14 de agosto del 2002

América Latina: Desastre económico y social


La Jornada

A principios de los años noventa se hablaba en América Latina de "la década perdida", en alusión a la inmediatamente anterior, durante la cual el colapso de los modelos desarrollistas y de sustitución de exportaciones dio lugar a la aplicación generalizada de estrategias monetaristas y privatizadoras, en ejercicios de disciplina fiscal de resultados sociales criminales y con una visión neoliberal que se convirtió en "la ortodoxia" económica. Políticas que en ese sentido resultaban "heterodoxas", como la mexicana de los primeros años ochenta y la peruana de mediados de la década, fueron severamente castigadas por los organismos financieros internacionales, los cuales no dudaron en sumir a esas naciones en sendas crisis financieras que, a su vez, generaron incrementos del desempleo, la pobreza, la marginación, el hambre y el descontento social.

Hoy, mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos recorre las ruinas económicas del Cono Sur exigiendo a los gobiernos anfitriones que profundicen y recrudezcan las estrategias que llevaron al desastre, puede decirse que la mayor parte de los países latinoamericanos han regresado a ese punto de partida, que han perdido lo poco que en materia de desarrollo social y niveles de ingreso pudo conseguirse en los años noventa y que, en consecuencia, las sociedades de esta región del mundo deben resignarse a dos décadas perdidas al hilo.

Las actitudes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante las autoridades de Brasil, Uruguay y Argentina recuerdan las prácticas tradicionales de la mafia: la coerción y la exigencia de sometimiento total, so pena de asfixiar financieramente a países de por sí afectados en la recesión, en el mejor de los casos, o sumidos en francos procesos de disolución económica. Tal es el caso de Argentina, cuya población ha sido llevada a grados indignantes de depauperación y desamparo por los efectos acumulados de la corrupción menemista, la torpeza de Fernando de la Rúa y el implacable bloqueo financiero estadunidense y fondomonetarista.

En el caso de Brasil, Washington y los organismos financieros internacionales no han cejado en sus intentos de vetar políticamente a los candidatos presidenciales de izquierda que, según los sondeos, resultan favoritos para ganar los próximos comicios y que, a su manera, proponen políticas económicas alternativas a la que generó el desastre continental. Sin embargo, dado el peso económico de esa nación, era claro que no podían apretársele más las tuercas sin el riesgo de provocar una crisis en cascada incontrolable, y se procedió en consecuencia al otorgamiento de un paquete monumental de asistencia financiera cuyos términos atarán las manos del próximo gobierno, sea cual fuere su signo.

Ante Venezuela, el FMI persiste en una campaña que no puede calificarse sino de terrorismo financiero en contra del régimen de Hugo Chávez. El informe de ese organismo presentado ayer, en el que se habla de una "situación económica extremadamente frágil" y de un "debilitamiento de la confianza del sector privado", es una clara invitación a la fuga de inversiones y de capitales y se orienta a presionar políticamente al gobierno de Caracas.

En Uruguay el gobierno de Jorge Battle cedió a todas las exigencias fondomonetaristas y obtuvo préstamos de emergencia estadunidenses. Sin embargo, la Ley de Estabilidad Financiera ha provocado una ola de protestas sociales sin precedente en la República Oriental y ha abierto paso a un escenario de desestabilización política.

Más al norte, en la martirizada Colombia, hace mucho tiempo que la desestabilización dio paso a la guerra, atizada por el gobierno de Estados Unidos --la guerra global "contra el terrorismo" que mantiene la Casa Blanca incluye ahora el territorio colombiano-- y trágicamente asumida como opción de gobierno por el nuevo presidente, Alvaro Uribe Vélez, quien ayer tomó posesión en medio de una carnicería y quien piensa --con toda ingenuidad o con plena perversidad-- que el Estado colombiano realmente sería capaz de resolver, manu militari, los infiernos sociales que se encuentran en el origen de la guerrilla, el narcotráfico y las otras violencias que afectan a esa nación.

Por último, no sería justo desconocer que, en la desestabilización económica y política de las naciones latinoamericanas, Washington, los capitales especulativos y los organismos financieros internacionales, cuentan con la alianza imprescindiblede las clases políticas locales, las cuales, en los últimos veinte años, han sido incapaces de resistir las presiones monetaristas y ordodoxas y de generar alternativas viables a ese modelo desastroso.