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O P I N I O N

1 de abril de 2004

La privatización del Estado

Ignacio Ramonet
La Voz de Galicia

EXISTE en numerosos países pobres del Sur lo que en México llaman la mordida, es decir, ese hábito ilegal que tienen muchos funcionarios públicos de cobrar por los servicios normales y gratuitos que deben ofrecer al público. Aduaneros, policías, oficinistas de la administración pública acostumbran a exigir una suma en metálico a cambio de cualquier prestación. Es lo que se llama corrupción. Los sociólogos explican que, en esos países, la gente no es más deshonesta que en otra parte; lo que ocurre es que el Estado dispone de tan pocos recursos que se halla en la imposibilidad de pagar como conviene a sus funcionarios.

A éstos no les queda más remedio que completar el sueldo poniendo a contribución al ciudadano-usuario. Y el Estado hace la vista gorda. De vez en cuando lanza a bombo y platillo campañas contra la corrupción y efectúa algún escarmiento muy publicitado. Pero en realidad todo sigue igual, porque los sueldos de los funcionarios públicos continúan siendo de miseria. Y además el FMI, por dogmatismo ideológico, prohíbe que se aumenten en nombre del santísimo principio de la reducción del presupuesto del Estado.

Estos países son denunciados con regularidad por organismos como Transparency International por su «corrupción generalizada». En realidad esos Estados pobres carecen de imaginación. Deberían inspirarse en aquellos en donde reina sin complejos la filosofía ultraliberal, que nadie califica de corruptos y donde sin embargo se practica una forma muy semejante y muy oficial de mordida.

Sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Lo he podido comprobar esta semana en los servicios consulares de este país en París, donde fui a pedir un visado. En principio, un ciudadano europeo no necesita visado para entrar en Estados Unidos. Pero si, por cualquier motivo, va a percibir alguna suma de dinero allá, entonces es indispensable el visado de tipo J-1. Invitado a dar una serie de conferencias en la universidad de San Juan de Puerto Rico, ésta me ofrece unos modestos honorarios. Por consiguiente necesito ese visado, ya que Puerto Rico sigue siendo un Estado asociado controlado por Washington.

Llamo por teléfono al consulado para saber qué gestiones debo hacer. La persona que descuelga me exige, antes que nada, el número de mi tarjeta de crédito y me anuncia que el costo de nuestra conversación está a mi cargo, y que, para empezar, ya me retiran 15 euros de mi cuenta. Es decir, yo, el usuario, estoy pagando el tiempo que me concede el funcionario.

Antes de fijarme una cita con el responsable de la atribución del visado, me precisa la lista (interminable) de documentos originales y sus respectivas fotocopias que tengo que presentar. Entre ellos me dice que he de pagar la suma de 85 euros, mediante un giro postal cuyo recibo hay que presentar. Sólo para que el funcionario me reciba y me interrogue sobre ese viaje a Estados Unidos. Eso no garantiza la obtención del visado, pero de esa manera el tiempo del oficinista queda pagado.

Como la respuesta -positiva o negativa- la comunican por vía postal, también exigen un sobre especial de correo rápido, con la dirección del demandante y envío pre-pagado también por él (costo: 17 euros). Total, un simple pedido de visado, sin seguridad de conseguirlo, sale por 117 euros (es decir, unas 20.000 pesetas).

La mañana en que estuve en el consulado, unas ciento cincuenta personas solicitaban visado. Entre todas, habían entregado al ministerio de asuntos exteriores norteamericano una mordida oficial de unos 17.550 euros (¡casi tres millones de pesetas!). Mucho más que lo que deben ganar por día los tres funcionarios de la sección de visados que nos atendieron.

¿Se puede calificar esto de corrupción? En términos tecnocráticos se trata de una modernización del Estado y de una reducción de sus presupuestos transfiriendo el costo a los ciudadanos. En suma: de una privatización del Estado.

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