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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-02-2010

La justicia en Ruanda

Umoya


El combate de los actores del Norte que trabajan por la eclosin de una verdadera justicia en Ruanda consiste en resistir al chantaje y al dictado del poder establecido y de sus socios, que imponen un discurso "polticamente correcto". Deben ir a contracorriente y exigir que slo se haga justicia

La justicia en la cultura ruandesa

En una sociedad rural como la de las colinas ruandesas, cultura y tradiciones siguen muy vivas hoy. No se trata, de ningn modo, de vagos recuerdos polvorientos, que slo tengan un carcter folclrico o nicamente reservados a la viaja generacin. La cultura y tradicin siguen manteniendo una importante influencia en la manera con que los ruandeses viven y perciben sus relaciones con otros y con el mundo. En la tradicin ruandesa, la justicia tena esencialmente y casi nicamente una vocacin esencial, reconciliadora y no punitiva. El derecho civil y el penal no se distinguan. La resolucin de las diferencias pasaba por la negociacin entre las familias, lo cual permita preservar la armona social. En esta concepcin, el derecho escrito, y en particular el derecho penal, es percibido por la poblacin como fuente de tensiones sociales, en el sentido de que su rigidez no permite la negociacin. En consecuencia, la poblacin tiene miedo de esta justicia, percibida como extremadamente rgida, generadora ms de problemas que de soluciones, ya que se enfrenta a cualquier forma de negociacin y de compromiso. Tradicionalmente, la justicia se haca en el seno de la familia o entre familias. Slo excepcionalmente poda tener un carcter poltico y exterior, cuando para asuntos graves se recurra al arbitraje de los jefes o del mwami (rey).

Reconstituir la armona social.

En este contexto, en el que todos se conocen y donde lo esencial est en preservar la capacidad del grupo de poder seguir viviendo conjuntamente, la bsqueda de la veracidad de los hechos y la designacin del culpable real no es el objetivo primero. Se trata ante todo de reconstituir la armona social rota momentneamente por la falta cometida o por el conflicto en curso. En esta ptica, por un lado, es importante no buscar ante todo el castigo, y por otro, ste, el castigo, no debe servir para separar o excluir el culpable o su familia de la sociedad. La persona culpable de un delito debe ante todo ser resocializada y reintegrada en el seno del grupo. Esta reintegracin se realiza por medios de ritos que unen la justicia y la religin Se trataba, a la vez, de indemnizar la parte lesionada, pero tambin de exorcizar el mal que se haba apoderado del culpable y le haba llevado a cometer la fechora. Ritos de purificacin tenan como objetivo extirpar el mal y permitir la reinsercin del culpable. Ello vala tambin para los casos de daos muy graves, como asesinatos. Si estos casos graves no eran resueltos por medio de la negociacin entre las familias culpables y las de las vctimas, sobrevenan ciclos de venganzas sangrientas. Para impedir o detener estos ciclos, las familias podan concluir alianzas. En el Ruanda tradicional, el matrimonio es el signo supremo de alianza entre familias. Entonces, los hijos nacidos de este matrimonio vienen a remplazar el capital humano perdido por la familia a causa del asesinato de uno de sus miembros. Ya que, es el nmero lo que garantiza la importancia de una familia y su lugar en la sociedad. El matrimonio de un muchacho de la familia vctima con una joven de la familia del responsable sellaba la alianza definitiva de las dos familias y detena en ciclo de la venganza. En la cultura ruandesa, la comunidad, el grupo, prima sobre el individuo. Antes, ste ltimo no tena por lo tanto derechos ms que en funcin de lo que representaba en el seno del grupo. No contaba ms que como eslabn de la cadena familiar y se borraba frente al grupo al que perteneca. Esta primaca del grupo es una fuente de tensiones actualmente. Porque el derecho civil y derecho penal han colocado al individuo y sus derechos por encima de los de su comunidad. Este carcter holstico de la sociedad ruandesa tiene consecuencias sobre la concepcin de la responsabilidad, de la culpabilidad y sobre la nocin de confesin por parte de los ruandeses. La falta cometida por un miembro de la familia rompe la armona social y esta falta hace recaer sobre toda la familia una responsabilidad familiar, colectiva y no individual. As pues, la familia deber asumir las consecuencias, lo cual colectiviza no slo la culpabilidad sino tambin la reparacin del dao. Ahora bien, esta nocin de responsabilidad colectiva, que pertenece a la tradicin, choca con la de responsabilidad individual emergente del derecho moderno, preponderante en las sociedades occidentales y en la comunidad internacional. Consecuencia lgica de la concepcin colectiva de la responsabilidad y de la reparacin, la confesin individual casi no tiene sentido alguno en la cultura ruandesa. La confesin o reconocimiento de una falta lo convierte en portavoz de la familia del culpable y no encuentra su sentido ms que en el hecho de que da a la vctima, y sobre todo a la familia lesionada, el sentimiento de reconocimiento del dao sufrido y en consecuencia de la necesidad de una reparacin. En este contexto, la confesin individual va, por el contrario, a dar mayor gravedad a la falta. Ser percibida por la vctima como una nueva provocacin. El carcter colectivo de la culpabilidad y de la responsabilidad en el contexto del genocidio va a conducir el inconsciente colectivo de las poblaciones a replegarse en su pertenencia al grupo en sentido amplio, esto es, al grupo tnico, cerrando a las poblaciones en la trampa identitaria.

Una sociedad profundamente desigual

La sociedad ruandesa, ms all de las apariencias, es una sociedad particularmente jerarquizada y profundamente desigual. La sociedad tradicional no conoca la idea de igualdad de derechos entre individuos, tanto en el seno de las familias como en la sociedad. Parece que en la menta de numerosos ruandeses, el carcter desigualritario de la sociedad ha vuelto a ser lo que era bajo la monarqua, antes de la revolucin social de 1959 y de la independencia del pas. Este sentido de la desigualdad sigue condicionando la actitud de las poblaciones frente a la autoridad. Las gentes van a adoptar una actitud de sumisin, al menos de fachada, ante la autoridad. Como corolario de esta sumisin, las poblaciones practican una verdadera auto-censura que amordaza toda libertad de palabra. La tradicin de sumisin a la autoridad y la ausencia de libertad de expresin, conjugadas con la costumbre de ceder la palabra a los portavoces del grupo, permiten comprender cun ilusoria es la libertad de palabra y en consecuencia el testimonio en el contexto ruands; algo que juega un papel nada despreciable en los procesos judiciales y los gacaca. La sumisin o pseudo-sumisin a la autoridad establecida dejan entrever lo dbil que debe ser la espontaneidad a la hora de adoptar decisiones. Lo que no se ha elegido libremente, ser ejecutado bajo presin, econmica, religiosa en el pasado, poltica o policial o militar actualmente.

Los desafos de la justicia despus del genocidio y de las masacres de 1994

Los cientos de miles de vctimas del genocidio y de las masacres de 1994 plantearon un desafo colosal a las autoridades ruandesas. Mientras el aparato judicial estaba devastado y las mayora de los jueces ausentes, el nmero de encarcelados explot en los meses que siguieron al genocidio. Ms de 125.000 personas estaban detenidas en las 11 crceles oficiales, sin contar las que se amontonaban en calabozos municipales, en depsitos e incluso en container clandestinos. Las condiciones de detencin dantescas y las tasas de mortalidad entre los prisioneros alarmaron a la comunidad internacional. En los primeros aos posteriores al genocidio, una aplastante mayora de detenidos no posea dossier alguno y un gran nmero parecan ms bien vctimas de arreglos de cuentas, de represalias o de represin poltica, y podan en consecuencia ser inocentes. Hasta cierto punto, esta situacin perdura en la actualidad. La situacin despus del genocidio no basta para explicar la lentitud con la que el sistema judicial se puso a funcionar. El ministro de Justicia que dimiti en 1999, Faustin Nteziryayo1 subrayaba cunto, desde la toma del poder, el rgimen se haba ocupado en garantizar el nombramiento de magistrados favorables a sus posiciones polticas. En efecto, una buena parte de los magistrados ejercientes en Ruanda antes de 1994, no fueron reintegrados, varios fueron encarcelados sin base legal, uno de ellos fue ejecutado sin razn, otros fueron obligados a huir, como el presidente del Consejo de Estado, o desaparecieron, como Augustin Cyiza. Por otra parte, la Asamblea nacional rechaz cualquier posibilidad de integrar magistrados extranjeros, ya que el rgimen tema no poder ejercer el mismo control sobre sus decisiones. F. Nteziryayo no dudaba en denunciar la no-credibilidad del sistema judicial, que apareca como "un instrumento de venganza, de arreglo de cuentas y trataba de eliminar a opositores polticos". Denunciaba tambin la falta de crdito del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que no persegua los crmenes de guerra cometidos por el ejrcito del FPR y por "su sumisin a las presiones polticas provenientes de Kigali y de Nueva York".

Grito de alarma de ONG internacionales

Rpidamente, las ONG internacionales atrajeron la atencin sobre el tiempo necesario para juzgar a todos los detenidos, al ritmo de la poca. Entre 1996 y 2000 slo haban sido juzgadas entre 7.500 y 8.000 personas por crmenes de genocidio y contra la humanidad. Las estadsticas de Abogados sin fronteras mostraban entre 1997 y 2000 una tasa de absoluciones del 20 al 25%, lo que sirvi de base a los observadores para estimar la parte de inocentes que seguan en la crcel. Sera interesante hacer una evaluacin de la manera con que evolucin la justicia clsica tras este grito de alarma de las ONG y de mostrar su papel en la resolucin de la cuestin del genocidio. A falta de poder hacer este estudio en el marco de este artculo, enviamos al lector al ltimo informe de Human Rights Watch (HRW) del 25 de julio de 2009, titulado "La ley y la realidad: los progresos de la reforma judicial en Ruanda". En este informe de 122 pginas, HRW reconoce que el gobierno ha emprendido una reforma profunda de la justicia convencional, buscando crear un poder judicial profesional "moderno" que podra apoyar el desarrollo comercial y financiero planteado por Ruanda. Con una serie de nuevas leyes, se han incorporado aspectos de la jurisprudencia anglosajona en un sistema que antes estaba concebido en un modelo de derecho europeo. El sistema judicial ha gozado de una mayor autonoma, el nmero de jueces y de tribunales ha sido reducido y se han establecido criterios de formacin para el personal judicial. Algunos derechos de los acusados han sido reforzados y en 2007 la pena de muerte ha sido abolida; se trata de un paso adelante notable. Desgraciadamente, al mismo tiempo, la pena mxima por crmenes graves ha quedado fijada en la reclusin perpetua en aislamiento. Pero, puede decirse, "Las autoridades judiciales funcionan en un contexto poltico en el que el ejecutivo sigue dominando al poder judicial y en el que existe una antipata oficial hacia las opiniones divergentes con las del gobierno y del partido dominante, el FPR. Una campaa contra el "divisionismo" y "la ideologa genocida" hace pesar el riesgo de graves consecuencias sobre las personas que cuestionan las interpretaciones oficiales del pasado y preferiran para el futuro otra visin distinta de la oficial. Un nmero importante de diligencias judiciales emprendidas por actos de genocidio ha quedado manchada por la injerencia en los procedimientos judiciales de personas influyentes, algunas de ellas cercanas al gobierno, y por otras violaciones de los derechos a un proceso equitativo"2. Desde el inicio, las autoridades ruandesas optaron por la va judicial, rompiendo con ello el principio de conciliacin que prevaleca en la tradicin. Ya que, llevar a su vecino ante la justicia constituye una injuria grave contra l y es interpretado como rechazo del principio de conciliacin. Esta accin cristaliza las posiciones y perenniza los rencores de las partes en conflicto, porque designa un ganador y un perdedor e impone el montante de la reparacin reclamada. La conciliacin no conoce ni ganadores ni perdedores. De ah que una vez hecha esta opcin poltica de la judicializacin, por debilidad frente a la comunidad internacional o por miedo a la reconstitucin del tejido social, era necesario poner en pie las instancias judiciales indispensables a estos juicios.

La respuesta GACACA

Ya el 20 de agosto de 1994, el plan de accin del Ministerio de justicia peda que fuera revalorizada la institucin de los gacaca para el arreglo pacfico de las diferencias. Se trataba ante todo de reducir el nmero de acciones sometidas a los tribunales y de restablecer un clima de confianza en el seno de las poblaciones. Digamos de entrada que esta misin era casi imposible. Como se dice en el Informe de HRW citado, "En Ruanda, consideraciones polticas han hecho virtualmente imposible para las vctimas de los crmenes cometidos por soldados del FPR obtener justicia (...) Incluso antes de que las jurisdicciones gacaca hubieran juzgado efectivamente las personas acusadas, altos funcionarios del Ministerio de Justicia haban previsto que el proceso sera necesariamente poltico. En una conversacin, en noviembre de 2003, uno de estos funcionarios dijo en varias ocasiones a los investigadores de HRW que la justicia es un problema poltico que debe ser resuelto polticamente. El ministro de Justicia, presente en la conversacin, no contradijo esta afirmacin"3. El gacaca actual nada tiene que por consiguiente ver con el gacaca tradicional, como lo han recordado ciertos autores. En un artculo en kinyarwanda, el actual obispo de Kabagyi, Smarade Mbonyintege, recordaba ya a mediados de 1995 que el gacaca tena como misin sancionar la violacin de las reglas comunes con el nico fin de la reconciliacin; que se basaba en la costumbre sobre valores fundamentales que ya no estaban en curso. El mismo autor subrayaba la existencia de una voluntad en el seno de la poblacin de rehacer las relaciones sociales armoniosas y la existencia en el seno de ella de personas ntegras, sin tendencias polticas y por encima de los problemas tnicos, que podran servir de rbitros. Adverta claramente que no se tratara de poner en pie el gacaca tradicional, sino de constituir consejos de rbitros locales que aconsejaran a los jueces del cantn en asuntos menores. En octubre de 1995, Ch. Ntampaka haba puesto de manifiesto la dificultad de encontrar en el Ruanda del posgenocidio esas personas que reunieran un consenso por su integridad. Planteaba en consecuencia limitar a la introduccin de la conciliacin como etapa obligatoria en todas las materias civiles. Otra propuesta fue la de hacer un gacaca en un marco honesto e independiente de recogida de informaciones y de dejar al juez la tarea de hacer justicia. De manera formal, la creacin de los gacaca modernizados, tal y como funcionan hoy, es el resultado de un proceso que reclama participacin de numerosos intervinientes nacionales e internacionales. El gacaca tradicional era una reunin puntual convocada segn el caso y compuesta por miembros masculinos de una o varias familias. Esta forma de conciliacin era obligatoria antes de cualquier recurso a la justicia del rey y extraa su fuerza del hecho de que la decisin era tomada por vecinos. En efecto "la decisin no es respetada porque es la aplicacin efectiva del derecho, sino porque pone fin a un desorden momentneo; permite corregir las desviaciones y restablecer el equilibrio social"4 Este restablecimiento pasaba concretamente por toda suerte de presiones ejercidas sobre las personas en conflicto para llevarlas a ejecutar las decisiones tomadas. El gacaca no es una jurisdiccin, contrariamente a lo que muchos autores pretenden, en el sentido en que no tiene ninguna regla de funcionamiento establecida, ningn lugar de reunin fijo, ninguna regla de funcionamiento, la regla no es ni fija ni inamovible y se adapta a los imperativos de la seguridad colectiva y de retorno a la armona social. El gacaca no pona en cuestin al individuo solo, concerna a toda su familia que deba reconocer la sentencia arbitral y asumir su ejecucin. Por su naturaleza misma, el gacaca oscilaba entre el derecho y las prcticas religiosas.

Las consecuencias de los gacaca en la sociedad ruandesa

Los gacaca que hoy se desarrollan en todas las colinas de Ruanda slo han heredado de sus predecesores el nombre, pero ciertamente no su espritu. Estamos muy lejos de la bsqueda de la conciliacin que deba reforzar la cohesin social y la comunidad por medio del restablecimiento de la armona social. Ante todo, los gacaca actuales aplican un cdigo, pero sin que los jueces los conozcan realmente, y menos todava lo respeten. Este cdigo ha sido instaurado con vista a responder, aunque sea un poquito, a las exigencias mnimas de la justicia tal y como es conocida en el mbito internacional. Luego, los tribunales gacaca no juzgan ms que crmenes cometidos por hutu contra los tutsi durante el genocidio. Esto excluye cualquier esperanza de justicia, por una parte para los hutu vctimas de masacres cometidas por los interahmwe, y por otra parte para todas las vctimas de los crmenes y exacciones perpetrados por los soldados del FPR. Sin eternizarnos sobre el procedimiento de los gacaca, vamos a analizar aqu algunos de los principales reproches hechos por diferentes observadores y organizaciones internacionales que realizan un seguimiento de estos tribunales populares. Los diferentes reproches hechos a los gacaca no apuntan tanto a las libertades que toman con relacin a las normas en vigor en el aparato judicial clsico como a las manipulaciones y maniobras de corrupcin que hacen estragos y dificultan los procesos de justicia y de reconciliacin. Ya ni se cuentan los casos de falsos testimonios, falsas confesiones, condenas de inocentes y absoluciones de culpables previo pago.

Gacaca instrumentalizados y manipulados

Estas manipulaciones son el resultado de la instrumentalizacin del proceso por el rgimen que utiliza los gacaca para asegurar un control social estricto de las poblaciones, especialmente en el medio rural. En efecto, si se siguen las declaraciones de las autoridades, de 800.000 a 1 milln de ruandeses son sujetos merecedores de enfrentarse a los gacaca. Si relacionamos esta cifra con la de la poblacin ruandesa, se puede estimar que casi la mitad de los hombres hutu est amenazad de enfrentarse a la justicia. Esto basta ampliamente para tetanizar la poblacin, impidiendo cualquier reconstruccin del tejido econmico, social y asociativo. Este control social es tanto ms poderoso que los gacaca no respetan el principio de "non bis in idem", que impide que uno pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Lo cual implica que los ruandeses permanecen indefinidamente bajo la amenaza de una sentencia condenatoria por hechos sin embargo ya juzgados. Otra manipulacin concierne la designacin de los jueces gacaca, los Inyangamugayo o "jueces ntegros". El proceso de su eleccin ya haba suscitado muchos comentarios, concretamente apropsito de los candidatos, pero sobre todo porque no exista ningn secreto de voto, ya que los electores deban colocarse en fila detrs del candidato a juez de su eleccin. Pero, pronto despus de su eleccin, un buen nmero de estos jueces, elegidos sin embargo por su integridad, fueron ellos tambin inculpados y juzgados por genocidio (48.000 de los 260.000 elegidos). Esto permiti eliminar del proceso a los jueces, en su mayora hutu, considerados poco dciles o fiables a ojos de las autoridades; stas los remplazaron por medio de nombramiento (no eleccin) de nuevos jueces. El procedimiento de la confesin y de la denuncia con vistas a aligerar las penas agrav los fenmenos de delacin y de falso testimonio. Por otra parte, el control social, asociado a la ausencia de cultura de la libertad de expresin, y las presiones ejercidas sobre potenciales testigos de descargo impiden literalmente que la libertad emerja. Esto significa que en un contexto de opresin, cuando una persona se atreve a desafiar el discurso propugnado por las autoridades, sera necesario acordarle la mxima atencin y crdito. Un gesto de este tipo fue protagonizado por una campesina filmada en el marco de un reportaje de la RTBF, a propsito de de la participacin ene. Genocidio del Pastor Nsanzurwimo. Pero la periodista, poco al tanto de la cultura ruandesa y sin duda bien "encuadrada", no puso de relieve esta intervencin. Porque, por otro lado, los discursos de las autoridades son especialmente estigmatizadores y culpabilizadores para con los hutu en su conjunto. Hasta tal punto que incluso hutu vctimas del genocidio termina por sentir frustraciones en cuanto otro hutu es inculpado. Esta frustracin colectiva es hoy un terreno abonado a rencores y odios entre familias y entre los grupos tnicos.

Los gacaca exacerban los rencores y, ms que reconciliar, dividen

Este fenmeno es tal que Kenneth Ross, Secretario ejecutivo de HRW ha dicho claramente que si se quiere evitar un nuevo genocidio, hay que ejercer presiones sobre Paul Kagame para que detenga la instrumentalizacin del genocidio. Una tesina defendida recientemente en la Universidad Catlica de Lovaina (UCL-FOPES), que analizaba las consecuencias de los gacaca en las relaciones sociales en las colinas ruandesas conclua en el mismo sentido, indicando que los gacaca bajo su forma actual albergaban en ellos los grmenes de un nuevo genocidio, y que ste sera sin duda alguna ms generalizado que en 1994, hasta tal punto exacerbaban los rencores de vctimas y acusados y enceraban a cada grupo en la trampa del repliegue tnico. Otra fuente de rencor reside en el carcter excesivo de las penas pronunciadas por los gacaca. No es nada raro ver que se condena a 20 y hasta 30 aos de crcel por pillajes o por no asistencia a personas, cuando el acusado estaba l mismo en situacin precaria. Otras penas tienen un impacto econmico dramtico para la supervivencia de las familias, a las que se priva de sus tierras a ttulo de reparacin respecto de las vctimas. Algunas penas como los Trabajos de Inters General (TIG) son asimiladas por la poblacin como las antiguas servidumbres y trabajos obligatorios que existan bajo la monarqua antes de 1959. Por otra parte, hay que constatar que estas incriminaciones masivas tienen un impacto econmico, adems de las consecuencias sociales. La condena de pago por daos e intereses, a menudo astronmica, lleva consigo la puesta en venta de tierras y bienes de las familias de los condenados, privndolos de medios de subsistencia y aumentando grandemente las capas de la poblacin de los ms pobres. Como la venta forzosa no basta con frecuencia para saldar la deuda, la carga de sta recae sobre los hijos de los condenados. stos ltimos son adems privados de cualquier derecho a becas de estudio, lo que les fuerza a abandonar la enseanza, cuyos costes directos e indirectos son exorbitantes. La amenaza de los gacaca que planea sobre las familias las priva tambin de cualquier dinamismo que podra ayudarlas a emprender una actividad econmica rentable. Hay que contar tambin el tiempo que las familias deben consagrar a ir a alimentar a sus miembros encarcelados, tiempo que no puede dedicar a los cultivos. Actualmente, la existencia de los gacaca itinerantes aumenta todava ms las tensiones y sobre todo va contra la idea misma de la justicia de proximidad.

Otros procedimientos judiciales

Los gacaca no son la nica particularidad del mundo judicial ruands. El derecho ruands a instaurados la persecucin judicial "por ideologa genocida". Esta acusacin no necesita de hechos precisos para hacerla vlida. Permite al rgimen amordazar y condenar a todos los que eran demasiado jvenes en 1994 para haber participado en el genocidio. Los condenados son privados, por aadidura, de derechos cvicos, privados del derecho a tener visitas y colocados en celdas de aislamiento. Otro medio de persecucin judicial es la acusacin de "negacionismo", que tampoco necesita hechos probados. Esta acusacin afecta no solamente a los hutu y a todos los que se atreven a criticar el rgimen, sino tambin a los tutsi que buscan la reconciliacin y entre ellos a los que desean actuar como testigos de descargo de hutu injustamente acusados. Numerosos refugiados que actualmente llegan a Blgica son tutsi que declaran haber huido de las persecuciones porque haban rehusado ser tetigos de cargo en los gacaca. Finalmente, se puede evocar los campos de reeducacin por los que deben pasar todos los detenidos antes de su liberacin, as como otras categoras de la poblacin como los universitarios. Estos campos estn en principio pensados para extirpar la ideologa genocida de la cabeza de los internos. Segn quienes han pasado por ellos, los discursos que en ellos se destilan son extremadamente culpabilizadores de la etnia hutu y glorificadores de la etnia tutsi. Frente a estas constataciones puestas de relieve por los observadores del sistema judicial de Ruanda, y frente al hecho de que el rgimen ejerce un control sobre la sociedad civil a la que amordaza, impidiendo cualquier reconstruccin del tejido social, el rgimen de Kagame se dice presto a abrir las crceles. Esto no dejara de atraerle el beneplcito de la comunidad internacional, que corre el peligro de de olvidar que Ruanda hoy, desde muchos puntos de vista, merece la calificacin de crcel a cielo abierto. El poder ruands tiene dos caras, la destinada a los ruandeses para los cuales los gacaca aseguran el control e incluso el cors social y la fachada con destino al extranjero, donde el poder logra vender sus polticas, incluso la de los gacaca, por las que recibe una ayuda financiera internacional considerable.

Quid de la justicia internacional?

El TPIR instituido muy rpidamente despus del genocidio, con sede en Arusha, Tanzania, debera terminar su misin a finales de 2009, aunque est muy lejos de cumplirla. A pesar de las condenaciones por planificacin del genocidio, el TPIR mismo ha reconocido que era incapaz de probar dicha planificacin. Sin embargo, es indudable que ha existido genocidio, ya que han sido asesinadas personas por lo que eran y no por lo que haban hecho. El TPIR que ha inculpado y condenado a un cierto nmero de responsables hutu, sin embargo no ha emprendido persecucin alguna de otros dos aspectos que entran claramente en el marco de su mandato: 1)el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avin presidencial, que cost la vida al presidente ruands Juvnal Habyarimana y al presidente burunds Cyprien Ntaryamira; atentado que todo el mundo est de acuerdo en considerar como detonante del genocidio y de las masacres. 2)Los crmenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el ejrcito del FOPR contra poblaciones civiles durante los meses del genocidio y ms ampliamente durante todo el ao 1994.

Una justicia parcial

Ya antes de 1999, la oficina del fiscal del TPIR haba investigado e identificado a personas del FPR que habran debido responder de estos crmenes. Pero el dossier fue congelado e incluso habra costado a la fiscal Sra. Carla Del Ponte su puesto, en el momento en que ella trataba de avanzar en ese sentido. Se han presentado querellas en Blgica. Han dado lugar, en el marco de la aplicacin de la ley de competencia universal, a varios procesos y condenas de hutu. Todava no se ha dado va libre o aceptado ninguna querella planteada contra miembros del FPR, cuando en manos de la justicia belga existen listas de ms de 11.000 nombres de personas muertas. La ley de competencia universal ha sufrido un tijeretazo en toda regla tras la querellas contra Georges W. Bush y Ariel Sharon, limitando las posibilidades de accin de la justicia nicamente a los casos de actores presentes en suelo belga. Otros pases adems del nuestro han visto su justicia interpelada en lo referente al genocidio y a los crmenes cometidos en Ruanda, como Francia, Suiza, Espaa y Canad. En cada ocasin se ha podido constatar el peso de los lobby del FPR, de las asociaciones enfeudadas al FPR y de sus relevos nacionales en diferentes pases. Las presiones ms fuertes son las ejercidas sobre Francia y Espaa, cuyos aparatos judiciales se han hecho cargo de los dossier contra miembros del FPR y han lanzado mandatos de arresto internacional contra 9 personas por parte de Francia y contra 40 personas por parte de Espaa; todos ellos responsables polticos y militares ruandeses miembros del FPR.

El rol de los actores del Norte en la justicia en Ruanda

Las presiones existen tanto sobre los actores de la comunidad internacional como sobre los testigos en Ruanda, y puede hablarse de una justicia politizada, instrumentalizada y etnizada. En sus relaciones con los pases del norte, el poder actual juega verdaderamente con su historia colonial y poltica, con relacin a Ruanda. Lo mismo sucede con los partidos polticos y movimientos sociales y asociativos de los pases del norte. Es preciso ser consciente de que existen en Ruanda y en la dispora opiniones negativas sobre las ONG que han intervenido antes o actualmente en todos los terrenos, incluyendo en el de la justicia. Se sospecha que estas ONG han sufrido de manera consciente o complaciente o no una intrumentalizacin por parte del poder establecido. El descrdito que conocen las ONG que trabajan actualmente en Ruanda proviene, entre otras causas, del hecho de que su accin est sometida a su acreditacin por las autoridades del FPR. Sea o no justificada, esta opinin existe y hay que tener cuenta de ello cuando se quiere intervenir en Ruanda. Pero, quiere ello decir que sea necesario sucumbir a este chantaje y modular, o incluso modificar, nuestro discurso en funcin de los dictados del poder establecido y de "lo polticamente correcto"? Hay que ser consciente igualmente de que el discurso del rgimen de Paul Kagame encuentra un sentimiento de adhesin en cierta capa intelectual, especialmente en Europa occidental. Esta franja propugna un apoyo al rgimen del FPR y esta adhesin es apoyada por la mayora de los medios de comunicacin, ms o menos voluntariamente instrumentalizados. Hoy, es el discurso "Kagame", el que es considerado como polticamente correcto. Claudine Vidal, sociloga francesa, compara esta adhesin de algunos grupos intelectuales con la posicin que mantenan los intelectuales de izquierda respecto de las dictaduras comunistas y con la Unin Sovitica. Habla ella de "una ideologa de la fuerza" que autoriza la manipulacin de la verdad y el silencio sobre las fechoras de un rgimen establecido.

Romper el silencio y luchar contra la desinformacin

Sin embargo, son cada vez ms numerosos los intelectuales que reconocen que la percepcin del rgimen del FPR est sin duda basada en una amplia desinformacin y en la manipulacin de la verdad de la historia reciente de Ruanda y del genocidio. Reconocen igualmente que este rgimen no promete un futuro pacfico para Ruanda y para la regin de los Grandes Lagos. El profesor Reyntjens, de la Universidad de Amberes, sostiene que es necesario reconocer la existencia de un genocidio en la Repblica Democrtica del Congo y que este genocidio es obra de las tropas de Paul Kagame. Algunos no dudan en hablar de la justicia en el contexto ruands, tanto en el mbito nacional como en el internacional, como de una justicia del vencedor contra el vencido. Sobre todo hay que guardarse mucho de caer en la trampa de un discurso unilateral y maquiavlico. Hay que insistir tambin en el hecho de que los puntos de vista de cada uno no estn dictados verdaderamente por el origen tnico, sino ms bien por la pertenencia o no a los crculos prximos del poder. As, el punto de vista de los tutsi del interior de Ruanda puede diferir sensiblemente del de los antiguos refugiados que regresaron despus de 1994. Incluso entre stos, existen divergencias claras, concretamente segn su origen. Frente a lo que sucede en Ruanda, las ONG y los actores del Norte tiene una funcin que desarrollar ante las ONG que trabajan sobre el terreno y frente a los movimientos que se interesan sobre la cuestin. Esta funcin puede ser concretamente la de intervenir en la concepcin que prevalece sobre las garantas de universalidad del derecho que intervienen en los conflictos que pueden surgir de su aplicacin sin matices en el contexto de la cultura ruandesa. Intervenir, por fin, para que esta concepcin no sirva de pretexto o instrumento de control social y no sea terreno abonado de conflictos futuros.

Fuente: http://www.umoya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4940%3Ala-justicia-en-ruanda&catid=1%3Aactualidad&Itemid=34&lang=es



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