13 de julio del 2001

Entre la dolarización y la devaluación: la crisis de la Convertibilidad en la Argentina

Eduardo M. Basualdo
NAC & POP

En la situación actual del país confluyen una inédita, por lo prolongada, depresión económica con un colapso social y la emergencia de una profunda crisis política. A esta altura de los acontecimientos, es indiscutible que todos estos factores, que se articulan y potencian entre sí, son el resultado de las contradicciones que irrumpen en el bloque dominante, pero también de la ausencia de un bloque social que siente las bases de un proyecto popular alternativo.

En este contexto, es relevante repasar los efectos que trajeron aparejados los profundos cambios que se registran en la década pasada (desregulación económica, reforma del Estado, privatizaciones, Plan Brady y normalización del financiamiento internacional) y condicionan la situación actual. El impacto de las mismas durante el primer quinquenio de los noventa fue generar una homogeneidad en la cúpula del poder económico sin antecedentes en las décadas anteriores en nuestro país. La privatización de las empresas públicas y el proceso de desregulación impulsaron la asociación entre los mayores grupos económicos locales y el capital extranjero a través de los consorcios que se formaron para hacerse cargo de las empresas privatizadas. Se trata de un fenómeno inédito en la Argentina porque anteriormente el capital extranjero siempre tendió a evitar su asociación con el capital local. En esas condiciones los grupos económicos locales repatriaron una parte de los 52 mil millones de dólares que se habían fugado al exterior en la década de los 80. Es decir, transformaron una parte de su capital financiero en capital fijo.

Durante la segunda mitad de la década pasada, se produjo el movimiento inverso ya que los grupos económicos locales vendieron su participación accionaria en los mencionados consorcios e incluso varias de sus firmas controladas. Es decir, habiendo multiplicado varias veces la inversión inicial, vendieron esos activos fijos y fugaron esos recursos al exterior.

Por otra parte, durante toda la década, aunque con mayor profundidad a partir de 1992 con la firma el Plan Brady, se registra un aceleradísimo crecimiento de la deuda externa, sobre todo de la privada, que se vincula con una fuerte reactivación de la fuga de capitales por parte de estos grupos económicos locales. Así, en 1998, la primera llega se ubica en 140 mil millones y los capitales fugados superan los 115 mil millones (Gráfico 1).

Las transformaciones del último quinquenio de los 90 dan como resultado una notoria y creciente heterogeneidad en el ³establishment² económico. A partir de allí comienzan a perfilarse en su interior dos proyectos enfrentados, diferenciándose los intereses del capital local de los del capital extranjero. Los primeros están muy asentados en colocaciones financieras en el exterior, mientras que los segundos se quedan como propietarios de activos fijos, lo cual define el piso estructural sobre el cual comienzan a desplegarse proyectos enfrentados.

En el marco de la crisis de las economías asiáticas y brasileña, se aceleran las diferencias y toman mayor identidad a lo largo del año pasado, consolidándose a partir de la actual gestión gubernamental. El proyecto vinculado a los capitales extranjeros tiene como objetivo fundamental la dolarización, que está concebida como la ³fase superior² de la Convertibilidad. La misma les garantiza a los capitales extranjeros radicados en el país el mantenimiento del valor en dólares de sus activos, que se estima que alcanza a cerca de 120 mil millones de dólares. El otro proyecto vinculado a los grupos locales y algunos conglomerados extranjeros tiene como objetivo fundamental la devaluación y la instrumentación de subsidios estatales para su producción local. La misma produce efectos contrarios a la anterior. Una devaluación de diez puntos implicaría en términos de dólar, dados los montos de inversión extranjera ya mencionados, que los capitales extranjeros perderían, aproximadamente, el equivalente a lo pagado por Repsol en la compra de YPF (cerca de 13 mil millones de dólares). En el caso de los grupos se produciría una ganancia por un monto similar, teniendo en cuenta que fugaron al exterior más de 120 mil millones de dólares. Además, es insoslayable destacar que los grupos económicos, a pesar de los activos que vendieron, continúan teniendo importantes inversiones productivas en el país, especialmente en los sectores productivos con ventajas comparativas naturales, como la agroindustria y la producción agropecuaria. Por lo tanto, con una devaluación obtendrían no sólo cuantiosas ganancias patrimoniales en términos de dólares sino que también aumentarían la facturación y la rentabilidad de sus actividades internas, al ser fuertes exportadores.

Sin embargo, a pesar de la decisiva importancia que alcanza esta ruptura estructural, sería un error asumir que estas contradicciones se circunscriben únicamente a factores económicos. En efecto, todo indica que los representantes políticos de los intereses extranjeros, los organismos internacionales de crédito, vienen acompañando sus imposiciones de políticas de ajuste y su propuesta de dolarizar la economía, con un discurso en favor de la ³democratización y el combate a la pobreza² en tanto, desde su peculiar punto de vista, la pauperización creciente que caracteriza la situación de los países latinoamericanos no es el resultado de la nueva dinámica económica sino de las distorsiones propias del sistema político e institucional de los países de la región, que no sólo son ajenas al modelo en marcha sino además neutralizan sus efectos positivos.

De allí que dichos organismos entiendan que las políticas focalizadas sobre las manifestaciones más extremas de la pobreza deben ser llevadas a cabo por las denominadas ³Organizaciones No Gubernamentales² que son concebidas como las entidades no contaminadas de la corrupción estatal, que están dotadas de conocimientos técnicos y capacidad organizativa para solucionar problemáticas sociales específicas. Así, en tanto el Banco Mundial sostiene ³los pobres no tienen información, ni capacidad para procesarla, las ONGs deben ser la voz y los ojos de los pobres², resulta claro que dichas entidades deben reemplazar a las tradicionales representaciones que generó el movimiento social. En consecuencia, utilizando la crisis de representación que exhiben nuestras sociedades como producto de las políticas neoliberales, estos organismos internacionales proponen su superación impulsando la disolución de todo lazo entre representante y representado y asumen que los sectores populares (hoy denominados pobres), en tanto víctimas del ajuste, son incapaces de tomar decisiones y de participar con autonomía en la definición de su propio destino. Cabe señalar que este tampoco es un sendero libre de contradicciones y disputas, ya que la dinámica de las ONGs realmente comprometidas con el trabajo social las conduce a la posición contraria a la que aspiran los organismos internacionales: en lugar de ser los transmisores de las posiciones del Banco Mundial ante los pobres son los transmisores de los puntos de vistas de los pobres frente al Banco Mundial.

Por otra parte, cabe señalar que la organización federal de la Argentina tampoco escapa al rediseño social y político que acompaña al proyecto de la dolarización. Si bien las iniciativas vinculadas al mismo son más incipientes, es perceptible la intención no sólo de ajustar presupuestariamente a las administraciones provinciales sino también de redefinirlas mediante la fusión de varias de ellas en diversas regiones administrativas, borrando de esa manera las culturas y tradiciones propias, productos de una historia particular. Se trata, en este caso, de compatibilizar la reducción de los costos de las administraciones provinciales con una política tendiente a anular la identidad política, social y cultural, bloqueando la posibilidad de definir una estrategia propia por parte de las provincias que actualmente integran la geografía política del país.

La otra postura que surge en el seno del bloque dominante se sustenta en los grupos económicos locales y conglomerados extranjeros que están fuertemente asentados en las exportaciones y mantienen ingentes recursos financieros en el exterior.

El planteo de estos sectores se despliega en torno a una lectura interesada de la contradicción que se despliega entre los intereses nacionales y extranjeros. De esta manera, estos sectores intentan usufructuar en su favor la importancia que conservan las caracterizaciones propias de la década del setenta, reinstalándolas en función de sus intereses y pasando por alto, en realidad ocultando, que la etapa abierta por la dictadura militar dio lugar a la internacionalización financiera de los integrantes de la cúpula empresarial, especialmente de los grupos económicos locales. Sobre esta base, buscan y reclaman un conjunto de protecciones (mayor control aduanero) y subsidios (fiscales y crediticios) que se articulan con el reclamo de un proceso devaluatorio controlado. En este sentido, las expresiones de Macri (grupo económico Socma) cuestionando la desindustrialización que vive la Argentina, así como las críticas al tipo de cambio fijo y convertible realizadas por Roberto Rocca (conglomerado extranjero Techint) en el día de la Industria del año pasado, son ejemplos expresos de esta concepción.

La apelación de estos sectores a lo ³nacional² se conjuga con una supuesta defensa de la producción que involucra un flujo de subsidios para impulsar el crecimiento y resolver el problema del desempleo. Sin embargo, todo parece indicar que este discurso oculta la clara intención por parte de los grupos económicos de recrear las condiciones para potenciar su acumulación de capital, agregándole a las notablemente elevadas colocaciones financieras en el exterior un relanzamiento de su ya significativa incidencia productiva. De allí que en esta postura sitúe al crecimiento económico como la pieza clave para solucionar la crisis estructural de la economía argentina, mientras que la desocupación y la pobreza quedan subordinadas al mismo, sin constituirse en la problemática central de la política económica. Más aún cuando el núcleo programático se basa en la concreción de una salida exportadora sustentada en las ventajas comparativas naturales, con un escaso impacto en la ocupación de mano de obra.

En esta propuesta, el Mercosur constituye una pieza clave por la notable incidencia de Brasil como destino de la producción local de productos primarios. A diferencia del planteo anterior, donde el ALCA constituye el núcleo de su proyección continental, en este caso se produciría una notable revitalización del mercado ampliado a partir de la modificación del tipo de cambio. Proceso que incluso favorecería, y tendería a incorporar como interesados, a varios de los consorcios que se quedaron con las empresas estatales, en tanto muchas de sus producciones (gas, petróleo, electricidad, etc.) tienen un carácter exportador con relación a los países limítrofes.

En el proyecto que propone una pseudo perspectiva nacional, que apela al crecimiento económico y que destaca el papel de los sectores productivos (centralmente exportadores), los sujetos e instituciones que resultan interpelados son las estructuras sindicales tradicionales, las organizaciones empresarias y diversos sectores de la Iglesia Católica. De algún modo, estos sectores retoman como núcleo central de su propuesta institucional la idea de la concertación respetando para su conformación el tradicional esquema de empresarios-sindicatos-Estado. Por eso este planteo reconoce a las imposiciones que efectúan los organismos internacionales como las restricciones centrales que enfrenta la sociedad argentina y tienda a presentar la ³concertación social² como núcleo de la propuesta alternativa para lograr el crecimiento económico. Nuevamente aquí es necesario recordar que esta concepción pasa por alto (en realidad oculta) el contenido que este crecimiento ha observado en el caso argentino y que casualmente se ha basado en el predominio de la valorización financiera, la desindustrialización y la fuga del excedente como factores claves principales, y a los grupos económicos a uno de sus beneficiarios más importantes.

Como puede observarse, las posturas de las distintas facciones del bloque dominante se presentan con discursos distintos y congregan a sujetos y organizaciones diferentes. Sus planteos no se agotan en la expresa reivindicación de sus intereses inmediatos sino que incorporan elementos de convocatoria y definen estrategias de alianza que pretenden transformar a sus posturas en una concepción hegemónica para el conjunto de la sociedad. En este sentido, tanto las convocatorias que viene realizando la Comisión de Pastoral Social en el marco de la Iglesia Argentina, como los foros de debate con organizaciones no gubernamentales que durante el mes de febrero y marzo efectuara el Banco Mundial son una expresión elocuente de este objetivo.

En este contexto, cabe consignar que ni la propuesta Banco Mundial dirigida a conformar un orden institucional fundado en un esquema de dualismo social acompañado por beneficencia, ni la estrategia productiva y corporativista que enarbolan los grupos locales, que también tiende a conformar una sociedad dual pero en otro sentido, llegan a incorporar, ni siquiera a insinuar, algún elemento que indique la voluntad de profundizar el proceso democrático mediante la redistribución progresiva de los ingresos, que constituye el eje central de una propuesta popular. En este sentido, ambas posturas priorizan la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, y comparten la decisión de bajar el gasto publico en personal tanto en el plano nacional como provincial.

Las características de los proyectos alternativos que comienzan a delinearse en nuestro país durante los últimos años permiten evaluar la política económica de la actual gestión gubernamental. En este sentido, cabe destacar que tanto la reforma fiscal como la reducción del gasto estatal indican la existencia de un notable empecinamiento oficial por mantener una política de ajuste ortodoxo que, sobre la base de la reducción de los ingresos de los asalariados, intenta incrementar la competitividad externa de la economía argentina. Sin embargo, es evidente que este enfoque que mantuvo la Convertibilidad durante la década pasada es inviable porque descarta no sólo que la situación crítica de los asalariados no permite solucionar la problemática generada por el tipo de cambio fijo, sino también los significativos cambios en la situación internacional, el agotamiento de las privatizaciones y, especialmente, la disolución de la homogeneidad en los sectores dominantes. En otras palabras, a diferencia de lo que ocurría en la década anterior, la Convertibilidad es crecientemente inviable por el camino transitado hasta el momento, pero la gestión actual actúa como sino hubiese cambios decisivos en las condiciones originales y le otorga sucesivas concesiones a los dos sectores dominantes en pugna, sin definir el rumbo de una salida a la crisis actual.

En esta lógica se inscribe los recientes nombramientos de funcionarios del conglomerado Techint en la Aduana, el INTI y la Secretaria de Industria, así como el de un funcionario del grupo Aluar en la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa, pero más allá de la coyuntura actual, todo parece indicar que el actual enfoque de la política gubernamental resulta básicamente incorrecto y claramente limitado, porque se sustenta en una caracterización equivocada del denominado poder económico otorgándole, en consecuencia, un poder absoluto, homogéneo e indeterminable ante el cual no es posible insubordinarse. Es incorrecta porque al pretender una relación armónica pasa por alto la vigencia de nuevas contradicciones. Consecuentemente, se priva de aprovecharlas en función de una nueva estrategia política y a su vez termina presionado por aquellas líneas de política general en las que el bloque dominante coincide y que son, casualmente, las más regresivas (reforma laboral, ajuste fiscal). Es limitada porque al prescindir de una caracterización adecuada no establece cuáles son los conflictos que en las presentes condiciones es necesario (y posible) plantear con el bloque dominante para avanzar en una estrategia de democratización. Se inhibe así de buscar el respaldo de la sociedad para regular el comportamiento de la cúpula empresarial y de articular este objetivo con los organismos financieros internacionales en aspectos que son de interés para estos, como la necesidad de una reforma impositiva de carácter progresivo o la imperiosa urgencia de limitar la salida de excedente al exterior. Se inhibe también de buscar el respaldo de la sociedad para discutir con los organismos internacionales nuevos criterios en materia de apertura, perfil productivo y demanda interna, articulando este objetivo con sectores de la cúpula empresarial que reclaman protecciones que podrían otorgarse, contra objetivos expresos en materia de empleo y producción.