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E S P A Ñ A 

8 de octubre del 2003

Condenas sin límites para jóvenes vascos

Penas de 13 años y órdenes de arresto para tres jóvenes juzgados por «kale borroka»


Gara

La Audiencia Nacional notificó ayer una sentencia en la que dicta sendas penas de 13 años y tres meses de prisión para los elorriarras Andoni Zengotitabengoa, Txomin Lesende y Arkaitz Bellón, a los que considera autores de varias acciones de «kale borroka» registradas en agosto de 2000 en Donostia. Además, a pesar de que el fallo no es firme, el tribunal especial ordenó ya el arresto de los tres jóvenes para su ingreso en prisión provisional. Precisamente, la Guardia Civil arrestó de madrugada a Bellón en su domicilio de Elorrio y lo trasladó a la cárcel madrileña de Soto del Real.

La Audiencia Nacional española condenó ayer a los elorriarras Arkaitz Bellón Blanco, Andoni Zengotitabengoa Fernández y Txomin Lesende Aldekoa a 13 años y tres meses de prisión a cada uno de ellos tras ser juzgados, la semana pasada, en la causa abierta por varias acciones de kale borroka registradas en la Semana Grande de Donostia en 2000. Además, el tribunal especial ordenó la detención de los tres jóvenes que se encontraban en libertad provisional para el cumplimiento de la pena.

De hecho, sobre las 2.00 horas antes de conocerse la resolución la Guardia Civil arrestó en su domicilio a Bellón. El instituto militar también acudió a las viviendas de Lesende y Zengotitabengoa con la intención de detenerles, pero no pudo hacerlo. «En el caso del primero, porque la Guardia Civil no tenía orden de entrada en la casa, sólo de arresto, por lo que los familiares se han negado. El segundo, al parecer, no se encontraba en su domicilio», informó Askatasuna en un comunicado de prensa.

Según precisó, Lesende se presentó posteriormente en el Juzgado de Durango, «donde le han notificado su ingreso en la cárcel de Soto del Real». Precisamente, Bellón ingresó en la prisión madrileña.

El tribunal especial declara probado que el 15 de agosto de 2000 los tres jóvenes se trasladaron de Elorrio a Donostia «con el propósito de realizar una serie de actos violentos radicales en apoyo de la organi-zación terrorista ETA, generando un clima de inseguridad en la población».

Concretamente, les imputa el incendio de un cajero automático, dos autobuses y varios contenedores, además de atribuirles el lanzamiento de cócteles molotov contra una dotación de la Ertzaintza.

Así, la sentencia considera que los hechos son constitutivos de los delitos de «daños continuados», «coacciones terroristas», «atentado a agente de la autoridad» y «tenencia de sustancias inflamables e incendiarias».

Los tres vecinos de Elorrio han sido también condenados al pago de 55.991 euros a la ComDonostia, a abonar al Banco Guipuzcoano 4.448 euros y a indemnizar con 4.146 euros al Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana por la quema de contenedores.

El organismo antirrepresivo incidió en que los tres se encontraran en libertad provisional bajo fianza, «presentándose a firmar los días 1 y 15 de cada mes, a lo que se le une el hecho de que la sentencia no es en firme, por lo que la misma se debería haber notificado a la defensa antes de ejecutarse las detenciones para el ingreso en prisión» de los jóvenes. Calificó este hecho de «irregular».

En ese contexto, Askatasuna recordó lo sucedido con los ex presos José Félix Pérez, Gorka Arbulu y Rosi Arana, que fueron detenidos y encarcelados antes de que el fallo fuera firme y, tras permanecer en prisión provisional 10, 17 y 25 meses, respectivamente, quedaron en libertad en junio de 2003 por medio de sendas sentencias absolutorias dictadas por el Supremo y la Sección Segunda de la Audiencia Nacional.

La ley establece que la prisión provisional es una fórmula excepcional, pero se aplica habitualmente a los vascos detenidos por este tipo de acciones.

La defensa recurrirá el fallo «porque no hay pruebas»

El abogado Iñaki Goioaga, encargado de la defensa de los tres jóvenes elorriarras, anunció ayer a GARA su intención de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia condenatoria, que calificó de «vergonzosa». Explicó que «no existen pruebas directas contra los jóvenes. Pese a ello, el tribunal ha optado por la tesis de la Fiscalía», y añadió que durante el juicio se produjeron varias irregularidades, «como es el caso de que no haya un informe pericial de los daños ni acta de incautación de los presuntos objetos encontrados en el registro del vehículo donde fueron detenidos. Además, durante la vista la Ertzaintza admitió que no realizó el atestado para esclarecer qué es lo que ocurrió aquel día, sino que lo hizo para acusar a estos jóvenes de unos hechos concretos».

Respecto a la orden de arresto, recordó que tras ser detenidos por la Ertzaintza «estuvieron dos años presos y, tras quedar en libertad, iban cada 15 días a firmar. No había motivo para variar su situación hasta que el fallo fuera firme». «La inestimable ayuda de la Ertzaintza» Askatasuna denunció en su nota de prensa que, en este caso, «la estrategia represiva del PP ha contado con la inestimable ayuda de la Ertzaintza, que envió el informe de los sucesos de Donostia a la Audiencia Nacional implicando a estos jóvenes». Consideró que éste era «un caso claro, en el que hasta el fiscal reconoció durante el juicio que no existían pruebas para incriminarles, aunque sin reparo alguno pidió 15 años de cárcel» para cada uno de ellos.

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