11 de diciembre del 2002

La guerra contra el campo mexicano

Víctor M. Quintana
MOIR

Si el campo mexicano se encuentra hoy, hoy, hoy en situación de emergencia social, económica y ambiental es por los efectos acumulados de una guerra de desgaste a que ha sido sometido desde hace 20 años.

1. Cuando el campo producía alimentos.....y votos

Desde la mitad de los años treinta hasta mediados de los sesentas el campo mexicano fue la plataforma del desarrollo nacional. Produjo alimentos baratos para la ciudad y materias primas para la industria en continua expansión. A pesar de que los precios rurales se sacrificaban a favor del sector industrial, la agricultura mexicana conoció tasas de crecimiento anuales que ya quisiera el presidente Fox para engalanar sus mejores promesas.

Dos factores, sobre todo, influyen en el agotamiento de ese modelo, ya en 1965: la subvaloración de los productos agrícolas, es decir, la enorme transferencia de recursos del sector agropecuario a otros sectores de la economía. Y la manipulación política de los campesinos. Porque el campo produjo muchos granos básicos, pero también muchos votos. Y en el manejo del campesinado como masa de maniobra del PRI a través de la ahora "arrepentida y combativa" CNC se fincaron también la corrupción, el control y sofocamiento de cualquier esfuerzo de organización campesina independiente.

Los gobiernos de Echeverría y López Portillo intentaron relanzar la agricultura nacional. Le inyectaron enormes recursos e hicieron repuntar un poco la producción y el crecimiento. Sin embargo, con un canal viciado de raíz: todo lo que los regímenes corporativos priístas hicieran por el campo iría fatalmente marcado por la demagogia, el acarreo, y el privilegio de la producción de capital político sobre los alimentos y materias primas.

En cualquier charla con los campesinos chihuahuenses dirán que el último año bueno fue el 1981, no sólo porque llovió, sino porque fue el último año en que funcionaron los precios de garantía y el esquema oficial de subsidios y apoyos.

2. Las etapas de la guerra

El punto de quiebre en el proceso de la agricultura mexicana es 1982 En agosto de ese año, aprovechando la declaración de quiebra de México hecha por el Secretario de Hacienda, Silva Herzog, se impone a México el Primer Paquete de Medidas de Ajuste Estructural.. La imposición corre a cargo del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Se le llama a este trío "El Consenso de Washington".

El hambre se junta con las ganas de comer. Porque las medidas de ajuste de la economía impuestas por el trío anterior son bien recibidas por la generación de tecnócratas educados en las universidades norteamericanas precisamente para que aplicaran estas políticas de ajuste. Así, desde 1982, se liberan los precios de los insumos agrícolas: energéticos, fertilizantes, maquinaria. Se controlan los precios de garantía y se empieza a reducir la inversión y el gasto gubernamentales en apoyos, extensión e investigación agrícolas. Al mismo tiempo, comienza a abrirse la economía nacional a las importaciones agroalimentarias del extranjero con el ingreso de México al GATT en 1986. Esta es la primera generación de medidas de ajuste estructural en el campo.

Al llegar Salinas al poder en 1988, se inicia la segunda generación de medidas de ajuste estructural de la economía. La postura del salinismo en agricultura la resume bien uno de sus altos representantes al decir: "En el campo mexicano sobran muchos millones de campesinos, pues su contribución al producto interno bruto es muy desproporcionada con su participación en el total poblacional. Por lo tanto, de 25 millones hay que reducir la población a unos 5 millones". Con eso todo estaba dicho.

Salinas continúa reduciendo los apoyos al campo a la vez que controla los precios de garantía y reduce el número de productos que cuentan con ellos.

Pero su estrategia hacia el campo se centra en dos políticas: privatización de la propiedad agraria y negociación de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.

La primera la logra imponiendo una Contrarreforma Agraria. Desde 1992 y con el apoyo de los diputados del PRI y del PAN, las tierras ejidales se pueden enajenar y las compañías por acciones pueden poseer propiedades rurales. El resultado de esta apuesta salinista es el fracaso: actualmente ni el uno por ciento de la inversión extranjera directa que llega a México se dirige hacia la agricultura.

La segunda política desemboca en la firma y entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1994. Ocho años después el Secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, reconoce que "estuvo mal negociado", que no se defendió adecuadamente al sector agropecuario. Pero en aquellos momentos el inicio de la integración económica (selectiva) con los Estados Unidos tuvo el consenso de todos quienes se fueron de boca con el salinismo. Sólo las organizaciones campesinas independientes, aquí en Chihuahua el Frente Democrático Campesino y luego la rebelión del EZLN en Chiapas se atreven a criticar la utopía librecambista de Salinas.

A pesar de los errores de diciembre y en buena parte a causa de ellos, Zedillo continúa la guerra contra la agricultura nacional. Desaparece los pocos precios de garantía que quedaban, continúa con la apertura comercial, tolera las importaciones más allá de los cupos permitidos, sigue reduciendo el presupuesto agrícola y cierra la Conasupo. Con ella tiró el agua sucia de la corrupción, pero también al niño, es decir, al último mecanismo de regulación de precios en el campo.

Tan sólo dos datos que nos hablan del cambio de políticas oficiales hacia el campo. Entre 1982 y 2001 la inversión en fomento agropecuario se redujo en 95.5% y el gasto público, en un 73.3%. Por otro lado, el volumen global de crédito agropecuario se redujo en un 64.4% entre 1982 y 2001. (J. Luis Calva. El Universal, 8 de noviembre).

3. El recuento de los daños

Si nuestros políticos se hubieran propuesto más explícita e intencionadamente acabar con la agricultura nacional, no lo hubieran hecho con más eficacia. Según el economista José Luis Calva, la producción de alimentos per cápita se ha derrumbado ostensiblemente desde que se ponen en marcha las políticas de ajuste: entre 1981 y el 2001, el producto interno bruto agropecuario y forestal per cápita se ha disminuido en 14.3%. La producción per cápita de los ocho principales granos ha caído en 21.8% y la de carnes rojas en 28.8%. La producción nacional de litros de leche per cápita ha disminuido en un 8.4% y los decímetros cúbicos de producción maderable en un 39.9%. (El Universal, 8 de noviembre).

Por otra parte, el TLCAN ha significado, sobre todo incremento de las importaciones agroalimentarias. En 1995, importamos de los Estados Unidos 3.254 millones de dólares y exportamos, 3.835 millones. En 2001, nuestras importaciones se dispararon a 7.415 millones de dólares y nuestras exportaciones a 5.267 millones. Es decir que en los primeros siete años de vigencia del tratado, nuestra balanza agroalimentaria que tenía un superávit de 581 millones de dólares se tornó deficitaria en 2.148 millones.

Más, en 1990 el promedio anual de importación a México de los diez cultivos básicos (maíz, fríjol, trigo, sorgo, arroz, etc..) era de 8.7 millones de toneladas. Para el año 2000 llegó a 18.5 millones de toneladas, 112% de incremento. De maíz lo más que llegamos a importar antes del tratado fueron 2.5 millones de toneladas, en 2001 ya importamos 6 millones 148 mil toneladas.

México ya no tiene soberanía alimentaria. Importa 95 por ciento de la soya de consumo y la dependencia en arroz llega a 58.5 por ciento, en trigo al 49 por ciento, en maíz a 25 por ciento. Importamos además el 40% de la carne que consumimos.

A consecuencia de la competencia desleal de las importaciones extranjeras el valor real de los productos del campo se ha derrumbado. Entre 1985 y 1999 el maíz perdió 64% de su valor y el fríjol, 46%, sin que esto significara de ninguna manera un abaratamiento de la comida para los consumidores.

Todo esto ha empobrecido aun más a los habitantes del campo mexicano.

De los 8.2 millones de mexicanos que trabajan en él la mayoría está en pobreza extrema, según Rodolfo Tuirán de Sedesol. En 1992, el 35,6% de la población rural estaba en pobreza alimentaria, hoy, el 52.4%. En 1992, el 41.8% estaba en pobreza de capacidades, ahora el 50%.

(Reforma, 16 de octubre de 2002). El propio Banco Mundial reconoce que los índices actuales de indigencia en el agro nacional superan los prevalecientes hace una década.

La pobreza expulsa a la población campesina hacia las ciudades y los Estados Unidos. Según la propia Sedesol, un promedio de 600 campesinos dejan su tierra cada día. En el estado de Chihuahua, en 1995, el 19.4% de la población ocupada se ubicaba en el sector primario: agricultura, ganadería, silvicultura, minería y pesca. Para el 2000, ese porcentaje se había reducido al 8.9%. Un campo sin campesinos, el sueño salinista cumplido por principio de cuentas en nuestro estado.

4. La ofensiva final...y la contraofensiva

La contundencia de estas cifras no ha mellado el blindaje cerebral de Fox y de su Secretario de Agricultura. Ellos siguen reciclando las mismas políticas de Salinas y de Zedillo hacia el campo. Piensan que su discurso llamando a que los productores actúen como empresarios y se hagan competitivos será suficiente para detener e incluso ganar la guerra desatada contra nuestra agricultura.

Y no. Porque estamos peleando contra la agricultura más poderosa del mundo. Los Estados Unidos producen 3.5 veces más kilogramos de maíz por hectárea que México y tres veces más kilos de fríjol. Un trabajador agropecuario norteamericano genera 20 veces más valor en términos económicos que un mexicano, pero allá hay 1.6 tractores por trabajador y acá, 2 tractores por cada 100 trabajadores. Pero también disponen de más recursos naturales, 20 veces más tierras de cultivo, 10 veces más de tierras irrigadas por trabajador que en México. Y los subsidios son en promedio de 21 mil dólares por trabajador agrícola en los Estados Unidos contra sólo 700 en México.

Pero el 13 de mayo se promulga en Estados Unidos la Ley de Seguridad para las Granjas e Inversión Agrícola (Farm Bill) que eleva hasta en un 80% los subsidios, sobre todo a la exportación. Con esto, las corporaciones del agronegocio, exportadoras de granos y oleaginosas a México, y hasta los productores de manzana tendrán un sustantivo apoyo para invadirnos a sus productos. Así, el presupuesto neto de Washington para su sector agropecuario ascenderá a 118 mil millones de dólares en 2002 contra sólo tres mil 500 que ejercerá el gobierno de Fox. Más de 20 veces más cuando nuestra agricultura sólo es seis veces más pequeña que la estadounidense.

Y aún hay más. El primero de enero viene la penúltima ofensiva contra nuestra agricultura. Ese día se desgravan por completo todas las importaciones agroalimentarias procedentes de los países del TLCAN, salvo el fríjol, el maíz y la leche en polvo que se desgravarán en 2008. No cuotas y no aranceles para lácteos, carnes, frutas, verduras, granos, oleaginosas. los productores de pollo dicen que perderán 30 mil empleos en un sólo año. Y es muy creíble: los costos de producción en Estados Unidos son 68% menores que en México. Al quitarse el arancel de 59.4% a las importaciones de pollo, nuestros productores de aves serán especie en extinción. Los porcicultores señalan que estarán en riesgo el 70% de los 300 mil empleos que generan.

Ante esta doble ofensiva el gobierno de Fox ha propuesto un blindaje agropecuario para proteger el sector. Después de mucho hablar lo da a conocer el pasado 18 de noviembre. Hay algunas medidas interesantes, pero nada que de verdad proteja nuestra agricultura. Aunque se manejan mañosamente partidas presupuestales, no hay un sólo centavo de recursos frescos para el campo. Todo lo contrario, el presupuesto de la Secretaría de Agricultura se reduce en términos reales cuando menos en un 7 por ciento. Y amor que no se traduce en el presupuesto.....no es amor.

Por eso, doce organizaciones campesinas nacionales y regionales, entre las que se encuentra el Frente Democrático Campesino han propuesto un verdadero blindaje desde abajo. Es un plan de Seis propuestas para la salvación y revalorización del campo mexicano.

Parten de que no es posible reconstruir nuestra agricultura y nuestra economía toda si no hay una tregua en esta terrible guerra. Por eso la primera propuesta es la moratoria al apartado agropecuario del TLCAN. Esto implica que el Senado declare la situación de emergencia social, económica y ambiental del campo mexicano y de acuerdo con el capítulo VIII del tratado decrete la suspensión provisional del mismo durante tres años, tiempo que se aprovechará para reconstruir las cadenas productivas alimentarias básicas.

Simultáneamente el Senado deberá instruir al Presidente de la República para que inicie la renegociación del TLCAN en materia agropecuaria en términos que no afecte nuestra soberanía alimentaria ni las condiciones de vida de las familias campesinas.

Todo esto debe ir acompañado de una serie de medidas de fomento para reconstruir nuestra devastada agricultura: organizar una Comisión de Estado, con participación del Ejecutivo, del Legislativo, de los productores, de las universidades y centros de investigación para planear el desarrollo del sector agropecuario con carácter de emergente para 2003 y la reforma estructural del mismo para 2020. Se requiere también de incrementar sustancialmente el presupuesto destinado al sector, del 0.6% al 1% del PIB, lo que sería incrementarlo de 34 mil a 60 mil millones de pesos. Y de organizar la nueva financiera rural como una verdadera banca social de fomento.

Estamos en tiempos de guerra. No en vano Bush le llama a su nueva ley agrícola "Ley de Seguridad para las Granjas...." No en vano declara al promulgarla :"Un país es fuerte cuando produce sus propios alimentos".

Hasta ahora los diferentes gobiernos que ha tenido México desde 1982 han traicionado a la patria entregando el arma alimentaria al extranjero. Ahora los campesinos hacen un llamado a defenderla. El Ejecutivo sigue ciego y sordo como en tiempos de Salinas. Veremos qué hacen el Legislativo y la Sociedad Civil. El que nuestra patria produzca sus propios alimentos y ofrezca condiciones de existencia digna a quienes los producen es el principio de la paz.


Víctor M. Quintana. Investigador e historiador. Universidad Autónoma de Chihuahua, Ciudad Juarez. Miembro y activista de las organizaciones Equipo Pueblo y Frente Democrático Campesino, en el Estado de Chihuahua. Este artículo fue enviado para su publicación en el portal del MOIR.