COLOMBIA. DE VIETNAM AL AMAZONAS

29 de juni del 2002

Colombia: Cincuenta años de violencia

Garry M. Leech
Red de Información de Las Américas

Introducción

La Violencia y el Frente Nacional

La Proliferación de los Grupos Guerrilleros

Las FARC y el Auge de la Coca

La Proliferación de Organizaciones Paramilitares

Los Estados Unidos de América y los Paramilitares

Los Estados Unidos y la Guerra de las Drogas

Conclusión


Introducción

La guerra civil en Colombia ha estado simbolizada por enormes violaciones de los derechos humanos, en drástico aumento en las últimas dos décadas. Los grupos internacionales pro derechos humanos no se cansan de reiterar que las organizaciones paramilitares ultraderechistas son los máximos responsables de los abusos contra los derechos humanos. Los grupos paramilitares están estrechamente vinculados a las Fuerzas Armadas colombinas en su cruzada no solo contra las guerrillas, sino contra cualquier persona simpatizante de ellas, como por ejemplo, miembros del sector sindical, organizadores agrarios, activistas pro derechos humanos y sectores religiosos. Algunos jefes paramilitares han ido más lejos en su ampliación de los parámetros de lucha contra las guerrillas, incluyendo entre los llamados simpatizantes a drogadictos, alcohólicos, prostitutas, delincuentes menores e indigentes, en su empeño de "limpia" de la sociedad colombiana.

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Los esfuerzos [para conseguir la paz]se han visto saboteados por los señores de la "guerra contra las drogas", y por la elite política, económica y militar del país que pretende preservar una "democracia" que ha marginado a gran parte de la población.

La lectura generalizada de los actuales medios de comunicación tiende a ser la de catalogar el conflicto como "la guerra civil de los 35 años," localizando su origen en la formación oficial de diversos grupos guerrilleros a mediados de la década de 1960. Sin embargo, el origen del principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), data de los antiguos movimientos de autodefensa campesina surgidos entre 1948 y 1958 durante el periodo conocido como La Violencia.

La Violencia y el Frente Nacional

Durante el siglo XIX y principios del XX, la política colombiana ha estado dominada por los partidos Liberal y Conservador, cuya influencia se extendía desde Bogotá hasta prácticamente todos los pueblos del país. Las diferencias ideológicas entre la elite liberal y conservadora reverberaban en toda la sociedad colombiana, a menudo, desatando oleadas de violencia y enfrentamiento entre los Lealistas Liberales y las Facciones Conservadoras, tanto en las elites como en el campesinado.

A finales de la década de 1940 el disidente Liberal Jorge Eliécer Gaitán, proveniente de los movimientos por la reforma agraria y laboral impulsados por Liberales y Comunistas, era el principal candidato presidencial. Pero, el 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá, desatando el Bogotazo, la revuelta popular de la clase baja liberal que se saldó con una masiva ola de destrucción y saqueo en la capital.

Revueltas campesinas liberales similares surgían simultáneamente por todo el país, dando lugar al enfrentamiento de Liberales y Conservadores rurales entre sí. Reticente a aceptar una rebelión social del campesinado, los dirigentes liberales respaldaron las vías represivas con las que el gobierno Conservador ponía fin a la rebelión para preservar la oligarquía Liberal y Conservadora. No obstante, pese a la sutil alianza entre el partido Liberal y el partido Conservador, dos destacados miembros del partido Liberal fueron asesinados en 1949. Esto daba lugar a la abstinencia del partido Liberal en las elecciones presidenciales de 1950, las cuales habría de ganar, sin oposición, el candidato conservador Laureano Gómez.

Aunque la rebelión fuera eficazmente sofocada en Bogotá, se siguieron produciendo esporádicos levantamientos armados por parte del campesinado en las provincias. El presidente Gómez, quien consideraba a los campesinos similares a los Comunistas, respondió a los levantamientos con extrema represión. Muchos de los Liberales en las fuerzas de la policía nacional fueron despedidos y reemplazados por campesinos del distrito conservador Boyacá de Chulavita, cuya extrema brutalidad resultó infame.

A principios de 1950, el régimen de Gómez -- respaldado por la Iglesia, la cual había sido victimizada durante la revuelta, y por los Estados Unidos de América, que observaba el apoyo del Partido Comunista a los campesinos a través de las lentes de la Guerra Fría, -- intensificó la represión al máximo. La caótica violencia dio lugar al enfrentamiento rural entre los sectores Liberales y Conservadores. También dio lugar a luchas entre la oligarquía y los campesinos sin tierra que tendrían como resultado el abandono de sus tierras por parte de los latifundistas para refugiarse en la relativa seguridad de las ciudades.

En 1953 Gómez era derrocado en un golpe militar que llevaría al poder al General Gustavo Rojas Pinilla. Rojas Pinilla enviaba a los militares a recuperar las propiedades abandonadas por los latifundistas en su huida a las ciudades. La respuesta de los campesinos armados fue la llamada a la reforma agraria. En junio de 1953, en un intento de poner fin a La Violencia, Rojas Pinilla concedía una amnistía a todos los campesinos armados, y respondía a su reivindicación de reforma agraria con la creación de la Oficina de Rehabilitación y Asistencia. Aunque, en realidad, esta oficina hiciera bien poco por el problema agrario, sí consiguió, no obstante, suscitar la sospecha en la elite Liberal y Conservadora de que Rojas Pinilla pudiera estar utilizándola para aumentar el apoyo popular. En junio de 1954, Rojas Pinilla ampliaba la amnistía a aquellos reclusos encarcelados por actos de terrorismo en nombre del régimen de Gómez.

Muchos de los Gomezistas excarcelados comenzaron de inmediato a asesinar a campesinos inocentes, obligando a los amnistiados a retomar las armas de nuevo. En 1955 Rojas Pinilla respondía con el lanzamiento de una enorme ofensiva militar contra aquellos campesinos que habían retomado las armas en lo que vendría a denominarse la Guerra de Villarica. Fue en el departamento del Tolima, durante esta ofensiva, donde los movimientos campesinos de autodefensa -- que luego habrían de convertirse las FARC -- se fundaron. Las elites Conservadora y Liberal atribuyeron la responsabilidad del resurgimiento de La Violencia a Rojas Pinilla. En 1957, tras una huelga general y protestas en las calles de la capital, Rojas Pinilla presentaba su renuncia.

Al año siguiente la elite Conservadora y Liberal implementaba un acuerdo de poder compartido denominado Frente Nacional, en virtud del cual ambas partes se alternarían en la presidencia por periodos de cuatro años, distribuyéndose por igual entre las dos formaciones todos los cargos públicos. La formación del Frente Nacional puso fin al concepto típico del siglo XIX de La Violencia: el conflicto entre las distintas facciones de la elite gobernante. Sin embargo, el nuevo gobierno habría de lidiar con los campesinos armados.

Muchos campesinos, en su mayoría Liberales y Comunistas, habían logrado sobrevivir a las ofensivas militares por medio de largas marchas, bajo la protección de los movimientos armados de autodefensa principalmente, a las inhabitadas tierras de los departamentos orientales de Meta y Caquetá. Los campesinos limpiaron la zona de maleza y cultivaron extensas áreas de tierra que declararon "repúblicas independientes", en un intento de liberarse del gobierno nacional, que tan poca confianza inspiraba, dada su "experiencia personal de partidismo social y económico y el doble sistema de valores establecido por las clases dominantes."1

Sin embargo, los campesinos no tardarían en comprobar que la tan desesperadamente necesitada autonomía que habían creído encontrar, no era tal, conforme los grandes latifundistas se propusieron ampliar sus terrenos, reclamando la propiedad de las tierras limpiadas. Es más, el gobierno no tenía la más mínima intención de dejar en paz a los campesinos colonizadores: "Al declarar estas repúblicas como atajos de bandidos Comunistas, el gobierno se hacía con la excusa para lanzar ataques militares contra ellos, condenarlos políticamente, y bloquearlos económicamente... El único resultado posible era la guerra. Una tras otra, las repúblicas cayeron en manos del ejército, y una vez bajo control del gobierno la tierra quedó concentrada en manos de los principales terratenientes."2

Los campesinos, que se vieron forzados a adentrarse en la selva, se dieron cuenta de que la única oportunidad de lograr la justicia social residía en su capacidad para librar una guerra contra el gobierno a nivel nacional. Como consecuencia, los movimientos de autodefensa armados se dispersaron en unidades por varias regiones del país a fin de luchar en diversos frentes, al tiempo que mantenían una estructura de comandancia central. El 20 de julio de 1964, los diversos frentes de los movimientos de autodefensa armados establecían su propio programa de reforma agraria. Dos años después se convertían oficialmente en las FARC."3

La Proliferación de Grupos Guerrilleros

En 1960 el partido político independiente, Alianza Nacional Popular (ANAPO), formado por los seguidores de Rojas Pinilla participaba en las elecciones al congreso. La popularidad de ANAPO fue en aumento a lo largo de los años sesenta, apelando a muchos de los que dejó de lado la Alianza del Frente Nacional. Rojas Pinilla participó como candidato de ANAPO en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 y tras liderar inicialmente la campaña era derrotado por un estrecho margen por el candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Muchos consideraron que el recuento de los votos había sido fraudulento, lo que daba lugar a la creación del movimiento guerrillero M-19, adoptando la fecha de la elección por nombre, en 1972, por miembros del sector socialista de ANAPO.

El M-19 fue ganando notoriedad tras una serie de resueltos ataques urbanos que incluía la ocupación del Palacio de Justicia en Bogotá en 1985. Este último ataque ocasionó la muerte de más de cien personas, incluidos once jueces de la Corte Suprema, durante los dos días que duró la contienda con el ejército. En 1989 las guerrillas del M-19 decidían deponer las armas a cambio de un indulto total del gobierno. Las antiguas guerrillas decidieron crear un partido político, aunque muchos de ellos no tardarían en ser asesinados a manos de los ultraderechistas escuadrones de la muerte.

El M-19 se creó en respuesta a la política del Frente Nacional de reservar los altos cargos ejecutivos a los miembros de la elite Conservadora y Liberal. Esta "limitada democracia" también creo el caldo de cultivo para otros movimientos guerrilleros en la década de 1960, aunque también hubo otros factores en juego. La Revolución Cubana influyó a muchos radicales en América Latina, convencidos de la teoría del foco del Che Guevara de que la insurrección armada sea la senda revolucionaria a seguir. Asimismo, el respaldo del Partido Comunista Colombiano a las resoluciones aprobadas en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético, llamando a la revolución pacífica, condujo a muchos jóvenes colombianos a abandonar el partido para abrazar el modelo cubano.

Estos factores daban origen a la creación del Ejército Popular de Liberación (EPL) en el departamento de Antioquía, a mediados de 1960. Tras la escisión Sovietica-China el EPL adoptó la teoría Maoísta de una "guerra popular continua". Pero en la década de 1980 empezó a distanciarse de la filosofía Maoísta y en agosto de 1990 decidía deponer las armas para participar en el proceso político, si bien una pequeña facción disidente continuó con la lucha armada en la zona norte de Colombia.

El segundo grupo guerrillero del país, de inspiración cubana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgió en 1964 en el departamento de Santander, de la mano de estudiantes universitarios recién retornados de Cuba. El ELN se adhirió estrictamente a los principios del Che en cuanto a la lucha de guerrillas rural y, al contrario que el M-19 y el EPL, hasta la fecha se niega a deponer las armas y a tomar parte en el proceso político. El sociólogo Eduardo Pizarro subraya que: "En los últimos años el ELN ha concentrado su actividad y sus esfuerzos casi exclusivamente en obstaculizar y destruir a la industria petrolera y a minar con éxito los oleoductos del norte del país."4 De hecho, entre 1986 y 1997 el ELN se responsabilizó del bombardeo de 636 oleoductos que generaron pérdidas del orden de 1.5 mil millones de dólares en ingresos no percibidos para la empresa petrolífera estatal Ecopetrol.5

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Las FARC son el único grupo guerrillero con raíces campesinas que anteceden en el tiempo tanto al Frente Nacional como a la Revolución Cubana. En cambio, el ELN, el EPL y el M-19 eran todos movimientos liderados por intelectuales urbanos, exponentes típicos de los grupos guerrilleros emergentes en América Latina en la década de 1960: reacciones armadas, de inspiración Cubana, a la coyuntura política y económica interna.

Las FARC y el Auge de la Coca

Las elecciones presidenciales de 1974 pusieron punto final a la Alianza del Frente Nacional ya que los candidatos Liberales y Conservadores participaron por separado. Los dieciséis años de gobierno del Frente Nacional habían logrado reducir el número de muertes -- si se compara con los 200.000 colombianos que perdieron la vida durante la década de La Violencia -- pero resultaron incapaces de atajar el tema de la reforma agraria y el drástico aumento de la pobreza. Durante los años de Frente Nacional el porcentaje de la fuerza laboral del país que vivía en la más absoluta pobreza se duplicó, pasando del 25% al 50.7%. Los datos eran aún peores en lo concerniente a la fuerza laboral rural, donde el índice de pobreza absoluta sufría un incremento del 25.4% al 67.5%."6 A la luz de semejante pobreza, no es de extrañar que cuando empezó el auge de la coca a finales de 1970, la fascinación por los beneficios de la droga diera como resultado una masiva ola de inmigración de desempleados urbanos y campesinos sin tierra hacia las regiones predominantemente controladas por las FARC.

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las FARC fueron capaces de ofrecer [a estos sectores] servicios sociales y económicos "en sectores de crédito, educación, sanidad, justicia, registro, obras públicas, y programas ecológicos y culturales."7

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Los jefes de los cárteles de la droga de Medellín y de Cali empezaron a invertir sus nuevas ganancias en propiedades, principalmente enormes fincas ganaderas, lo que ciertamente los colocaba en las filas del enemigo tradicional de las guerrillas. Los nuevos narco-terratenientes se pusieron de inmediato a organizar sus propias fuerzas paramilitares para combatir a las guerrillas y a diversos otros grupos considerados simpatizantes de las guerrillas.

La Proliferación de Organizaciones Paramilitares

En su guerra contra los narco-terratenientes las guerrillas daban con otra lucrativa fuente de ingresos como complemento a sus impuestos sobre la coca: el secuestro de los narco-terratenientes y sus familiares. Como respuesta a esta estrategia de la guerrilla, 223 traficantes de droga en Cali organizaban el grupo paramilitar llamado Muerte a Secuestradores (MAS) en diciembre de 1981. Durante la siguiente década se crearon cientos de organizaciones paramilitares inspiradas en el modelo del MAS.

La organización internacional pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, describe a una de tales organizaciones fundadas por el Batallón Bárbula en Puerto Bocayá, Santander, bajo la dirección del Capitán Oscar de Jesús Echandía: "En 1982, Echandía convocó a una reunión a los lugareños, incluidos los dirigentes de los partidos Conservador y Liberal, hombres de negocios, hacendados, y representantes de la Texas Petroleum Company, tras la cual llegaron a la conclusión de que su objetivo trascendía la mera protección de la población contra las exigencias de la guerrilla. Querían limpiar la zona de "subversivos."8

En consecuencia, tras la reunión, se contrató a hombres a los que se armó para llevar a efecto la "limpieza", con el apoyo logístico del ejército colombiano. La nueva fuerza paramilitar se denominaría MAS, homónimo de la organización de Cali. El acrónimo MAS lo fueron adoptando tantos grupos nuevos que pronto se convirtió en sinónimo de "organización paramilitar".

Dos de los civiles entrenados por el Batallón Bomboná en Puerto Berrío para operaciones de guerra paramilitar eran los hermanos Fidel y Carlos Castaño, cuyo padre había sido secuestrado [y ejecutado] por las FARC. Los hermanos no tardaron en formar su propia fuerza paramilitar a la que denominaron Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU), y, "para el final de la década, Fidel Castaño, conocido como 'Rambo,' era ya un alto mando paramilitar así como un influyente traficante de drogas."9

Entretanto, la Unión Patriótica, frente político de las FARC, se fundaba tras una tregua pactada por las FARC y el Presidente Belisario Betancur en enero de 1983. Catorce meses después se firmaban los acuerdos de La Uribe y el sociólogo Ricardo Vargas Meza afirmaba: "Mediante la incorporación de algunas de las reivindicaciones socioeconómicas de las FARC y la consolidación de la tregua, los acuerdos abren la posibilidad de una resolución política del conflicto. La postura de Betancur marcaba un cambio de rumbo radical del que mostrataran sus predecesores, ya que éste reconocía expresamente que La Violencia de la guerrilla era consecuencia de determinadas realidades sociales, admitiendo la relación entre dichas condiciones sociales y las reivindicaciones de los insurgentes."10

Sin embargo, muchos legisladores se opusieron a las iniciativas de Betancur y, con la ayuda del recién elegido presidente Virgilio Barco en 1986, no tardaron en poner punto final a cualquier negociación que pusiera en juego los intereses de la oligarquía. Además de poner fin a la tregua, "el estado desataba la guerra sucia, dirigida principalmente a la Unión Patriótica. Tan sólo durante 1988, cerca de 200 dirigentes de la Unión Patriótica fueron asesinados."11 En total, más de 2,000 miembros de la Unión Patriótica murieron asesinados entre 1985 y 1992.

Las organizaciones paramilitares involucradas en la guerra sucia no sólo estaban aliadas con las Fuerzas Armadas de Colombia sino que eran milicias legales. La Comisión para el Estudio de La Violencia subraya que la Ley 48, aprobada en 1968, "permitía al ejército la organización y el aprovisionamiento de armas a grupos de civiles, grupos a los que se denominaba unidades de "autodefensa", para luchar contra la delincuencia organizada así como contra los grupos armados que operaban en ciertas regiones campesinas."12 Durante la tregua de los acuerdos de La Uribe, cuando las operaciones de contrainsurgencia fueron prohibidas, el Ejército amplió la aplicación de la Ley 48 para crear fuerzas paramilitares que se hicieran cargo de las operaciones de "limpieza" contra la población campesina rural. La utilización de fuerzas paramilitares en la guerra sucia permitió al ejército cierto grado de "negación plausible" en cuanto al abuso de los derechos humanos.

A pesar de la proliferación de paramilitares, las FARC lograban mantener con éxito el control de muchas regiones de las zonas del sur y el este del país. No obstante, en algunas regiones norteñas las fuerzas paramilitares impusieron, mediante el uso del terror, una intensa contrarreforma agraria que provocó el éxodo masivo de poblaciones enteras. Esto permitió a los narco-terratenientes ir expandiendo los lindes de sus tierras, al tiempo que obstaculizaban las bases del apoyo campesino a las guerrillas. Para finales de 1980, los traficantes de drogas se habían convertido en los principales terratenientes del país, y, como resultado, convertían "extensas franjas rurales de Colombia en extensas fincas de pasto para ganado improductivo."13

El 20 de febrero de 1983, el Procurador General hizo públicos los resultados de una investigación ordenada por el Presidente Belisario Betancur sobre la actividad de las organizaciones de MAS en los escuadrones de la muerte. De los 163 individuos implicados según el informe, 59 eran miembros activos de la policía o el ejército. El Padre Javier Giraldo S.J., director ejecutivo del grupo colombiano pro derechos humanos, Congregación de Justicia y Paz, señaló que la reacción de las Fuerzas Armadas y el Ministro de Defensa al informe sugerían que la posibilidad de un golpe militar era inminente. En consecuencia, "La mismísima Fiscalía General adoptó desde ese momento una actitud favorable para con el paramilitarismo, inhibiéndose en su labor de recaudo de pruebas o negándose a la aplicación de cualquier medida sancionadora contra los miembros de MAS."14

Dada la rara ocasión en la que los cargos contra un miembro del MAS o de las Fuerzas Armadas consiguen prosperar y llegar a juicio, los jueces, temiendo por sus vidas, transfieren el caso a un tribunal militar que invariablemente termina por desestimar los cargos. Es esta impunidad la que permite al ejército y a sus grupos paramilitares asociados librar la guerra contra la población campesina del país sin temor a una eventual retribución. Es más, Colombia ha pasado la mayor parte de las dos últimas décadas bajo un "estado de sitio" oficial, durante el cual, el ejército ha gozado de una virtual autonomía en la gestión del conflicto social, mientras el gobierno se centra prácticamente en exclusiva, en asuntos burocráticos y administrativos. En suma, este sistema de gobierno "dual" permite al ejército y a sus aliados paramilitares funcionar sin tener que rendir cuentas a nadie.

Durante la noche del 4 de marzo de 1988, un grupo de hombres armados aniquilaron a 17 trabajadores de la granja La Honduras y a tres trabajadores más de la vecina granja La Negra en la región de Urabá, en el departamento de Antioquía. Todas las víctimas eran miembros del sindicato. La subsiguiente investigación de la matanza reveló que "durante las semanas previas a la masacre el ejército había arrestado a algunas de las eventuales víctimas, les había fotografiado, y había procedido a la detención de otras personas de las que obtenían información por medio de la tortura. Esta información le era después facilitada a los asesinos. Antes de la masacre, los asesinos fueron alojados en el hotel Medellín a cargo del Mayor Luis Becerra Bohórquez, uno de los miembros de la división de inteligencia de la Décima Brigada. Becerra pagaba los gastos con su propia tarjeta del Diners Club."15

En septiembre de 1988, la Jueza Martha Lucia González, quien más tarde se habría de ver forzada a abandonar el país bajo amenazas de muerte, emitía una orden de arresto contra Becerra que jamás habría de llegar a efectuarse, porque, "el oficial no se hallaba disponible puesto que se encontraba en los Estados Unidos de América recibiendo un curso esencial para su ascenso a teniente coronel. "16 Poco después de que sus cargos fueran desestimados, Becerra se vio involucrado en una operación conjunta del ejército con los paramilitares en la masacre de 13 personas más en Riofrío el 5 de octubre de 1993. Tras la matanza de Riofrío Becerra se vio forzado a retirarse por decreto ejecutivo, y pese a la emisión de una nueva orden de arresto contra su persona, hoy es aún un hombre libre.

También se expidió una orden de arresto para el dirigente del grupo paramilitar ACCU, Fidel Castaño, por su participación en las matanzas de La Honduras / La Negra. Castaño nunca llegó a ser arrestado, pese a ser sentenciado en ausencia y condenado a una pena de veinte años de prisión. El dirigente del ACCU también estuvo implicado en cuatro masacres más entre 1988 y 1990 y "el mismo Castaño admite haber tomado parte, en 1990, en la planificación del asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo."17

Pese a que el ejército está implicado en la creación y en las operaciones de muchas de las organizaciones paramilitares, estas no siempre están bajo su control. Para 1989 los narco-terratenientes no sólo disponían de sus propias fuerzas paramilitares contra las guerrillas y los campesinos rurales, sino que también ampliaban sus objetivos abarcando a representantes del gobierno, especialmente políticos y jueces que se atrevieran a pronunciarse contra las actividades de los narcotraficantes o los escuadrones de la muerte.

El 18 de enero de 1989, dos jueces y diez investigadores que se ocupaban de investigar cierto número de asesinatos por parte de las fuerzas paramilitares, fueron masacrados por los paramilitares. El gobierno ya no podía seguir ignorando las espeluznantes estadísticas: el drástico incremento en el número de asesinatos políticos, de 1.053 en la década de 1970 a 12.859 en la década de 1980, incluidas 108 masacres sólo en 1988.18 Sin embargo, lo más importante desde la perspectiva de la clase política fue el hecho de que, cada vez más, los representantes del gobierno se constituyeran en objetivo de los paramilitares.

Como consecuencia, el presidente Virgilio Barco criticó a las organizaciones paramilitares en un discurso en abril de 1989: "En realidad, la mayoría de sus víctimas no forman parte de las guerrillas. Son hombres, mujeres e incluso niños, que no se han alzado en armas contra las instituciones. Son colombianos pacíficos."19 El 25 de mayo de 1989, el Tribunal Supremo de Colombia dictaminó la inconstitucionalidad de la Ley 48 y al mes siguiente el Presidente Barco emitió el Decreto 1194 en el que se establecía la ilegalidad de cualquier forma de colaboración, participación o creación de grupos de "autodefensa" por parte del ejército o de la población civil.

Sobra decir que la ilegalización de los paramilitares sirvió de poco a la hora de disminuir sus actividades o su afiliación con las fuerzas armadas. El Padre Giraldo describe el testimonio de un informador del ejército y testigo presencial en la masacre de Trujillo acaecida en marzo de 1990, escasamente un año después de la abolición de la Ley 48 y la entrada en vigor del Decreto 1194: "Poco después de la medianoche del 31, un grupo conjunto de miembros del ejército y paramilitares sacaban a rastras de sus hogares a un nutrido grupo de campesinos, para conducirlos a la hacienda de un de reconocido narcotraficante y allí torturarlos brutalmente, antes de desmembrarlos con una sierra mecánica. El comandante del ejército se reservaba para sí mismo la más brutal de las torturas."20

Tras la masacre el informante del ejército huyó y finalmente prestaba testimonio ante representantes de la Fiscalía General. Una vez más los tribunales colombianos mostraban su incapacidad para juzgar a los presuntos responsables de la masacre. El Padre Giraldo y su organización decidieron personarse en el caso, en nombre de las 63 víctimas, ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Tras dos años de discusiones el gobierno colombiano aceptaba la creación de una comisión extrajudicial compuesta de representantes gubernamentales y no gubernamentales. La recién creada Comisión llegó a la conclusión de que el gobierno era responsable de las operaciones del personal del ejército involucrado en la masacre, estableciendo compensaciones para los familiares de las víctimas. Sin embargo, los responsables de la masacre jamás llegaron a ser castigados, dado que previamente fueron indultados por los tribunales colombianos.21

Los Estados Unidos de América y los Paramilitares

En febrero de 1990, el presidente de los Estados Unidos de América, George Bush, anunció su Iniciativa Andina, la cual consistía en una ayuda económica y militar de 2.2 miles de millones a Colombia, Perú y Bolivia. Dos tercios de la ayuda estaba destinada a cuerpos del ejército y policiales como parte de la estrategia estadounidense americana para la guerra contra las drogas, desde el frente militar, ignorando las raíces económicas (ej. la pobreza) subyacentes en la producción de coca. Es más, a los gobiernos se les impuso la previa aceptación de la ayuda militar para poder acceder a la ayuda económica.22

En respuesta a la "condicionada" Iniciativa Andina, "Ni siquiera el gobierno colombiano de Virgilio Barco mostró reserva alguna a la hora de firmar el acuerdo militar, posibilitando a la Casa Blanca de Bush estrechar sus relaciones con uno de las más brutales fuerzas policiales del hemisferio, quienes, junto con la policía y los ultraderechistas escuadrones de la muerte, habían colaborado estrechamente con el cártel de Medellín durante más de una década."23

La administración de los Estados Unidos de América no sólo se proponía intensificar su guerra contra las drogas, como pretendía hacer creer a la opinión pública, sino que a su vez, se iría involucrando más y más en operaciones contra insurgentes en Colombia. En 1990 los Estados Unidos de América, para asesorar al ejército colombiano en la reorganización de su sistema de inteligencia, creó un grupo de catorce personas que "incluía a representantes del Grupo Militar de la Embajada de los EE.UU., de la Comandancia del sur de EE.UU., de la Agencia de Inteligencia y Defensa, y, de la CIA".24 En mayo de 1991 se completó la reorganización y el Ministro de Defensa Colombiano emitió la Orden 200-05/91.

Según el grupo Human Rights Watch: "Contrariamente a los supuestos objetivos de la estrategia Andina, la Orden 200-05/91 tiene poco, por no decir nada, que ver con la guerra contra las drogas."25 De hecho, no se hace una sola mención a las drogas en las dieciséis páginas de que consta la Orden 200-05/91. En efecto, la Orden formula una estrategia para ayudar al ejército colombiano a deshacerse de las guerrillas.

Una de las consecuencias de la Orden 200-05/91 fue el menoscabo del Decreto 1194 que prohibía tanto a los civiles como a los miembros del ejército la creación, asistencia o participación en grupos de "autodefensa". Según Human Rights Watch, la Orden 200-05/91 llamaba a los militares a la creación de treinta "redes de inteligencia" y a la "instrucción de comandantes y brigadas de división para la selección de candidatos "sean civiles o personal del ejército ya retirado", para reintegrarlo en su sistema de redes."26

Una de esas treinta redes la creaba la marina en Barrancabermeja, situada sobre el río Magdelena en las inmediaciones de la mayor refinería petrolífera de Colombia. Uno de los miembros de la red, Felipe Gómez, quien testificó a cambio de la reducción de su condena, admitió haber organizado varias organizaciones paramilitares para el ejército. También aseguró haber "recibido armas y equipamiento de la marina, en el que se incluía rifles de repetición, rifles M16, rifles Galil, revólveres, pistolas, ametralladoras, granadas de fragmentación, manuales de instrucción militar, y radios bidireccionales de alta frecuencia que servían para la comunicación del ejército con la marina."27

Y es que, no solo va contra la ley que la población civil cuente con este tipo de armamento, sino que, a raíz de una sentencia del Corte Suprema en 1989 que juzga la Ley 48 inconstitucional, es ilegal que el ejército suministre ese tipo de armamento a la población civil. Carlos David López, el administrador de la red de Barrancabermeja, también prestó testimonio ante las autoridades civiles y en su confesión atribuyó a la red la perpretación de 46 asesinatos durante el primer semestre de 1992. Gómez, López, y los demás testigos que prestaron testimonio sobre las actividades de la red de espionaje de Barrancabermeja se hallan desde entonces en "paradero desconocido."

La función de los paramilitares quedó aún más legitimada el 13 de diciembre de 1994, cuando el Presidente Ernesto Samper lanzó un nuevo programa bajo el título de CONVIVIR, mediante el cual se autorizó a la población civil al establecimiento de "cooperativas rurales de seguridad" con la clara intención de crear tropas de inteligencia en sus regiones."28 En suma, CONVIVIR, junto con la Orden 200-05/91, sirvió tan solo para volver a legalizar las organizaciones paramilitares.

La reorganización de la red de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Colombia es tan sólo un aspecto de la implicación de EE.UU. en la campaña militar de Colombia contra la insurgencia. Las organizaciones pro derechos humanos sostienen que el grueso de la ayuda estadounidense a Colombia durante la década de 1990 ha ido a parar a unidades del ejército de Colombia que cuentan con todo un historial de abusos contra los derechos humanos, y cuya principal función es la guerra contra la insurgencia, no contra las drogas.29

En respuesta a los abusos contra los derechos humanos perpetrados por las fuerzas del ejército colombiano y sus aliados paramilitares, EE.UU. detuvo la ayuda militar a Colombia entre 1994 y 1997. Sin embargo, el Washington Post, en un artículo publicado en 25 de marzo de 1998, aseguraba que había desplegados 28 destacamentos de Fuerzas Especiales en 1996 "en base a una ley de 1991 que permite a las Fuerzas Especiales de EE.UU. recibir adiestramiento en suelo extranjero si el principal propósito del adiestramiento redunda en beneficio de las tropas estadounidenses."30 Cuesta imaginar que las Fuerzas Especiales de EE.UU. puedan ser "los principales beneficiarios" del adiestramiento contra insurgente que le pueda proporcionar el ejército colombiano con sus escasamente entrenadas, equipadas y motivadas tropas.

La Administración Clinton siguió sirviéndose de la ley de 1991 tras la restauración de la ayuda, porque no estaba sujeta a la masiva enmienda de la Ley de Apropiaciones y Operaciones Extranjeras, la cual tan sólo permite la recepción de la ayuda a las unidades del ejército de Colombia que respeten los derechos humanos. Tan contradictorias políticas han permitido a la Administración Clinton proyectar una imagen de firme defensor de los derechos humanos sin ver comprometido su apoyo a un estado represivo.

Es más, los oficiales y soldados del ejército colombiano reciben adiestramiento regular en la Escuela Militar de las Américas (School of the Americas) en Fort Benning, Georgia. Según Human Rights Watch: "Varios de estos oficiales eran estudiantes de la citada academia cuando su currículo incluía manuales de adiestramiento en los que se recomendaba a los soldados el recurso al soborno, el chantaje, la amenaza y la tortura contra la insurgencia."31 Muchos de los oficiales implicados en las violaciones de derechos humanos, incluido el susodicho Coronel Becerra Bohórquez, involucrado en las matanzas de La Honduras / La Negra y Riofrío, son antiguos alumnos de la Escuela de las Américas.

Otro de los aspectos trágicos del conflicto ha sido el dramático incremento de las operaciones de "asesinatos de limpieza social" cometidos por los paramilitares. La misión de muchas organizaciones paramilitares hoy incluye una purificación "moral" de la sociedad colombiana, con la "aniquilación física de los adictos a las drogas, exconvictos, ladrones de poca monta y delincuentes, prostitutas, homosexuales, indigentes y niños abandonados a su suerte en las calles."32

Entre 1989 y 1993 se dieron 1.926 casos documentados de limpieza social llevados a cabo por los escuadrones de la muerte o asesinos familiarmente conocidos como los "sicarios." Muchos de estos asesinos proceden de las filas de la juventud urbana desempleada que se está viendo cada vez más marginada a consecuencia del deterioro que sufre la economía colombiana. Irónicamente, una vez que sus contratantes consideran que saben demasiado, estos jóvenes asesinos pasan a constituir el objetivo de los recién reclutados sicarios.

En su ensayo, "The Possibilities for Peace," (Las Posibilidades de la Paz) Arturo Alape ilustra el nivel de violencia actual en Colombia: "En los primeros 11 meses de 1997, 23.532 personas murieron asesinadas -- un promedio de 70 personas asesinadas al día. Con un total de 185 matanzas de carácter político solo en 1997, Colombia figura en las organizaciones pro derechos humanos como uno de los violadores más atroces de dichos derechos del planeta."33

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Las matanzas políticas y de limpieza social no son las únicas consecuencias trágicas del conflicto: Colombia es actualmente el líder global en secuestros con 1.658 casos en 1998;35 se calcula en más de 1.500 el número de personas "desaparecidas" por razones políticas durante la pasada década;36 y actualmente son más de un millón los refugiados integrales que se han visto obligados a abandonar sus hogares a raíz de la lucha.37

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Los Estados Unidos y la Guerra contra las Drogas

La puesta al día de la capacidad militar de las FARC durante la pasada década ha dado como resultado un consiguiente incremento de la actividad militar, incluidos los abusos contra los derechos humanos. En 1985, las FARC solo controlaban 173 de las 1071 municipios del país, mientras que hoy controla 622.39 Para contrarrestar los avances de las FARC, Carlos Castaño, quien se convirtió en líder de la ACCU tras la desaparición de su hermano en 1994, expandió su radio de acción paramilitar del ámbito regional al nacional en abril de 1997. Entonces cambió la denominación de las unidades de Autodefensa Campesina de Córdoba y Urabá (ACCU), para pasar a llamarlas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC iniciaron recientemente su actividad en las regiones del sur del país que han sido tradicionalmente fortalezas de la guerrilla.

En noviembre de 1998, el presidente Andres Pastrana procedió a la retirada de 2,000 soldados y policías de un área de 16.200 millas cuadradas en el sur de Colombia como paso previo a las inminentes conversaciones de paz con las FARC. La ofensiva paramilitar lanzada simultáneamente con las conversaciones se cobró la vida de 136 civiles en espacio de cuatro días. En respuesta, las FARC se retiró de la mesa de negociación aduciendo que los paramilitares eran un impedimento para el proceso de paz por lo que las negociaciones no podían continuar en tanto el gobierno no hiciera un verdadero esfuerzo para desmantelar los escuadrones de la muerte de extrema derecha. Las iniciativas de paz hechas a título individual por los diversos presidentes se han visto históricamente frustradas por la oligarquía, el ejército y los paramilitares, quienes se niegan a reconocer la legitimación de las reivindicaciones de los campesinos y la guerrilla.

Además el gobierno de EE.UU. sigue enfocándose en la solución militar en su "guerra contra las drogas," que ha llegado a asociarse virtualmente con la guerra contra las guerrillas. Al referirse continuamente a las guerrillas como "narco-guerrillas" o "narco-terroristas" y asociarlas al tráfico de drogas, la Administración Clinton está falseando gravemente un conflicto que lleva cincuenta años profundamente enraizado en las desigualdades políticas, sociales y económicas tan predominantes en la sociedad colombiana. Incluso la Agencia estadounidense contra las Drogas reconoce que "las FARC no están implicadas en el tráfico internacional de drogas. Es más bien uno de los tantos actores implicados--incluidos elementos de las fuerzas armadas de Colombia y las organizaciones paramilitares--en el lucrativo mercado de la droga."40

En 1998, el Congreso de los Estados Unidos concedió a Colombia una ayuda de 290 millones de dólares para la lucha contra la droga, con el fin de ser utilizados en el siguiente trienio. El grueso de esta ayuda se destinó a la compra de helicópteros y armamento para los cuerpos del ejército y la policía para su utilización en sus proyectos de erradicación de coca. Solo 45 millones de esa ayuda fueron designados a programas de cultivo alternativo. En este mismo año, el gobierno de EE.UU. empezó a presionar al gobierno colombiano para que aprobara el uso del herbicida Tebuthiuron, un agente químico extremadamente potente que extermina prácticamente todo aquello con lo que entra en contacto.

Incluso Dow Agro Sciences, la empresa que manufactura el agente, asegura que el herbicida no es apto para su uso masivo en la erradicación de coca: "El Tebuthiuron no está indicado para su uso en la erradicación de cultivos en Colombia, y confiamos en que no se utilice para la erradicación de cultivos ilícitos. Puede ser altamente peligroso en situaciones en las que el territorio es montañoso y donde la lluvia sea abundante, exista vegetación saludable en las cercanías, y siempre que no se respeten las circunstancias y condiciones mínimas de utilización."41 Esta descripción geográfica define a la perfección el terreno de las selvas montañosas en las que se cultiva la mayor parte de la coca en Colombia, donde EE.UU. pretende rociar el herbicida desde gran altura, en lo que se puede denominar "más que deficientes circunstancias." El gobierno colombiano, debido a su recelo ambiental, se ha negado hasta la fecha a ceder ante la presión de EE.UU. en lo referente al Tebuthiuron.

La actual estrategia de apoyo de EE.UU. a una de las fuerzas militares más represivas del hemisferio, en su cruzada contra las guerrillas y los campesinos que cultivan la coca, ignora prácticamente las realidades económicas que obligan a los empobrecidos campesinos a la producción de la coca.. En una entrevista reciente el comandante supremo de las FARC, Manuel Marulanda (alias "Tirofijo"), aseguró que su organización podría erradicar la producción de coca en un periodo de tres a cinco años.

Para probar la viabilidad de su afirmación, Marulanda afirmaba que, de contar con la ayuda económica del gobierno y las organizaciones internacionales, le sería posible hacerse del control de un municipio para erradicar la producción de coca, mediante la institución de un programa de sustitución de cultivos.42 Al margen de la viabilidad de las afirmaciones de Marulanda, está claro que la estrategia de erradicación de los cultivos de coca de los EE.UU., sin proporcionar a los campesinos alternativas viables, ha sido un fracaso a la hora de atajar la producción de coca.

Conclusión

Desde hace cincuenta años las FARC y sus predecesores aseguran estar luchando por la reforma agraria y la justicia social para la población campesina de Colombia. Las FARC se han convertido en una poderosa fuerza militar de entre 15.000 y 20.000 militantes, que controla aproximadamente el 40% del país. Un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU. (DIA) publicado en noviembre de 1997 "concluía que las Fuerzas Armadas de Colombia se podrían ver derrotadas en espacio de cinco años, a menos que el gobierno del país recobre la legitimidad política y sus fuerzas armadas se reestructuren de arriba abajo."43

El Zar antidrogas estadounidense, el General Barry McCaffrey se hizo eco de las conclusiones del informe de la DIA cuando recientemente aseguró que la democracia colombiana se está viendo seriamente amenazada por el creciente poder de las guerrillas.44 Tal tipo de declaraciones le llevan a uno a pensar que el concepto de "democracia" de McCaffrey implica: el "mantenimiento" de un orden social bajo un estado de sitio militar; la impunidad de las fuerzas paramilitares que regularmente masacran a la población civil; el asesinato rutinario de los candidatos políticos de la oposición a las elites conservadoras y liberales; un sistema judicial paralizado presa del miedo; y una población civil cuyo medio económico principal para la supervivencia sea la producción ilegal de coca. En efecto, si la elite política, económica y militar, con la colaboración de los paramilitares, continúa reprimiendo una auténtica reforma democrática, el ocaso de la "democracia" colombiana puede ser irremediable.

Por su parte, Estados Unidos parece empañado en "Salvadorizar" el conflicto. Colombia, como ya lo fuera El Salvador en la década de 1980, es el principal receptor de la ayuda militar de Washington de todo el hemisferio, y en su empeño de evitar una victoria de la guerrilla, está una vez más dispuesto a apoyar a un ejército militar represivo, estrechamente aliado con los escuadrones de la muerte ultraderechistas.. Tal política indudablemente traería como resultado u