L A   I Z Q U I E R D A   A   D E B A T E 

12 de marzo del 2001

La rehabilitación del estado por los izquierdistas

Théodore
Maldeojo

Una de las constantes de los últimos movimientos sociales en Francia ha sido volverse hacia el Estado como solución a los problemas planteados. Más allá de los limites que expresan las reivindicaciones que se dirigen a un Estado que está, por otra parte, en el corazón del dispositivo denunciado (privatizaciones, flexibilidad, desreglamentación, precarización), lo que más nos interesa aquí es la postura de la izquierda autoproclamada radical, con influencia en numerosas ocasiones en esos movimientos. En efecto, esa izquierda no se contenta ya con apoyar un Estado-providencia (¿providencia para quién?) moribundo, sino que procede a una verdadera rehabilitación de su papel. Ya se trate de fuerzas sindicales (SUD, CGT, AC!) o de sus teóricos (Bourdieu, Gorz, Moulier-Boutang), asistimos a la emergencia de una teoría del Estado que intenta buscarle un nuevo espacio en el seno del capitalismo triunfante. Dos ejemplos claros fueron el movimiento en los servicios públicos en noviembre-diciembre de 1995 y el de precarios de finales de 1997 y comienzos de 1998.

Bourdieu y el Estado, el estado de Bourdieu

"Estoy aquí para expresar nuestro apoyo a todos los que luchan, desde hace tres semanas, contra la destrucción de una civilización asociada a la existencia del servicio público, la civilización de la igualdad republicana de derechos, derecho a la educación, a la salud, a la cultura, a la investigación, al arte y, por encima de todo, al trabajo" (Pierre Bourdieu).

Para el nuevo papa de la teoría crítica, el Estado no es solamente el garante de unos derechos sociales que enumera con entusiasmo, sino que también está asociado ¡al estatuto de una civilización! Interviniendo desde lo alto de su cátedra en el Collége de France, visitando aquí y allá a unos "trabajadores en lucha" que selecciona con cuidado en función del eco mediático, Bourdieu viene a anunciar así los cánones del neoizquiedismo.

Se trata de defender una visión del Estado contra otra, una civilización contra otra. En suma, un buen Estado social y republicano frente al Estado liberal y elitista, la civilización del trabajo contra la del paro. El gentilhombre hace un gesto a los revoltosos, como si el Estado no jugase en los dos tableros: la migajas del RMI más el control social, la idea de servicios públicos pero integrados en la lógica del mercado, las subvenciones en las ciudades más la policía armada hasta los dientes...

Bourdieu olvida decir que los derechos que tanto celebra fueron conquistados a fuerza de lucha, conquistados a veces contra los cañones y los fusiles de ese mismo Estado republicano que hoy defiende. Y los que fueron concedidos sin lucha correspondían a una demanda de la patronal (para fijar mejor la mano de obra o para obtener una mayor productividad). La reducción del tiempo de trabajo con las 35 horas es un ejemplo reciente de la aceptación de la patronal de leyes "sociales" para someterlas de hecho al servicio de la empresa y, por tanto, de los beneficios. En la misma lógica neoizquierdista, Bourdieu predica el mantenimiento de esos derechos, no por una prolongación de esos mismos movimientos sociales, sino en primer lugar por una presión sobre los detentadores del poder. La relación de fuerza permanente no tendría que ejercerse contra el capital con el fin de abolir el Estado y el salario. Se trata más bien de situarse en el interior de la relación capital/trabajo con el fin de modificarla en favor del poder estatal. La confianza ciega en ese poder, que niega toda autonomía y toda subjetividad propia al movimiento colectivo de los explotados (trabajadores flexibilizados, asalariados intermitentes y precarios de todos los géneros, con o sin papeles), es uno de los fundamentos de la teoría reformista: no se trata de atacar al enemigo en el corazón, sino de mejorar la situación presente mediante la intervención de un mediador universal y teóricamente neutro (¿qué es si no un mediador?): el Estado.

Bourdieu va todavía más lejos porque la defensa del Estado, esa adquisición esencial de los trabajadores, se convierte en una prioridad: "en el estado presente de cosas, las luchas críticas de los intelectuales, los sindicatos, las asociaciones, deben orientar sus prioridades contra la devaluación del Estado". No hay que acabar con esa civilización del trabajo (asalariado, por supuesto), ni con ese Estado protector de derechos "universales", horizonte insuperable de las luchas contemporáneas, sino más bien controlarlos y defenderlos. Pues el Estado no sólo es visto como el mediador indispensable (nada de democracia directa o de antagonismo de clases), sino que también es presentado como el posible representante de los intereses de los trabajadores y otros precarios.

Todo esto significa olvidar demasiado deprisa el papel histórico del Estado tanto en el desarrollo del capitalismo (orientación de la producción) y de su su reforzamiento, como en la represión de los movimientos sociales. El ejemplo de los espartakistas alemanes masacrados en 1919 por un Estado dirigido por socialdemócratas es significativo a este respecto, tanto como su papel actual en China para imponer un capitalismo de los más salvajes. E incluso un Bourdieu podría darse cuenta de los progresos sociales del autoritarismo, conseguidos gracias a que el Estado ha sabido asegurar la paz social después de haber favorecido la industrialización y haber ayudado a las empresas nacionales a batirse contra la competencia extranjera.

Como cada vez más personas escapan al control directo del capital debido la restricción del salariado en los países ricos, el Estado se encarga a la vez de calmar a esa masa de precarios por un sistema de subsidios limitados y de reprimirlos preventivamente: video-vigilancia, multiplicación de policías paralelas (agentes municipales, vigilantes, grandes hermanos, controladores, trabajadores sociales... a menudo antiguos precarios), fichaje sin contemplaciones (informatización del carnet de sanidad, fichaje de los sin-papeles, creación del STIC, que conserva 40 años los procesos verbales de la policía, interconexión de ficheros de las seguridad y los impuestos, etc.), carta de identidad Pasqua que registra las huellas dactilares y control permanente de la población a golpe de simples patrullas, plan Vigipirate (videovigilancia), etc. Así es el Estado en Europa (en Estados Unidos, se trata ya directamente de un Estado carcelario), y creer que el Estado es neutro y puede servir a los dominados es uno de los mitos sostenido por los neoizquierdistas.

El movimiento de noviembre-diciembre de 1995

En esa lógica bourdivina de un Estado árbitro de conflictos y garante de los derechos sociales, los animadores del movimiento social de noviembre-diciembre 1995 se encontraron ante la siguiente alternativa: constituirse en sujeto autónomo para reivindicar y construir por la fuerza del movimiento colectivo nuevos proyectos, o mendigar una vez más al Estado las migajas del pastel, amenazando con no trabajar si los magros derechos ligados a ese trabajo (como la jubilación) iban a la baja. El interés del análisis de ese movimiento reside en que siendo el Estado mismo el patrón, las contradicciones denunciadas más arriba aparecen más claramente.

Los asalariados en huelga combatían en primer lugar para que Juppé, primer ministro, retirase su plan de reforma de la seguridad social que pretendía sobre todo el aumento de la duración de las cotizaciones (de 37 a 40 años de trabajo para una jubilación plena, la supresión de las medidas especiales, etc.). A eso se añadía el plan Estado-SNCF, que prefiguraba una privatización parcial de esa empresa, y una movilización en las universidades que pedía más medios para formar buenos esclavos asalariados y llegaba a tocar también temas más generales (como el de los estudiantes extranjeros).

La mayor parte del tiempo, la justificación política de los huelguistas fue la que expresaron Bourdieu y los neoizquiedistas: el "derecho a..." (así tanto AC! como Droit au Logement o el DAL, aparecidos algunos años antes). Pues bien, acantonarse en reivindicaciones expresadas en términos de derechos (al trabajo, a la sanidad, a la educación, a la jubilación así o asá...), significa protegerse bajo la capa del Estado, que consiente en firmar hoy algo que no tendrá dudas en violar mañana con la arrogancia y el cinismo que le caracterizan. Los asalariados se manifestaban al ritmo de los sindicatos (en grandes jornadas de acción) a favor de la noción de servicio público y contra las privatizaciones -la SNCF servía de ejemplo-, y hoy el Estado, cuatro años más tarde, dirigido por una alianza que integra a los comunistas y a los verdes, privatiza total o parcialmente con un juego de manos: Air France, EDF y las Cajas de Ahorros (abiertas ahora a la competencia), France Telecom, Credit Lyonaiss, Thompson, fondos de pensiones (poniendo en peligro las jubilaciones defendidas en 1995)... sin contar que en la práctica los contratos de derecho privado, precarios, etc., se multiplican.

El "derecho a" no es, en efecto, más que una construcción teórica que entra en el marco de un reconocimiento de un Estado que decidiría a lo que cada cual tiene derecho a cambio de deberes fijados unilateralmente, de una abdicación permanente de la propia soberanía: de los derechos individuales y su libertad al control de la empresa por los asalariados y los usuarios. Frente a esta lógica de los derechos mendigados y garantizados por el enemigo y su instrumento, ¿no podría a la inversa oponerse la lógica de la apropiación directa y colectiva de las condiciones de vida (alimento, techo, transporte, etc.) y, sobre todo, de la producción?

Por supuesto, el movimiento social de 1995 se concentró en primer lugar en el Estado para oponerle otra manera de ver (ciertamente vaga, como es la defensa de los servicios públicos, la oposición al "neoliberalismo", etc.), porque se trataba de reaccionar a una nueva ofensiva del capital: el plan Juppé. Pero, ¿no es en la afirmación colectiva en una relación de fuerzas donde los dominados están en la mejor posición para -y en la obligación de- poner en cuestión el centro mismo del mundo en el que viven? Si un movimiento social o una huelga parte en general de sí mismo, es decir, de reivindicaciones inmediatas y restringidas, es sin embargo la fuerza del colectivo lo que le permite sobrepasar esos puntos para llegar, si no a repensar la sociedad, al menos a radicalizar las reivindicaciones para darles una perspectiva general. En ese sentido, el "derecho a" que no llega a ser superado, las luchas defensivas que no llegan a dar un sentido superior a lo que se defiende, retornan desastrosamente a sus limites iniciales.

La cuestión de los transportes públicos

Frente a esta tentativa de embellecer un Estado-providencia delicuescente y de suplicarle que sea lo que no puede ser, ¿no hay lugar para otros horizontes?

Tomemos la cuestión del transporte con la importancia de los ferroviarios en este movimiento. La reivindicación principal era la defensa del servicio público tal y como éste debía ser. Ahora bien, el problema es que limitarse de golpe a pensar el servicio público en la argolla estatal, significa de hecho prohibirse la posibilidad de pensar verdaderamente la noción se servicio público. Porque, ¿qué significa un medio de transporte en el que el dinero selecciona a los individuos que pueden desplazarse y los separa en clases, donde el tiempo se convierte en el criterio principal de organización de la red ferroviaria (el culto de la velocidad se expresa con el TGV, por ejemplo, o con el TAV en Italia) y de la relación entre grandes aglomeraciones?

Una idea se avanza sin embargo para contradecir esa forma de ver, la de la gratuidad, que pone en cuestión la mercantilización del transporte (pero no su organización, ni su funcionamiento). A condición de que sea total -y no reservada simplemente a los pobres, como reclaman muchas organizaciones-, la gratuidad podría poner en cuestión esencialemente la SNCF y sobre todo superar la cuestión del estatuto de los ferroviarios. Sin embargo, mientras que no se cuestione el conjunto de la función de la red ferroviaria, esa reivindicación no podrá turbar el orden capitalista en la materia (una ciudad como Compiégne ha declarado gratuito el transporte de autobús para conseguir más asistencia de consumidores al centro de la ciudad).

El otro punto que podría conducir a una ruptura concierne a la organización misma de los transportes colectivos. Nunca se les ocurre a los asalariados la posibilidad de apoderarse de la empresa en la que trabajan prohibiendo el acceso a los cuadros y los pequeños jefes para ponerla en autogestión. Y experiencias de ese tipo ya ha habido; sin remontarse a los consejos obreros o a la España revolucionaria: en Francia en 1944 en la fábrica Renault, por ejemplo. Esa falta de audacia se explica, por una parte, por el papel de los sindicatos, co-gestionarios de hecho de las empresas públicas, y, por otra, por decenios de derrotas que permiten considerar el mantenimiento de lo adquirido como una victoria en detrimento de la imaginación sobre otras formas de actuar (la acción directa, el sabotaje) y de funcionar en la empresa.

Rara vez se interroga la noción de servicio público antes expuesta y se deja espacio a la idea de que el servicio público puede ser una empresa autogestionada por los trabajadores y los usuarios mismos con el fin de ligar la producción y el uso de esa producción. Del mismo modo, la gratuidad, al tratarse téóricamente como un "derecho a" (derecho a desplazarse libremente), se pone menos en práctica... En la práctica, los trabajadores delegan en los sindicatos (incluso si la asamblea general se impone como modo de organización de la huelga...) que negocian con una dirección escogida por el Estado, en el marco fijado por un Estado sometido él mismo a las leyes del mercado.

Ya se trate de la cuestión del poder en la empresa o de la cuestión del uso real de los bienes y los servicios producidos por la empresa, el desarrollo de un movimiento social que se acantona en el marco estatal sin superarlo, corre pues el riesgo de desembocar en el impasse de finales de 1995: hacer abandonar al Estado algunos proyectos, pero sin cuestionar esencialmente su papel en el proceso abominado, ni su terreno por excelencia (que es el del capital). Insertándose en una lógica de reivindicaciones y luego de negociaciones con el Estado, los trabajadores llegan a obtener entonces lo que planteaban al principio como objetivos máximos: el abandono de algunas medidas ciertamente nefastas, pero decididas en un contexto general sobre el cual se niegan a tener conciencia alguna.

Ese proceso fue todavía más flagrante con el movimiento de parados y precarios de fines de 1997 y comienzos de 1998, porque el Estado no es, por definición, ni el interlocutor ni el patrón de los actores de ese movimiento. Y, sin embargo, el "derecho a" se expreso ampliamente. Todavía mejor: fue teorizado como "salario garantizado" por los neoizquierdistas. Mientras que los asalariados del movimiento de 1995 podían conformarse al modelo instituido -el que cede su puesto a un liberalismo que, en adelante, puede pasarse sin el control estatal del servicio público- y no tenían necesariamente la fuerza para afrontar otra vía de defensa del servicio público dejando al margen al Estado, los precarios y los parados en cólera partían de nada o de muy poco. Frente al Estado y a los organismos sociales, frente a las tiendas llenas, podían desarrollar su movimiento sobre sus propios pies. Y, sin embargo, ese no fue el caso. Si a finales de 1995, los Bourdieu y una lista de peticionarios pudieron confortar a los asalariados (frente a la arrogancia de Juppeé, a los asalariados les parecía importante que alguien pudiese decir en los media que no eran ni unos privilegiados ni unos trasnochados) en la defensa de un servicio público estatal, a finales de 1997 los teóricos neoizquierdistas tenían una misión todavía más importante con el "salario garantizado": reintegrar al Estado en un circuito del que había desaparecido. La oportunidad de andar sobre los propios pies dejaba su lugar de nuevo al reclamo de la intervención estatal.

El movimiento de precarios: reclamar las migajas

"Usted es el primer Ministro de una Izquierda plural, y también es de fiar: usted mismo lo dijo cuando nos recibió. Esperamos que tome las decisiones que se imponen"

H. Constancias (MNCP), F. Desanti (CGT), C. Villiers (AC!), R. Dethyre (APEIS)

A diferencia del movimiento de noviembre-diciembre 1995, el movimiento de precarios se colocó de salida en una posición ofensiva. Incluso si demarró timidamente en reacción a la disminución del subsidio AFR (Allocation Formation Reclassement) de 40% en septiembre de 1997, el movimiento se amplió a finales de año en torno a la idea unificadora de una prima de 3000 francos para Navidad y un aumento de los mínimos sociales de 1500 francos. La primera reivindicación estaba propuesta de salida por algunos comités privados de empleo de la CGT, y la segunda por los sindicatos de parados. Una gran parte de la masa de parados emprende entonces un movimiento de ocupaciones (assedic, ANPE, locales de la patronal y del PS, centros de decisión oficiales como la Bolsa de Comercio, Credit Lyonaiss, los gestionarios HLM, etc.) a fin de ver satisfechas sus reivindicaciones.

La diferencia esencial de este movimiento social con el de 1995 residía en que no se oponía a una serie de medidas puntuales y que planteó como reivindicación principal su nivel de vida, un nivel que cifró cuantitativamente. La disputa con el Estado se desarrolló, pues, como una querella de cifras con una calendario irrisorio (Navidad) destinado a motivar a las tropas. Todas las energías se focalizaron finalmente sobre esa única relación de fuerzas: ¿cuántos millones vamos a arrancar al Estado, y cuándo?

La apuesta se definió, pues, rápidamente y los sindicatos de parados hicieron la buena jugada de decretar el fin del movimiento una vez que las migajas fueron juzgadas suficientes. La fórmula es conocida y experimentada desde hace tiempo por los sindicatos de trabajadores: una relación de fuerzas para sacar un poco de dinero y luego terminar la huelga, a costa si es preciso de la voluntad de la gente. Y cuando la gente no está de acuerdo con todo esto, como fue el caso sin duda de los precarios, se invoca la represión policial (real) y sobre todo se reorientan las reivindicaciones.

Después de los mil millones lanzados por Jospin a comienzos de 1998, la ley de la reducción del tiempo de trabajo y la legislación sobre la exclusión se convirtieron en el corazón de las reivindicaciones. Las cosas volvieron entonces al orden, y ese invierno sirvió sobre todo para recoger del suelo la limosna de Jospin y para apoyar las leyes que el PS hacía votar. Rara vez se logró abandonar el espacio del Estado, sus anuncios (las manifestaciones seguían siempre el ritmo de las decisiones gubernamentales) y sus límites, descritos anteriormente.

La perspectiva del salario garantizado

Y, sin embargo, un eslogan, cuya novedad no estriba más que en su apropiación por la mayor parte del movimiento, fue: "un empleo es un derecho, un salario es un deber". La cuestión del salario garantizado no se convirtió en algo central más que como resultado de un trabajo de largo alcance (véase el colectivo Cash en 1987 o Cargo en 1990) que conducía al movimiento a una posible superación de la prima de 3000 francos y del aumento de los mínimos sociales. Sin embargo, lejos de constituir esa superación, señalaba por el contrario el límite extremo.

En efecto, si el salario garantizado tiene el mérito de ir más lejos que entrega puntual de una suma de dinero precisa, queda sin embargo atascado en el terreno estatal. Pues, ¿quién garantiza ese salario reclamado? ¡El Estado, por supuesto! A través de esa reivindicación, lo que se implanta no es otra cosa que la institucionalización de la miseria: ya no interesan las condiciones del trabajo asalariado, ni tampoco sus fines, ni el trabajo como mercancía, ni el productivismo (y su corolario, el consumo), ni el dinero como mediador de las relaciones sociales ("el salario garantizado significa la distribución de una gran parte del salario, que permite a los sujetos productivos gastar ese salario para su propia reproducción productiva", dice Negri), ni las condiciones de producción de la riqueza a escala internacional (el salario garantizado podría consistir en un mejor reparto del dinero en el marco de los países ricos, dinero producido a partir de las riquezas producidas en el tercer mundo sobre una base de sobreexplotación). Se trata simplemente de permitir a cada uno en Francia de disponer de una suma más grande dinero para consumir. Y todo esto a un precio muy alto: el reforzamiento del control estatal sobre cada uno, incluso si ese salario se otorga sin contrapartida (¿cómo no ver que el "trabajo como derecho" remite a la idea de trabajo obligatorio, que toda medida de "salario garantizado" implica la policía de las asistencias, la regulación de la pobreza por el Estado?). Esa es una manera muy hábil de rehabilitar al Estado confiriéndole un papel de redistribuidor de riqueza. Y Moulier Boutang, uno de los teóricos del salario garantizado (su cercanía con el movimiento autónomo de principios de los 80 provoca hoy más que una sonrisa), no se equivoca explicando que "sólo el salario garantizado es un factor de creación de empleos normales".

El salario garantizado se inscribe deliberadamente en la óptica reformista del keynesianismo que hace del Estado el actor principal de la economía y que comparte la política entre la derecha y la izquierda. En este universo mezquino, no hay clases antagonistas sino una derecha y una izquierda donde se encuentran todas las clases y que se enfrentan por el control del Estado con el fin de orientar un poco su acción hacia aquí o hacia allá, sin tocar por supuesto el fondo.

Sus perspectivas, en el marco de la izquierda, son bastante claras desde entonces porque se trata de mostrar que la izquierda puede agarrar el tema del salario garantizado para asegurar su permanencia: "si la izquierda quiere transformar con éxito el trabajo, redefinir las legislación del trabajo, repartirlo de otra manera, reencontrar los caminos del desarrollo, deberá pasar por ahí" (Moulier-Boutang, Por un nuevo New Deal). Y si ciertamente la supervivencia del PS tiene ese precio, se plegará al salario garantizado con la ayuda de ese economista reputado.

Gorz, patria y trabajo

Otro teórico ha salido del armario para vender su sopa garantizada. El periódico Ocupación aparecido en enero de 1998 durante el movimiento de parados y precarios, nos cita extractos de su último trabajo. Se trata de André Gorz, que desde 1980 dice adiós al proletariado (título de su libro de entonces). Examinemos un poco más de cerca las posiciones de este nuevo convertido al salario garantizado incondicional. En 1995, Gorz explicaba así su oposición a esa (seudo)reforma: "sea cual sea la importancia del salario garantizado, no cambia nada la realidad de que se afirma que la sociedad no espera nada de mí y, por tanto, me deniega la realidad de individuo social en general. Me entrega un dinero sin pedirme nada y sin otorgarme, pues, un derecho sobre ella".

Este apóstol del trabajo asalariado no sólo confunde sociedad y Estado (con su pareja mortífera derechos/deberes), sino que introduce también el salariado como una de las obligaciones que tenemos desde su punto de vista: "derecho a trabajar, deber de trabajar y derecho de ciudadanía están inextricablemente unidos" o "el aspecto esencial de la obligación de trabajar a cambio de un salario garantizado pleno, es que esa obligación funda el derecho correspondiente: obligando a los individuos a producir por su trabajo el salario que les está garantizado, la sociedad se obliga a garantizarles la posibilidad de trabajar, y confiere a los individuos el derecho a exigirlo". El salariado como factor de ciudadanía, sea como portador de derechos y de deberes (deber de hacerse explotar, por supuesto): he ahí una retórica vieja como el capitalismo. Trabajad, vended vuestra fuerza de trabajo como una mercancía y entonces podréis hablar, exigir, vivir.

Más recientemente, Gorz ha revuelto el fondo de su marmita para aceptar la idea de un salario garantizado. Pero lo esencial no cambia porque no se trata de suprimir el salariado o el Estado, sino más bien de ofrecer un salario a cada uno a cambio de su domesticación. Gorz propone un salario garantizado suficiente e incondicional, una redistribución del tiempo de trabajo y pide que se favorezcan nuevos modos de intercambio y de cooperación, todo ello con la etiqueta de "reformas revolucionarias" (sic). Sus argumentos no ofrecen dudas: "el subsidio universal e incondicional de un salario de base acumulable sobre el salario del trabajo es (...) la mejor palanca para redistribuir tanto como se pueda el trabajo remunerado y a la vez las actividades no remuneradas".

Del mismo modo, la redistribución del tiempo de trabajo no es para Gorz más que una manera de calmar al ejército de reserva de los parados y los precarios, porque el salariado es el límite infranqueable de su pensamiento, a pesar de sus negaciones. Se trata, en efecto, de amortizar los periodos fuera del trabajo permitiendo a los individuos continuar consumiendo y desarrollarse, y todo eso presentado como una... nueva libertad. Gracias a Gorz, tendremos "el derecho a trabajar de manera intermitente y de llevar una vida multiactiva en la cual el trabajo profesional y las actividades no remuneradas se suceden y se complementan".

La guinda del indigesto pastel de este apologeta new look del trabajo asalariado, es que, además de proponer un salario garantizado como complemento del salario, incorpora al Estado para cocinarlo todo junto. Pues si no se trata de abolir el salariado, el dinero ni nada vital para el Capital, el Estado no puede quedar tranquilo y la obra de enlucimiento de Gorz acaba asignándole tareas. Todo su sistema de pensamiento único (izquierdista) supone que "la sociedad produce un "excedente económico" acumulable y, por tanto, subsiste una moneda equivalente universal, reglas conocidas, aceptadas y aplicables a todos, y, por tanto, un derecho, un aparato de derecho, un órgano de coordinación, en definitiva lo que llamamos Estado".

Disidencia teatral y Estado omnipotente

Con Gorz y Moulier-Boutang, los límites del salario garantizado aparecen de manera evidente y flagrante con la ausencia de cuestionamiento radical (hasta la raíz) de las bases del sistema capitalista (trabajo-mercancía, dinero, Estado). Otros intentaran todavía teorizar esta reivindicación, pero el fondo reformista de esta medida, que puede llegar incluso a servir a un gobierno para fintar a un movimiento social poderoso, no puede servir en ningún caso de superación de un sistema que somete tanto a los asalariados como a los parados y precarios. Ahora bien, es precisamente la fuerza (y el temor para los dominantes) de un movimiento social la que debe subvertir el orden social. Presentar el salario garantizado en ese marco revela la ingenuidad en el mejor de los casos, y la manipulación en el peor. Porque hacer creer que un ersatz del capitalismo, un sistema reformado, podría ofrecer más libertad, o simplemente condiciones de existencia "decentes", significa engañarse sobre las posibilidades de adaptación y de recuperación del Capital ("el salario garantizado es una reapropiación del Welfare (...), es decir de todos los mecanismos que hacen de las instituciones del Estado-providencia las articulaciones de un modo de producción alternativo en el seno del capitalismo, de los elementos de transición al comunismo", dicen L. Moineau y C. Vercellone en Futur Anterieur), o bien servirse de las revueltas colectivas para ponerlas directamente bajo el control de dominantes con el look cambiado.

La miríada de intelectuales, a los que Louis Janover califica como de disidencia teatral, sirve por tanto en ese juego de engaños de garantía a un capitalismo que nunca ha necesitado más al Estado, para garantizar su funcionamiento, no tanto como productor directamente como garante de la productividad mediante un control social generalizado, con el recurso siempre posible a las fuerzas armadas. Dirigirse directamente al Estado como en noviembre-diciembre 1995 sin superar ese marco donde, más sutilmente, se reclama la limosna avanzando la perspectiva de un salario social garantizado, significa encerrarse en la lógica que describen superficialmente los "medios de comunicación" con el nombre de "neoliberalismo".

Frente a ese justificación izquierdista del capitalismo como único (si no mejor) de los mundos posibles, existen sin embargo otras posibilidades que se evocan y se intentan en cada ocasión donde hay agrupamientos incontrolados: la relación de fuerza directa con el capital, desde la apropiación directa de los medios de producción (como algunos sabotajes en la EDF en noviembre de 1995 y el rechazo de los cortes) a la reapropiación (pillajes más o menos organizados a finales de 1997 y comienzos de 1998), pasando por la gratuidad. Pero es cierto que estas formas de acción presentan el inconveniente de la radicalidad y la autonomía de los actores del movimiento social, lo que no será desde luego plato de gusto del Estado ni de los sindicalistas y los autoproclamados intelectuales, cuya función común es precisamente señalar el camino a seguir.

Théodore, 31-3-98 (extraído de la revista francesa Karoshi)