Portada :: Colombia
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-02-2010

Corte Constitucional tumb el referendo reeleccionista
lvaro Uribe no podr volver a ser presidente

Caracol / El Espectador / Semana


El presidente de Colombia, lvaro Uribe, no podr presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 30 de mayo, segn una decisin adoptada este viernes por la Corte Constitucional, que declar inexequible -es decir, imposible de ejecutar- la Ley 1354 de 2009, "Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideracin del pueblo un proyecto de reforma constitucional" para darle va libre a una segunda reeleccin presidencial.

Siete de los nueve miembros de la Corte Constitucional apoyaron la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto, para quien los vicios de forma no son simples formalismos, sino irregularidades que atentan contra la esencia de la democracia y contra artculos expresos de la Constitucin.

La ley de convocatoria del referendo haba sido aprobada en septiembre pasado por el Congreso, de mayora uribista, para que el actual presidente pudiera volver a postularse a un tercer mandato, tras haber reformado la constitucin en 2004 recurriendo a la compra de votos y al delito de "cohecho", lo que se destap en 2008 con el escndalo conocido como "Yidis poltica".

Uribe, luego de conocer el fallo le envi el mensaje al pas de no abandonar el rumbo. Tengo un deseo, de poder servir a Colombia desde cualquier trinchera, desde cualquier circunstancia, hasta el ltimo da de mi vida. Deseo que el pas mejore el rumbo, pero que no abandone el rumbo. Las generaciones vivas desde los aos 40 no hemos tenido un da completo de paz, dijo el mandatario en una alocucin desde Barranquilla, reconociendo lo que tantos esfuerzos ha hecho por negar y disfrazar: que en Colombia hay una guerra.

La decisin de la Corte Constitucional desat un cmulo de reacciones entre los candidatos que optan a la presidencia de Colombia. Pese a su declarada "tristeza", el principal beneficiado por la decisin del alto tribunal es el ex ministro de Defensa y presidente del Partido de la U, Juan Manuel Santos, quien con toda probabilidad ser el candidato presidencial del uribismo como proyecto paramilitar, articulado en torno a la poltica de "Seguridad Democrtica".

No en vano Juan Manuel Santos ha sido, durante los tres aos en que se desempe como Ministro de Defensa, hasta su dimisin en mayo pasado, la cara ms dura (en toda la acepcin del trmino) del rgimen uribista. A l cabe atribuirle la responsabilidad poltica directa por las ms de dos mil ejecuciones extrajudiciales de jvenes y campesinos asesinados por la Fuerza Pblica y luego presentados como "guerrilleros cados en combate", lo que se conoce en Colombia como el escndalo de los Falsos Positivos (un escndalo con sordina, que no se ha cobrado ni un solo alto mando militar ni poltico en trminos penales).

Y fue Juan Manuel Santos el responsable poltico directo del criminal ataque contra territorio ecuatoriano denominado "Operacin Fnix", durante la que el 1 de marzo de 2008 fueron asesinadas mientras dorman 26 personas en un campamento guerrillero de las FARC, entre ellas, el comandante Ral Reyes, un civil ecuatoriano y cuatro estudiantes mexicanos. Esta agresin violatoria del Derecho Internacional Humanitario provoc una grave crisis diplomtica con Ecuador y Venezuela, y llev a un juez ecuatoriano a dictar orden de captura internacional contra Juan Manuel Santos y los generales colombianos Freddy Padilla, jefe de las Fuerzas Militares; scar Naranjo, jefe de la Polica, y Mario Montoya, ex comandante del Ejrcito.

Es llamativo que la causa contra Juan Manuel Santos y sus secuaces haya sido sobreseida por el juez ecuatoriano Francisco Revelo esta misma semana, despus de que los mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, lvaro Uribe, se reunieran en Mxico en el marco de un proceso de restablecimiento de las relaciones bilaterales que ha avanzado hasta la designacin de encargados de negocios en las embajadas de los dos pases.

Y no menos significativa es la llegada a Colombia, un da antes de la votacin definitiva de los 9 magistrados de la Corte Constitucional sobre el referendo reeleccionista, del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense, Len Panetta, quien sostuvo una reunin de carcter "privado" con el todava presidente Uribe,en un momento en que los apoyos polticos y mediticos empiezan a fallarle. Cabe recordar que lvaro Uribe Vlez figura en una lista elaborada por el Departamento de Estado de la Casa Blanca en los aos 90, como el narcotraficante nmero 82...

Argumentos de la Corte Constitucional

La revista Semana resea los principales puntos de la ponencia del magistrado Sierra Porto:

"Su anlisis se concentr en revisar si se incurri en vicios insalvables en el trmite de la ley que convoca el referendo. Para l no era automtico que los vicios de trmite fueran de segunda categora frente a la voluntad popular, como conceptu el procurador, Alejandro Ordez.

Este fue el principal fundamento en la ponencia de Sierra: que los vicios de forma no son simples formalismos, sino irregularidades que atentan contra la esencia de la democracia y contra artculos expresos de la Constitucin. El texto exalta la voluntad popular, como lo hizo tambin el Procurador, pero, a diferencia de ste, dej claro que en la democracia son indispensables ciertas reglas para que se exprese esa voluntad popular.

El vicio ms grave, segn se desprende de la lectura de la ponencia, es el de la manera como se financi la recoleccin de las firmas para convocar al referendo. El magistrado estudi una a una las pruebas y lleg a la conclusin de que la convocatoria no fue resultado de la libre expresin del pueblo, sino de grupos que con intereses particulares se toman esa voluntad popular. El Comit de Promotores gast en la campaa del referendo seis veces ms que el monto autorizado; hubo aportes individuales superiores hasta casi 30 veces el monto permitido y ms del 60 por ciento de quienes violaron los topes individuales eran contratistas del Estado. El magistrado calific adems como una "maniobra para burlar la ley" el intento que hizo el comit de promotores de ocultar la violacin de los topes utilizando como mampara la Asociacin Colombia Primero.

Por cuenta de este lo de la financiacin se desprende el segundo vicio por el cual Sierra Porto pidi hundir el referendo. Y es que los congresistas comenzaron a discutir el proyecto sin contar con uno de los permisos que exige la ley estatutaria de los mecanismos de participacin. Se trata de la famosa certificacin que deba dar el Registrador Nacional. La tarea era aparentemente simple. Consista en poner un chulo con el cual el Registrador certificaba que la recoleccin de las firmas se haba ceido a las normas. Pero el Registrador nunca dio ese chulo, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE), a su vez, no fue capaz de reconocer que se haban violado los topes. El CNE decidi lavarse las manos y dejar esa papa caliente a un grupo de conjueces que lleg a la misma conclusin del magistrado Sierra Porto. Pero su decisin fue echada en saco roto. La falta de ese papelito, valga recordar, fue la razn para que la Corte Suprema abriera investigacin a 86 representantes a la Cmara.

Todas esas irregularidades llevaron a Sierra Porto a plantear una reflexin de fondo: "Esta certificacin resulta un elemento fundamental porque cumple una finalidad de salvaguarda de la democracia, evitando que mecanismos de participacin (como el referendo) se conviertan en instrumento de grupos que, con el suficiente dinero y sin un lmite en los recursos, terminen por apropiarse de la voluntad popular ciudadana desdibujando completamente su esencia como expresin espontnea de los distintos pareceres de la sociedad".

Los otros tres vicios del referendo que registr el magistrado tambin tenan para l un hondo calado constitucional. El cambio de la pregunta, por ejemplo, es uno de ellos. Lo interesante es que Sierra no se enred en la discusin de si la gente firm para que Uribe pudiera ser reelegido en 2010 o en 2014, pues por ese camino se terminaba en conclusiones subjetivas. Lo que dijo fue que el Congreso se "excedi" en sus atribuciones al hacer una modificacin "sustancial" del texto original de la pregunta.

La cuarta irregularidad fue la de los cinco trnsfugas que cambiaron de partido solamente para votar la conciliacin en septiembre pasado. Para esa poca las cuentas no daban y buena parte del mundo poltico daba por muerto el referendo. La sorpresa fue que en el momento de la votacin, la conciliacin pas con 85 votos, uno ms de los que se necesitaban. Lo que afirm Humberto Sierra fue que cinco de esos votos no eran vlidos porque los depositaron congresistas que estaban impedidos para votar. La sancin les haba sido impuesta por el Comit de tica de Cambio Radical, el partido al cual pertenecan. El da antes de la votacin se trastearon para el partido de la U y depositaron su voto a favor de la conciliacin del referendo. Para Sierra Porto, el cambio de partido no los exima del veto que pesaba sobre ellos.

El quinto y ltimo vicio que, segn Sierra, dio lugar a declarar inexequible el referendo fue la manera como se convocaron las sesiones extra del Congreso el 17 de diciembre de 2008. Esas extras, que empezaron a las 0:05 minutos de la madrugada, fueron definitivas para que el ministro del Interior, Fabio Valencia, pudiera mantener el qurum que tena cautivo y gracias a eso un rato despus logr que la plenaria de la Cmara de Representantes aprobara el referendo. Sin embargo, la ponencia de la Corte afirma que esa sesin es nula porque empez sin que se hubiera publicado en el Diario oficial el decreto que convocaba las extras. Y esto, que puede parecer una irregularidad menor, para Sierra es un requisito indispensable para garantizar que todos los congresistas y no slo los que estaban esa noche en el recinto se pudieran enterar de la nueva convocatoria.

El procurador Alejandro Ordez en su concepto reconoci la existencia de varias de esas irregularidades, pero consider que no alcanzaban a tener la categora para invalidar la expresin de la voluntad popular que para l prima sobre cualquier otra consideracin. Un ejemplo de esto es que afirm que no era necesaria la publicacin en el Diario oficial de la convocatoria de las sesiones extra, pues la lectura que se le haba dado al decreto en el recinto del Congreso pasadas las 12 de la noche era suficiente. No es este el nico punto en el que contrastan el concepto del Procurador y la ponencia del magistrado. Ordez, en su apoyo casi irrestricto a la voluntad del pueblo, acaba acogiendo la teora del Estado de opinin con la misma conviccin con que lo hace Jos Obdulio Gaviria. Sierra Porto, por su parte, se podra decir que es un constitucionalista ortodoxo cuya prioridad es reivindicar el Estado de derecho".

(Ver conclusiones de la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto)



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter