5 de junio del 2001

La clave de un modelo alternativo: la redistribución de la riqueza

Daniel Olesker

Un modelo alternativo para ser verdaderamente alternativo tiene que empezar siendo una alternativa en la construcción misma del modelo. Por ello descartamos de plano iniciar el debate sobre las políticas de corto plazo, ya que los instrumentos son tan solo eso instrumentos y depende su validez el contexto en el que sean usados. Y por ende nuestra construcción va a atacar los procesos económicos estructurales y dentro de ellos se irán componiendo y articulando los instrumentos de corto `plazo.

Y al mismo tiempo lo que distingue un modelo alternativo, no es su capacidad de crecimiento, ya que la década de los 90 ha mostrado la capacidad de crecimiento económico del modelo Liberal Concentrador y Excluyente (LCE) vigente. Lo que distingue al modelo alternativo, para ser verdaderamente alternativo y no simplemente un cambio de graduación, es modificar a favor de los trabajadores y la mayoría de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo, la distribución de la riqueza.

Por ello nuestro primer componente de un modelo alternativo es justamente la distribución de la riqueza.

¿Cómo es posible alterar la distribución de la riqueza en el sentido que lo planteamos? Por lo menos hay que visualizar cuatro mecanismos:
1) La política tributaria

La política tributaria tiene tres objetivos: la recaudación para financiar el gasto, la redistribución de la riqueza y el ingreso y el estímulo selectivo a ciertas producciones. El primer objetivo apunta a permitir financiar un gasto que también actúa sobre la redistribución y los otros dos son claramente redistributivos, como veremos inmediatamente.

En Uruguay el sistema tributario uruguayo está articulado casi exclusivamente sobre la base del objetivo de recaudación y para financiar un gasto que tampoco es redistributivo.

Una propuesta de estructura tributaria alternativa 1) una rebaja de la tasa básica del I.V.A. llevándolo a niveles compatibles con la competencia internacional y regional.

2) una exoneración de dicho impuesto para bienes básicos que componen la canasta familiar, definidos a partir del consumo real de los sectores pobres relevado en la canasta del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.).

3) un aumento respecto a la tasa básica de ciertos bienes nacionales o importados que son consumidos en lo esencial por los sectores de mayores ingresos, es decir las familias de los deciles superiores de la canasta del I.N.E, lo que se llamará tasa aumentada.

4) un cambio en las tasas de imposición en el IMESI, en especial en el caso de los combustibles por la necesaria adecuación a las condiciones de competencia en el marco de la integración, al mismo tiempo que, por el contrario puede pensarse en la posible incorporación en el IMESI de otros bienes cuyo consumo desea desestimularse.

5) La incorporación del Impuesto a la Renta a las personas físicas, que implica el gravamen a todo tipo de rentas (financieras, inmobiliarias, mobiliarias, salariales, etc). lo cual lleva a la eliminación del impuesto a los sueldos.

Dicho impuesto debería tener un mínimo no imponible y tasas progresionales.

6) Por otro lado es necesario mantener el Impuesto al Patrimonio (pero aumentando sus alícuotas y permitiendo deducir los pasivos), reinstaurar el impuesto a las herencias, no sólo por ser justos en cuanto al pago en función de la capacidad contributiva, sino porque además se transforman en contralores del impuesto a la Renta. Por ejemplo todo incremento del patrimonio que no se justifique es renta y paga impuesto a la renta.

7) Desde el punto de vista de los impuestos a la producción la idea central es una tributación basada en fuertes estímulos a la inversión , la reinversión y al aumento de la productividad. Pero a qué tipo de reinversión? Aquella que contribuya a los objetivos globales de la política macroeconómica que veremos en próximos artículos pero que adelantamos estarán vinculados a la generación de empleo, a la autosuficiencia alimentaria, a la incorporación de nuevas tecnoclogías. En el caso de la tierra esto se puede lograr a través impuestos a la renta potencial, como lo fue el IMPROME en el agro.

2) El Gasto Público Con la estructura tributaria definida anteriormente es posible diseñar una política de gasto que incremente el monto gastado hoy (sin que ello signifique más carga tributaria para la mayoría), recomponiendo su gasto con prioridad hacia la provisión de servicios públicos de manera de incrementar el poder de compra de los sectores de menores recursos y contribuir igualmente a la redistribución de la riqueza.

Una Propuesta de Gasto Público alternativa

· Dado un aumento y recomposición del gasto público, la prioridad de este aumento desde el punto de vista funcional lo tendrán las áreas de las políticas sociales en especial, la salud, la educación y la vivienda.

Proponemos un incremento que lleve el gasto social al orden del 12% del PBI, dividido en 5% para educación, 3,5% para salud y 3,5% para vivienda.

· Por supuesto que no es sólo incremento del gasto, también es importante la spolíticas llevadas adelante, por lo cual habrá un artículo sobre cada una de estas políticas, pero adelantemos algunos criterios.

· En el caso de la educación, este aumento debe darse en todas las ramas de la enseñanza de manera equilibrada, para fortalecer al mismo tiempo la educación básica, la educación media, la técnica, la profesional y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como poner un especial énfasis en las mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.

· En el caso de la salud el aumento del gasto debe concentrarse en la mejora de la atención directa en Salud Pública, así como en la creación y fortalecimiento de un Fondo de Atención Primara de la Salud.

· Este aumento del gasto debe contribuir (junto a las exoneraciones tributarias) a financiar el apoyo a las actividades productivas estratégicas de acuerdo a los criterios que, como dije, plantearemos en próximos artículos.

· Desde el punto de vista del destino económico de dicho gasto, la parte del aumento vinculado al tema salarial y su composición y distribución interna debe definirse en el marco de una imprescindible negociación colectiva en el sector público hoy inexistente, con pautas que plantearé en el análisis de la política salarial.

· El otro eje central desde el punto de vista del destino económico es el aumento del componente de Inversión Pública de manera contribuir al fortalecimiento de la infraestructura productiva, a la generación directa e indirecta de empleo y a la demanda de insumos nacionales, orientando a establecer sistemas de compras que prioricen las empresas nacionales y dentro de ellas las redes de pequeñas y medianas empresas.

· Todo lo anterior en un contexto de fortísima reducción de gastos improductivos e inútiles en especial en áreas como la Presidencia de la República, la Defensa Nacional, las Relaciones Exteriores, o incluso en el propio gasto del Poder Legislativo que, a vía de ejemplo, es hoy igual al total del gasto del Poder Judicial.

3) Las políticas de ingresos Lo anterior permite redistribuir ingresos, a través de la acción del Estado, sin embargo es muy importante en el largo plazo generar un sistema que redistribuya la renta generada de manera directa a través de modificar las políticas de ingresos.

Ello tiene varios componentes, pero trataremos aquí sólo la política salarial, dado que los asalariados componen tres cuartas partes de la población activa y de esa manera resumimos la lógica de ls políticas de ingresos Una Política Salarial alternativa Partimos de la base que la política salarial debe laudarse en un marco institucional de negociación colectiva obligatoria, en la que, dadas las condiciones desiguales de negociación, el papel del estado es clave. En ese sentido deberían ser resultado de esa negociación tanto en el sector público como en el privado:
un nivel mínimo de salario para la categoría más baja de toda rama de actividad y cuyo monto deberá ser materia del Poder Ejecutivo y deberá estar en relación a un valor de consumo básico.

Un compromiso a transferir a salarios, beneficios sociales, etc parte de los aumentos de productividad, a partir del mínimo laudado en el punto anterior, de manera automática.

La disposición de que toda reestructura e incorporación de progreso técnico sea previamente informada y debatida en el seno de la negociación, así como sean redistribuidos los impactos de la mejora de ingresos que provocará.

Una progresiva transferencia en el largo plazo a la reducción de la jornada de trabajo, dichas mejoras de ingresos de las empresas.

En el caso específico del sector público hay que ir a una unificación de las partidas salariales, reduciendo la dispersión actual y logrando que el salario básico recupere la función de ser el ingreso fundamental de todos los y las trabajadores. Pero todo esto hace referencia sobre todo a cambios en la redistribución de los ingresos y ello es necesario complementarlo con cambios en la propiedad misma de los recursos y sobre ello hablaremos en el próximo artículo.