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E S P A Ñ A 

13 de junio del 2003

Rueda de prensa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucia

Vulneración de los derechos de los presos en la prisión de Córdoba

Asamblea de Familiares y Amigos de Presos de Córdoba
Apdha

Cuando un ciudadano es condenado a pena de prisión, sólo queda restringido en principio, a excepción de los limitados por el contenido del fallo condenatorio o de la legislación penitenciaria, uno de sus derechos: la libertad, tal y como dispone la Constitución española, máxima norma jurídica, en su artículo 25.2. Frente a lo anterior, lo cierto es que en la práctica se viene agravando el castigo impuesto con "plus o añadidos" no previstos en la Sentencia, y que no aparecen en la legislación penitenciaria y que la más de las veces están abolidos en la legislación penitenciaria.

Entre ellos, hoy queremos destacar el alejamiento de su tierra a que se ven sometidos los presos andaluces y más concretamente los cordobeses, estando en la actualidad más de un 50% de los presos cordobeses cumpliendo fuera de la provincia de Córdoba, así como el incumplimiento sistemático de la obligación de la Prisión de proporcionar un tratamiento a sus presos para conseguir la finalidad prevista en la Constitución y la legislación penitenciaria: la reinserción y resocialización del preso.

Dichos incumplimientos, que afectan muy directamente a los familiares y amigos de los presos, han determinado que algunos de los mismos en representación de los demás, decidieran decir un "basta ya", presentado al respecto una declaración de la Prisión de Córdoba como Institución non grata de Córdoba.

1.- Traslados:



Entre los factores que han determinado el aumento espectacular del número de presos que cumplen su pena en prisión fuera de su ciudad se han de destacar la implantación de las macrocárceles, como la de Córdoba, así como la masificación de las prisiones con 53.475 presos en España, de los que 1.465 según datos oficiales se encuentran en la prisión de Córdoba (un 150% de su capacidad tal y como estimó el sindicato de prisiones CSI-CSIF) derivada de la disminución en la concesión de las excarcelaciones, terceros grados e indultos, y de la elevada reincidencia como consecuencia de no existir políticas de reinserción dentro de prisión.

Más del 50% de presos cordobeses se ven abocados a cumplir fuera de la prisión de Córdoba, y ello a pesar de contar la prisión de nuestra ciudad con suficientes plazas para los mismos, que no obstante son ocupadas por foráneos.

Ello supone un incumplimiento de la legalidad penitenciaria que abolió el desarraigo social de los presos.

Las consecuencias para los presos son desgarradoras: se dificulta la concesión de permisos, terceros grados y libertad condicional, y lo más importante socialmente se rompen los nexos con los familiares y amigos, reduciéndose o anulándose las comunicaciones con los mismos, pasando de un 89% los presos que comunican a un raquítico 53% cuando los mismos se encuentran fuera de la provincia donde residen los familiares.



Dicha disminución de las comunicaciones se debe normalmente a los problemas económicos y de salud de los familiares para desplazarse a dichas prisiones.

Los traslados se han convertido en un instrumento incontrolable de Instituciones Penitenciarias para manejar a su antojo a los presos, pues cuando se encuentran en Córdoba pueden ser desplazados a otras prisiones sin alegar motivo alguno y cuando se encuentran fuera pueden optar por no acercarlos alegando falta de plazas. Lo que constituye en algunos de los casos, sanciones encubiertas para los presos y para sus familiares, que son los grandes sufridores inocentes. No tienen justificación posible los traslados ni en seguridad ni en otros valores, pues las macrocárceles están organizadas en teoría como un conjunto de prisiones, existiendo al respecto hasta 15 módulos todos ellos separados entre sí.

El Parlamento de Andalucía los días 28 y 29 de octubre de 1998 ya acordó instar al Gobierno Central, pidiendo que los presos andaluces cumplan las condenas en cárceles de Andalucía.

Pasados ya 4 años de dicha petición, ningún resultado se ha obtenido.

Por todo ello, esta Asociación ha venido realizado una campaña denominada "Ningún preso andaluz fuera de su tierra", que ha finalizado con el acuerdo de los Plenos de Diputación Provincial y de más de 20 Ayuntamientos de los municipios de la provincia que se relatarán a continuación, tras analizar nuestra propuesta, del siguiente tenor:

"Instar al Ministerio del Interior a que en base a la Ley General Penitenciaria, todos los presos andaluces cumplan condena en cárceles de nuestra comunidad, y en particular, que los presos cordobeses lo hagan en Córdoba".

Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos en los municipios de Montoro, Espiel, Villa del Río, Pedroche, Montilla, Puente Génil, La Carlota, Villaharta, Montalbán, Bujalance, Encinarejos, San Sebastián de los Ballesteros, Alcaracejos, Pozoblanco, Palma del Río, Almenidilla.

También fue aprobado, pero con la abstención del PP, en el Ayuntamiento de Córdoba, Doña Mencía, Aguilar de la Frontera y Diputación de Córdoba. En Belarcazar fue aprobado con la oposición de dicho grupo político.

En conclusión el Ministerio del Interior hace caso omiso de las peticiones de todos los andaluces y de los cordobeses, cuya voluntad fue expresada por los Plenos de sus Ayuntamientos.

2.- Falta de tratamiento en la Prisión de Córdoba El artículo 59 de la LOGP define el tratamiento como "el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados".

Así la página web del Ministerio del Interior se atreve a afirmar que "Para ello la Administración Penitenciaria deberá diseñar programas formativos orientados a desarrollar las aptitudes de los internos, enriquecer sus conocimientos, deberá utilizar los programas y técnicas de carácter psico-social que vayan orientados a mejorar las capacidades de los internos y a abordar las problemáticas específicas que puedan haber influido en su comportamiento delictivo anterior, y deberá potenciar los contactos con el exterior,..." Sería bueno que nos explicasen cuáles son esos programas formativos, que conocimientos se enriquecen a parte de constituir una auténtica escuela de delincuencia, y qué programas y técnicas de carácter psico-social se emplean, teniendo en cuenta que hay 4 psicólogos para 1.400 internos.

Dos son los instrumentos que la Administración pretende utilizar para conseguir dicho fin, a través del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), según dispone la misma página web que son: el trabajo productivo y la formación. Además de instrumentos de trabajo-deber de la Administración y deber, son derechos de los presos que vienen reconocidos en el artículo 25 de la Constitución Española: derechos a trabajar y a la educación.

La última previsión que existía por dicho organismo de ofertas de trabajos era para el año 2001, es decir, hace más de 2 años y estimaba que podía alcanzar en total los 8.100 puestos dentro de prisión para tantos presos. Lo que suponía alrededor de sólo el 15% del total de los presos de España. Respecto a la educación señalar que sólo un 28% realizaba estudios básicos no universitarios (el 10% en programas de alfabetización), y un 1,80% universitarios.

En la Prisión de Córdoba la situación es sobrecogedora, los trabajos son casi inexistentes, y respecto a la formación sólo estudian un 15% (220) casi la mitad de la media nacional (28%), de los cuales sólo están matriculados oficialmente 60 presos, es decir, menos del 5% de la población penitenciaria cordobesa, ya que de los 7 maestros (5 sólo están reconocidos como simple monitores) únicamente dos tienen reconocida su función docente por la Administración Autonómica. Ello supone la vulneración del artículo 56 de la Ley General Penitenciaria que dispone que "La Administración organizará las actividades educativas, culturales y profesionales de acuerdo con el sistema oficial, de manera que los internos puedan alcanzar las titulaciones correspondientes...".

En conclusión:

q Según datos oficiales, que ponemos en cuarentena, sólo un 15% de los presos tienen trabajo dentro de prisión.

q En la prisión de Córdoba, menos de un 5% de los presos estudian oficialmente, por lo que solo estos cuando salgan tendrán títulos, el resto hasta alcanzar el 15% lo hacen sin poder obtener ningún título que acredite sus conocimientos.

q Es decir, son las cifras más bajas de todo el territorio español.

q ¿En qué ha quedado la obligación de la Administración penitenciaria de suministrar formación y trabajo, al restante 85% de población de presos?.

Como consecuencia de la falta de preocupación por el tratamiento de los presos y de la necesaria inversión económica, la Prisión de Córdoba para el período 2003/2004, se limita casi en exclusiva a ofrecer actividades que son realizadas por asociaciones y voluntarios de esta ciudad, así publicó como Necesidades de Colaboración de voluntarios una cifra superior a 100 personas, la mayoría de las cuales obviamente no se han cubierto. Lo que no deja de asombrar es que si reconoce la necesidad de dicho personal en vez de solicitarlo al Ministerio del Interior o al Gobierno, se limite a solicitar ayuda externa a 7 Asociaciones. Los campos principales sobre los que se prestan la colaboración son talleres ocupacionales (para matar el tiempo), actividades deportivas, atención a mujeres, a enfermos de sida y deficientes mentales.

3.- Declaración de Institución non grata Por todo lo anterior, y otra serie de motivos que se recogen en el manifiesto, la Asamblea de Familiares de Presos de esta Asociación ha decidido por unanimidad declarar a la Prisión de Córdoba como Institución non grata de la ciudad.

Ha dicha declaración se han sumado más de 500 ciudadanos de Córdoba, que han firmado dicho manifiesto.

PRISIÓN DE CÓRDOBA, INSTITUCIÓN NON GRATA A LA CIUDAD.



Nuestros familiares y amigos han sido juzgados por un sistema penal que recae desmesuradamente sobre las capas más desfavorecidas de la sociedad, no castigando con la misma dureza los delitos más frecuentes de los ricos.

La prisión, lejos de reinsertar como se supone que es su función, aparta y estigmatiza al preso, provocando graves problemas de readaptación en la sociedad a quienes han pasado por ella. Un dato que demuestra el fracaso del sistema penal es el alto índice de reincidencia(¿no los había reinsertado). La reinserción es una falacia que ya no se cree nadie. La cárcel castiga, solamente.

Un dato constatado es que el 90% de la población penitenciaria procede de ambientes de exclusión social, y en su inmensa mayoría cumple condena por delitos relacionados directa o indirectamente con las drogas "ilegales". El 60% de los reclusos son toxicómanos, y prácticamente la totalidad padecen enfermedades contagiosas.

Lejos de ayudarles a superar su adicción, ésta se agrava dentro, incluso comienza allí, donde la droga parece tan accesible como fuera, o como mucho se enmascara con metadona. Queremos que nuestros hijos y familiares tengan un tratamiento adecuado, en centros específicos para su problemática, donde de verdad se les ayude a superar su adicción y se les prepare a vivir sin dependencias; así sí se les reinsertaría. Es un gran sufrimiento para nosotros ver que están enfermos y no reciben el tratamiento necesario dentro.

La cárcel de Córdoba, desde que la trasladaron a Alcolea, es aún más dura, tanto para nuestros hijos y familiares como para nosotros mismos. Cuando pasan los muros de la prisión, parecen perder todos los derechos. Las medidas de seguridad priman sobre todo, de forma que ver a un educador, trabajador social o personal médico resulta sumamente difícil; las largas horas de celda o patio desocupados se hacen insoportables, la mayoría solicitan un "destino" (trabajo) que nunca llega; sufrimos al escucharles que la alimentación no es buena, que en ocasiones el material de aseo es escaso. Algunos de nuestros hijos han sufrido malos tratos y humillaciones, y casi todos han visto como algún compañero los sufría; no se sienten protegidos dentro, sino al contrario, la vulnerabilidad es grande.

Nosotros mismos sufrimos un trato no educado y en ocasiones humillante cuando vamos a verles: para llevarles cosas las normas cada vez son más restrictivas, lo que nos obliga a darles dinero para que compren en el economato de la prisión lo que necesitan, a un precio más elevado que el de la calle (dentro de prisión, como fuera, los que pueden disponer de dinero lo pasan menos mal). Los horarios de visitas son mucho más estrictos en la nueva macrocárcel, y contando que para trasladarnos allí dependemos de un autobús con un horario muy escaso, nos vemos en la obligación de pasar hasta 10 horas en la calle para disfrutar una hora de visita. Qué lejos resulta Alcolea cuando uno no tiene medios propios de transporte (entre nosotros, la mayoría). Nosotros también nos sentimos castigados.

Por todo ello, como ciudadanos de esta ciudad que somos, declaramos a la prisión INSTITUCIÓN NO GRATA EN ESTA CIUDAD, por ser un mecanismo de vulneración de derechos para con sus ciudadanos más débiles.

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