11 de junio del 2001

El 80% de los trabajadores del mundo sin protección social adecuada: conclusión del último informe de la OIT

Trabajo digno, desigualdad y pobreza

Xavier Caño Tamayo
Centro de Colaboraciones Solidarias

Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha afirmado hace unos días que 1000 millones de personas en el mundo que están en edad activa trabajan en condiciones de precariedad y sin las garantías mínimas adecuadas, es decir, tienen trabajo, pero no tienen un trabajo digno. El baremo para poder decidir si un trabajo es decente tiene que ver con el salario percibido, pero también con las condiciones laborales, las garantías de continuidad, la protección social, el ejercicio de los derechos sindicales, etc. Desde que las sucesivas crisis del último cuarto del siglo XX agitaron el fantasma del paro, la consecución de un puesto de trabajo se ha convertido en un objetivo primordial en los países más ricos, pero también en los países del sur; es más, los amos de las empresas y de la tierra, han utilizado los puestos de trabajo como arma de extorsión: "Si queréis trabajo tendrá que ser con nuevas condiciones". Y, durante la década de los noventa, la oferta de puestos de trabajo ha ido acompañada de una reducción de los derechos y garantías laborales conseguidos por los trabajadores con sangre, sudor y lágrimas a lo largo de una parte del siglo XIX y todo el XX. Esta situación era común y conocida en las áreas del mundo emergentes económicamente tales como los países del sudeste asiático y algunos de Latinoamérica, pero finalmente también ha llegado a los países más ricos de Europa, a Estados Unidos, Canadá, Australia... Puestos de trabajo a cambio de salarios más bajos, de menor protección social, de mayor inseguridad, de precariedad... El derecho al trabajo, a un trabajo digno, un derecho universal proclamado a los cuatro vientos por todas las banderas y tan costosamente conseguido a base de prisión, dolor, sufrimiento e incluso muerte, se reconvertía así en una especie de graciosa concesión otorgada.

Avanzaba así una de las tesis neoliberales más queridas, uno de los dogmas más venerados de ese nuevo totalitarismo que es el pensamiento único: la desregulación, que hablando claro significa la reducción o ausencia de normas, de cualquier tipo de norma de garantía, vendido además como una tesis progresista. Y, puesto que no debe haber normas, dejemos que el sacrosanto mercado controle las relaciones laborales, la oferta de puestos de trabajo y la adjudicación de los mismos; dejemos que las macroempresas, las inmensas multinacionales, se pongan de acuerdo con quiénes aspiran a conseguir un puesto de trabajo, dejemos que los gigantes pacten con los hambrientos, con los desposeídos.

Dejando de lado que un combate entre un peso pluma y otro superpesado no es una lucha equitativa sino una masacre, el nuevo tipo de relaciones laborales -por llamarlas de alguna manera- se consolidaba en medio de un proceso feroz de concentración empresarial que aumentaba las plusvalías de los grupos que las realizaban y dejaban en la calle a cientos de miles de trabajadores.

Para muestra: la fusión entre los laboratorios farmacéuticos Sandoz y Ciba-Geigy para formar Novartis consiguió una plusvalía de 19.000 millones de dólares y el despido del 10% de la plantilla; y la absorción en el sector aeronáutico de McDonell Douglas por Boening significó la pérdida de un millón de puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos; la absorción de una entidad financiera por el banco de inversión Goldman Sachs supuso el despido del 20% de la plantilla mientras los ciento setenta y cinco asociados del grupo se embolsaban una prima de 200.000 dólares para celebrar la fusión.

Todo este proceso, además, ha ido acompañado de una lenta pero imparable burocratización y debilitamiento de las organizaciones sindicales, en general incapaces de mantener las garantías laborales tan trabajosamente conseguidas a lo largo de siglo y medio.

Es en este contexto que se plantea la reivindicación de un trabajo decente, un tipo de trabajo cada vez más escaso a tenor de los datos de la OIT según los cuales el 80% de los trabajadores del mundo no tienen protección social adecuada o no tienen ninguna protección social. Y, desde luego, es entre las mujeres incorporadas al mundo laboral donde abundan más los trabajos indecentes:
las mujeres ocupan un 80 % los puestos de trabajo temporal o a tiempo parcial y siempre con un salario inferior al de los varones entre un 20 y un 40%.

Juan Somavia, director general de la OIT, a la vista de estos datos ha explicado que la lucha para reducir la pobreza es la lucha por conseguir un trabajo decente, el tipo de trabajo que se ofrecía y aceptaba cuando eran hegemónicas las tesis keynesianas de un capitalismo menos voraz, con garantías laborales, con salario suficiente, con protección social adecuada, con derechos de asociación sindical libremente ejercidos. Porque lo contrario de ese trabajo, el trabajo desregulado, sin garantías ni protección es el camino seguro de la pobreza o la pobreza misma.

Y me viene ahora a la memoria una historia ocurrida en España, una historia de los primeros días de 2001, del inicio del nuevo milenio, la historia de Norman y Berto, un padre y un hijo de Machala, en el sur de Ecuador, magistral y hermosamente descrita por el periodista ecuatoriano Hugo Gavilanes. La historia de dos inmigrantes que se entramparon con toda la familia hasta las cejas, hasta hipotecar incluso la humilde casita en la que moraban, para viajar a España a trabajar. Y llegaron a tierras de Lorca, en la provincia de Murcia de España, tierra agrícola necesitada de brazos y manos, y encontraron trabajo que les pareció gloria, porque era un trabajo de todos los días. Y por eso acaso no se fijaron en que el salario era reducido y las condiciones penosas, a la par que completamente ilegales. El trágico final fue un accidente: la furgoneta en la que eran transportados quince ecuatorianos a recoger brócoli, entre los que se encontraban Norman y su hijo Berto, se paró en medio de un paso sin barrera de la vía del tren. Y el tren llegó y arrolló la furgoneta y Norman y Berto, junto con otros compatriotas, perecieron.

¿Accidente de tráfico? Técnicamente, sí, pero la carga de la prueba hay que ponerla en las condiciones laborales de esos trabajadores inmigrantes, en la ausencia de garantías y en la desprotección, que no son causas directas de la tragedia, pero forman parte del escenario que hace posible que una quincena de trabajadores ecuatorianos (hombres, mujeres y niños) sean transportados casi clandestinamente a los campos en los que trabajarán de sol a sol por un salario reducido, pero aceptable para ellos, vista la situación de pobreza de su país de origen.

Hace unos días Kofi Annan, Secretario General de Naciones Unidas, ha denunciado en la III Conferencia sobre Países Menos Avanzados que si en 1980 había en la Tierra 25 países pobres, en 2001 ya son 49. Todo un record. En un par de décadas se ha doblado la apuesta por la pobreza.

La lucha por el trabajo decente es la lucha contra la pobreza y es la lucha por la dignidad humana.