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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-03-2010

El conflicto en de materia Derechos Humanos en el gobierno de la izquierda uruguaya

Bruno Lima Rocha
Barmetro Internacional


En este artculo abordamos la poltica contradictoria del Frente Amplio en el ejercicio del gobierno uruguayo frente a los derechos humanos. En la primera parte, hacemos el elogio a la punicin de Bordaberry, Goyo Alvarez y otros criminales. En la segunda parte, realizo la crtica en cuanto a la conducta en el plebiscito por el referndum revocatorio de la Ley de Caducidad y a la promocin de los oficiales comandantes de los asesinatos del Hospital Filtro en agosto de 1994.

El dictador dos veces condenado

Mientras el Brasil discute la reedicin del Plan Nacional de Derechos Humanos y la posibilidad de revisin de la Ley de Amnista (1979, que amnisti a torturadores y guerrilleros, todos juntos), nuestros vecinos intentan ajustar cuentas con el pasado. El respetado semanario Brecha public en su tapa de 12/02 la figura del ex-presidente del Uruguay, Juan Mara Bordaberry. El co-autor del golpe cvico militar de 27 de junio de 1973 fue condenado a la pena mxima, 45 aos en prisin domiciliaria (por la edad avanzada) si no se evade sin autorizacin. La sentencia, hasta ahora definitiva, fue dada por la jueza penal Mariana Moto basndose en una ley de cooperacin con la Corte Penal Internacional en las materias de lucha contra el genocidio, crmenes de guerra y lesa humanidad. Ahora, cabr al ex-presidente recurrir de la condena por desaparicin forzada, homicidio poltico y atentado a la Constitucin.

Este caso puede abrir un precedente importante para la cuestin de los derechos humanos en Amrica Latina. Juan Mara Bordaberry gan las ms que sospechosas elecciones uruguayas de 1971. Si hubiera perdido, el poltico colorado y latifundista tena como plan B la articulacin, junto a las embajadas del Brasil y de los EUA, de la consecucin de la Operacin 30 Horas. La versin de la blitzkrieg para el Cono Sur consista en la toma del territorio del Uruguay por las tropas brasileas estacionadas a lo largo de los ms de 1000 kms de frontera seca entre los dos pases. Los blindados del Ejrcito de Brasil haran el papel de la caballera imperial y decidiran en la punta de los fusiles la eleccin de un gobierno bajo Estado de Sitio (o dictadura constitucional), luego de la gestin del tambin colorado y presidente con aires dictatoriales, el ex-boxeador Pacheco Areco. La invasin brasilea no fue necesaria gracias a la victoria en las elecciones fraudulentas. Dos aos despus, estaba dado el golpe, instaurando la dictadura que durara hasta 1985.

Al hacer anlisis poltico por comparacin nos quedamos espantados de cuan lejos est Brasil de los pases del Cono Sur de Amrica. En el Uruguay y en la Argentina -que ya castig a parte de los altos mandos dictatoriales- los activistas de derechos humanos luchan para condenar a la jerarqua intermedia de torturadores e intentan frenar la criminalizacin de la protesta poltica. Con todas sus limitaciones, hay que reconocer que hasta el Chile bajo los gobiernos de la Concertacin, super algunas trabas del Estado pinochetista y copnden a operadores de la temida DINA (polica poltica de Pinochet) y otros rganos de colaboracin en la Operacin Cndor.

En el Brasil, an reclamamos que el gobierno de Lula ajuste una parte de las cuentas con el pasado dictatorial. En el apagar de las luces de 2009, es lanzado el Plan Nacional de Derechos Humanos y el mismo es rechazado en bloque por el ministro de la Defensa Nelson Jobim, el mismo que fuera ministro de la Justicia de FHC, posicionandose hombro a hombro con los comandantes de las Fuerzas Armadas. De su parte, Luiz Incio Lula da Silva sali por la tangente, declarando no haber ledo el decreto del PNDH antes de firmarlo. Desde las protestas castrenses a finales del ao el Plan viene siendo lavado, manteniendo la amnista para los autores de crmenes como tortura, secuestro, asesinato, violacin, robo de nios y expolio de bienes personales.

Bordaberry puede estar en casa, pero est preso y condenado en dos instancias. Fue sentenciado en la Justicia formal del pas donde fue dictador y tambin es juzgado en la memoria popular cultivada, no permitiendo olvidar aquello que jams debera haber acontecido.

Lo inverso en la materia, al no condenar a los puestos intermedios, hacer media campaa de la Ley de Caducidad y promover a la jerarqua de la Guardia Republicana

En un artculo anterior abordamos el primer turno en las elecciones generales del Uruguay a partir de la ptica de Memoria, Verdad, Justicia y Punicin a los torturadores y autores de crmenes de lesa humanidad. En este primer texto, se refleja el conflicto de castigar a quin hizo y no a quien hace o recibi rdenes para hacer. Recordando las variables que cruzamos, dimos nfasis que el aumento del margen electoral del Frente Amplio no acompa a la profundidad punitiva que una parte de esta misma base frente amplista estaba esperando. Se dio lo opuesto. Jos Mujica gan lejos de Alberto Lacalle en la segunda vuelta, pero en la primera vuelta, cuando el tema en pauta podra calentar la poltica nacional, el FA apost poco en el referndum revocatorio de la Ley de Caducidad. ste, si se hubiera aprobado, podra haber llevado a un castigo transversal en todo el aparato represivo en el pas que tuvo el mayor nmero absoluto de presos durante la Operacin Cndor.

El problema en ese caso era que quin peda tranquilidad y calma era un ex-rehn de la dictadura cuando era preso poltico. Cuando Mujica era ministro de Agricultura, Ganadera y Pesca, fue algunas veces a aparecerse en la TV comparando el pago de la deuda externa del Uruguay con la deuda que los vecinos tendran con el dueo del almacn de la esquina. En la prctica, su lenguaje popular sirve de colchn para los temas estratgicos absorbiendo la simpata que, sumada la pachorra de tipo provinciana y comunitaria, lleva la calma a los barrios de tradicin militante. El mismo se dio y se da cuando el tema llega a la posibilidad del castigo a los puestos intermedios de la represin en el periodo duro (pre y durante la dictadura uruguaya).

Es obvio que las soluciones del Frente Amplio son paliativas si las comparemos con las demandas de la militancia por los derechos humanos en el Uruguay. Lo mismo viene dndose en el gobierno de los Kirchner en la Argentina. El tema de las defensas y garantas individuales y la vigilancia sobre el aparato represivo se vuelven, en los gobiernos de izquierda parlamentaria, ventaja para el pasado dictatorial. En el Uruguay en el momento no hay presos polticos, aunque el gobierno de izquierda ya prendi gente ms a la izquierda en los ltimos cuatro aos. Ya el nmero de militantes respondiendo a procesos llega casi a un centenar, lo que es demasiado para un pas con poco ms de 3 millones 200 mil residentes. Tambin es preciso reconocer que, como de costumbre, en el otro lado del Ro de la Plata, la situacin es ms complicada, pues durante los dos mandatos del Justicialismo ms nacionalista y popular, hubo muertos, desaparecidos y presos polticos. Pero, hay una semejanza.

Comparando las polticas de Uruguay y Argentina actuales, hay un patrn repetido. Al tiempo que los polticos frenteamplistas condenan a los reconocidos autores de crmenes de lesa patria y lesa humanidad de tres dcadas atrs, se esquivan ante de la defensa de los derechos humanos en la democracia contempornea. El ltimo asesinato del Estado uruguayo contra manifestantes fue en agosto de 1994, cuando una multitud se reuni para reivindicar el derecho de asilo a refugiados polticos del pas vasco, en este caso, activistas conectados al brazo civil y pblico de la organizacin poltico-militar ETA. Era el penltimo ao del gobierno blanco de Alberto Lacalle, el mismo que ha perdido recientemente la segunda vuelta de las elecciones ante el ex-guerrillero Jos Mujica teniendo como vice al economista neoliberal Danilo Astori. En 24 de agosto de 1994, dos jvenes con implicacin en actividades barriales perdieron la vida.

En la ocasin, Fernando Morroni y Roberto Facal fueron asesinados por las tropas del Ministerio del Interior del Uruguay. El primero, en el correr de la lucha nocturna entre pueblo y tropas y el segundo, al viejo estilo, arrancado de su casa por mandos policiales en trajes civiles. La Justicia del pas reconoci y conden a los siguientes oficiales: capitn Jacinto Omar Ojeda y el teniente-coronel Juan Miguel Roln que tenan poder de mando sobre los Coraceros, y a los mayores Hctor Daro Domnguez y Miguel Nery Moura quienes ejercieron poder de mando directo sobre los Granaderos. Como se sabe, ambos Regimientos, ms los GEO (en la poca an como versin de las GES) fuerzas especiales antidisturbios y contraterroristas forman la punta de lanza de la represin en el interior del pas hermano.

Desde entonces, presionado por la sociedad civil, ningn oficial superior del Regimiento vena siendo promovido. La propia oligarqua de la Banda Oriental, an en el gobierno de Alberto Lacalle (Partido Nacional) y posteriormente con Sanguinetti y Jorge Battle (Partido Colorado), no se aatrevi a promover a los oficiales de la unidad que dej el pas en pie de guerra. Ya el gobierno de Tabar Vzquez, segn denuncia que o en vivo de integrantes de la Plenaria Memoria y Justicia durante el 8 Encuentro Latino Americano de Organizaciones Populares Autnomas (Elaopa), realizado en Lagomar, Canelones en febrero ltimo (2010), aplic la receta opuesta.

El temido Regimiento de Coraceros tuvo promociones durante el gobierno del mdico onclogo natural del histrico barrio de La Teja (zona oeste de la capital, legenda de militancia y combatividad clasista). Lo que ni Lacalle, Sanguinetti o Battle tuvieron el coraje de realizar, an durante la crisis econmica de 2002, la izquierda parlamentaria lo termin haciendo! Los motivos? Una hiptesis es sealar que una parcela del Poder Moderador de las fuerzas del orden, sigue bienvenida. La otra es mostrar a la izquierda ms radicalizada que existe un lmite de tolerancia en la protesta social.

En el entender de este analista, ambas respuestas son vlidas.

Bruno Lima Roch, politlogo radicado en el sur de Brasil ([email protected]), docente universitario y militante del frente de medios Elaopa.org


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