Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2010

La financiacin de las pensiones

Juan Francisco Martn Seco
Pblico


Desde hace ms de 20 aos, peridicamente se alzan voces pronosticando la quiebra de la Seguridad Social, y otras tantas veces llega la fecha en que se haba anunciado el cataclismo sin que este se produzca. Tal discurso parte de una premisa errnea: la de considerar la Seguridad Social como algo distinto al Estado. Es esa concepcin liberal, promovida por las entidades financieras y las organizaciones empresariales, y transmitida por algunos expertos y polticos, la que se col de rondn en el Pacto de Toledo. La separacin de fuentes no se ha entendido como algo convencional, un mero instrumento para la transparencia y la buena administracin, sino como algo sustancial, de forma que se considera la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado econmicamente de la Hacienda Pblica, con lo que queda en una situacin de mayor riesgo y complica cualquier mejora en las prestaciones.

En el marco del Estado social, de ninguna manera se puede aceptar que las pensiones deban ser financiadas exclusivamente con las cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, tambin a las pensiones. La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra slo es concebible dentro de la quiebra del Estado, y el Estado no puede quebrar; todo lo ms, acercarse a la suspensin de pagos, pero tan slo si antes se hubiese hundido toda la economa nacional, en cuyo caso no seran nicamente los pensionistas los que tendran dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda pblica, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto, los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos ltimos, que son los que al mismo tiempo ms hablan de la quiebra de la Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen ms riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la actual crisis burstil.

Ante una hecatombe de la economa nacional, muy pocos podran salvarse, pero no tiene por qu ser ese el futuro de la economa espaola, a no ser que el dogmatismo liberal nos introduzca en una coyuntura parecida a la de Argentina. Desde hace 30 aos, la economa de nuestro pas ha venido creciendo, abstrayendo de movimientos cclicos, a una tasa media anual superior al 2,5% mientras que la poblacin en todo el periodo slo se ha incrementado en un 25%, con lo que la renta per cpita a precios constantes ha aumentado cerca del 100%. Somos casi el doble de ricos que en los ltimos aos del franquismo. Y no hay razn para pensar que, al margen de oscilaciones cclicas, la evolucin en los prximos 30 aos no sea similar. La pregunta no es cuntos van a producir, como pretenden los agoreros de las proyecciones demogrficas, sino cunto se va a producir y si la respuesta es que lo producido en el ao 2040 va a ser el doble que en la actualidad, por qu razn las pensiones habran de estar en peligro?

Previsiblemente, el problema que se plantea de cara al futuro no va ser el de la falta de recursos sino el de su distribucin, entre activos y pasivos, entre rentas del trabajo y del capital y entre bienes pblicos y privados. Las transformaciones en las estructuras sociales y econmicas comportan tambin cambios en las necesidades que hay que satisfacer y, por ende, en los bienes que se deben producir. La incorporacin de la mujer al mercado laboral y el aumento de la esperanza de vida generan nuevas necesidades y exigen, consecuentemente, la dotacin de nuevos servicios.

Hace ya tiempo que Galbraith anunciaba que todos estos cambios demandaban una redistribucin de los bienes que hay que producir a favor de los llamados bienes pblicos y en contra de los privados. El pronosticado envejecimiento de la poblacin de ninguna manera hace insostenible el sistema pblico de pensiones, pero s obliga a dedicar un mayor porcentaje del PIB no slo al gasto en pensiones, sino tambin a la sanidad y a los servicios de atencin a los ancianos. Detraccin por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la poblacin, precisamente a los ancianos; una especie de eutanasia colectiva.

Que es perfectamente factible lo indica el hecho de que sea Espaa, en estos momentos, el pas de la UE (de los 15) que dedica menor parte de su renta a pagar las pensiones (8,8%). Por el contrario, Alemania, Holanda, Francia, Austria e Italia gastan todos ellos en pensiones ms del 12% del PIB. Existe por tanto margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. El reducido importe a que ascienden las prestaciones sociales en nuestro pas tiene su contrapartida en los siete puntos de diferencia con la media europea (de los 15) que presenta la presin fiscal en Espaa.

La verdadera amenaza para el sistema pblico de pensiones se encuentra en una concepcin neoliberal de la economa que ha criminalizado los impuestos, de manera que ninguna formacin poltica se atreve a proponer una poltica fiscal ms agresiva. Las continuas rebajas fiscales como es lgico perfectamente dirigidas a beneficiar especialmente a las rentas de capital, a las empresas y a los contribuyentes de ingresos altos estn vaciando de contenido el sistema tributario, minorando su progresividad y limitndolo a la imposicin indirecta y a gravmenes sobre las rentas de trabajo, al tiempo que reducen su futuro potencial recaudatorio. El colmo de la esquizofrenia, pero una esquizofrenia muy rentable para algunos consiste en proponer hace unos meses la bajada de varios puntos de las cotizaciones y afirmar ahora que se precisa una reforma para que el sistema sea viable.

Juan Francisco Martn Seco es economista

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1838/la-financiacion-de-las-pensiones/



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter