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V E N E Z U E L A 

26 de agosto del 2003

Venezuela: Cinco razones jurídicas para impugnar las firmas del "Firmazo"

Hendy Montiel Arguello
Rebelión

1. Las firmas fueron recogidas el 02 de febrero de 2003, es decir, seis meses y medio antes de vencerse la mitad del periodo del mandato del funcionario (Presidente).A tal efecto es bueno recordar la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 05 Jun 02 en respuesta a una solicitud de interpretación del Art. 72 de la Constitución Nacional y la cual, al analizar los requisitos de procedencia de la solicitud de convocatoria a un referendo revocatorio, señalo lo siguiente: "la mitad del periodo, como limite de naturaleza temporal a partir del cual puede ejercerse la revocatoria del mandato, sin duda representa un plazo prudencial que permite a los electores tener una visión del desempeño del representante".Como puede observarse en dicha decisión, el TSJ fue claro al afirmar que es a partir del cumplimiento de la mitad del periodo cuando se puede ejercer(subrayado mío) el derecho a revocar el mandato, la razón lógica de esto es que en ese momento un ciudadano ha tenido tiempo suficiente para evaluar el desempeño en el cargo del funcionario. Si fuese lo contrario, entonces en el mismo momento cuando se elige al representante(Elección), sus opositores podrían verse tentados, aprovechando dicho acto electoral, a recoger firmas (sin siquiera evaluar su gestión) y guardarlas en un banco de firmas para su futura utilización en un hipotético referendo revocatorio a su conveniencia, tal y como efectivamente ocurrió el pasado 20 de agosto de 2003, cuando se solicito la revocatoria del mandato del presidente Chávez con firmas recogidas el 02 Feb 03,es decir se ejerció un derecho constitucional antes de que naciera.

2. La planilla utilizada para solicitar el referendo revocatorio omitió la fecha de toma de posesión del funcionario, requisito fundamental para analizar la procedencia o no de la solicitud. En tal sentido la Sala Constitucional del TSJ en su misma decisión (05 Jun 02) señalo: "por tal motivo, resulta imprescindible, a los fines de probar el cumplimiento del mencionado requisito, que la solicitud de revocación del mandato exprese con claridad el nombre y apellido del funcionario cuestionado y el cargo para el cual fue elegido popularmente, con indicación de la fecha de toma de posesión efectiva del mismo"(subrayado mío).Esa fecha es esencial para verificar si el funcionario cuestionado ha cumplido la mitad de su mandato y por lo tanto decidir la procedencia o no de la solicitud.

3. La pregunta redactada en la planilla de solicitud de referendo revocatorio fue la siguiente: " Nosotros, los firmantes de esta planilla, inscritos en el Registro Electoral, tomamos la iniciativa de convocar a un referendo revocatorio".Como puede observarse con toda claridad, se violo el Art.72 de nuestra Constitución que reza: "Transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un numero no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrán solicitar(subrayado mío) la convocatoria de un referendo para revocar su mandato". Es decir que la única facultad que tenia el elector era solicitar al CNE el aludido referendo y no convocarlo como en efecto lo hizo, usurpando así una función que solo es de la competencia del CNE, mas aun cuando ya existía una decisión de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 05 Jun 02 que establecía las formalidades esenciales de una solicitud de convocatoria a un referendo revocatorio.

4. Los electores solicitantes del referendo, o mejor dicho convocantes del mismo, se auto adueñaron de la frase "Si"para responder a la pregunta mas conveniente a sus intereses, cuando esa facultad de responder con el "Si" o "No, de acuerdo al diseño de la pregunta, es potestad únicamente del CNE, una vez analizada la solicitud y elaborada dicha pregunta. De esa forma se volvió a usurpar una función del CNE mediante la violación del Art. 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que contempla como competencia del CNE (Literal 1): "Organizar, administrar, supervisar y vigilar los actos relativos a los procesos electorales, de referendos y los comicios…"

5. El acto de recolección de firmas para solicitar un referendo revocatorio forma parte intrínseco del proceso mismo de la revocación del mandato y por lo tanto debió ser supervisado por el CNE tal como lo estipula el Art. 293 literal 5 de la Constitución Nacional : "El Poder Electoral tiene por función la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos"(subrayado mío).Igualmente dicha función aparece claramente estipulada en el Art. 33 de la Ley Orgánica del Poder Electoral anteriormente citado en el punto 4 de este escrito. Aunado a lo anterior, es conveniente recordar la decisión de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 05 Jun 02 en relación al recurso de interpretación del Art. 72 de la Constitución Nacional interpuesto ante esa sala y en la cual aclaro : "Por ello, tal solicitud debe ir acompañada de los nombres y apellidos, números de cedulas de identidad y las firmas respectivas, para que sea verificada por el CNE, la observancia de la exigencia constitucional de la iniciativa popular representada por el veinte por ciento (20 %) de los electores y electoras que figuran como solicitantes de la revocación del mandato en el Registro Electoral de la correspondiente circunscripción, pues, es este el único organismo autorizado para verificar tales datos"(subrayado mío).Como consecuencia de la decisión anteriormente señalada del TSJ, queda claro y sin ambigüedad alguna, que cualquier inherencia en el proceso de verificación de la solicitud de revocación de un mandato, constituye una usurpación de funciones que solo le competen al CNE y eso fue precisamente lo que ocurrió cuando las firmas para solicitar el referendo revocatorio contra el presidente Chávez, fueron no solamente entregadas para su custodia a una empresa privada: SUMATE (Que no es partido político ni representa a la Sociedad Civil), sino que dicha organización las manipulo y las verifico, violándose abiertamente la Constitución Nacional (Art. 293) y la Ley Orgánica del Poder Electoral (Art. 33) y lo mas grave aun, resulta inaceptable y preocupante, desde el punto de vista de Seguridad y Defensa de la nación, que una organización privada como SUMATE se haya involucrado tan profundamente como lo hizo en algo tan trascendental como lo es la voluntad soberana para solicitar la revocación del mandato del presidente de la Republica.

Conclusión: las firmas recogidas durante el "Firmazo" para solicitar la revocación de mandato del presidente Chávez están viciadas de forma y de fondo, lo cual hace inviable la convocatoria a un referendo revocatorio ya que se violo flagrantemente la Constitución Nacional, la Ley Orgánica del Poder Electoral, y se desconocieron las disposiciones de la Sala Constitucional del TSJ referente a la interpretación del Art. 72 de fecha 05 Jun 02.

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