E C O N O M Í A 

24 de enero del 2003

Otro camino para el sector agropecuario

Alejandro Nadal
La Jornada

Estados Unidos es el principal productor agrícola del mundo, pero apenas 4 por ciento de la población mundial habita en ese país. En vista de que la elasticidad ingreso de los productos agrícolas es muy baja, los estadunidenses necesitan encontrar mercados para sus colosales excedentes agrícolas. A medida que crece el ingreso per cápita en ese país, la demanda de productos agrícolas aumenta mucho menos que proporcionalmente. ¿Dónde colocar sus excedentes agrícolas? En los países pobres vive la mayor parte de la población mundial y la superficie cultivable per cápita sigue reduciéndose. La necesidad de abrir esos mercados se hizo cada vez más urgente y la Ronda Uruguay fue el mecanismo para lograrlo. A través del acuerdo sobre agricultura, los países ricos impusieron la liberalización comercial en productos agrícolas a escala global.

El objetivo del acuerdo sobre agricultura (ASA) era eliminar los subsidios a las exportaciones. En realidad, acabó liberalizando la mayor parte del comercio mundial de productos agropecuarios, pero no pudo desmantelar las pesadas estructuras de subsidios de los países ricos que hoy oscilan entre los 300-340 mil millones de dólares anuales.

Ahora el maíz estadunidense y el trigo europeo, cultivos altamente subsidiados, han invadido los mercados de los países pobres, y se venden a precios inferiores a su costo de producción con lo cual arruinan las estructuras productivas de los importadores. Los países pobres se convirtieron en receptáculos de productos agrícolas a precios dumping. En los últimos diez años, más de 30 millones de productores agrícolas en los países subdesarrollados han tenido que abandonar el campo para acabar viviendo en condiciones de hacinamiento y miseria. El efecto sobre el mercado laboral y sobre los salarios ha sido altamente nocivo.

Los países subdesarrollados no pueden darse el lujo de seguir siendo el vertedero de estos productos subsidiados. No sólo se pierde soberanía alimentaria, sino que al desmantelarse las estructuras productivas del campo, se pone en riesgo la viabilidad económica, social y política de estos países. La organización del comercio mundial de los productos agropecuarios puede ser buena para unas cuantas empresas de dimensiones colosales, pero no para la economía de los países pobres ni para el medio ambiente.

El caso de la economía mexicana no es diferente. El TLCAN nos convirtió en otro gigantesco depósito de productos vendidos a precios dumping. Los gobiernos Zedillo-Fox, cómplices de este esquema, han ido incluso más allá de lo estipulado en el TLCAN, para deleite de grupos corporativos que medraron con estos arreglos y hoy claman que se respete el tratado. Se adoptaron todas las medidas recomendadas en el modelo neoliberal para el campo con pésimos resultados: estancamiento en el agro y deterioro de las cuentas externas. Es claro que se necesita una estrategia diferente para el campo. La revisión del capítulo agropecuario del TLCAN es una condición necesaria de esta tarea, pero ya no es suficiente.

Una nueva estrategia para el campo implica redefinir las políticas sobre crédito (comercial y de la banca de desarrollo) para el campo. También necesita revisar los esquemas de gasto público, en especial en lo que concierne a la inversión en materia de vivienda, servicios municipales, salud, educación, comunicaciones e infraestructura hidroagrícola. Requiere la reconstrucción de un esquema moderno y funcional, transparente y eficaz, de estabilización y formación de precios agrícolas. Estos componentes, junto con un fondo de inversiones para revertir el rezago que afecta la competitividad del sector, son claves para una estrategia alternativa.

Se necesita también reconocer la multifuncionalidad de la agricultura. Esta noción no es nueva.

Desde la Agenda 21 se consagró la idea de que el sector agropecuario es algo más que un simple abastecedor de alimentos e insumos para la industria. La agricultura también asegura la viabilidad de la sociedad rural, conserva grandes extensiones del territorio nacional, custodia la biodiversidad y desarrolla recursos genéticos.

Esta multifuncionalidad de la agricultura no es reconocida por el mercado, pero su importancia es tan clara que fue recogida en varios artículos clave del ASA. El TLCAN, en varios de sus artículos, admite explícitamente la posibilidad de acogerse a los términos del ASA para definir la política agrícola de las partes signatarias.

Técnica, legal y económicamente, una nueva estrategia para el campo es perfectamente posible. Sólo que en México, el gobierno y los grandes intereses corporativos a los que obedece ciegamente, consideran que las cosas deben seguir como antes. La movilización campesina que recorre el país puede hacerles entender que las cosas no pueden seguir así.

Otro contrato campo-ciudad es necesario y es posible.