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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-03-2010

Remedios Garca acusada sin pruebas por la Audiencia Nacional espaola de colaborar con las FARC
Cmo se criminaliza a los defensores de los derechos humanos

Carlos Alberto Villanueva
Diagonal


El documento que se ha filtrado a la prensa estos das desde el despacho del juez Eloy Velasco sobre la supuesta relacin entre Chvez, ETA y las FARC acusa a 13 personas, entre espaoles y colombianos. Cuatro personas estn acusadas de tenencia de explosivos en colaboracin con banda armada, seis de colaboracin con banda armada terrorista, y tres de conspiracin para cometer homicidios terroristas.

Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia y los Derechos Humanos de Madrid, todo este asunto es uno ms de los continuos ataques del estado Colombiano contra defensores de derechos humanos y personas que han trabajado, desde el Derecho Internacional Humanitario, por una salida poltica al conflicto que asola a Colombia. Toda esta estrategia, apodada por los polticos colombianos como "contrainsurgencia", pretende a nivel internacional distraer la atencin sobre la situacin actual del Congreso de la repblica de Colombia, donde casi al final de la legislatura, ms de un 35% de sus miembros afrontan juicios por su implicacin con el narcotrfico y el paramilitarismo. De igual manera, hasta noviembre de 2009, afrontan juicios por los mismos motivos 12 gobernadores, 166 alcaldes, 13 diputados y 58 concejales segn ha revelado Naciones Unidas. La Plataforma de Solidaridad con Colombia, seala tambin que la comprensin de las acusaciones del juez Eloy Velasco slo es una de las lneas de aproximacin para el entendimiento global de la situacin y su anlisis puede dar los elementos bsicos de lo que se puede entender como un modus operandi del gobierno colombiano en el mbito nacional e internacional.

Segn Enrique de Santiago, abogado de Remedios Garca en los juicios abiertos en la Audiencia Nacional por los jueces Eloy Velasco y Baltasar Garzn, todo esto es una ms de las operaciones de los servicios de inteligencia colombianos para dificultar las relaciones con Venezuela. En la misma lnea, se pronunci Daniel Pcaut, al referirse a las acusaciones del ministro de Defensa colombiano contra el delegado suizo Jean Pierre Gontard, quien trabaj hasta poco despus del bombardeo al campamento de Ral Reyes en 2008, en acercamientos con las FARC con motivo de un posible intercambio humanitario de prisioneros y personas retenidas/secuestradas, se trata de una estrategia deliberada y que el ataque a aquellos que trabajaron como intermediarios es un modo de frenar a quienes intentaran seguir trabajando para facilitar una negociacin con las FARC.

Para De Santiago, con respecto a los procedimientos judiciales que se han llevado a cabo, tanto dentro como fuera de Colombia, a raz de las supuestas incautaciones de informacin en los ordenadores de Ral Reyes, llama la atencin que todas las personas que han sido sometidas a procedimientos judiciales se han destacado, al margen de sus ideas polticas, por su trabajo en defensa de una salida negociada al conflicto o en favor de acuerdos humanitarios. En su opinin se trata de una advertencia para todos aquellos que trabajan para la mediacin y para la resolucin poltica del conflicto interno colombiano conforme al Derecho Internacional Humanitario.

En el caso de Remedios Garca: porque ella rene una serie de requisitos. En primer lugar, es una mujer vinculada a distintos movimientos solidaridad con pueblos que luchan por su liberacin, no slo en Amrica Latina, pues ha trabajado muchos aos en conflictos como los del Sahara, Palestina e Irak. En segundo lugar, se elige a una mujer que fue una de las organizadoras, como tcnico en resolucin de conflictos, no con responsabilidades polticas, del encuentro realizado entre el gobierno Colombiano y las FARC en Espaa en el ao 2001 en Alcal de Henares.

Juicios fuera de Colombia

El antecedente de esta estrategia de criminalizacin se sita en Costa Rica en el ao 2003, durante el primer ao de mandato del gobierno de lvaro Uribe y despus del fracaso de los Dilogos de Paz entre el anterior Gobierno y las FARC. Con motivo de los cuales, y a solicitud de ambas partes, se haba solicitado la intermediacin de personas del mbito poltico y acadmico. A su vez, Costa Rica autoriz el ingreso de personas delegadas por las FARC y el Gobierno para adelantar las gestiones pertinentes. Tambin, el Gobierno de Costa Rica, autoriz el establecimiento de un despacho en San Jos. Fue entonces, con la muerte de Ral Reyes, el 1 de marzo de 2008, y con el anuncio de la supuesta documentacin existente en su ordenador, cuando se inici la persecucin internacional. El 18 de marzo de 2008, a tan slo 2 semanas de la supuesta incautacin, se inicia la agresin meditica y judicial, basada en los supuesto contenidos digitales, contra varios ciudadanos de Costa Rica: Francisco Gutirrez y su esposa, Cruz Prado y el ex congresista del Partido Conservador Colombiano, lvaro Leyva, refugiado en este pas desde 1998, todo en colaboracin con el diario local Alda y las agencias de inteligencia. Todos ellos, hoy libres judicialmente de todas las acusaciones.

En el Estado espaol tambin se inicia la persecucin de los activistas pro derechos humanos de Colombia. El 25 de julio de 2008 se detuvo a Remedios Garca, con un juicio abierto en el despacho del juez Garzn, del cual an no se ha levantado el secreto sumarial. Segn Enrique de Santiago, el hecho de que se mantenga el secreto sumarial es altamente preocupante, pues deja a Remedios en un estado de indefensin al no poder aportar pruebas sobre las imputaciones; secreto que, adems, se va a prolongar un mes ms a peticin de Garzn.

Pruebas sin fundamento contra Remedios Garca

En el caso que ahora instruye el juez Eloy Velasco, las pruebas, segn De Santiago, son fundamentalmente esos supuestos correos electrnicos encontrados en los ordenadores de Ral Reyes. El testimonio de dos supuestos desmovilizados de las FARC, de los cuales no se da nombre, en ningn momento, slo sus alias. Despus el juez menciona dos supuestas pruebas, que desde el punto de vista judicial debern acreditar quienes digan que son pruebas: ruedas de prensa y videos de informativos de televisin. Adems, otra prueba que se menciona, que an no se ha podido conocer, son unos supuestos informes realizados por las fuerzas de seguridad espaolas.

Gloria Ins Ramrez, Wilson Borja, lvaro Leyva, Carlos Lozano, Piedad Crdoba, los periodistas Hollman Morris y William Para son algunas de las personas que han afrontado juicios ante la justicia de Colombia. El eje de las pruebas, en todos los casos, ha sido los supuestos correos electrnicos incautados a Ral Reyes. Hasta la actualidad no se han podido demostrar en los distintos juicios las acusaciones vertidas contra ellos. La existencia de dichos correos ha sido desmentida bajo juramento por un miembro de la Polica Judicial, el capitn Ronald Ayden Coy Ortiz, que hizo el informe sobre el computador de Reyes, al ser preguntado por el contenido de dicho ordenador en el juicio contra Carlos Lozano.

El proceso en el Estado espaol en la Audiencia Nacional (AN) empieza a instruirse en julio de 2008, con la visita del fiscal jefe a Colombia. En la causa de Eloy Velasco hay dos bloques de pruebas. En primer lugar, las que se aportan desde Espaa, que datan de los aos 93, 94 y 99, y tambin las diligencias policiales del 99. Todas ellas producto de la documentacin intervenida a personas que en su momento fueron presentadas como miembros de ETA. En segundo lugar, las pruebas, que segn el auto de procesamiento, han sido aportadas por la Comisin Rogatoria Internacional (CRI) y que han sido instruidas y recogidas por los cuerpos de seguridad de Colombia, es decir, toda la documentacin que supuestamente vincula a Remedios Garca con las FARC y, a su vez, a las FARC y a ETA.

Para Enrique de Santiago, una de las incongruencias ms grandes halladas en todo el proceso radica en las enormes diferencias entre los respectivos documentos elaborados por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional (quien despus de su visita a Colombia en julio de 2008 interpone una querella para que se investiguen las supuestas relaciones entre ETA y las FARC) y el auto de procesamiento del juez Velasco. El fiscal jefe sita los supuestos cursos de entrenamiento en explosivos entre ETA y las FARC en Espaa y, a su vez, el juez los ubica en territorio de Venezuela. Por otro lado, el fiscal en ningn momento hace referencia a Remedios Garca, pero el juez la acusa como una de las organizadoras de dichos cursos en el territorio venezolano.

Para los miembros de la Plataforma de Solidaridad con Colombia, el estudio de la documentacin refleja que se trata de una causa instruida por Colombia y con una enorme posibilidad de que gran parte de estas pruebas fuesen aportadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuyos cuatro ltimos directores, sus respectivos subdirectores, dos ex jefes de inteligencia y un jefe del servicio de informtica han terminado en prisin por vnculos con el narcotrfico y el paramilitarismo.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Como-se-construye-una-matriz-de.html

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