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O P I N I O N

14 de febrero de 2004

La abstención, un fraude de ley

Marcos Roitman Rosenmann
La Jornada


La visita a las urnas electorales es un acto cada vez menos concurrido. La disminución de ciudadanos atraídos por la acción de depositar una papeleta señalando sus preferencias políticas ya no motiva. Salvo circunstancias extraordinarias, los procesos electorales se ven sometidos a un abandono del deber u obligación ciudadana. En cualquier caso la asistencia a los colegios electorales se soslaya esgrimiendo cualquier pretexto. Este rechazo explicito muestra cierto hastío hacia lo que se considera un ritual. Para los detractores, hoy un porcentaje comprendido entre el cuarenta y el setenta del total electoral, no hay razones suficientes para ejercer el voto. Por otro lado, resulta desalentador la temprana inhibición de los jóvenes. ¿Despolitización?; ¿desinterés? ¿irresponsabilidad?; ¿protesta consciente?. Sea cual fuese la explicación, no hay duda que es un fenómeno recurrente y sus causas son múltiples. Todo parece indicar que asistimos a una pérdida de centralidad de la política, cuyo síntoma mas claro es la dejación de las obligaciones ciudadanas.

Los abstencionistas son cada vez mas, y su progresión no parece inquietar a los estrategas y responsables políticos de los partidos. Mientras se siga votando y no se cuestione la legitimidad de las elecciones todo está bajo control. Muchos presidentes de gobierno o república, aún no se convoca para votar a reyes y reinas, son electos con un exiguo porcentaje real de la masa electoral. Los actuales jefes de Estado con mayorías minoritarias en Europa occidental son todos. Unos no pasan del 20 por ciento y los mas representativos no llegan al 30 por ciento. Es ostensible que estamos ante un problema que va mas allá de hacer campañas institucionales llamando a ejercitar el voto. La propaganda no ha logrado revertir el abstencionismo electoral. Hoy, los mayores de dieciocho años, hombres y mujeres, letrados y analfabetos se sienten desmotivados, incluso engañados. La relación entre ciudadanía política y los procesos electorales se ha roto. Lo que otrora se considero una dura batalla, conquistar el derecho a votar, hoy no deja de ser un recuerdo borroso sin historia.

Sin embargo, pasar del voto censitario al voto universal, personal, libre y secreto no fue un proceso fácil. La lucha de las sufragistas, los iletrados, los obreros, los campesinos, por no mencionar la lucha de los pueblos excluidos por razón étnico-racial muestra el largo camino recorrido. La cárcel, la tortura, el exilio o la muerte fue , en muchas ocasiones, el pago recibido por defender la ampliación del derecho a voto. Así, doblegar las formas oligárquicas y aristocráticas de gobierno paso por demandar y exigir poder elegir y ser elegido.

Por otra parte, ampliar el derecho a voto a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, suponía conceder un espacio de poder al proletariado industrial y los sectores populares. Los partidos socialistas y comunistas serían, a juicio de las clases dominantes, los auténticos beneficiarios de una posible ampliación del derecho a voto. El miedo cundió entre la burguesía y los grupos oligárquicos. Sin embargo, tarde o temprano la apertura democrática tendría lugar, y era mejor contrarrestarla por otras vías. La manipulación del voto se concibió como estratagema posible y la lucha ideológica y política de las clases dominantes por controlar las elecciones y sus procedimientos hicieron acto de presencia. Cuando no recurrieron a la exclusión de los partidos obreros, se optó por comprar a los votantes. Las prácticas elegidas para alterar el resultado de las elecciones han sido varias. Desde el pucherazo mas burdo, pasando por el acarreo de votantes hasta la caída de los sistemas informáticos, México 1988, que terminó por dar el triunfo a Salinas de Gortari. En un siglo y medio se han conocido todo tipo de fraudes cuyo objetivo han sido siempre dos: comprar y doblegar la voluntad del elector para modificar el resultado de las elecciones. Pero hoy, las posibilidades de alterar los resultados puede producirse antes de poner en práctica el derecho a voto. La abstención juega un papel destacado en la falsificación de la voluntad general. Aunque la mayoría de las legislaciones consideran un delito llamar a la abstención, un proporción mayor o menor de abstencionistas es capaz de cambiar una mayoría y producir gobiernos espurios.

Parece ser que estamos ante un nuevo tipo de fraude, aquel cuyo objetivo es no atacar la abstención o simplemente dejandola estar. Considerarla un mal menor de unas democracias consolidadas donde nunca pasa nada y por ello no hay necesidad de participar. El mensaje implícito es desolador. Aunque vaya a votar no cambiaré el curso de los acontecimientos, mi voto es inútil. Las campañas institucionales se centran en cambiar los días de las elecciones; pero no hacen incapie en el valor intrínseco del voto como acto democrático. Lo mas novedoso consiste en convocar elecciones los domingo o días festivos. Pero la mayoría prefiere disfrutar de un día de campo, divertirse o simplemente quedarse en casa descansando. Si llueve y el tiempo no acompaña, el desastre puede ser mayor. El voto por correo, otra práctica para disminuir el abstencionismo, tampoco se muestra como una alternativa. Todo conduce a pensar que lucha contra la abstención es mas bien una práctica demagógica, en tanto termina favoreciendo a las mayorías conservadoras, que si acuden a votar religiosamente. ¿Para qué, entonces, luchar con vehemencia contra el abstencionismo?. Siempre que han bajado los índices de abstención, los resultados han favorecido a las izquierdas, siempre y cuando no se llame al voto útil en sus diferentes acepciones. Por ello es necesario acudir a votar, aunque sea anulando el voto.

En esta lucha contra la abstención, velar por la limpieza electoral y garantizar el ejercicio libre del voto constituye otra batalla. Los representantes de los partidos y organizaciones concurrentes a los comicios se han trasformado en auténticos notarios de los procesos electorales. Su presencia es considerada un aval de trasparencia. El recuento público de los votos emitidos con participación de todos los compromisarios, mas el presidente y los vocales seleccionados por riguroso sorteo valida todo el proceso. Pocos cuestionarían el sentido democrático de una elecciones donde las diferencias se pueden dirimir en tribunales electorales. ¿Pero pueden ser consideradas democráticas elecciones donde el abstencionismo esta por encima del 50 por ciento?. La respuesta debe ser contundente: No. Mayores índices de abstención demuestran el quietismo inculcado por el poder para mantener el orden social en límites permisibles con alternancias hueras. El nacimiento de un social-conformismo activo se apoya en el rechazo a participar en elecciones. Los tópicos se apoderan del elector: Los políticos son corruptos; son todos iguales; Es una farsa.., etcétera., con ello da su aprobación implícita a regímenes cuya tendencia a la involución política se expresa en abominar de la democracia como práctica social de control y ejercicio del poder político.

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