Carlos Iván Peña Orjuela ha sido sometido a una serie de actos de presión por parte de funcionarios de la policía judicial de la SIJIN para que atestigüe contra campesinos inocentes de la región del Magdalena Medio santandereano. Este preso político se halla recluido desde su captura (en septiembre de 2009) en el Establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana Seguridad de Palogordo ubicado en Girón - Santander, donde cumple sentencia condenatoria pues ante un juez aceptó su condición de rebelde.
Desde el primer momento de su captura él fue presionado por parte de agentes policiales para que “colaborara” pues de lo contrario “le iba a costar muy caro”, sin embargo la situación se tornó verdaderamente grave el pasado diez (10) de diciembre de 2009, cuando este recluso fue trasladado al palacio de justicia de Bucaramanga para una diligencia judicial donde se daría lectura de su fallo. En los calabozos del mismo, de manera irregular y sin defensor, fue abordado por el agente de la SIJIN Santander, Juan Carlos Celis Torres, quien le ofreció dinero y beneficios jurídicos a cambio de “colaboración”.
Ante la negativa que obtuvo como respuesta, el policial repitió las amenazas recibidas el día de la captura pero además habló de montajes judiciales en contra de CARLOS IVÁN PEÑA ORJUELA y de su familia, y amenazó directamente a su hijo diciendo que “de pronto anochecía pero no amanecía” el niño. Por último le dio un plazo de ocho días para que se decidiera a convertirse en otro de los tantos testigos a sueldo que proliferan en el sistema judicial colombiano. Esta situación fue denunciada oportunamente por el detenido político y nuestra Fundación a las autoridades judiciales competentes (Fiscalía y Procuraduría General de la Nación), sin que hasta la fecha conozcamos avances significativos en la investigación.
Antes tales antecedentes, con preocupación recibimos información de la desaparición forzada y posterior homicidio del hermano menor del detenido político, OMAR DANIEL RODRIGUEZ ORJUELA de 25 años de edad, en hechos ocurridos a partir del 29 de enero de 2010 en la ciudad de Bogotá.
OMAR DANIEL RODRÍGUEZ ORJUELA fue ultimado con tres impactos de arma de fuego en su cuerpo, hecho que resulta impactante para sus familiares, quienes manifiestan que “él no tenía vínculo con actividades ilegales, ni problemas judiciales en toda su vida y tampoco tenía enemigo conocido”. La víctima residía junto a su compañera y su bebé de nueve meses. Pocos días antes - el 23 de enero de 2010 – ingresó a la llamada Cárcel de Palogordo a visitar a su hermano el detenido político CARLOS IVAN PEÑA ORJUELA.
Además del homicidio de OMAR DANIEL, nos preocupan altamente los hechos ocurridos el 15 de febrero de 2010, cuando fue capturada por el mismo miembro de la SIJIN, la señora MARÍA YOLANDA CAÑÓN, también familiar del detenido político CARLOS IVAN PEÑA a quien acababa de visitar en prisión.
MARIA YOLANDA CAÑÓN era justamente la persona que tenía a cargo la custodia y cuidado personal del hijo del detenido político, de tan solo seis años de edad. Fue en su lugar de residencia que se produjo la captura de CARLOS IVAN, pero en el sitio no se hallaron elementos ilegales. La mujer no tiene vinculación alguna con organizaciones rebeldes y desconocía de la militancia política de su familiar; sin embargo, hoy se encuentra privada de la libertad en la reclusión de Mujeres de Bucaramanga, ciudad a donde curiosamente fue trasladada para la realización de la audiencia de legalización de captura.
Nos informa el detenido político que tan pronto se enteró de la captura procedió a llamar al celular de MARIA YOLANDA, llevándose la sorpresa de que quien contestó fue el agente de la SIJIN Juan Carlos Celis Torres, quien se mofó de él advirtiéndole que si insistía en su negativa a “colaborar” seguirían las detenciones contra su familia. En palabras textuales: “Yo le dije a usted que colaborara y usted no quiso colaborar y entonces yo a usted se lo dije y la fiscalía tenía un paquetico y me tocó ir a capturarla y además por ahí le tengo otros paqueticos”.
Con profunda tristeza y preocupación el detenido político manifiesta que tanto su hermano asesinado como la señora MARIA YOLANDA CAÑON eran las únicas personas que lo visitaban en prisión y ahora teme principalmente por la vida de su hijo.
Ante la gravedad de la situación, imperativo resulta denunciar estos hechos, no sólo a la opinión pública sino también frente a las autoridades competentes, ante quienes insistiremos en la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva, seria e imparcial para evitar que se perpetúe la impunidad.
Las denuncias del detenido político CARLOS IVAN PEÑA ORJUELA no pueden pasar como un hecho más, ni para la sociedad, ni para las autoridades judiciales, por cuanto pueden constituir una evidencia de actuaciones ilegales y vengativas de miembros de la policía judicial para generar “resultados” que desconocen los principios y presupuestos del Estado Social de Derecho y las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
Este tipo de prácticas son compatibles con las políticas que han traído como resultado las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos” y la judicialización masiva de población civil inocente, detenida en las famosas “capturas masivas”.
http://www.comitedesolidaridad.com/index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=46
