5 de enero del 2002

Concesión y privatización de empresas sanitarias en Chile: Dos caras de lo mismo

Arnaldo Pérez Guerra

Durante los gobiernos democráticos -lo mismo ocurrió en la dictadura de Augusto Pinochet-, las privatizaciones han servido para traspasar millonarios recursos del sector público al privado. El propio director de Presupuestos del gobierno de Lagos, Mario Marcel, reconoce que desde que asumió la Concertación, hasta fines de 2000, se recaudaron más de US$3.000 millones por ese concepto.

En 1994, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle privatizó la mina de cobre El Abra, perteneciente a Codelco, a favor de la transnacional norteamericana Cyprus Minerals. Finalmente, El Abra pasó a manos de la mayor empresa estadounidense del sector: Phelps Dodge. En 1996 se privatizó Colbún, que pasó a manos de la belga Tractebel, del cual forma parte el grupo nacional Matte, y es filial de la transnacional francesa Suez Lyonnaise.

En 1998, se inició la privatización de las sanitarias con Esval (Valparaíso), traspasada a manos de la alianza de la inglesa Anglian Water y Endesa España. Posteriormente, Endesa España vendió su parte a Anglian Water, obteniendo jugosas ganancias. En 1999, se privatizó Emos, también a manos de Suez Lyonnaise, que participó directamente y a través de su filial, Aguas Barcelona.

Ricardo Lagos culminó la entrega de las tres mayores empresas sanitarias, con la privatización de Essbio (Concepción), que pasó a manos de consorcio inglés Thames Water, presente en la VI Región, al adquirir Essel. A los pocos días, la transnacional traspasó sus activos -en el ámbito mundial- a la alemana RWE.

Ese es el grave panorama relatado por Hugo Fazio en "Crece la Desigualdad. Otro mundo es posible" (de editorial LOM www.lom.cl), publicado en mayo de este año. Agrega: "Todas las principales privatizaciones en los gobiernos de la Concertación se efectuaron en beneficio de consorcios extranjeros, formando parte del fuerte proceso de transnacionalización que vive la economía nacional. Los mayores traspasos fueron realizados a favor del consorcio francés Suez Lyonnaise, presente en la economía chilena directamente y a través de sus filiales la belga Tractebel y la española Agbar (Aguas Barcelona)".

Para el investigador Roberto Butrón: "La Concertación ha sido continuadora de la línea impuesta por el neoliberalismo y, en particular, lo que éste imponía en materia de privatizaciones. Ha habido, es cierto, voces que se oponen y expresan que es posible que funcionen servicios o empresas de servicios sanitarios, eficientemente, sin necesidad de pasarlas a manos privadas. Sin embargo, en materia de privatizaciones de sanitarias triunfó la postura pro empresa privada, y ya estamos viendo sus resultados".

Hace un año, Lagos optó por "concesionar y no privatizar" las sanitarias. Es en la práctica un juego de palabras. Se "concesiona" por 30 años, en la modalidad de "gestión con inversión", donde "el sector privado efectúa las inversiones y explota la actividad, pero la propiedad la conserva el Estado" (sic). Roberto Butrón señala que "se reabre un viejo y negro capítulo para este país. En la licitación de Essam y Essar se utiliza el artilugio de las 'concesiones' por 30-35 años, que al oído de sus mentores suena más político que hablar de 'venta' o 'privatización'". El efecto es el mismo.

¿Fracaso de las concesiones empuja la privatización?

El gobierno llamó a licitación para concesionar Essam (Maule) y Essar (Araucanía), pero sólo la inglesa Thames Water -dueña de Essbio y Essel, presentó oferta por Essam. La licitación de Essar quedó desierta. Evidentemente fue una jugada de los grandes empresarios para apurar la privatización total. Inmediatamente después se anunciaron futuros "paquetes de empresas, para hacer más atractiva la adquisición". Otras voces, exigen que "se privatice de una vez". En el gobierno no descartan posibles privatizaciones con el argumento que se "estimulará la inversión extranjera". Son los cercanos a Frei Ruiz-Tagle, pero también a Ricardo Lagos.

La derecha, a través de El Mercurio (www.emol.cl) y La Tercera (www.tercera.cl), ya inició la ofensiva para lograr la privatización total: "el Ejecutivo no se ve mayormente dispuesto a reinstalar el modelo de privatizaciones, cuyos resultados son ciertamente más alentadores, como lo demuestra el interés que en su oportunidad concitaron las enajenaciones de Essal, Essbio y Essel", señala el editorialista de La Tercera (21/noviembre) repitiendo la monserga de que esos dineros permitirían "disponer de recursos para educación, salud o vivienda". Nada más falso: sólo en el caso de la privatización de Emos, por US$964.000.000, el 46.47%, es decir, US$448.000.000 se destinaron a "capitalizar" la propia empresa. Esa es la magnitud del verdadero negocio de las privatizaciones en Chile.

Las concesiones y privatizaciones son dos caras de lo mismo

Con la venta de Essbio el 73% del sistema de agua potable y alcantarillado del país pasó a manos de transnacionales extranjeras. Hoy se pretende que el 27% restante también quede en esas manos, por medio de concesionar por 30 a 35 años, que pueden incluso ser prorrogables.

Ya el ministro de Interior, José Miguel Insulza, dejó ver los reales propósitos al señalar en febrero: "vamos a seguir adelante con las privatizaciones de las empresas sanitarias que faltan". Felipe Sandoval director del SAE, advirtió en junio: "Hay bastante más experiencia de concesión que de privatización de sanitarias en el mundo y creemos que existe interés". Hoy, luego del "fracaso de las concesiones", afirma que la privatización "aún no ha sido estudiada y no se debe descartar".

El triministro Rodríguez Grossi deslizó la posibilidad de que las próximas licitaciones se realicen en conjunto, sin descartar privatizaciones. Se entregarían las sanitarias Essat, Essan y Emssat, de la I, II y III Regiones respectivamente, como una sola. En el caso de Essco, sanitaria de la IV Región, se anunció la posibilidad de acoplarla a Esval. Otro paquete es las sanitarias de la XI y XII Regiones, Emssa y Esmag.

La "movida" concertacionista es tan clara que el propio ministro de Obras Públicas, Carlos Cruz, antiguo partidario de las concesiones, señaló que la licitación "había sido un fracaso". El director general de Obras Públicas Eduardo Arriagada también se muestra partidario de privatizar.

Días antes del anuncio del gobierno de "concesionar las sanitarias", en marzo pasado, Ricardo Lagos se reunió con los ministros Nicolás Eyzaguirre, José de Gregorio y José Miguel Insulza, además de los funcionarios Mario Marcel y Ernesto Ottone, quienes manifestaron en conjunto "la necesidad de privatizar". El anunciado "fracaso" empujará a la privatización total de las 7 sanitarias que quedan en manos del Estado.

Monopolio del agua

La privatización de los servicios sanitarios escapa a consideraciones puramente económicas: "se ha entregado a manos de extranjeros el manejo de uno de los servicios más vitales -agua y alcantarillado-; empresas con carácter de 'monopolios naturales' en las zonas más densamente pobladas del país. De esta forma se hace depender a más de 7 millones de personas, el 50% del país de esos privados" señala Roberto Butrón.

Uno de los argumentos para privatizar Essbio fue la "necesidad de financiamiento para planes de inversión". Proyectos que eran financiables sin necesidad de privatizarla: "Las plantas de tratamiento de Los Angeles y el Gran Concepción requieren de una inversión estimada en US$35 millones, suma equivalente a cuatro años de excedentes como los alcanzados en Essbio durante 1998 y 1999", dice el economista Hugo Fazio.

La falacia de la tesis esgrimida por el gobierno se demuestra en los hechos: Esval fue multada por no construir la planta de tratamiento de Concón, y el proyecto en Quintero-Zapallar, utilizado como argumento para privatizar, necesitará un 50% de fondos regionales.

Hugo Fazio advierte que "el proceso de privatizaciones se transforma, además, en algunos casos en un negocio financiero -al igual como aconteció en los años de dictadura- para los intereses favorecidos. Así sucedió en Esval. Endesa España ganó US$49 millones al vender 18 meses después de licitada su participación en la empresa. En diciembre de 1998 pagó US$89 millones por el 29.07%, para vender este porcentaje a mediados del 2000, sin efectuarse en el intertanto inversiones que lo justifiquen, en US$137 millones. En un breve lapso obtuvo una utilidad, sobre los recursos empleados, de 55%. Esta operación, cuestiona, al mismo tiempo, los montos recibidos por el fisco en el proceso privatizador. ¿Quién responde por la pérdida producida en el patrimonio público?".

Otro aspecto importante para entender el proceso privatizador son las alzas de tarifas. Poco tiempo después que Anglian Water adquirió el 41% de Esval logró del organismo regulador reajustar brutalmente las tarifas. Gracias a las mayores ganancias la empresa efectúa obras aplazadas y además tiene los recursos para expandirse. "Respecto de los 'tarifazos' el presidente del SAE, no tuvo tapujos para expresar: 'Debemos tener tarifas adecuadas para que la empresa pueda invertir, y no subsidiar a los ricos sino a los pobres, para lo cual hay un subsidio especial'. Así controla el Estado cuando hay que regimentar a una poderosa empresa que, el año 2000 tenía un activo equivalente a casi un 10% del PIB de Chile", señala Roberto Butrón.

Respecto del peligro de privatización de las 7 sanitarias que quedan en manos del Estado, el doctor Edgardo Condeza afirma: "El gobierno no cumplió su promesa, y la VIII Región no ha recibido la cantidad de dinero prometida por la venta anterior de acciones de Essbio. No se han mejorado los servicios. El Biotren no puede extenderse hasta el terminal de Talcahuano porque Essbio no ha reparado las cañerías. Se incrementó el número de cortes del suministro. La empresa 'declara pérdidas', diciendo que sus utilidades han disminuido en 17.95%. Argumento para pagar menos impuestos, justificar el incumplimiento de planes de inversión y subir tarifas". Agrega: "Debemos protestar, individual y colectivamente. Los ciudadanos de Chillán nos dieron el ejemplo con una gran Asamblea en la Casa del Deporte. Allí se propuso seguir ese camino; solicitar que se aumente el monto y número de personas que accedan a subsidios; eliminar el IVA para los consumidores; exigir que no se corte el agua quienes no pueden pagar y que el gobierno acuerde un sistema para los desempleados; acciones de desobediencia civil como disminuir el consumo o no cancelar la cuenta".

El agua seguirá subiendo

Las tarifas del agua aumentaron un 11% promedio en el Gran Santiago debido al "servicio de tratamiento de aguas servidas", ítem que se agregará en la cuenta a "uso de alcantarillado".

La Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) aplazó el cobro hasta el 1º de noviembre. Aguas Andinas (ex Emos, controlada por Suez Lyonnaise- Aguas Barcelona), impugnó la resolución del SISS. Para la empresa el cobro se debió aplicar desde octubre cuando se instaló la planta El Trebal (río Maipo). El alza afecta a los usuarios de Aguas Andinas, Los Dominicos, Aguas Cordillera, Aguas Manquehue y Servicio Municipal Agua Potable Maipú. Los usuarios que no son servidos por Aguas Andinas incrementarán sus cuentas el 2009.

El plan de inversión de Aguas Andinas, estimado en US$781 millones para 2000-2005, contempla construir 3 plantas de tratamiento de aguas servidas. La empresa espera obtener utilidades por 42.000 millones de pesos, cifra similar a la obtenida el 2000. Para el 2002 aumentará sus ganancias en un 20%, gracias al alza de las tarifas.

Eduardo Arriagada, director general de Obras Públicas, señala que se requieren US$612 millones para "construir una red de colectores de aguas lluvia en la Región Metropolitana". Según Aguas Andinas, se requieren US$780 millones. Los colectores implicarán una nueva alza en las tarifas, que el gobierno no contempla hasta el 2008. "Los costos se podrían elevar demasiado al concesionar todos los colectores a Aguas Andinas. (...) Algunos deben quedar en manos del Estado, para evitar que las tarifas sobrepasen un incremento superior al 50%. El alza no debiera ser más allá del 30%".

Para Edgardo Condeza, el alza se explica de la siguiente manera: "cuando la empresa va a ser privatizada o concesionada, suben las tarifas para que la compra sea de interés. Lo que sucede es que las empresas no invierten un peso y suben sus tarifas. Entonces, ¿quién paga las inversiones de esas empresas extranjeras?, la respuesta es: todos los chilenos. Estamos frente a un gobierno neoliberal autoritario. No es lo mismo que el régimen de Augusto Pinochet, pero la calificación es correcta".

El gobierno prometió, antes de la privatización, que las alzas no serían desmedidas: "No se cumplió. Se han elevado hasta 25.76%. Más de cinco veces el IPC. También aumentó el desempleo. Se despidió a 140 trabajadores, lo que representa un 21% del total. Son innumerables las denuncias que recibimos expresando que el alza es mucho mayor. Representa un enorme contraste con el alza en las sanitarias públicas: en la I Región, fue de 3.5%; en la II, 3% en promedio. Es decir 8 veces menos".

Las disposiciones legales que regulan el alza no defienden el interés de los usuarios. "El sistema establece que la Superintendencia y la empresa privada definen las tarifas. Ambas partes con igual poder de decisión. Evidentemente, la empresa privatizada intentará obtener la mayor ganancia posible. Ese sistema debe cambiarse y en él deben participar los ciudadanos", observa Condeza.

"Lagos no cumplió"

El SAE (Sistema Administrador de Empresas), entidad pública, gastó innecesariamente, al contratar asesorías de dos empresas privadas: el Banco BICE Chile Consult Rotchild y los abogados Urzúa, Goldenberg, Rozas, García y Montes, para concesionar las sanitarias de la VII y IX Región, malgastando los recursos de todos los chilenos, además fue un fracaso. Se presentó sólo una empresa, la misma que es propietaria de Essbio, para adjudicarse la sanitaria de la VII Región.

Para el doctor Edgardo Condeza (PS) que encabezó la lucha contra la privatización de Essbio en la VIII Región, lo obrado por la Concertación es simplemente un escándalo: "El sistema de concesiones tiene otro problema, cuando se otorga la concesión, la empresa se entrega totalmente. De este modo, no hay representación del gobierno en los directorios, lo que representa un justo temor para los trabajadores".

-Se entregan en concesión en lugar de privatizarlas completamente. ¿Es una "privatización encubierta"?

"Es una privatización, al menos, por los años que se otorga. Se concesiona por 30 años, prorrogables. Una 'privatización temporal'. En este mecanismo del SAE influye el movimiento desarrollado en la VIII Región con Essbio. El gobierno quedó muy mal. Fue el primer enfrentamiento que tuvo el presidente Lagos respecto del incumplimiento de sus promesas, hechas antes de las elecciones, en la segunda vuelta, y después cuando dijo que 'se iba a escuchar a los ciudadanos'. El movimiento contra la privatización de Essbio fue la primera demostración y la más masiva. Se supo en todo el país y el extranjero. Significó un desprestigio muy grande, y los indujo a buscar otra fórmula. 136.783 usuarios de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Essbio, participaron en el plebiscito donde el 99.09% rechazó la privatización.

Los servidores públicos: el Presidente, ministros, intendente, etc.; no cumplieron su promesa de escuchar a los chilenos, los verdaderos propietarios.

Essbio ha sido multada por que no ha invertido un peso. Sin embargo, se incrementan los gastos superfluos: más oficinas, publicidad exagerada e innecesaria, etc. En definitiva, las futuras inversiones, mayores gastos innecesarios y las enormes utilidades; las pagaremos anticipadamente los consumidores con la exagerada alza de tarifas que partió en octubre. Lo sabe el Presidente y sus ministros, sin embargo, actúan en contrario de la decisión de los legítimos propietarios".

Edgardo Condeza recalca: "Hay conceptos que me interesa destacar: el primero es que todos somos propietarios; usted, yo y todos los chilenos. Muchos no tienen conciencia de eso. Lo otro es que el Presidente de la República es un servidor público, al igual que los ministros, intendentes, alcaldes, etc. Tienen que servir a los ciudadanos. Aquí se trastocan los papeles. Después de las elecciones tiene una conducta autoritaria, centralista - deciden de las propiedades de nuestra región y otras, en las cuatro 'manzanitas' del centro de Santiago-, y sus decisiones, por ejemplo privatizar Colbun, el cobre, las sanitarias, etc., naturalmente comprometen la vida y el destino de todos los chilenos.

Quieren privatizar todo; no sólo el agua. Había 600 empresas del estado, ahora quedan poco menos de 30. No es sólo efecto de la dictadura, sino de lo sucedido en los gobiernos de la Concertación. Hay 7 empresas de agua potable en peligro de ser privatizadas. Sin embargo, la capacidad de movilización no ha sido muy buena. Tuvimos la triste experiencia de los dirigentes de los trabajadores de Essbio, de esa época, que no actuaron con suficiente firmeza. Se preocuparon más de sus intereses corporativos que los del país".