20 de septiembre del 2001

Una estrategia de reconstrucción de la economía argentina para el desarrollo con equidad


NAC & POP (Red Nacional y Popular de Noticias)

Este documento es un aporte a la reflexión común acerca de los problemas centrales de la economía argentina y la formulación de propuestas que permitan enfrentar la crisis. Han participado de su elaboración, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, los docentes e investigadores que a continuación se detallan, con la coordinación de Abraham L. Gak, y se ha visto enriquecido con los aportes surgidos de las jornadas de discusión abarcativas de las distintas áreas temáticas, llevadas a cabo el 6 y 7 de septiembre de 2001: Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, Luis Beccaria, Víctor Beker, Marta Bekerman, Rubén Berenblum, Manuel Fernández López, Aldo Ferrer, Natalia Fridman, Alfredo T. García, Norberto González, Jorge Katz, Saúl Keifman, Benjamín Hopenhayn, Marcelo Lascano, Hugo Nochteff, Arturo O¹Connell, Oscar Oszlak, Mario Rapoport, Alejandro Rofman, Jorge Schvarzer, Héctor Valle y Salvador Treber.

El aporte de la Universidad

La Universidad tiene, entre sus responsabilidades, la de pensar el país en el marco del escenario mundial para contribuir a elevar la calidad de vida del conjunto de la población y consolidar la democracia.

Esta tarea es particularmente crítica y urgente en momentos como los actuales, signados por el estancamiento, la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y la exclusión, y la pérdida de la capacidad de decidir nuestro propio destino dentro del orden mundial contemporáneo.

En cumplimiento de esa responsabilidad ineludible, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, docentes e investigadores convocan a la reflexión común para aportar a un diagnóstico acerca de la naturaleza de los problemas centrales de la economía argentina y comenzar a formular propuestas que permitan resolver la crisis y movilizar el formidable potencial con que cuenta el país.

Colocamos esta contribución bajo la invocación del ave mitológica que renace porque estamos convencidos de que el país puede resurgir del agobio a que lo han sometido ideas y políticas incompatibles con los intereses fundamentales del país.

Este debate y las contribuciones que lo sustentan son, pues, un aporte a una tarea continua y permanente, que debe realizarse en el ámbito de libertad y pluralismo inherente a la esencia misma de la Universidad.

Es en tal sentido que tienen aquí cabida disidencias y aun desacuerdos, sobre la base del espíritu de trabajo en común que nos anima.

Somos plenamente conscientes de la responsabilidad que asumimos: ésta es una etapa en la construcción del plan abarcativo e integrador al que aspiramos y en el que estamos trabajando, en la seguridad de que el cambio en el modo de pensar el modelo de país será fructífero.

Abrigamos la esperanza de que resulte convocante para quienes, desde otras áreas de la sociedad, están elaborando ideas y propuestas que aporten al anhelado renacer de la Argentina.

Condiciones para el desarrollo económico y social

La teoría y la experiencia histórica y contemporánea de las economías mundial y argentina revelan que el desarrollo económico y la elevación de la calidad de vida requieren el cumplimiento de un conjunto de condiciones:
1. Estabilidad institucional y política.

2. Aumento del empleo e incorporación de la fuerza de trabajo al proceso de crecimiento como requisito de integración del tejido social.

3. Funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados de bienes y servicios, financieros y reales.

4. Equilibrios macroeconómicos sólidos sobre la base de altas tasas de ahorro interno e inversión, financiamiento genuino del sector público, competitividad internacional, reducción drástica del déficit crónico en la cuenta corriente del balance de pagos. Esto requiere, entre otros requisitos, la búsqueda flexible de precios relativos consistentes con el mantenimiento del poder adquisitivo y el equilibrio externo, y una baja tasa de inflación.

5. Competitividad de la producción nacional, limitando el endeudamiento externo a la capacidad de generación de divisas e inversiones privadas directas en actividades transables que, como mínimo, mantengan en equilibrio sus operaciones en divisas.

6. Incorporación generalizada y continua del cambio tecnológico en todo el sistema económico y social, participando de las corrientes dinámicas del comercio internacional compuestas por bienes y servicios altamente diferenciados.

7. Presencia de un Estado que asegure el desarrollo nacional, la integración social, la equidad distributiva y el bienestar.

8. Soberanía monetaria, cambiaria y fiscal, dentro del contexto de la economía internacional.

9. Existencia de mercados de capitales financieros al servicio de la producción y el comercio.

10. Desarrollo de concepciones arraigadas en la realidad nacional y orientadas a dar respuestas a los desafíos y oportunidades de la economía mundial.

La experiencia histórica y contemporánea es categórica: sólo tienen éxito los países que participan activamente frente a la globalización manteniendo el comando de su propio destino.

Elementos para el diagnóstico

Pues bien, la trayectoria de nuestro país revela el incumplimiento de esas condiciones necesarias para el desarrollo económico y social; la única salvedad es la estabilidad institucional y política recuperada con la democracia, después de más de medio siglo de conflictos, tragedias y desencuentros.

Esta conquista, amenazada por el gravísimo deterioro de las condiciones sociales, puede debilitar el régimen constitucional como un orden eficaz para elevar la calidad de vida.

Predomina actualmente una visión fundamentalista de la globalización según la cual un país periférico, como el nuestro, tiene que ser realista y aceptar que ha perdido capacidad de decidir su propio destino, porque el poder radicaría, según esa concepción, en la esfera transnacional. De allí las políticas de apertura con sobrevaluación cambiaria, el ingreso indiscriminado de capitales externos, la desnacionalización masiva de los servicios básicos, la industria, la banca y las grandes redes comerciales, en suma, de subordinación a los criterios predominantes en los centros financieros internacionales. Peor aún cuando esas políticas se han cubierto bajo un manto de corrupción.

A partir de aquí, se han descalabrado los equilibrios macroeconómicos. Se desfinanció el Estado a través de la reforma previsional y de numerosos errores y omisiones en materia impositiva, agravándose el carácter regresivo del sistema tributario; en consecuencia, aumentó el déficit y el endeudamiento al punto que los intereses de la deuda representan hoy más del 20% de las recaudación tributaria y el 50% del valor de las exportaciones. La combinación de la apertura del mercado interno con sobrevaluación cambiaria, la fuga de capitales, los intereses de la deuda y el déficit de las operaciones en divisas de la inversión privada directa radicada en el país, generan un creciente y fenomenal déficit de la cuenta corriente del balance de pagos.

La Argentina vive así pendiente de los cambios de humor de ³los mercados² financieros externos y está aterrorizada por el riesgo país, revelador del grado de subordinación en que hemos caído.

El Estado se ha replegado y subordinado, abandonando responsabilidades indelegables, y la política económica está limitada a transmitir señales amistosas a ³los mercados² y pagar los servicios de la deuda. Como el ajuste es así interminable, la recesión no tiene piso. En estas condiciones, el déficit cero que vincula el gasto con la recaudación lleva, en el límite, a la extinción del gasto primario porque aquella está determinada, en primer lugar, por el nivel de actividad económica.

Por otra parte, ni siquiera una profundización de la recesión que lleve a una reducción aún más drástica de las importaciones, asegura el abastecimiento de divisas necesario para cumplir con sus propios objetivos de dar pleno servicio a la deuda en divisas del país.

Las consecuencias de este conjunto de pésimas respuestas a los desafíos y oportunidades del orden mundial contemporáneo están a la vista: el estancamiento interminable, el desempleo, la pobreza, la exclusión de segmentos crecientes de la población de los frutos de la producción.

No existen paliativos desde el frente de la política social para semejantes calamidades, debido a dos motivos: la creciente escasez de recursos y el hecho de que el sistema se ha convertido en una infatigable fábrica de pobres, desempleados y excluidos.

Es comprensible, pues, el clima generalizado de desesperanza y frustración, y el sentir profundo de que está amenazada la existencia misma de la Nación, pues ¿ qué grado de autodeterminación subsiste cuando la sociedad percibe que el Estado y sus políticas están al servicio de un solo objetivo: pagar los servicios de la deuda? Estos hechos están conduciendo a una situación terminal que amenaza el régimen de contratos que sustenta a toda sociedad organizada. Este régimen es viable cuando es compatible con la realidad económica de base, lo que no sucede, actualmente, en la Argentina. Los contratos relativos a la convertibilidad, la deuda pública, los depósitos y los préstamos, están amenazados por la magnitud de los desequilibrios que están convirtiendo en incumplibles los compromisos de los particulares y el Estado.

Es preciso desterrar las ilusiones del pensamiento predominante, que sólo argumenta a partir de promesas de un futuro que nunca llega mientras que el presente muestra una trágica realidad. Es imprescindible realizar un diagnóstico preciso de la naturaleza de la crisis para apoyar, sobre esta base, su tratamiento y una política que permita reiniciar el crecimiento, recuperar capacidad de decisión y erradicar los males sociales que nos agobian.

Hacia el Plan Fénix es un aporte a tal propósito y al necesario debate sobre la situación del país y su destino -que es el de todos nosotros-, cuyos resultados confiamos puedan verse en un plazo no largo y que, en lo inmediato, contribuya a cambiar la agenda de discusión de la política económica centrada en los últimos lustros casi exclusivamente sobre temas de corto plazo, por cierto importantes, pero que deben estar ineludiblemente acompañados por otros que atiendan al desarrollo económico y social.

Formulación de propuestas

El Plan Fénix propone, a través de un amplio consenso social, encauzar a la Argentina en la senda del desarrollo sostenido, de manera que ese avance asegure la creación de empleos de calidad y cantidad suficientes para garantizar la inserción social y la mejora de los ingresos de las grandes mayorías nacionales.

Objetivos

Los objetivos básicos buscados son el desarrollo económico y la equidad social, los que tenderán a potenciarse mutuamente en la medida en que se cumplan los criterios propuestos. Esto exige un enfoque integrador, de modo que las distintas áreas de la política económica actúen de modo consistente entre sí, subordinando su orientación específica a los objetivos principales deseados.

El desarrollo económico supone recuperar nuestra competitividad internacional, garantizar un ritmo sostenido de crecimiento, no basado sobre mano de obra barata, de modo que permita ocupar y remunerar adecuadamente la fuerza de trabajo que nuestro país posee.

La equidad buscada se orienta a mejorar la distribución del esfuerzo y de sus frutos y a encarar decididamente una política para una drástica disminución de la pobreza en todo el país.

En este sentido también se tiende a un mejoramiento sistemático del nivel de vida y oportunidades de los sectores de ingresos bajos y medios-bajos, y a que los sectores de ingresos altos contribuyan al esfuerzo común de desarrollo.

La propuesta es, al mismo tiempo, orgánica y abarcativa, y debe concebirse como un todo para superar el letargo y la frustración generados por las políticas prevalecientes, impuestas por el ³pensamiento único² y la subordinación a los intereses de los mercados financieros internacionales y para preservar la estabilidad institucional y política lograda a partir de la recuperación de la democracia.

Estrategias

Las estrategias que se diseñen deben estar orientadas a la búsqueda de la reactivación a través de enfoques que intenten su logro en el plazo más breve posible.

Es necesaria la transformación de la estructura productiva y de la composición de las exportaciones, incorporando productos diferenciados con mayor valor agregado. El logro de mayor capacidad de innovación jugará un papel fundamental en esta transformación.

El desarrollo productivo requiere la aplicación de políticas activas, que tiendan a asegurar a los agentes privados una base mínima para que puedan concretar sus propuestas. Ello supone consolidar el mercado interno, privilegiar el espacio productivo del Mercosur como ámbito de actuación de los agentes locales e incrementar la exportación de bienes hacia el resto del mundo.

La estrategia debe combinar la protección contra las prácticas desleales y el dumping, el esfuerzo por colaborar con las empresas dinámicas en la creación y adaptación de las nuevas tecnologías, y el impulso a la baja de las tasas de interés a niveles razonables.

Al mismo tiempo, deben diseñarse estrategias que privilegien una mayor equidad tanto desde el punto de vista de la generación de empleo como de la disminución de las desigualdades en los niveles de ingreso.

La decidida ampliación del espacio nacional y márgenes de decisión del Estado frente a las reglas de juego de la globalización constituyen una opción esencial para el desarrollo endógeno.

Deben implementarse políticas que aseguren el equilibrio fiscal, monetario y de balance de pagos.

Estas políticas, junto con otras semejantes, ofrecerán la base de un nuevo esquema productivo que promueva el avance de empresas creadoras de riqueza y empleo, en el marco de una economía sostenida por el deseo de forjar una nación de ciudadanos productores y, por lo tanto, prósperos.

Instrumentos de política Medidas de corto plazo

En lo inmediato es preciso promover actividades empleo-intensivas y socialmente deseables; entre otras, la construcción masiva de viviendas para los sectores de menores ingresos y el refuerzo de la infraestructura básica, las que, al mismo tiempo, contribuirán a sentar las bases físicas de un nuevo dinamismo económico.

Simultáneamente se deben promover oportunidades de empleo en los servicios a la familia, como por ejemplo, la ampliación de los sistemas de cuidado infantil, cuidado domiciliario de ancianos, promoción de salud en terreno y otras actividades comunitariamente relevantes.

Esto incluye la realización de obras significativas para mejorar las condiciones de vida en los municipios del país y la de obras de infraestructura económica que coadyuven a la integración regional y a las comunicaciones Atlántico- Pacífico.

Se debe establecer un seguro de empleo y formación para los desocupados y una asignación por hijo así como todas las medidas de promoción y cuidado social necesarias y convenientes para terminar con el drama inaceptable del hambre y la marginación en la Argentina.

Estas medidas requieren una reformulación del sistema financiero local y la disponibilidad de mayores recursos fiscales que se deberán generar mediante las políticas propuestas.

El refuerzo de las disponibilidades fiscales, indispensable para ganar mayor espacio de maniobra para un Estado promotor al servicio del desarrollo y la equidad social, se logrará actuando de manera simultánea sobre los ingresos y los gastos públicos.

Los primeros mejorarán mediante una reforma impositiva global que, en esencia, penalice la riqueza fácil y estimule la orientación de los recursos a la inversión productiva; la reforma debe terminar con los subsidios ocultos en las normas actuales, que cargan su peso sobre los que menos tienen mientras alientan la elusión y permiten la evasión generalizada de los privilegiados.

Los gastos, por su parte, registran un rubro que ya alcanza un peso abusivo e insoportable: los servicios de la deuda. Para contener su impacto negativo, hace falta negociar una quita de los montos de capital adeudado, que se complemente con una rebaja de las tasas de interés y un período de gracia de varios años.

Esta opción permite garantizar su pago en el futuro próximo con parte de los frutos del desarrollo que se comenzarán a recoger con la aplicación de los recursos liberados por la política propuesta. Es factible negociar estos cambios porque los resultados van a beneficiar a los mismos inversores, que tendrán así una perspectiva mucho más segura de cobro de sus acreencias en el mediano plazo.

En materia tributaria, se propone aplicar una sobretasa sobre el total del Impuesto a las Ganancias de los contribuyentes que durante cualquiera de los dos últimos ejercicios hayan declarado una renta sujeta a impuesto superior a montos que se establezcan.

Deben revisarse todas las disposiciones de carácter tributario que permitan la evasión, por acción u omisión, tales como los patrimonios societarios que no se reflejan en las declaraciones personales.

Se propone también derogar las exenciones referidas a rentas financieras, primas de emisión y diferencias de valor en cuotas de capital, acciones y títulos valores, así como la incorporación de los dividendos a los ingresos gravados de las personas físicas.

Se debe tender a la disminución progresiva del IVA como tasa general y fijar tasas diferenciales con reducciones sustantivas en los productos de primera necesidad.

La mayor disponibilidad presupuestaria generada por esas mejoras en la recaudación y los gastos no sólo aportará la base indispensable para las políticas recomendadas, sino que asegurará el pleno control público de las herramientas de política económica necesarias para consolidar una nación autónoma y democrática.

La reconversión del sistema financiero exige reducir las tasas de interés, mediante una reducción de los encajes compatible con la vigencia de las normas técnicas, la afirmación del peso como la moneda de intercambio nacional y el tratamiento de la oferta de crédito como un bien público, indispensable para el desarrollo.

La política de recuperación del peso no debe limitarse al sector financiero, sino ampliarse hacia todos los ámbitos del intercambio local como una de las herramientas para construir el peso como una verdadera moneda nacional, capaz de conservar su valor adquisitivo y de representar la soberanía y la convivencia nacional. La utilización de las divisas extranjeras debe recuperar su rol natural de instrumento de intercambio con el resto del mundo.

El cuidado en mantener los equilibrios básicos de la economía permitirá retomar el manejo de la política monetaria, la regulación de la política financiera, la atención de la política cambiaria y la implantación efectiva de políticas de provisión adecuada de bienes públicos en los campos de educación, salud, ciencia y técnica, justicia, seguridad y defensa, que han quedado postergadas frente a las falsas prioridades de las políticas previas.

Medidas de mediano y largo plazo

En el marco de las restricciones existentes, debe reconocerse que el desarrollo sigue siendo esencialmente un proceso interno de transformación e integración social, organización y movilización de los propios recursos.

La ejecución sistemática de los objetivos básicos buscados en los programas y proyectos sectoriales y específicos permitirá revertir la situación actual y generar el apoyo de la sociedad argentina al plan.

La decisión política de ponerlo en marcha se constituirá, así, en el motor de un proceso virtuoso de desarrollo económico y recuperación humana que la nación espera y necesita.

Deuda y financiamiento externo

La viabilidad del programa de reactivación y desarrollo de la Argentina enfrenta gravísimos problemas de financiamiento externo e interno. Para hacer frente a estos problemas, y como contraparte de los esfuerzos para aumentar el ahorro interno ­público y privado- se propone reprogramar por un plazo adecuado los pagos pasivos externos.

En lo referente a la deuda, es necesario cambiar el perfil temporal de vencimientos de intereses y amortizaciones para aliviar sustancialmente la carga de servicios en los próximos cinco años. Para ello hay que reestructurar la deuda pública a partir de una moratoria programada que determine por un período plurianual los recursos que asignará el presupuesto nacional para el servicio de la deuda.

Los pagos programados deben tomar en cuenta la disponibilidad de recursos necesarios para la puesta en marcha y ejecución del plan, en una escala ascendente que contemple la necesidad de un shock inicial de reactivación y el creciente superávit primario de las cuentas fiscales y saldos positivos del balance comercial que resultarán de su aplicación.

La reestructuración de la deuda requiere contemplar una reducción hacia un nivel razonable de las tasas de interés.

Se debe hacer un relevamiento de la deuda privada para su conformidad por el Banco Central de la República Argentina, la AFIP y la Aduana. Sobre esta base, se negociará con los deudores mayores una reprogramación de plazos y tasas de interés.

Es preciso acordar directamente con las grandes empresas, en especial las filiales de empresas extranjeras radicadas en la Argentina, la reinversión plena en el país de las utilidades por el plazo necesario para emerger de la crisis.

Para el período inicial, se propone negociar un paquete plurianual de créditos conforme con las posiciones del G-7 y de los organismos internacionales, orientado a facilitar el financiamiento de las importaciones necesarias para el programa de crecimiento económico.

Economías regionales

Se propone el lanzamiento de un programa nacional de apoyo y reconversión de las estructuras productivas del interior del país, con especial preferencia dirigido hacia el segmento de la pequeña producción rural y urbana.

En cada economía regional se propone organizar un consejo nacional de transformación productiva con equidad social con participación del estado nacional, los estados provinciales, las universidades, los organismos de ciencia y tecnología y los productores.

Empleo, desempleo y marginación social

Deben priorizarse aquellos mecanismos de generación de empleo que conlleven una mejora de la calidad del empleo y que favorezcan a ciertos grupos, especialmente los trabajadores menos calificados.

Modificar la tendencia actual no sólo es funcional al objetivo de mejorar el bienestar de los trabajadores sino también al de facilitar el crecimiento de la productividad.

Las políticas de carácter más activo, como los subsidios al empleo privado y los programas de generación directa en el sector público, así como los de entrenamiento y capacitación, también deben estar destinadas a mejorar la posibilidad de que los grupos más postergados obtengan empleo.

En este sentido, es preciso desarrollar estrategias de reescolarización en el sistema educativo formal de los desocupados con formación inferior al secundario completo, orientadas a la inserción ocupacional.

Es necesario instituir un amplio seguro de desocupación y medidas de apoyo directo que aseguren a la población acceso a la educación, la salud y, en general, a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Se propone avanzar hacia la universalización de la seguridad social, estableciendo beneficios sociales derivados de la noción de derechos ciudadanos independientes del recorrido laboral de los individuos.

Estructura y dinámica productiva argentina

La nueva política debe abarcar toda la estructura productiva, orientada a forjar una estrategia de aliento general a la mayor producción y la productividad que abarque las interrelaciones entre la industria, el agro y las demás ramas de la economía.

La regulación no debe frenar el mercado, pero tampoco puede ni debe someterse a él. La prueba decisiva de la eficiencia de una estrategia como la que se propone reside en los resultados obtenidos en términos de desarrollo económico y equidad del sistema.

La política industrial debe estar dirigida a las empresas como agentes centrales dinámicos de la producción antes que a las ramas o sectores. Los aspectos sectoriales específicos serán tenidos en cuenta como telón de fondo de las decisiones al respecto.

Las medianas y pequeñas empresas deben recibir apoyos organizativos y técnicos que posibiliten su desarrollo y modernización, con condiciones de financiamiento apropiadas.

Es preciso que las políticas dirigidas a las grandes empresas estén inmersas en un proceso de negociación en el que las medidas de apoyo razonable demandadas por éstas tengan una clara contrapartida en términos de aportes efectivos a la dimensión y eficiencia de la producción local.

El paradigma de producir para exportar implica como condición previa y necesaria el producir de modo eficiente y en cantidades abundantes para el mercado nacional y regional.

Globalización y desarrollo nacional. Política internacional

Es preciso, para la recuperación de la economía argentina y la generación de empleo y bienestar, aplicar una política que remueva la dependencia externa mediante la mejora de los precios relativos de la producción argentina y su competitividad, el fomento de las exportaciones, la defensa del mercado interno (que en la mayoría de las economías exitosas constituye el principal destino de la producción de bienes y servicios) y el aumento del ahorro interno (que financia la mayor parte de la acumulación de capital).

Para ello se debe inducir a las filiales de empresas extranjeras que cierren su déficit operativo en divisas y se vinculen con la producción y el sistema de ciencia y tecnología locales, al tiempo que se impulsa una relación simétrica con el Brasil a partir de la división del trabajo intraindustrial.

Es necesario jugar un rol activo en el plano internacional, no dependiente de los intereses de las potencias centrales, sino teniendo en cuenta la verdadera problemática del escenario internacional y la naturaleza de las cuestiones en juego y de los países o actores afectados, y su relación con las necesidades del desarrollo argentino.

Es prioritario volver a instalar a la Argentina en su ámbito geográfico natural ­ América latina- fortaleciendo y ampliando el MERCOSUR a través de políticas comunes en los planos económico, diplomático, social y tecnológico.

En este marco, es esencial el respeto del derecho internacional, especialmente de los derechos humanos, la libre autodeterminación de países y pueblos, la defensa de los valores culturales propios, del medio ambiente y la calidad de vida, y los procesos de paz que consoliden intereses históricos y culturales nacionales y regionales.

Moneda y crédito

El objetivo esencial es recuperar la moneda local y la posibilidad de ejercer políticas monetarias y crediticias autónomas y responsables que den sustento a la transformación social y productiva buscada.

Es necesario diseñar propuestas innovadoras que reduzcan la vulnerabilidad que presenta el sistema financiero y lo vuelquen hacia el financiamiento a la producción.

Debe diseñarse una política de encajes suficiente para la solidez del sistema, y que no conspire contra el financiamiento productivo y, al mismo tiempo, realizar acuerdos de préstamos contingentes con organismos financieros internacionales que fortalezcan las reservas del Banco Central para sustentar la moneda nacional, hasta tanto se diluya la restricción externa y se pueda acumular reservas derivadas de la cuenta corriente para este fin.

Se debe mantener la estabilidad del sistema financiero teniendo en cuenta la protección de los pequeños y medianos depositantes y tomadores de créditos, diferenciando las políticas que afecten a éstos respecto de las políticas orientadas a las grandes inversiones, particularmente las especulativas.

Es necesario implementar una política estricta de creación de dinero que esté vinculada con la evolución de la economía real y que libere los fondos que ésta demanda para su funcionamiento.

Es preciso establecer controles sobre los flujos externos de capital que permitan reducir los efectos de las crisis financieras internacionales, con potencialidad para reducir los riesgos de iliquidez. Se aplicarán los controles que tengan un efecto positivo sobre el financiamiento de la inversión productiva, desalentando las operaciones especulativas y alentando selectivamente las inversiones externas directas.

Política cambiaria y sus condiciones previas

Debe recordarse que el valor del dinero es el valor de cambio del mismo respecto de los productos y servicios; es decir, su poder adquisitivo o poder de compra. De acuerdo con la ley orgánica del Banco Central, su obligación básica no consiste en mantener constante el tipo de cambio del peso en relación con cualquier otra moneda, sino su valor de cambio en relación con las mercancías. Por lo tanto el BCRA sólo debe preservar el tipo de cambio en la medida en que ello sea compatible con la finalidad fundamental de estabilizar el valor del dinero. Esto no ocurre cuando el tipo de cambio sólo puede mantenerse por medio de la baja interna de precios y salarios.

El abandono de un tipo de cambio de cambio fijo ­cualquiera sea el camino que se elija- requiere, entre otras, de las siguientes condiciones previas y simultáneas: aumento del nivel de reservas hacia el promedio del año 2000; reordenamiento y saneamiento de las cuentas públicas; un sistema de seguro de desempleo que coloque a todos los hogares por encima de la línea de pobreza y un salario mínimo equivalente; renegociación de la deuda con quita y suspensión del pago de intereses; aumento de las protecciones efectivas relativas de las manufacturas más diferenciadas; imposición de retenciones a las exportaciones con fuertes ventajas comparativas presentes, tales como petróleo y energía; medidas para reducir la apertura financiera tales como imposición a las operaciones de moneda y fiscalización por el BCRA; compensación de efectos de la depreciación sobre los saldos de deudas y créditos de sectores de ingresos medio-bajos y pequeñas empresas.

En cuanto a los servicios públicos, desdolarización, reducción de tarifas, aplicación de la ³neutralidad tributaria² contemplada en los contratos de privatización y plena vigencia de las normas generales de defensa de la competencia.

Política comercial y externa. MERCOSUR y ALCA

La Argentina debe tener una presencia muy alta y un fuerte perfil en las negociaciones multilaterales, más que en negociaciones con algunas áreas encaradas separadamente.

En relación con la OMC es preciso reclamar el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay y la adopción de disciplinas más estrictas en la aplicación de medidas antidumping. En cuanto al MERCOSUR, es preciso preservar la unión aduanera y negociar conjuntamente, formular soluciones para los pocos sectores conflictivos y llevar a la práctica proyectos de integración conjunta en áreas de nueva competitividad.

Se debe concretar a la brevedad un acuerdo con la comunidad andina como paso para la constitución de un área de libre comercio para América del Sur.

Con referencia a las negociaciones del ALCA y el acuerdo UE- MERCOSUR, es preciso adoptar una posición firme por la cual sin acuerdo en el sector agropecuario y en el ALCA sobre medidas antidumping y eliminación de barreras no arancelarias, no se debe aceptar haber avance alguno.

Asimismo es necesario insistir en medidas de adaptación gradual y de apoyo financiero y técnico a sectores afectados por la liberalización.

Política fiscal

Deben tomarse en cuenta aspectos presupuestarios y administrativos que contemplen implementar técnicas de presupuestos por programas, resultados y base cero; jerarquizar el organismo que elabora y coordina la confección y posterior control de gestión del Presupuesto de la Administración Pública Nacional; recuperar los organismos de Administración Fiscal virtualmente desmantelados; implementar un régimen unificado de control de las empresas privatizadas con participación de las universidades y de los usuarios; elaborar programas racionales y permanentes de lucha contra la evasión.

Asimismo debe diseñarse una reforma integral en materia tributaria, que comenzará a aplicarse en forma progresiva y que deberá elevar la carga o presión impositiva en jurisdicción nacional en un porcentaje significativo del PBI, con particular énfasis en los impuestos a las Ganancias y sobre Ganancias de Capital , especialmente en los sectores de altos y muy altos ingresos.

Debe dictarse una nueva ley de Coparticipación Federal que contemple una acción conjunta y coordinada de la Nación, las Provincias y la Capital Federal en su administración y lucha contra la evasión.

En lo referente a aspectos previsionales, es necesario efectuar una revisión integral del régimen actual, tendiendo al control para erradicar el trabajo²no declarado² y la evasión en materia de aportes, así como la reinstalación de los aportes patronales, inicialmente en los sectores no transables de la economía.

Producción tecnológica y competitividad internacional

Debe acordarse una nueva agenda en materia de políticas de fomento productivo y tecnológico encaminada a revitalizar la productividad y competitividad del aparato productivo argentino.

En lo referente a tecnología, se debe desarrollar e inducir la utilización de tecnologías con mayor valor agregado doméstico e ingeniería local; agregar valor y manejo ecológicamente sustentable a los recursos naturales; inducir la difusión de tecnologías de la información; desarrollar los sectores productores de software y de una industria local de contenidos; articular el sistema nacional, regional y sectorial de innovación; desarrollar capital humano y favorecer el reciclaje de la fuerza laboral; implementar políticas de creación de nuevas ventajas comparativas en industrias asociadas con el uso de nuevas tecnologías.

En materia de competitividad internacional, es preciso mejorar competitividad e inserción internacional en industrias procesadoras de recursos naturales; desarrollar sectores de servicios a la producción asociados con la explotación de recursos naturales ; brindar protección a industrias nacientes con contenido tecnológico local; reducir el impacto de las barreras para arancelarias a los productos locales.

En cuanto a los regímenes tecnológicos y competitivos sectoriales, se requiere profundizar el papel de la competencia y los marcos regulatorios como instrumentos de defensa del consumidor y como fuente de fondos para financiar el establecimiento de nuevas inversiones productivas.

Reformas institucionales y políticas. El rol del Estado

Es necesario tener en claro que, a pesar de su creciente descrédito y del virtual desmantelamiento a que lo ha sometido la embestida neoconservadora, el Estado sigue siendo la máxima instancia de articulación social.

Es necesario lograr un mejor Estado, tecnológica y culturalmente más avanzado, que contemple el fortalecimiento de aquellas instituciones y programas que promuevan nuevos equilibrios en los planos de la redistribución del ingreso y el poder social y que priorice los necesarios cambios en las instancias subnacionales, incluyendo mecanismos de participación ciudadana en los distintos niveles, en el marco de un replanteo del rol y la agenda del Estado, así como de sus relaciones con la sociedad civil.

Las reformas hacia adentro del Estado deben implantar nuevas tecnologías de gestión y tranformar las pautas culturales vigentes, para lo cual requieren la firme voluntad política de quienes lo conducen.

En lo relativo a la promoción del desarrollo, el papel preponderante cumplido por el Estado como productor de bienes y servicios, como responsable principal del avance científico y tecnológico, como regulador del mercado laboral, como constructor de la infraestructura material del país o como interventor en el comercio externo ha dado paso a un creciente abandono de estas funciones -lo que ha tendido a favorecer al gran capital privado, nacional y transnacional-; en tal sentido, el estado nacional debe redefinir este rol, con las modalidades que resulten más conducentes para los objetivos acordados.

En cuanto a las funciones relativas al bienestar de la población ­salud, educación, previsión social, vivienda- urge que el Estado reasuma su responsabilidad en estos aspectos indelegables, fortaleciendo sus principales instituciones y con el claro convencimiento de que un Estado débil es incapaz de asumir el irrenunciable papel que le corresponde como articulador social y orientador de la dinámica y dirección global de la sociedad, estableciendo nuevos equilibrios en las relaciones de dominación social y política.

Regulación de los servicios públicos y concentración económica

Se debe promover , y aun forzar, patrones de comportamiento empresario que se asemejen, en todo lo posible, a los esperables en mercados eficientes, como un ineludible mecanismo en materia de regulación de monopolios naturales, sancionando y aplicando normas antimonopólicas específicas.

Es necesario diseñar y aplicar políticas orientadas a regular el comportamiento y rentabilidad de los servicios públicos privatizados. Para ello se requiere la revisión de los siguientes temas: precios de base de estos servicios para limitar las ganancias extraordinarias; eliminación de las demoras regulatorias y aplicación efectiva de los factores de eficiencia; anulación de las cláusulas de ajustes periódicos de las tarifas mediante indexaciones que contravienen la ley de convertibilidad; reglamentación de la ley de defensa de la competencia en los que concierne a los servicios públicos privatizados.

Por otra parte, es necesario que los bienes y servicios de producción nacional tengan preferencia en las compras de las empresas privatizadas.

Política y vida social frente a las propuestas de cambio en la economía

La transformación fundacional requerida para ponernos de pie requiere la conformación de una nueva coalición social que refleje al mismo tiempo la voluntad de superación de la crisis y la formalización de una nueva identidad que debemos construir entre todos. Esta coalición debe integrar aquellos sectores que encarnan la producción, provenientes del trabajo y del capital, y a las actividades esenciales que hacen que nuestra sociedad continúe funcionando. La unión para la reparación de la Nación requiere atravesar y enlazar a los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil de forma de alcanzar un amplio consenso de bases mínimas respetadas por todos, que exprese, de manera inequívoca, un programa de revitalización del que nadie que desee participar legítimamente pueda sentirse excluido. El consenso social determinará el grado de intervención del Estado y del mercado en la asignación de los recursos y la distribución de la riqueza. Este criterio se ha demostrado perfectamente compatible con el funcionamiento del sistema capitalista en las naciones más desarrolladas del planeta. También deberá descansar sobre este consenso la reconstrucción del concepto de ciudadanía fiscal, por el que todos nos convertimos en obligatorios sostenedores del estado, en relación con una equitativa distribución de las cargas impositivas. Nos espera una ardua tarea orientada a la ocupación positiva de nuestro territorio y a la integración con nuestros vecinos del Mercosur a partir de la fijación de razonables intereses nacionales y regionales. Debemos ampliar y consolidar los avances del agro y erigir las bases de la nueva industria argentina, la del valor agregado del conocimiento y la inserción en los mercados internacionales y restablecer al estado en el rol de árbitro y protector, y no de amenaza para los argentinos. Debemos fortalecer la democracia en el marco del imperio de estado de derecho establecido por nuestra Constitución, procurando el pleno y transparente funcionamiento de los partidos políticos. Se impone retomar los resortes del poder nacional para las determinaciones estratégicas que hacen a los grandes temas del país. Cuanto antes comencemos, menor será el sufrimiento causado por la herencia recibida y más rápida la unión de la ciudadanía alrededor de un nuevo consenso social. El parto de una nueva sociedad hará a la Argentina renacer para recobrar lo que sobraba a nuestros antecesores: coraje y confianza en el futuro. Buenos Aires, septiembre de 2001