulación de los primeros con las funciones políticas de la dominación imperial no les permite incurrir en los extravíos y las alucinaciones pseudoteóricas de sus contrapartes de izquierda chantajeadas por el consenso neoliberal y posmoderno. De esto se trata cuando hablábamos de la hegemonía ideológica del neoliberalismo: "tener a sus adversarios en el bolsillo", como recordaba Gramsci, haciéndolos pensar con sus categorías y desde su perspectiva clasista.

Es precisamente por esto que Leo Panitch nos invita, en un penetrante artículo, a examinar la visión que los principales teóricos de la derecha norteamericana tienen sobre la escena internacional. (Panitch: 18-20). Zbigniew Brzezinski, por ejemplo, celebra la irresistible ascensión de los Estados Unidos al rango de "única superpotencia global" y se regocija –con el resentimiento propio de todo buen aristócrata polaco– de que entre sus vasallos y tributarios se incluya ahora, por primera vez, a los países de Europa Occidental. Preocupado por garantizar la estabilidad a largo plazo del imperio Brzezinski se esmera en identificar los tres grandes imperativos estratégicos del imperio: (a) impedir la colusión entre –y preservar la dependencia de– los vasallos más poderosos en cuestiones de seguridad (Europa Occidental y Japón); (b) mantener la sumisión y obediencia de las naciones tributarias, como las del Tercer Mundo; y (c) prevenir la unificación, el desborde y un eventual ataque de los bárbaros, denominación ésta que abarca desde China hasta Rusia, pasando por las naciones islámicas del Asia Central y Medio Oriente (Brzezinski: 40). Más claro imposible.

Otro de los grandes intelectuales orgánicos del imperio, Samuel Huntington, ha observado con preocupación las debilidades que la condición de "sheriff solitario" puede reportar para los Estados Unidos. Ésta le ha llevado, nos dice, a un ejercicio vicioso del poder internacional que sólo podrá tener como consecuencia la formación de una amplísima coalición anti-norteamericana en donde no sólo se encuentren Rusia y China sino también los estados europeos, lo cual pondría seriamente en crisis al actual orden mundial. Para refutar a los escépticos y refrescar la memoria de quienes se han olvidado de lo que son las relaciones imperialistas conviene reproducir in extenso el larguísimo rosario de iniciativas que según Huntington fueron impulsadas por Washington en los últimos años:

"presionar a otros países para adoptar valores y prácticas norteamericanas en temas tales como derechos humanos y democracia; impedir que terceros países adquieran capacidades militares susceptibles de interferir con la superioridad militar norteamericana; hacer que la legislación norteamericana sea aplicada en otras sociedades; calificar a terceros países en función de su adhesión a los estándares norteamericanos en materia de derechos humanos, drogas, terrorismo, proliferación nuclear y de misiles y, ahora, libertad religiosa; aplicar sanciones contra los países que no conformen a los estándares norteamericanos en estas materias; promover los intereses empresariales norteamericanos bajo los slogans del comercio libre y mercados abiertos y modelar las políticas del FMI y el BM para servir a esos mismos intereses; ... forzar a otros países a adoptar políticas sociales y económicas que beneficien a los intereses económicos norteamericanos; promover la venta de armas norteamericanas e impedir que otros países hagan lo mismo; ... categorizar a ciertos países como "estados parias" o delincuentes y excluirlos de las instituciones globales porque rehúsan a postrarse ante los deseos norteamericanos" (Huntington: 48).

Entiéndase bien: no se trata de la incendiaria crítica de un mortal enemigo del imperialismo norteamericano sino del sobrio recuento hecho por uno de sus más lúcidos intelectuales orgánicos, preocupado por las tendencias autodestructivas que se derivan del ejercicio de su solitaria hegemonía en el mundo unipolar. Resulta fácil advertir que el "orden imperial" en gestación representa, en el plano mundial, la más completa perversión de la fórmula que Abraham Lincoln acuñara al definir a la democracia como el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo." Paradojalmente, el país que se exhibe a sí mismo como el paladín de la democracia mundial ha creado un entramado de instituciones y normas internacionales que desmienten impiadosamente la fórmula lincolniana, haciendo realidad el sueño burgués de un "gobierno de los oligopolios, por los oligopolios y para los oligopolios". ¿Puede un orden como ése ser la expresión de una situación internacional pacífica, conducente al bienestar general y ecológicamente sustentable? De ninguna manera, toda vez que el mismo reproduce en la esfera de sus instituciones y normas de gobernancia mundial la primacía de los intereses oligopólicos y la prevalencia de una lógica imperial que amplifica y perpetúa la opresión imperialista, las radicales asimetrías existentes en la distribución de la riqueza, los ingresos y el conocimiento, y la destrucción del medio ambiente.

Hacia una codificación de la hegemonía del capital: el Acuerdo Multilateral de Inversiones

Lo anterior da buena cuenta de los proyectos de largo plazo que abrigan "los nuevos amos del mundo" y que, si no encuentran una decidida resistencia, no tendrán empacho alguno en imponer a cualquier costo. Si alguien tiene algunas dudas al respecto, bastaría con echar una ojeada a los borradores del por ahora abortado estatuto para el capital, el llamado Acuerdo Multilateral de Inversiones, para convencerse de lo que venimos diciendo. Si tal como lo hemos visto en los setentas, el objetivo de gran parte de la comunidad internacional era controlar el accionar de las firmas multinacionales, en los noventa el AMI propone nada menos que una rendición incondicional de la sociedad, representada por el estado, ante los dictados del capital. Según Edgardo Lander, el AMI puede ser caracterizado como una suerte de leonino "Tratado Internacional de los Derechos de los Inversionistas" y también como una carta constitucional que fija las condiciones de la plena hegemonía del capital transnacional. En primer lugar, observa Lander, porque codifica en un texto básico las tendencias hoy imperantes en las relaciones entre estados y empresas transnacionales, procurando coagular de este modo una correlación de fuerzas extraordinariamente favorable a las segundas en detrimento de los primeros. En segundo lugar, porque a partir de estas tendencias se propone un diseño institucional y legal de obligatorio cumplimiento para todos los signatarios, en condiciones en que ningún país de la periferia estaría en condiciones de "rehusar la invitación" a firmarlo hecha por las grandes potencias bajo el liderazgo norteamericano. Tercero, porque tal como ha sido previsto en los sucesivos borradores del tratado toda la legislación y las normas nacionales, regionales y municipales o locales podrán ser cuestionadas y desafiadas ante jurados privados extranacionales integrados por "expertos en comercio" –que como observa Noam Chomsky ya podemos imaginarnos quiénes son– que dictaminarán inapelablemente acerca de la compatibilidad o no de las primeras con los compromisos adquiridos con la firma del tratado. En caso de que se compruebe su incompatibilidad la normativa nacional ya no podrá ser aplicada, al igual que ocurre con una ley que una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional declare inconstitucional (Lander, 1999: 77-79; Chomsky, 2000: 259).

Ambos autores observan que un tema al cual el tratado le otorga preferente atención es el de los mecanismos de solución de controversias. En numerosos artículos se establecen con mucha precisión los procedimientos a seguir cuando un estado plantee una demanda a otro por incumplimiento del tratado y la que por los mismos motivos realice un empresa ante un estado. Pero el AMI incorpora dos innovaciones extraordinariamente reaccionarias en relación a la propia historia del derecho burgués: en primer lugar, porque en su marco doctrinario las empresas y los estados se convierten ahora en personas que gozan de un mismo status jurídico, aberración que hubiera provocado la repulsa de los padres fundadores del liberalismo, desde John Locke hasta Adam Smith. En segundo término, porque tal como lo observa Chomsky el tratado es una verdadera monstruosidad jurídica dado que no existe reciprocidad entre las partes contratantes. Una de las partes tiene sólo derechos y la otra sólo obligaciones: los estados no tienen derecho a demandar a las corporaciones. "En realidad, todas las obligaciones de este texto de 150 páginas ... recaen sobre el pueblo y sobre los gobiernos, ninguna sobre las corporaciones" (Chomsky, 2000:
259-260). No hay ningún mecanismo ni procedimiento previsto para que un estado o un particular pueda demandar a un inversionista por incumplimiento de sus obligaciones.

Con razón señalan nuestros autores que este documento constitucional internacional significa un grave atentado contra la democracia y la soberanía popular. Para Chomsky, de aprobarse el AMI "todavía colocaría más poder en manos de tiranías privadas que operan en secreto y que no rinden sus responsabilidades ante la opinión pública" (Chomsky, 2000: 259). Para Lander, el AMI "implica una disminución drástica de la democracia, al limitar severamente la capacidad de los sistemas políticos y estados para tomar decisiones ... (relativas a) cualquier política pública que pueda ser interpretada como discriminatoria en contra de la inversión extranjera" (Lander, 1999: 89).

No sorprende, por lo tanto, que las negociaciones fueran emprendidas en el mayor secreto y con un estilo fuertemente conspirativo bajo el liderazgo de los Estados Unidos, país crucial por muchas razones, desde militares hasta políticas y económicas en cuanto fuente principal de inversiones en el extranjero y primer receptor de inversiones externas del mundo. La OCDE se encargó de comenzar, en mayo de 1995, los trabajos preparatorios con vistas a concluir con la firma del tratado dos años después. El borrador inicial del texto fue elaborado por un "think tank " empresarial, el Council for International Business, el que según sus propias declaraciones "impulsa los intereses globales de las empresas norteamericanas tanto en el país como en el extranjero" (Chomsky, 2000: 257). Previsiblemente, el Council puso todo su empeño para garantizar la naturaleza absolutamente leonina del engendro jurídico resultante. Lander comenta que el secreto con que se condujo esta primera fase del proceso de negociaciones fue tan marcado que en muchos países sólo los más altos funcionarios del ejecutivo en áreas relacionadas con lo económico y comercial estaban al tanto de las negociaciones. Por supuesto que ni los parlamentos ni la opinión pública, para no hablar de los partidos, sindicatos u organizaciones populares, tuvieron el menor acceso a las mismas. Chomsky provee abundantes datos para sostener la hipótesis de que los grandes medios de comunicación de masas estaban al tanto de esta verdadera conspiración pero se cuidaron de revelarla.

En todo caso, toda esta maquinación se derrumbó como un castillo de naipes cuando a mediados de 1997 una ONG canadiense, el Council of Canadians, obtuvo una copia altamente confidencial del borrador que estaba siendo considerado y lo colocó en Internet. A partir de su divulgación, se gestó un amplio movimiento internacional de oposición integrado por organismos de ambientalistas, de lucha contra la pobreza, de defensa de los derechos laborales y de organizaciones de pueblos indígenas de todo el mundo que impulsó una exitosa campaña global de oposición al AMI, exigiendo la suspensión de las negociaciones a menos que su contenido sea alterado significativamente. Esta saludable reacción de algo que podríamos denominar con cierta laxitud como algunos sectores de la "sociedad civil internacional" fue caracterizada por el órgano por antonomasia del capital financiero, la revista inglesa The Economist, como "una horda de vigilantes" que había aplastado las nobles intenciones de las grandes empresas y de la OCDE gracias a su "buena organización y sus sólidas finanzas ... para ejercer una gran influencia sobre los medios de comunicación" (Chomsky, 2000: 259). El activismo internacional desatado por la sola exposición de los escandalosos borradores del AMI ante la opinión pública mundial, facilitada extraordinariamente por la Internet, provocó no sólo el bochorno de los gobiernos implicados en esta verdadera conspiración mundial contra la democracia sino que las negociaciones fueran abortadas abriéndose en consecuencia una nueva etapa de luchas y resistencias que probablemente impidan definitivamente la concreción de las mismas. Como observa Chomsky, se trató de un logro sorprendente de las organizaciones populares que se enfrentaron con éxito a la mayor concentración de poder global de la historia: "el G7, las instituciones financieras internacionales y el concentrado sector corporativo estaban de un lado, con los medios de comunicación en el bolsillo" (Chomsky, 2000: 259). Los meses posteriores habrían de reproducir nuevas victorias populares en Seattle, Ginebra, Washington y Praga, demostrando que la hegemonía del neoliberalismo tropieza ahora con serias y cada vez más enconadas resistencias populares.

CLACSO / Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

* Este trabajo forma parte de un texto más amplio publicado en el libro de José Seoane y Emilio Taddei, compiladores, Resistencias Mundiales. De Seattle a Porto Alegre (Buenos Aires: CLACSO, 2001)