17 de octubre del 2001

El aumento del gasto militar en Centroamérica no se condice con la situación estructural de la sociedad


Equipo Nizkor

Una serie de coyunturas internas, regionales e internacionales parecen crear condiciones para que en Centroamérica el gasto militar se incremente. Al menos en el caso de Honduras era una noticia anunciada que las Fuerzas Armadas solicitarían un incremento sustancial en su presupuesto anual.

En efecto, las Fuerzas Armadas (FFAA) solicitaron un aumento de 400 millones de lempiras (1 US$=15.50 lempiras) para su presupuesto del 2002. La partida actual de la institución castrense es de 645 millones de lempiras, cifra que la jefatura militar considera muy por debajo de sus necesidades reales puesto que 75% lo invierte en sueldos. (LP/29).

El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel López Carballo, dijo que el ajuste presupuestario servirá para la adquisición y mantenimiento del equipo logístico, que incluye un nuevo sistema de comunicaciones, unidades terrestres, lanchas y helicópteros para el apoyo de tareas de asistencia humanitaria.

De acuerdo con la versión oficial, el presupuesto adicional no contempla la compra de armamento bélico, pero si de repuestos y otros insumos para el mantenimiento del equipo de la Fuerza Aérea, la única rama que en la década de los 80 le dio "poder disuasivo"a Honduras, pero que en los 90 prácticamente dejó de volar.

Honduras impulso un fuerte proceso de desmilitarización a lo largo de la década pasada, desmantelando el "Estado dentro de otro Estado" que representaba el poder castrense. En menos de diez años, los militares pasaron de figuras todopoderosas a un discreto papel como subalternos de la institucionalidad civil. Las únicas fuerzas armadas de la región que no libraron una guerra en la Centroamérica de los 80, terminaron viendo perder sus principales privilegios casi sin darse cuenta y sin poder evitarlo.

Los puntos culminantes de la desmilitarización fueron la anulación en 1996 del servicio militar obligatorio y luego la eliminación de una autonomía ilimitada que gozaban desde 1956.

Sin embargo, bajo el mando del general López Carballo los militares han ido remontando poco a poco la cuesta. Uno de sus objetivos iniciales fue ganar credibilidad ante una opinión pública que los tenía estigmatizados por las denuncias de abuso de poder y corrupción. A lo anterior se sumó el esfuerzo por encontrar un nuevo rumbo, proceso en el cual incorporaron la temática de derechos humanos a sus debates e impulsaron un proceso de redefinición de objetivos con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ambos esfuerzos siguen inconclusos, pero un incremento de la tensión centroamericana - a partir de conflictos bilaterales comerciales y fronterizos - y los recientes sucesos de EEUU - una de cuyas réplicas fue la decisión de los presidentes centroamericanos de reforzar los mecanismos de seguridad frente al "terrorismo"- crean una coyuntura que puede conducir a una revitalización del protagonismo castrense.

La única contención real a las aspiraciones presupuestarias de las FFAA es la misma iliquidez del Estado hondureño, cada vez más insolvente para atender sus necesidades básicas o prioritarias. Es muy probable que obtengan recursos adicionales del presupuesto nacional, pero lo grueso tendrá que llegar del exterior por la vía de la cooperación militar no reembolsable y eso requiere tiempo y negociación.

En principio, la gestión marcha bien con los aspirantes favoritos a ganar las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El candidato nacionalista, Ricardo Maduro, prometió "su irrestricto apoyo al proceso de reformas y modernización de las Fuerzas Armadas y la revisión de su presupuesto para adecuarlo a las necesidades reales" (LP/30)

Mientras tanto, para el general Carballo lograr la estabilidad interna y el cambio de imagen de la institución sigue siendo una tarea compleja por la persistencia de problemas inconclusos del pasado, como el tema de los desaparecidos políticos de los años 80 o las actuales denuncias o casos que asociación a jefes militares con recientes hechos criminales. En prisión hay más coroneles encerrados por vínculos con el crimen organizado que por abuso de autoridad en materia de derechos humanos.

En todo caso, el costo en credibilidad por hechos irregulares recientes se reducen si no hay impunidad de por medio. El último incidente fue la captura del jefe del regimiento blindado de Choluteca, próximo a la frontera con Nicaragua, implicado en el asalto de furgones cargados de mercancías. La decisión de una jefe policial, la Comisaría (con el grado de teniente coronel) María Luisa Borjas de mandar a prisión al alto oficial y que nadie le bloqueara aplicar la ley es un hecho meritorio que años atrás era impensable.

Pero el tema de la "seguridad" y sus desafíos va más allá de un simple presupuesto militar. El más grave problema de Honduras sigue siendo la pobreza y su ritmo de crecimiento cada vez más intenso que demanda no sólo mayor "gasto social", sino cambios a fondo en las políticas que alientan las desigualdades.

En el país acaba de concluir una nueva edición de la Encuesta Permanente de Hogares, a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas, que fija en 6.4 millones el número de habitantes, de los cuales 3,241,050 son mujeres y 3,098.959 hombres (T/1 oct), de los cuales al menos ocho de cada diez viven por debajo de la línea de la pobreza.

Un vistazo preliminar del censo ratifica ciertas tendencias claves, por ejemplo, el progresivo emparejamiento de la población que vive en zonas rurales (54%) con las urbanas (46%) o el hecho que 37,5 del total son jóvenes con edades entre 5 y 18 años o que más de la mitad de todos los habitantes son menores de 25 años.

Un editorial de diario Tiempo comentó que "sólo el hecho de que nuestra población sea mayoritariamente joven implica la necesidad de destinar enormes recursos financieros y humanos al área social, sobre todo en los campos estratégicos de la educación, salud y la vivienda. En gran medida, la estabilidad social y la seguridad interna son directamente afectadas según sea favorable o desfavorable la atención de esta tríada".

Si se cruzan variables como la creciente demanda social de la población con el empantanamiento económico, las perspectivas hablan de un país volátil, en caída libre y con el riesgo permanente de la ingobernabilidad.

El panorama exige cambios sustanciales, a fondo, pero la tendencia persiste en enfrentar desafíos agudos con medidas parciales. Ese es el caso de la Ley Antimaras, aprobada por el Congreso Nacional, y que resalta la iniciativa de crear una especie de "internado"socioeducativo en los cuarteles militares para pretender rehabilitar a los jóvenes ligados a pandillas (T/1 oct).

En total se calcula entre 38,000 y 45,000 el número de jóvenes "mareros", la mayoría armados, y que son un fenómeno estructural y sico-cultural incomprensible para las autoridades y la misma sociedad civil. La ley se aprueba justo en momentos en los cuales se ha recrudecido a niveles inauditos la violencia paramilitar contra los jóvenes, con "escuadrones de la muerte" que en total impunidad ejecutan un promedio de dos presuntos mareros por noche.

[Fuente: Manuel Torres Calderón, de Audiovisuales y Análisis de Prensa, No. 34, Semana del 24 de septiembre al 1 de octubre, distribuido por la Conadeh].