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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-02-2010

Mentiras oficiales y asesinatos en Colombia

Delegacin Asturiana en Colombia


Un nio de 20 das muri anteayer , tras los bombardeos del ejrcito colombiano sobre los territorios negros e indgenas en Jiguamiand (que haban dejado heridos de consideracin a Jos Nerito y Ligia Mafor..) Y dijo Uribe en los medios, que su ejrcito tena buena puntera...


8 personas asesinadas, descuartizadas, enterradas de mala manera, en la Comunidad de Paz de San Jos Apartad... el 21 de febrero de 2005, y el presidente Uribe culp a la guerrillaHasta que las numerosas evidencias mostraron la obra de los paramilitares y la Brigada XVII del ejrcito, y hasta que la confesin de un jefe paramilitar seal la complicidad del general Montoya...

3 sindicalistas asesinados en Arauca, bocabajo y en ropa de dormiry dijo el vicepresidente Santos que eran guerrilleros Hasta que las numerosas pruebas mostraron que se trataba de ejecucin extrajudicial a mansalva del ejercito...y varios militares siguen encausados, aunque su coronel Medina sigue libre...

Luciano Romero, asesinado en setiembre de 2005 a su regreso de Asturias, en Valledupar y las primeras versiones que dio el Fiscal General fue que se trataba de un crimen pasionalHasta que, la insistencia asturiana en el caso logr que la investigacin mostrara horrendas complicidades de paramilitares, militares, polica poltica.. Como confes uno de los capos de los escuadrones...

65 personas en tres das de ininterrumpida orgia de muerte en el corregimiento de El Salado, a manos de paramilitares, y dijeron las fuentes oficiales que se trataba de un pueblo guerrillero Hasta que las innumerables evidencias lograron mostrar la alianza entre los asesinos paramilitares, y la complicidad del ejercito en posiciones cercanas para llevar a cabo el exterminio... y hasta que un coronel lleg a la comunidad a pedir disculpas.

Son entre 1200 y 3600 ejecuciones extrajudiciales de jvenes a los prometen trabajos, y aparecen muertos en combate a las pocas horas, y dicen desde el gobierno que se trata de errores mnimos, mientras sigue su poltica de incentivo, recompensas y ascensos a quienes ms cuerpos inocentes presenten como supuestas bajas guerrilleras, mientras las mamitas de Aguachica o de Soacha siguen clamando en el desierto por Justicia para sus hijos..

Miente y mata el rgimen uribista a destajo.

Mientras, nuestro gobierno central, el que preside nuestro presidente ZP, sigue defendiendo a machamartillo las bondades de los negocios de las empresas, mientras se tapan los horrores de las fosas comunes, y se desva para otro lugar la mirada.. Hasta cundo, Sr. presidente?

PRIMERAS CONCLUSIONES DE LA VI DELEGACIN ASTURIANA DE VERIFICACIN DE LA SITUACIN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

La Delegacin visit desde el 29 de enero al 12 de febrero los Departamentos colombianos de Antioquia, Caquet, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Putumayo, Sur de Bolvar y la ciudad de Bogot.

El conflicto poltico, social y armado que sufre Colombia desde hace dcadas a causa de la desigualdad y la injusticia social, se agrava hoy con una de las mayores crisis humanitarias conocidas en su historia. Esta crisis se expresa con una de las ms altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones masivas y arbitrarias, ametrallamientos y bombardeos sobre comunidades campesinas e indgenas, junto con mltiples violaciones de los derechos humanos y transgresiones al Derecho Internacional Humanitario.


Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por todos los actores armados, junto con la inequitativa distribucin de la riqueza, la discriminacin y estigmatizacin de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia, siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos.


Desde el ao 2001, el Gobierno del Principado de Asturies, auspicia el Programa Asturiano de Atencin a Vctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia, que permiti dar acogida temporal a sindicalistas y defensores de los derechos humanos colombianos con alto riesgo probado de perder la vida o su integridad fsica. El programa ha atendido 64 personas hasta el momento y sern 70 personas al finalizar este ao 2010.

Colombia es un pas prioritario para la Axencia Asturiana de Cooperacin al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies.
Desde el ao 2003 hasta el ao 2009, la Axencia Asturiana de Cooperacin al Desarrollu ha destinado casi 3 millones de euros a proyectos de cooperacin, solidaridad y defensa y promocin de los Derechos Humanos en Colombia. En este ltimo ao 2009, casi 900.000 euros.


En ese marco, desde el ao 2005 y de forma anual, la Axencia Asturiana de Cooperacin al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies pone en marcha una Delegacin de Verificacin de la Situacin de los Derechos Humanos en Colombia con el objetivo de elaborar un Informe, puesto a disposicin de los Parlamentos asturiano, espaol y europeo, de los Gobiernos asturiano, espaol y colombiano, de la ONU, de la OIT, de la OEA y de distintos colectivos, movimientos sociales y ONG.


Dando continuidad a esas iniciativas, este ao 2010, una Delegacin Asturiana viaj a Colombia, del 29 de enero al 12 de febrero, con el objetivo fundamental de elaborar el Sexto Informe de Verificacin de la Situacin de los Derechos Humanos. Especficamente se planific la visita a los Departamentos de Antioquia, Caquet, Cauca, Cesar, Putumayo, Sur de Bolvar y Cundinamarca, adems de la ciudad de Bogot.


Presentamos a continuacin las primeras conclusiones de la VI Delegacin Asturiana de Verificacin de la Situacin de los Derechos Humanos en Colombia, que est profundamente conmovida e indignada ante la gravedad de las denuncias y testimonios recogidos y ante las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario constatadas:


1. Denunciamos la actitud intimidatoria, hostil, amenazante, agresiva, irrespetuosa y grosera de Fuerzas Armadas colombianas con esta Misin Internacional. El pasado 2 de febrero en Piuanegro, Putumayo, un helicptero militar aterriz junto a la escuela de la localidad.


Los Generales Cabrera y Coln, al mando de varios oficiales y numerosa tropa que portaba armas de guerra, junto a civiles armados que los acompaaban, se dirigieron de forma ofensiva, intimidatoria y grosera a los miembros de la Delegacin del Principado de Asturies, fotografindolos a todos ellos sin autorizacin. Los Generales, con actitud nerviosa y agresiva, expresaron que los civiles presentes en la zona ramos sospechosos de ser guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla y de haber entrado en Colombia de forma ilegal, a pesar de que desde el primer momento nos identificamos como miembros de una Misin de Observacin de los Derechos Humanos encabezada por un miembro del Gobierno del Principado de Asturies.


El objetivo evidente de los Generales era impedir que la Delegacin constatara las mltiples violaciones del Derecho Internacional Humanitario cometidas en la zona por la tropa: barcos militares con armamento de guerra atracados dentro de la localidad, requisas y registros por parte de militares a poblacin civil, soldados sin identificaciones ni uniformes reglamentarios, helicpteros aterrizando junto a la escuela, militares acampados dentro de las casas del pueblo,..., poniendo en peligro la vida de la poblacin y de los miembros de la Comisin al convertirlos en objetivo militar.


2. Expresamos nuestra mxima preocupacin por las denuncias del accionar violento de grupos paramilitares en los Departamentos y regiones visitadas por la Delegacin. A pesar de que el Gobierno colombiano niega oficialmente la existencia de estos grupos, las denuncias y testimonios constatan que siguen cometiendo masacres, extorsiones, asesinatos y ejecuciones, desplazamientos forzosos, desapariciones, violencia sexual y son un factor de desestabilizacin de la paz publica. Las vctimas de estos grupos, cuya existencia evidencia el fracaso del proceso de desmovilizacin desarrollado entre los aos 2003 y 2006, se sienten desprotegidas por parte del Estado que niega su existencia. El incremento de los grupos paramilitares es clave para entender el aumento de los crmenes y los desplazamientos forzados.


3. Denunciamos la existencia de listados de personas civiles amenazadas de muerte por grupos paramilitares, como represalia por su actividad como dirigentes sociales del Putumayo. De la misma forma denunciamos la existencia de informes de inteligencia del Ejrcito Nacional sobre personas civiles a las que se sindica de guerrilleros y que contienen datos privados de una lista de personas y familias a neutralizar en el Caquet.


4. Alertamos a las autoridades colombianas, de la voluntad de las familias del Municipio de Argelia, Cauca, que son vctimas de asesinatos y desapariciones de familiares por la violencia paramilitar, de retornar a sus casas y tierras. Alertamos a las autoridades para que tomen las medidas oportunas que garanticen la vida y la seguridad de estas familias, ante el grave peligro que van a correr.


Estas familias denunciaron la existencia de una fosa comn, de un matadero, entre Casa de Teja y El Roble, en la Vereda de Nuevo Horizonte, Argelia, Cauca.


5. Ante la alarma social creada por los datos publicados y las declaraciones realizadas por distintos responsables polticos e institucionales respecto a la fosa comn de La Macarena donde podra haber ms de 2000 cadveres sin identificar, solicitamos a las instituciones
responsables del Gobierno y del Estado colombiano que implementen las medidas cautelares necesarias para asegurar las informaciones registradas en los documentos oficiales, que tomen las medidas cautelares necesarias con el fin de asegurar el permetro del Cementerio de La Macarena para prevenir la modificacin de la escena, la exhumacin ilegal de los cadveres y la destruccin del material probatorio que all obra. Por otra parte, sera fundamental la creacin de un Centro de Identificacin Forense en La Macarena con el fin de lograr la individualizacin y plena identificacin de los cadveres NN all sepultados.


6. Expresamos nuestra preocupacin por el desalojo de las comunidades campesinas de la finca Las Pavas, desplazadas al Corregimiento de Buenos Aires, Sur de Bolvar, donde 123 familias fueron desalojadas con violencia por el ESMAD, de un predio en proceso de extincin del dominio que era supuesta propiedad de Pablo Escobar. Estas familias se encuentran en situacin de extrema vulnerabilidad y los terrenos de propiedad privada as como los terrenos baldos estn siendo devastados por la maquinaria que derriba rboles, seca cinagas, caos y acuferos para la plantacin en monocultivo de palma aceitera , dejando a las comunidades en situacin de inseguridad alimentaria, sin trabajo y sin futuro.


7. La vulneracin de los derechos econmicos, sociales y culturales aumenta ao a ao. La pobreza, la pobreza extrema y la inequidad continan siendo temas de preocupacin. Esta situacin afecta particularmente a los pueblos y comunidades indgenas, los grupos afrocolombianos, los desplazados, las mujeres, la niez y las personas con discapacidad. Las limitaciones al disfrute del derecho al alimento de determinadas comunidades las ha llevado a la malnutricin. Asimismo, el limitado acceso a la vivienda y el empleo precario siguen siendo factores de preocupacin. La erradicacin forzada de cultivos ilcitos sin que haya sustitucin de cultivos que sean fuente de ingresos a la poblacin cada vez ms empobrecida.


8. Los pueblos indgenas del Cauca, Caquet y Putumayo denuncian graves violaciones de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y las Leyes por la falta de respeto a sus territorios, tradicin y autoridades, por la presencia de grupos armados dentro de sus caseros y territorios, y por el bloqueo de alimentos y medicamentos a sus Comunidades.


Expresamos nuestra solidaridad y total apoyo a la Administracin Municipal de Caldono, Departamento del Cauca, en cabeza de su Alcaldesa Enelia Salinas y a las Autoridades Indgenas de los seis Resguardos que conforman el Territorio Ancestral de Caldono, en cabeza del Consejero Mayor Abraham Ulcu Chicame, que estn sufriendo graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.


Hacemos un llamamiento urgente a todos los actores armados que operan en la zona y les exigimos que cesen las acciones violentas que afectan gravemente a la poblacin civil.


9. Expresamos nuestro mximo respeto y solidaridad con el dolor de las madres de los jvenes torturados, asesinados o desaparecidos por miembros del Ejrcito Nacional, en Soacha y Aguachica, quienes al dolor por sus hijos, suman las amenazas de muerte de los que quieren silenciar sus denuncias y el dolor de ver que los militares acusados de los crmenes de sus hijos van quedando en libertad por vencimiento de trmino. Mostramos nuestra preocupacin sobre el escndalo de las ejecuciones extrajudiciales dado que la situacin viene generada por la Directiva de la Presidencia de Colombia 029 firmada en el ao 2005 poniendo precio a los guerrilleros muertos en combate, creando as una dinmica perversa entre los miembros del Ejrcito Nacional de Colombia que podan conseguir primas, das de vacaciones o cambios de destino, presentando guerrilleros cados en combate.


10. El periodismo colombiano est sufriendo graves intimidaciones. En el ao 2009 hubo un incremento en el total de las violaciones a la libertad de prensa. La ms grave: el escndalo de las interceptaciones y seguimientos ilegales contra periodistas por parte del DAS. Del escndalo del DAS se han confirmado 16 casos de periodistas, no obstante, se cree que el fenmeno es muchsimo mayor, pues segn la Fiscala, no se ha analizado el total del material incautado. Adems se disearon manuales para amenazar, como lo demuestra la investigacin de la Fiscala en el caso de las interceptaciones a la periodista Claudia Julieta Duque, corresponsal de Radio Nizkor en Colombia.


La FLIP registr con preocupacin el asesinato de un comunicador por razones de su trabajo periodstico en 2009, Jos Everardo Aguilar, de Radio Sper, en Pata, Cauca. Las constantes denuncias sobre corrupcin e informaciones sobre poltica local habran sido el motivo de su crimen, ocurrido el 24 de abril.


En cuanto a las amenazas, stas continan siendo una de las formas ms frecuentes de coartar la labor de los periodistas y de silenciarlos. En 2009 se presentaron 74 casos. La consecuencia es un alto grado de autocensura por parte de los comunicadores colombianos.


11. Denunciamos la falta de garantas para la labor de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Colombia. A la Delegacin Asturiana le fue negado el permiso para entrar en la prisin de alta seguridad de Valledupar con el fin de realizar su labor de verificacin de la situacin de derechos humanos. Dicha prisin es considerada por los reclusos como una crcel de castigo por su alto ndice de violacin de los derechos humanos.


Las autoridades penitenciarias y carcelarias no han dado explicacin alguna sobre los motivos por los cuales se impidi el ingreso al establecimiento de Valledupar. Impedir el ingreso de la Misin Internacional del principado de Asturias y las organizaciones acompaantes en el centro es una clara seal de las intenciones del Estado Colombiano de ocultar a la comunidad internacional la crtica situacin de violacin de derechos humanos que se vive en los centros de reclusin. Hacemos un llamado a la solidaridad con las mujeres detenidas en la Torre 9 de la crcel de alta seguridad de Valledupar, Cesar, que viven en condiciones que atentan gravemente contra la dignidad humana y su dignidad de mujeres y madres.


Exigimos el cierre inmediato de la Torre 9.


De la misma forma, denunciamos que no se permitiera a la Delegacin Asturiana visitar la Base Militar de Palanquero. Estas actuaciones no contribuyen a generar confianza en las decisiones oscuras del Gobierno.


Queremos expresar en este punto, nuestra solidaridad y total apoyo al Director del Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia, Luis Carlos Bonilla Rico, que est sufriendo en estos momentos graves amenazas de muerte, persecucin y seguimientos. Exigimos al Gobierno de Colombia garantice su vida, su integridad fsica, su seguridad y su derecho a ejercer su labor de defensor.


12. En Colombia, segn datos de la CUT, han sido asesinados casi 3.000 sindicalistas y 196 han desaparecido. De los cuales, 520 durante el Gobierno de lvaro Uribe Vlez. De cada 10 sindicalistas asesinados en el mundo, 9 son colombianos. Colombia es el pas ms peligroso del mundo para ejercer el sindicalismo, segn datos de la OIT. Durante el ao 2009 fueron asesinados 31 sindicalistas en Colombia. En este ao 2010, ya van 5 asesinatos. Denunciamos la violencia ejercida de manera sistemtica contra los sindicalistas y la impunidad en que quedan la mayora de estos crmenes.


Son muchas las preguntas que la VI Delegacin Asturiana de Verificacin de la Situacin de los Derechos Humanos en Colombia se hace despus de observar y verificar las graves violaciones de los derechos humanos.


Son muchas preguntas que nos hacemos, pero que tambin hacemos a la llamada Comunidad Internacional, a la UE y al propio Gobierno del Estado espaol: Es este Gobierno colombiano con el que se quiere tener relaciones privilegiadas, con el que se quiere firmar un tratado de libre comercio?Es este Gobierno colombiano con quien se desea establecer una relacin de amistad y respeto mtuo?, Cunto ms se va a callar ante lo que est sucediendo en Colombia? Es el silencio una respuesta aceptable y creble?


Es necesario expresar con la mxima claridad que no es posible firmar ningn tipo de tratado de libre comercio con un Gobierno sobre el que pesan graves acusaciones de violacin de los derechos humanos y con un Estado sobre el que pesa la sospecha permanente sobre sus implicaciones y responsabilidades en la narcoparapoltica.


La defensa de los derechos humanos debe estar por encima de cualquier inters econmico, poltico o estratgico.


La Axencia Asturiana de Cooperacin al Desarrollu del Gobierno del Principado de Asturies apoyar todos los esfuerzos que se hagan para encontrar la paz con justicia social en Colombia y contribuir a crear espacios de dilogo y debate para encontrar una salida negociada al largo conflicto poltico, econmico, social y armado que vive el Pueblo colombiano.


Oviedo a 23 de febrero 2010



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