28 de noviembre del 2002

El gobierno de Bolivia no defiende los intereses nacionales ante la OMC


Econoticias Bolivia

El gobierno boliviano no está defendiendo los intereses de la agricultura nacional y, por el contrario, puede ocasionar un mayor deterioro productivo en el país si prosigue con sus intenciones de proponer la eliminación de aranceles de importación y subsidios a la producción en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Este peligro fue advertido por gran parte de los asistentes al Seminario Internacional "Alternativas para el Comercio Internacional de Productos Agrícolas", celebrado en La Paz el pasado 14 de noviembre bajo el auspicio del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

Las expresiones de condena a la actitud gubernamental de respaldar las iniciativas del Grupo Cairns, que busca fortalecer las exportaciones y profundizar la liberalización del comercio de productos agrícolas, fueron contundentes y variadas.

"Nos estamos adscribiendo a la OMC en las peores condiciones posibles, sin mecanismos de defensa e inermes, defendiendo intereses y normas que no son de los productores agrícolas ni de los sectores campesinos", aseguró uno de los participantes del Seminario que congregó a una centena de especialistas, dirigentes campesinos y representantes de ONGs que trabajan en el área rural.

"Como país no tenemos una política clara y dependemos de la música que nos toquen afuera.

No hay una política orientada a fortalecer la capacidad productiva del pequeño productor", advirtió otro productor del agro.

"La importación de trigo está desalentando la producción interna. Antes se producía en Tarija y Chuquisaca y hoy solo queda Santa Cruz. El contrabando de fruta de Chile y Perú, el ingreso de cebolla, papa, uva, durazno y manzana están afectando a los productores bolivianos. A mediano plazo vamos a perder el mercado interno", complementó otro especialista.

En manos del libre mercado

Según el representante de la Cancillería boliviana, el economista Windsor Hernani, invitado al Seminario para exponer la posición gubernamental, Bolivia participa del Grupo Cairns en busca de eliminar las graves distorsiones que afectan el libre comercio de los productos agrícolas, los aranceles que encarecen los alimentos y los subsidios que se dan en los países desarrollados.

De aceptarse esta propuesta en la reunión de la OMC en marzo del 2003, los aranceles de importación disminuirán paulatinamente hasta niveles cercanos a cero y se prohibiría las subvenciones a la producción agrícola en un plazo máximo de seis años en todos los países del mundo, así como la ayuda alimentaria orientada a facilitar las exportaciones desde las naciones desarrolladas.

"Si se adoptan las demandas del Grupo Cairns no sé qué pasará en el país. Inicialmente no tendremos beneficios, pero a mediano y largo plazo se abre la posibilidad de mayor producción agrícola con la apertura de mercados. Las empresas extranjeras podrán llegar al país, invertir y exportar alimentos", dijo Hernani, quién sin embargo declinó referirse a la suerte que correrían los campesinos y pequeños productores agrícolas del país.

El vocero gubernamental explicó que la prohibición para otorgar subvenciones a los productores agrícolas tiene un carácter práctico. "Si tuviéramos recursos, posiblemente estaríamos defendiendo las subvenciones en la OMC".

Esta explicación no fue considerada, sin embargo, como satisfactoria por los participantes del Seminario, quienes advirtieron que, por ese camino, Bolivia estaría dejando en el abandono total a los pequeños productores agrícolas y campesinos de todo el país.

Con la eliminación paulatina de los aranceles, los productores bolivianos, grandes y pequeños, no podrán competir con las grandes potencias agroalimentarias de la región y del mundo, y su situación se tornará mucho más precaria que la actual.

"Bolivia está adoptando una política fundamentalista en el comercio (es uno de los pocos que cumple con las normas de la OMC). No se está tomando en cuenta que los productores nacionales están sin apoyo, sin créditos ni seguros de ninguna naturaleza", lamentó José Ignacio Jiménez, un especialista colombiano con casi una década de residencia en el país.