14 de mayo del 2001

El terror del "Investement grade"

Uruguay: De un modelo inviable a otro que mejore la producción y el consumo

Carlos Santiago
Bitácora

Mientras el presidente Jorge Batlle tiene ante sí una difícil crisis social en el Uruguay, funcionarios de Fondo Monetario Internacional (FMI), sumados a los de la banca extranjera privada y a los de las calificadoras de riego, literalmente “aterrorizan” a los funcionarios del gobierno, planteándoles “cataclismos” de diversa magnitud, los que se desencadenarían con la pérdida del “investement grade”. Por ello parecería que su mantenimiento, en el actual grado, es un objetivo fundamental tras el que se encolumnan los funcionarios.

Esta militancia de todo el gobierno determina que no importen las escenas de distinto dramatismo que están apareciendo día a día en lo social. Las continuas movidas de los funcionarios internacionales, tratando de imponer "reformas" con el solo objetivo de que el país cumpla con sus compromisos internacionales (ahora se plantea el pasaje a la orbita privada de los bancos estatales: de la República e Hipotecario), son las que acompaña ciegamente, quejándose que el Parlamento, pese a que la coalición de gobierno es mayoritaria, no está "a tono con la situación".

Todo ello en el marco de una deteriorada situación social, caracterizada por la creciente pobreza y el crecimiento explosivo de los sectores marginales, sin que se vean reacciones del gobierno para intentar resolver las problemáticas que allí están anidadas en esa desolada situación que vive tanta gente:
desocupación, violencia, marginalidad, hambre y emigración. En ese marco de desencuentro, para colmo de males, estalló la crisis de la aftosa terminando con algunas ilusiones del presidente Batlle, la que, además, ha mostrado las lamentables consecuencias del acatamiento por parte de los gobiernos de iniciativas exógenas, impracticables en un país de fronteras abiertas.

El virus que se extendió como reguero de pólvora puso fin, además, a una "liviana" estrategia del presidente Jorge Batlle que proponía multiplicar las exportaciones de carne a EEUU, donde se abrirían 7 mil carnicerías uruguayas. Un ilusorio planteo que debió enfrentarse, en una especie de compensación psiquíatrica, dada por la palabra del presidente George Bush que al entrevistarse con Batlle le exigió soluciones para el "lavado de dinero" en el sistema bancario del país, además de la modificación y la aprobación del proyecto sobre patentes, que hoy todavía duerme en el Parlamento.

Los deseos y las concreciones Todo ello fue un duro golpe para las ilusiones del presidente, quien para llegar a esa reunión con Bush debió ordenar que se votara contra Cuba en materia de derechos humanos, enancando a Uruguay en la posición que impulsó EEUU, a lo que se sumó el discurso de Batlle en Québec, en el que instó, insólitamente, a los uruguayos (en general) a realizar un intenso lobby ante los representantes demócratas para que ellos acompañaran las iniciativas que Bush enviaría al Congreso norteamericano para acelerar la concreción del ALCA.

Toda desacomodada estrategia, fuera de tiempo y sin establecer una sola medida directa para mejorar la problemática que viven cientos de miles de uruguayos.

Recordemos que la desocupación abierta es de casi el 15 por ciento.

Obviamente esa estrategia no tenía futuro ante las previsibles exigencias norteamericanas.

Y ello, porque ni el sistema financiero uruguayo está dispuesto abrirse para mostrar quienes son los que operan en el lavado de dólares, ni el gobierno tampoco quiere –recordemos que el ministro de Economía Bensión fue por años presidente de la Asociación de Bancos – torcer esa situación.

El "paraíso fiscal" implantado en Uruguay, con un casi invulnerable secreto bancario, hace que no se pidan referencias a los depositantes y luego no se informe de sus movimientos financiaros, ni siquiera cuando algunas empresas ("fantasmas") habían sido acusadas por la Justicia argentina de estar involucradas en el tráfico ilegal de armas a Ecuador, escándalo que afecta a encumbrados dirigentes políticos argentinos, incluso al ex presidente Carlos Menem.

En materia de patentes las cosas están llegando a un extremo distinto, ya que el gobierno de Bush quiere una legislación estricta para Uruguay y el Parlamento se ha manifestado, en más de una ocasión, molesto por las injerencias que en este plano ha tenido la diplomacia norteamericana.

Todo da una idea de lo peligroso que resulta mezclar la política con la economía. La sofisticada economía global ha conectado a la gente y a las ganancias a través de fronteras, pero el manejo uruguayo, casi provincial de las relaciones monetarias, amenaza con seguir socavando aún más las formas de vida de las personas. Mientras el gobierno maneja ideas y soluciones inaplicables para la crisis económica, pero que favorecen abiertamente al sector financiero, el país de despuebla de jóvenes y las clases medias se pauperizan cuando no se empobrecen y se marginan abiertamente.

Los burócratas del FMI y del Banco Mundial no tienen la culpa de ser demasiado ambiciosos en el campo político y de lograr tan poco en el campo financiero. Es que sus "recetas" han perdido vigencia y solo sirven para hacer las cosas más difíciles, incluso a los acreedores que, a mediano o largo plazo, dejarán indefectiblemente de cobrar. La culpa de este enredo –claro está- es más de los líderes mundiales que han abdicado su responsabilidad de reparar al sistema monetario internacional para que sirva las necesidades de una economía global abierta, dedicada a la libertad de mercado y al libre comercio.

La razón de ser del FMI desapareció cuando el sistema de cambios fijos dejó de existir en agosto de 1971. En lugar de desmantelarlo, las grandes naciones prefirieron dejar que sobreviviera, transformándolo en una agencia de cobranzas internacional para sus bancos comerciales.

Hoy somos testigos del vergonzoso espectáculo de los líderes de los países desarrollados exhortando a países en desarrollo con economías devastadas a que acepten las duras recetas aperturistas del Fondo que no hacen nada por frenar la pauperización de la gente.

La benevolencia oriental

Además, la tenue posibilidad de estabilidad monetaria regional dejó de depender del FMI para descansar en la benevolencia de China en no devaluar su moneda. Los uruguayos no solo debemos preocuparnos por lo que significaría la ruptura de la convertibilidad en la Argentina, sino que debemos valorar, también, lo que ocurriría una devaluación en China, cuando hoy en el puerto de Montevideo hay contenedores con zapatos de aquella procedencia a 50 centavos de dólar el par. ¿A que precio llegarían si China devaluara como temen algunos copitostes del mundo capitalista?.

Enlazar la estabilidad financiera con la política extranjera es muy peligroso. El futuro de la economía global no debe depender de frágiles relaciones diplomáticas porque ello conduce a arriesgar cosas como los derechos humanos, la transferencia de tecnología y la seguridad nacional. El Mercosur es un buen ejemplo.

La preocupación del gobierno, "aterrorizado" por esos funcionarios internacionales que pululan casi como en "su casa" en el Ministerio de Economía, siempre de puertas abiertas para ellos, es distinta a la de la gente.

Ellos generan terror, hablan de déficit, y tratan de acotar las partidas presupuestales para las obras que podrían multiplicar la ocupación. Quieren que se aplique un esquema férreo que objetivamente impida el crecimiento y una distribución de la riqueza más equitativa en el país. Es que cada dólar debe estar disponible para pagar al los prestamistas del exterior. Recurren a ello para avalar que se sigan pagando las altas tasas de interés que deben pagar los Estados por el capital financiero que utilizan. La deuda externa puede seguir creciendo porque, al fin y al cabo, ese es el gran negocio de los grandes financistas en el ámbito planetario.

Queda bien claro, entonces, que el modelo que rige en Uruguay desde la dictadura hasta el presente está totalmente agotado y que es la causa de los problemas que hoy viven el país y su gente.

Es un esquema de funcionamiento que niega lo nacional, en aras de una ficticia globalidad, que solo puede ser prologada en el tiempo mediante una mayor enajenación del patrimonio nacional (ya se fue el oro que respaldaba nuestro futuro), ahora se quiere liquidar, al mejor postor, a las empresas públicas. Con ello lograrían una mayor transferencia de ingresos de la gente a los sectores concentrados de capital externo y, concomitantemente, un mayor deterioro de la de la producción nacional, del trabajo, cuestionando la existencia misma de nuestro país.

El gobierno emprendió un camino que – según muchos analistas- lo llevará al fracaso, multiplicando la crisis social, masticando otras ideas peregrinas que si fueran aceptadas (la desregulación total del mercado del trabajo), es decir, expulsar de sus empleos a cientos o miles de funcionarios públicos, reduciendo los salarios de los privados, privatizando ANTEL (telefonía básica y móvil), Ancap (combustibles), y a los bancos estatales, como últimamente aconseja el FMI, arancelar la Universidad, achicar los planes sociales y los presupuestos de los ministerios de Salud Pública y Educación, reducir más las jubilaciones y las pensiones.

Ya internacionalmente se ha visto que fue una enorme equivocación de los organismos internacionales, el exigir un mayor ajuste para restaurar la confianza de los inversores. El ejemplo de Uruguay es notable en ese sentido, ya que es el país de Latinoamérica que recibe proporcionalmente menos dinero de los capitalistas internacionales. Quizá los funcionarios del FMI y de las consultoras internacionales se alegren por el cumplimiento estricto que hace el gobierno de Batlle de todas sus obligaciones con la banca internacional. Pero siguen eludiendo en sus informes la espada que está a punto de cortar ese proceso. No hablan de un tema fundamental, quizá el más trascendente de todos, que es la endémica falta de competitividad de la producción uruguaya, consecuencia de un tipo de cambio retrasado, situación que eclosionó de forma dramática luego de la devaluación en Brasil.

Pero ante esa situación también debemos hablar del riesgo que tendría una devaluación en una economía altamente dolarizada. La moneda sana y estable debe ser vista como un derecho humano fundamental.

Mientras no se comprenda que devaluar es equivalente a hacerlo también con el trabajo y la dignidad de los ciudadanos, se continuará sufriendo embates de algunos sectores que quieren solucionar sus problemas en el cortícimo plazo, sin entender que ello sería catastrófico.

Ante esta realidad, (parece necesario intentar reducir costos de producción. Pero el gobierno en lugar de analizar la estructura tarifaria de los servicios (recordemos la gravosa imposición que tienen los combustibles), el elevado costo del dinero en nuestra plaza financiera y la realidad de un mecanismo impositivo que no prioriza a los sectores transables y al consumo) el gobierno habla de otros temas.

La sociedad en su conjunto, los productores agropecuarios que sufren la inclemencia de la epidemia de aftosa, los comerciantes, grandes y pequeños, los trabajadores y el propio gobierno deberían entender que de esta crisis salimos no con un modelo, como el actual, que estimula la miseria, sino por el contrario, con otro que sirva para multiplicar la producción y, por supuesto, el poder adquisitivo de la gente. Eso está bien claro.


Carlos Santiago es secretario de redacción del suplemento Bitácora que aparece con el diario LA REPUBLICA de Montevideo.