25 de junio del 2002

Malditas mentiras

Marta Russell

Economistas y expertos, distanciados de las duras realidades de la ya oficial recesión, hablan del creciente número de desempleados como si el ciclo "natural" de la economía no tuviera costes humanos. Peor aún, actúan como agentes de relaciones públicas del capitalismo; mienten por omisión.

La gran mentira de la Radio Pública Nacional (RPN) esta mañana (3 de diciembre) vino del Instituto Brookings con un breve informe sobre el subsidio por desempleo que pagan los estados.

Un economista del Instituto de Política Económica (IPE) expuso el problema básico: el seguro de desempleo en casi todos los estados es lastimosamente inadecuado para sustentar a la gente durante periodos de desempleo, y muy desigual de estado a estado (véase http://www.epinet.org/Issuebriefs/ib169.html).

Pero la RPN, cuando le tocó describir la causa de la inadecuación de la cobertura del subsidio, se remitió a un economista de la pro-empresarial Institución Brookings, quien básicamente dijo que esto era porque los estados quieren trabajadores que realmente se esfuercen por encontrar trabajo, es decir, que el problema del desempleo eran los trabajadores perezosos que necesitan ser motivados con subsidios escasos para buscar su próximo trabajo.

¿Lo dice en serio?

¿Puede no saber alguien que ha estudiado economía y política que la cobertura inadecuada es un producto del miedo de la clase propietaria a perder el control sobre los medios de producción? Casi cualquier ejecutivo admitirá que es necesario poner gran énfasis en el valor del trabajo para producir riqueza

¿Cómo puede no comprender el economista de Brookings que la ética estadounidense del trabajo es un mecanismo de control social que asegura a los capitalistas una fiable fuerza de trabajo para obtener beneficios? A riesgo de simplificar en exceso, es imposible.

Si los trabajadores consiguieran una red federal de seguridad social que les protegiera adecuadamente del desempleo, de la enfermedad, de la incapacidad y de la vejez, entonces el capital tendría menos control sobre el factor trabajo, porque éste ganaría una posición de mayor fuerza desde la cual negociar sus condiciones de empleo, tales como salarios equitativos, condiciones laborales seguras y razonables adaptaciones para el trabajo.

Tal y como están las cosas, los grupos de presión empresarial procuran que sus empleados se vean forzados a depender prácticamente de los empresarios para su bienestar, y eso contribuye a hacer a los trabajadores sumisos a sus necesidades. Este es el antagonismo central entre el trabajo y el capital, si bien esta relación no fue planteada en la RPN, una emisora de radio "pública". El ineludible poder de los negocios para dictar la política estatal nunca fue mencionado.

Otra realidad tenazmente omitida es el desempleo obligatorio de decenas de miles de aspirantes a trabajadores, incluidas personas discapacitadas. Más de dos tercios de los discapacitados entre las edades de 16 y 64 años que no tienen empleo dicen que preferirían estar trabajando, aun cuando los economistas no mencionaron a este grupo cuando alardeaban de una economía de "pleno empleo" unos pocos meses atrás.

Aproximadamente, dos tercios de los discapacitados están desempleados. Tantos como 8,3 millones de trabajadores podrían unirse a las filas de los desempleados, aumentando la población laboral en torno al 8%.

Lo que los economistas desestiman es que el capitalismo ha creado una poderosa clase de personas dependientes del trabajo productivo de unos y de la exclusión de otros. Los dueños de negocios y los inversores de Wall Street confían en la preservación del estado actual del sistema laboral (por el que no tienen que asumir los costes extraordinarios que los trabajadores discapacitados o el ejército de reserva de desempleados representan en el actual modo de producción).

El sistema estadounidense basado en el trabajo para la cobertura de las necesidades es un instrumento socialmente legitimizado por el cual los hombres de negocios y los inversores pueden discriminar económicamente y trasladar de manera "moral" el coste que representan los trabajadores discapacitados a programas gubernamentales de beneficencia centrados en la pobreza, en lugar de ser requeridos para contratar o retener a los así llamados "inempleables", como miembros de la fuerza de trabajo ordinaria.

Consecuentemente, decenas de miles de personas discapacitadas actualmente no empleadas que cobran el Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social o la Renta de Cobertura Suplementaria y que podrían trabajar con una adaptación, no están recogidas en los costes de negocio de los patronos.

El capital no paga primas directas por los programas de incapacidad de la Seguridad Social. (El coste de pagos directos gubernamentales y privados para mantener a personas discapacitadas en edad laboral que carecen de empleo se estima en 232 mil millones de dólares anuales).

En su lugar, las personas discapacitadas no tienen derecho a un trabajo. Las leyes de derechos civiles sobre incapacidad no intervienen en el mercado laboral para instar al empleo de las personas discapacitadas (ni siquiera para sumarse a acciones positivas, mucho menos para establecer un sistema de cuotas como el de Alemania). Antes bien, estos costes se cargan sobre las espaldas de la clase obrera y la clase media baja, que paga la mayoría de los impuestos de la Seguridad Social mientras se absuelve de responsabilidad al capital y a nuestro sistema económico.

No estoy sugiriendo que se eliminen las ayudas. Bajo nuestro sistema económico, la discriminación en el empleo está vinculada a la dependencia de la asistencia pública: aquellos que sufren discriminación en el mercado laboral es más probable que la necesiten, al igual que quienes pierden su trabajo en esta recesión. Y un gran segmento de desempleados son relegados más o menos a la categoría de desempleados permanentes, también merecedores de adecuada asistencia pública.

Con todo, las implicaciones de un cambio de tendencia económica son mayores para las personas discapacitadas, tanto si están buscando empleo como si ya están trabajando. La existencia de un mercado de trabajo con una estrecha correspondencia entre oferta y demanda es generalmente un factor positivo para que población previamente desempleada consiga trabajo. Esto es debido a que una baja disponibilidad de mano de obra fuerza a los empresarios a contratar y a formar trabajadores que no hubieran estado dispuestos a emplear, o lo hubieran evitado, en otro punto del ciclo económico.

Una recesión, sin embargo, significa que los trabajadores discapacitados que tienen empleo pueden ser despedidos. Habitualmente, los trabajadores discapacitados son los últimos en ser contratados y los primeros en ser despedidos. Los economistas Edward Yelin y Patricia Katz, por ejemplo, muestran que los individuos discapacitados son contratados en número proporcionalmente mayor que los no discapacitados durante periodos de expansión del mercado laboral, y sufren mayores pérdidas proporcionales de empleo en periodos de contracción que sus colegas no discapacitados.

En conjunto, los cambios negativos en la economía perjudican a las personas con una discapacidad significativa, hecho evidenciado por el aumento de las solicitudes de subsidio por minusvalía durante las recesiones (Russell, 2002, "What Disability Civil Rights Cannot Do:
Employment and Political Economy", Disability and Society, vol. 17).

Si acaso, me gustaría ver a Alan Greenspan y a los economistas del Heritage y de otras instituciones de producción de ideas perder sus empleos y tener que depender del subsidio de desempleo y de la insultantemente inadecuada "cobertura" estadounidense y la caridad privada, que tanto adoran como solución de la pobreza.

Quizás también necesitan adquirir una discapacidad, ser despedidos de su trabajo por improductividad a causa de que su patrono no ha llevado a cabo las adaptaciones que necesitan, y verse forzados a solicitar subsidios públicos por discapacidad. Éstos rondan el nivel oficial de pobreza (8.350 dólares por persona en el año fiscal 2000).

El subsidio medio mensual que recibe un trabajador discapacitado del Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social es de 759 dólares, y los ingresos medios a nivel federal procedentes de la Renta de Cobertura Suplementaria (basada en criterios de necesidad) son de 373 dólares.

Los ingresos anuales de más de diez millones de personas discapacitadas procedentes de estos programas se encuentran entre los 4.000 y los 10.000 dólares (la extremadamente baja Renta de Cobertura Suplementaria establecida para aquellos que carecían de historial laboral o de suficiente número de trimestres trabajados como para poder optar al Seguro de Incapacidad de la Seguridad Social; son los miembros discapacitados menos valorados de la sociedad).

Que los expertos intenten vivir del subsidio de desempleo o de discapacidad. Que soporten algunas miserias, para variar. Que vivan con una insuficiente cantidad de comida, se vean forzados a rescindir sus pólizas de seguro de enfermedad y tengan que aguantar de pie en la cola de un hospital de beneficencia cuando se ponen enfermos. Que lo hagan con otras necesidades sin cubrir, como la del transporte, la ropa o los servicios públicos.

¿Podrían continuar actuando entonces los privilegiados economistas y expertos como apologistas del ciclo capitalista de los negocios, con tan escasos ingresos? ¿Serían tan farisaicos en sus puntos de vista como para persistir en las omisiones (mentiras) que tan bien les pagan por no decir?

Título original: Damn lies
Autor: Marta Russell
Origen: ZNet Commentaries, 12-12-2001
Traducido por Fernando Termis y revisado por Alfred Sola

Se puede contactar con Marta Russell en [email protected] www.disweb.org.