Portada :: Chile :: Pueblo Mapuche: Cinco siglos de Resistencia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2010

Los derechos de los Pueblos Originarios frente al nuevo gobierno chileno

Alfredo Seguel
Mapu Express


Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el presente, ya sea por exigencias de restitucin de tierras ancestrales o de resistencia ante la imposicin de proyectos de inversiones privadas como forestales, celulosas, hidroelctricas, salmoneras, mineras, entre otras, los que afectaran a numerosas vidas, se enfrentan, justamente, de manera directa y frontal, sin ms caretas concertacionistas, con quienes asumirn la representatividad del nuevo Gobierno.

El Gabinete que tendr el Presidente electo Sebastin Piera son hasta el da de hoy, representantes de los principales sectores empresariales y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto tambin est en sus manos la opcin de agudizar las tensiones e intensificar la senda de violaciones; O bien la de dar una solucin plena a los actuales conflictos, con el respeto de los derechos humanos y de cumplir cabalmente con las normas y estndares internacionales sobre Derechos Indgenas y Medio Ambiente.

El escenario que se ha venido viviendo en Chile en los ltimos aos con respecto a los Pueblos Originarios ha sido complejo y difcil. En los Gobiernos de la Concertacin no ha existido la capacidad de los diferentes sectores polticos y empresariales, incluyendo en primer lugar a quienes asumirn ahora el rol de gobernar, para dar la debida atencin y urgente solucin a las demandas y conflictos que enfrentan los Pueblos y sus comunidades.

En efecto, ha habido estancamiento con respecto a los reconocimientos de derechos, mnimas reparaciones y restituciones, represin a la protesta social, falta de canales de participacin efectivos y se ha dado prioridad a los asistencialismos para evadir temas de fondo, los que adems estuvieron mal manejados por el oficialismo y su escalafn burocrtico.

Todo esto sin lugar a dudas ha causado desazn e indignacin en comunidades y organizaciones, sntomas que seguramente se trasladarn de distintas formas desde la diversidad de expresiones de los movimientos ante el nuevo Gobierno de Piera.

Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el presente, ya sea por restitucin de tierras ancestrales o de resistencia ante la imposicin de proyectos de inversiones privadas como forestales, celulosas, hidroelctricas, salmoneras, mineras, entre otras, las que afectaran a numerosas vidas, se enfrentan, sin ms caretas concertacionistas, de manera directa y frontal con quienes asumirn la representatividad del nuevo Gobierno.

Los miembros del gabinete del Presidente electo Sebastin Piera son, hasta el da de hoy, representantes de los principales sectores empresariales y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto, tambin, est en sus manos, la opcin de agudizar las tensiones e intensificar la senda de violaciones; O bien, el de dar una solucin plena a los actuales conflictos, con el respeto de los derechos humanos y de cumplir cabalmente con las normas y estndares internacionales sobre Derechos Indgenas y Medio Ambiente.

Ejemplo de esto en el gabinete es Ena Von Baer, la vocera que tendr el ejecutivo, de origen latifundista colonial en la regin de la Araucana, doctora en Ciencias Polticas en Alemania, analista experta de la cuestin Mapuche, y quien ha demostrado gran habilidad y disciplina en su carrera poltica. El otro, es el economista y Chicago, Cristin Larroulet quien reemplazar a Viera Gallo y deber asumir las temticas indgenas. Ambos cumplieron funciones en el ala doctrinaria de los partidos de la derecha, el Thin Tank de la Alianza: El Instituto Libertad y Desarrollo (LYD). Von Baer como directora del programa poltico y Larroulet como director ejecutivo.

Cabe mencionar que uno de los principales motores del LYD y de quienes estribaron estos dos ejemplos, es Patricia Matte, sociloga, integrante del directorio del canal de TV Universidad Catlica, junto a sus dos hermanos (Bernardo y Eliodoro) es empresaria forestal y de papelera CMPC Forestal Mininco, empresa Colbn, banco Bice, entre otras, cuyo grupo econmico es uno de los principales que mantiene conflictos sociales y territoriales en Chile y cuyo padre, ya fallecido, fue sindicado como uno de los gestores del golpe de estado en 1973 junto a Agustn Edwards.

Las tareas pendientes

Luego que en el pas se ha dado absoluta prioridad a la liberalizacin del mercado y del comercio a favor de ciertos grupos, se hace fundamental ahora, ms all del gobierno que asoma, dar prioridad a los drechos humanos y al medio ambiente donde habitan las comunidades. No hacerlo, es seguir profundizando las crisis y a la vez contrariar una serie de obligaciones internacionales que el estado chileno tiene pendientes y que a la postres podran daar la imagen internacional y en los propios mercados de insercin donde cada vez ms van importando los estndares e indicadores en estas materias.

El gobierno, deber entender que los planes operativos y conspirativos, la represin a la protesta social, los montajes comunicacionales, la intolerancia y el racismo como sucede en la imposicin a la fuerza de proyectos atentatorios, como mtodos frente a legtimas reclamaciones y como se ha venido haciendo en el cogobierno que han sostenido en estos ltimos veinte aos la Concertacin y la derecha econmica en Chile, son siempre un fracaso y trae repercusiones serias.

Es de esperar que los sectores polticos de la Concertacin como del nuevo gobierno y los de la oposicin verdadera, afronten de manera responsable los temas pendientes y ms que acuerdos decorativos y superficiales, se permita el debate real sobre temas de fondo como es el de asumir de una vez por todas la reparacin de derechos a los pueblos originarios y cumplir as con las diversas medidas que se exigen. Entre otras materias pendientes estn:

- La implementacin plena y efectiva, de buena fe, de las normativas internacionales de derechos humanos de los Pueblos Indgenas y conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la OIT, la declaracin ONU sobre Pueblos Indgenas, que son obligatorias y de primer orden jerrquico dentro del ordenamiento jurdico, poltico y administrativo de Chile.

- Adecuacin de la legislacin local y sectorial de conformidad a esos criterios sobre estndares internacionales.

- Utilizacin de los mecanismos pacficos de resolucin de conflictos que establecen las normas internacionales de derecho, principalmente frente a los hechos que son de carcter poltico e histrico como los conflictos por tierras ancestrales y de imposicin de proyectos de inversin en tierras indgenas.

- Dar implementacin eficiente para los procesos de demarcacin y restitucin de tierras ancestrales a comunidades, como parte del conflicto histrico y actual del estado chileno y que han sido conminados a cumplir por rganos como el Comit de Eliminacin de la Discriminacin Racial y de los Derechos Civiles y Polticos de la ONU, como asimismo, la atencin a la rica jurisprudencia que existe en ese sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el desarrollo y bienestar de un pueblo.

- La implementacin efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos de consulta a los pueblos Indgenas, sus comunidades y organizaciones frente a iniciativas de polticas pblicas, legislativas y administrativas; y reconocer, debidamente el derecho a la participacin atendiendo aspectos polticos y socio culturales.

- Atender la situacin de racismo y discriminacin de que son objeto los pueblos indgenas en Chile, entre otros, ante las polticas de asimilacin y homogenizacin y exclusin en aspectos educativos, de salud, medio ambiente, como es la contaminacin, el deterioro de las actividades econmicas locales que se deben revitalizar y asumir, niveles de reconocimiento y valoracin.

- Poner fin a la violencia estructural del Estado hacia la protesta social de los pueblos indgenas, particularmente en hechos que tienen que ver con legtimas reclamaciones en materia de demandas de tierras y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicacin de leyes represivas como la ley antiterrorista que diversos organismos internacionales de derechos humanos han conminado a poner fin, ya que son prcticas de facto.

- Terminar con la existencia de instituciones fcticas como la competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la resolucin del caso Palamara. Cabe mencionar que lo nico que han generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles, hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.

- Reconocimiento de las instituciones tradicionales, como son sus autoridades; y potenciar las economas locales, las tradicionales y la vida rural.

Estos son temas que el Gobierno y el Estado chileno en su conjunto deben asumir. Es una obligacin hacerlo. Insistir en que no hacerlo, es retroceder y violar. Es ponerse al margen del derecho que a la postre, pesar en las instancias calificadoras de derechos humanos, medio ambiente y del mercado comercial internacional.

La despedida del Gobierno de Bachelet

Bachelet as como sus antecesores, son gobiernos que se sometieron y actuaron de acuerdo con los intereses del poder del capital, que cogobernaron con ellos y administraron algunos aspectos sociales. As, se van los administradores de este modelo neocapitalista e ingresan de una vez los patrones de este modelo para asumir de manera totalitarista el control absoluto del poder de las instituciones del Estado.

Bachelet se va con dos jvenes mapuches asesinados por miembros del GOPE de Carabineros en el marco de conflictos por tierras ancestrales (Matas Catrileo y Jaime Mendoza Collo). Se va con decenas de imputados judicialmente por la misma situacin, con persecuciones, militarizacin y violencia extrema en comunidades y no haber dado eficacia a procesos de restitucin de tierras, posibilitando la especulacin de mercenarios. Igualmente, se va con una serie de luces verdes que dio a diversos y nefastos proyectos de inversin para que se impongan, incluso, varios de ellos controlados por socios de Piera, que llevan enormes impactos a numerosas comunidades en sus territorios.

Se termina as un ciclo del maquillaje concertacionista para que ingresen los verdaderos controladores del Estado chileno. Por su parte, la sociedad civil y los movimientos sociales frente a este escenario, deber tener la capacidad de seguir creciendo y construir propuestas de vida, de alternativa frente al actual modelo y sistemas que estn en crisis y que ahora lo administrarn sus sostenedores e idelogos, quienes debern asumir en su momento que el saqueo y acumulacin ya son suficientes, que es insostenible mantener el ritmo que han impuesto y que ya no es posible corregir sus fracasos.

Se debe seguir avanzando entonces en materias de autonoma y construccin de fuerzas sociales eficientes fuera del poder estatal y, a su vez, intervenir instancias del Estado para la conquista y reparacin de derechos y logros de justicia.

Los derechos humanos y de la naturaleza en todas las esferas deben ser lo primero y se debe profundizar al respecto y hacerla sentir siempre ya que es urgente forjar un debate sobre esto, ya que no es posible tolerar ms dao y destrucciones y que por causa o culpa de unos pocos, que quieren lucro insaciable y que obedecen a ideologas fascistas, lleven a las grandes mayoras a abismos y caos en medio de cercos desinformativos e ignorancia.

Alfredo Seguel, integrante del Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos y del Colectivo Informativo Mapuexpress.

Fuente: www.mapuexpress.net



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