3 de julio del 2001

En Bolivia, el narcotráfico llegó con el primer gobierno de Banzer


Resumen Latinoamericano

La coca En la actualidad la coca forma parte de todos los ámbitos de la vida de la cultura andina (Quechua-Aymara). En las fiestas, las reuniones comunitarias, establece relaciones de solidaridad y confianza entre los que comparten el acullicu (masticar la hoja de coca). Tiene también profundo valor mítico religioso, y se la utiliza como ofrenda preferencial para la Pachamama (Diosa identificada con la tierra). En la vida diaria el hombre andino piensa que la coca mitiga la pena, calma el hambre, ayuda en el trabajo.

En el mundo andino la coca tiene una valor inigualable y está fuertemente vinculada a la cultura Andina. Para millones de seres humanos indígenas que viven en el actual Estado boliviano, la coca forma parte de un proyecto de resistencia cultural con 500 años de duración, y es indudablemente, uno de los elementos fundamentales de una compleja trama de estrategias de sobrevivencia cultural en una circunstancia hostil que permitió a los indígenas preservar, hasta nuestros días, formas culturales que determinan en la actualidad el carácter de la diferencia cultural frente a la empresa homogeneizadora de Estado boliviano.

Bajo presión de los Estados Unidos el Parlamento boliviano promulga en 1988 "La Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008)", con el fin de crear un referente normativo legal para la lucha contra el narcotráfico. Esta ley crea un sistema jurídico paralelo e independiente al cuerpo legal vigente en el Estado. Establece un aparato jurídico y policial propio e independiente, compuesto por jueces, fiscales y grupos policiales de naturaleza paramilitar. Este cuerpo judicial y policial recibe sus salarios directamente del gobierno norteamericano vía los convenios de cooperación bilateral con el gobierno de boliviano.

En términos de derecho el espíritu de esta ley, invierte un precepto de derecho internacionalmente reconocido y avalado por la propia Constitución: "la presunción de la inocencia del acusado". La Ley 1008 ha sido fuertemente resistida por la sociedad civil boliviana, ya que viola derechos humanos básicos y revoca inclusive preceptos establecidos en la Constitución, establece mecanismos judiciales y policiales paralelos a los establecidos por ley y crea peligrosas dependencias de los mismos con la embajada norteamericana y con la DEA. En la práctica la aplicación de la ley solo ha servido para llenar las cárceles con miles de personas de escasos recursos que incurrieron en algún delito insignificante en el aparato de narcotráfico.

La certificación

La compleja trama que hoy hace posible la empresa del narcotráfico en Bolivia, fue instalada durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer. La aventura golpista de Banzer que lo estableció en el poder entre 1971 y 1978, fue en buena medida posible gracias al apoyo y financiamiento de la burguesía de Santa Cruz (el segundo departamento en importancia del país), que en retribución obtuvo la concesión de créditos (que nunca pagó), en condiciones altamente favorables, del Banco Agrícola de Bolivia destinados teóricamente a potenciar la agroindustria. Estos recursos fueron utilizados en la mayor parte de los casos como capital de arranque para el entonces naciente negocio del narcotráfico. La evidencia prueba ampliamente la vinculación del entorno político de Banzer con el narcotráfico, si ello no fuera suficiente, también sus familiares se han visto envueltos en dicha trama.

Los hermanos Razuk (Miguel y Wilden), prominentes dirigentes de la Asociación de Productores de Algodón de Santa Cruz, estrechamente vinculados a Banzer fueron fichados por la DEA norteamericana desde la década de 70 como narcotraficantes. En 1980 luego que el actual mandatario abandonó el poder, un operativo antinarcóticos descubrió en una de sus haciendas 300 kg. de pasta base de cocaína, un laboratorio y una pista de aterrizaje operada y custodiada por oficiales uniformados de ejército boliviano.

En 1988 salió a luz pública una cinta de video, sin audio, en la que aparecen Roberto Suáres (capo de las drogas en Bolivia), Alfredo Arce Carpio (importante militante del partido de Banzer y diputado nacional) y el General Mario Vargas Salinas (también militante del partido de Banzer y en ese tiempo una de la figuras más importantes en las Fuerzas Armadas). Tiempo después apareció una especie de sonorización de la cinta de video, que registra una animada conversación de los tres personajes, Arce Carpio afirma su cercanía a Banzer y promete a Suáres encontrar los mecanismos para que su dinero se incorpore al país y garantías para seguir produciendo, a lo cual Vargas Salinas añade: "Si yo fuera presidente lo nombraría ministro de la cocaína." A principios de la década del 90 Luis Alberto Valle (esposo de la hija de Banzer) fue nombrado Cónsul boliviano en Canadá. Poco tiempo después de su posesión la policía de este país detuvo a dos bolivianos acreditados con pasaportes diplomáticos transportando un maletín con cocaína destinado a los esposos Valle. Luis Alberto Valle y su esposa fueron expulsados de Canadá. Este evento jamás fue explicado o investigado satisfactoriamente por el gobierno boliviano y tampoco evitó que Valle a su retorno a Bolivia se desempeñara con Presidente del Fondo de Inversión Social (importante instancia de Gobierno) y recientemente, como Prefecto de la ciudad de La Paz. Es importante resaltar que la producción de coca, en el periodo correspondiente al gobierno de Banzer, subió de 6,800 toneladas a 16,817 toneladas, suficiente para fabricar 62 toneladas de cocaína con un valor de 300 millones de dólares.

En septiembre de 1986 Noel Kempff, prestigioso científico boliviano, fue asesinado al sur de Santa Cruz (Huanchaca), al descubrir accidentalmente un macro complejo de elaboración de cocaína. Las operaciones de rescate del cuerpo de profesor Kempff, fueron sospechosamente morosas y permitieron a los asesinos-traficantes huir y desmontar casi la totalidad de la fábrica. Hay evidencia incuestionable de la vinculación del entonces ministro del Interior (Gobierno de Víctor Paz Estensoro), Fernando Barthelemy en el caso, sin contar con el sospechoso silencio de las agencias norteamericanas que operaban en la zona y que no repararon en las operaciones de uno de los más grandes complejos de elaboración de cocaína. El 15 de septiembre de 1995, fue detenido en Perú un avión proveniente de Bolivia con un cargamento de más de 4 toneladas de clorhidrato de cocaína. Este sonado caso, bautizado "narcoavión", llevó a la detención de Luis Amado Pacheco, que operaba como intermediario de una organización delictiva mexicana. Amado Pacheco estaba relacionado estrechamente a los círculos del poder político boliviano y había tenido relaciones comerciales con importantes figuras del partido gobernante de entonces el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

En 1988, Juan Lucio, Senador por Acción Democrática Nacionalista (ADN) el partido de Banzer, hace públicas fotos de Jaime Paz Zamora, (Jefe del Movimiento de Izquierda Revolucionaria - MIR) con Isaac Cavaría, el narcotraficante más prominente del momento. Este escándalo, bautizado "narco-fotos", fue la punta de iceberg que se descubrió años después durante y después del mandato de Paz Zamora como presidente de la República. En 1991, Paz Zamora designa como jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico (FELCN), a Faustino Rico Toro, ex militar y colaborador de brutales regímenes militares. La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar, acusó a Rico Toro y al ministro del Interior Guillermo Capobiando de vínculos con el narcotráfico.

Este hecho desata una serie de acontecimientos que dan como resultado el proceso y extradición de Rico Toro a Estados Unidos, donde es condenado por delito de narcotráfico. El ministro Capobianco es obligado a renunciar a su cargo ya que su inocencia queda seriamente maltrecha con el escándalo. En 1993 graves denuncias implican a la cúpula del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que aparentemente financió su campaña electoral con dinero proveniente de narcotráfico. A raíz de este escándalo, la justicia detiene y condena a Oscar Eid Franco, el segundo hombre del MIR, por asociación delictiva con el narcotráfico y Paz Zamora pierde su visa de ingreso a territorio norteamericano. Jaime Paz Zamora hoy es Jefe en ejercicio de su partido, vice presidente de la UNESCO y su partido, el MIR, es uno de los tres partidos más votados en el país.

En ninguno de los casos las investigaciones desmantelan la organización que sirve al narcotráfico, las figuras principales permanecen impunes. Es esclarecedor un documento de 1996 de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELNC), titulado "Estructura de una organizacion de narcotráfico", el cual afirma que: en primer lugar es posible indentificar un "ejecutivo", encargado de dirigir las operaciones y movimientos de la organización, una especie de cabeza visible. Sin embargo reconoce que encima del ejecutivo se encuentra un "jefe", cuya identidad se ignora y que se encuentra a la cabeza de negocios legales.

Las complicidades

La erradicación de la coca no tiene que ver solamente con el narcotráfico, afecta frontalmente a la sobrevivencia de la cultura andina en la cual la coca juega un rol insustituible. La desaparición de la coca supone para el hombre andino un pérdida irreparable que no puede ser funcionalmente remplazada por otro producto. De parte de occidente la actitud que marca la relación de la comunidad internacional con el Estado boliviano, es cómplice de la arbitrariedad norteamericana y constituye un acto de etnocidio cultural contra un pueblo que sufrió en el pasado la experiencia de la conquista y que significo la muerte y la esclavitud para millones de seres humanos. El empeño norteamericano de erradicar la coca bajo el slogan "coca cero", es un intento nefasto por llevar a cabo un nuevo etnocidio.

La erradicación de la coca, promovida por Estados Unidos y avalada por la comunidad internacional, ha dado como resultado decenas de muertes y heridos, cientos de detenidos y violaciones sistemáticas de derechos humanos, vulnera el espíritu de las convenciones de derechos humanos universalmente reconocidas. Además atenta contra los derechos reconocidos por la Convención 169 de la OIT sobre Derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, que establece que los estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas de vivir según pautas culturales propias y su derecho a conservar su cultura y religión.

La tozudez estadounidense, soportada por la comunidad internacional, está inspirada por una visión etnocéntrica que entiende la coca dentro de los estrechos márgenes de su "ilógica" que proscribe lo que no puede entender. Al parecer no sirve de ejemplo la experiencia colonial de 56 millones de seres humanos muertos en América como tributo a la intolerancia.

La actitud norteamericana visualiza como único responsable del narcotráfico al productor de coca, sin embargo, ignora sistemáticamente las vinculaciones evidentes de las esferas de poder político boliviano con el narcotráfico y mantiene una actitud de sórdida fidelidad con personajes bolivianos que en el pasado participaron o estuvieron cercanos al tráfico de drogas pero que fueron sus asociados en su proyecto geopolítico de dominación del hemisferio salvándolo del monstruo comunista. El caso Banzer su entorno familiar y político es uno de los ejemplos más notorios.

La inversión cuantiosa de recursos 5.800 millones, de 1989 hasta la fecha, se ha gastado preferentemente en gastos militares, que han servido para mantener fuerzas militares y paramilitares que son responsables de decenas de muertes y violaciones flagrantes de derechos humanos. Los proyectos de desarrollo alternativo que teóricamente son la justificación central del plan antidrogas, han fracasado rotundamente. Nunca se ha considerado la industrialización de la coca como una alternativa de desarrollo alternativo, pese a sus evidentísimas propiedades nutritivas y medicinales.

La erradicación de la coca no constituye una medida definitiva contra el narcotráfico, el volumen de la demanda, las características de consumo fuertemente vinculadas a la perversidad del proyecto globalizador neoliberal que crea la situación del consumidor, harán que el sitio que ocupa la cocaína la ocupe alguna otra droga química que cumplirá la función de mitigar las angustias que produce el "mundo libre".

Felipe Guamán
(corresponsal en Bolivia)