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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-04-2010

Ms crceles, ms presos y ms mano dura a golpe de titular

Rosa Marqus Carmona
Diagonal


Pese a que el Estado espaol tiene uno de los ndices de criminalidad ms bajos de la UE, su legislacin se endurece siguiendo los debates generados en los medios, una solucin rpida que no tiene en cuenta la realidad de la crcel.

En plena tramitacin del endurecimiento del Cdigo Penal impulsado por el Gobierno, con el apoyo parlamentario de PP y CIU, son pocos los espacios informativos en los que se da cabida a las voces ciudadanas y del mundo del derecho que piden un mnimo de reflexin y rigor.

El endurecimiento de las penas se est legislando a golpe de noticias sensacionalistas, bajo el sometimiento a la opinin pblica que est, a su vez, a merced de los medios de comunicacin, como ha sealado estos das la asociacin de Abogados Europeos Demcratas en el Congreso Internacional La crcel en Europa celebrado en Pisa (Italia). Un mal extendido no slo en el Estado espaol, sino en toda Europa y un hecho que en nuestro pas llevan aos denunciando asociaciones de familiares de presos y profesionales.

Pese a que los delitos graves han disminuido en los ltimos 40 aos se producen menos de la mitad de violaciones, homicidios y asesinatos que entonces, ahora, a cada uno de estos crmenes, se les dedica medio telediario o un programa de televisin completo, provocando una alarma social que, cada poco tiempo, justifica la exigencia del endurecimiento de las normas penales. Una vez ms, las cifras: en el Estado existen 87 crceles. Todas, excepto las de Catalua, dependen del Ministerio del Interior (Instituciones Penitenciarias II PP). Segn datos de la Secretara General de II PP, en marzo de 2010 la poblacin reclusa total era de 76.570 personas.

Desde 1990 se ha producido un incremento del 130% aunque el aumento de la poblacin espaola, segn el Instituto Nacional de Estadstica, ha sido del 20%. Qu delitos han cometido? En enero el cmputo de poblacin penada era de 58.413 personas. Ms de la mitad, es decir el 67,32%, est privada de libertad por robos, hurtos o trfico de drogas y no hablamos de grandes narcotraficantes. Sin embargo, los delitos de homicidio (5,23%), contra la libertad sexual (6,22%) o contra el orden pblico un 2,96%, en el que se encuentra clasificado el terrorismo, slo significan el 14,2% de la poblacin presa. Es decir, la alta peligrosidad y la gravedad de los delitos de las personas que sufren la crcel, y que subyacen las peticiones del endurecimiento del sistema penal, no responden a la realidad.

El Estado espaol, con una de las tasas ms altas de poblacin reclusa de Europa, tiene, sin embargo, uno de los ndices de criminalidad ms bajos. Un hecho que incluso se reconoce desde el Ministerio de Interior: entre julio de 2008 y junio de 2009 la tasa de criminalidad en el Estado espaol fue de 47 delitos por cada mil habitantes. La media europea est en 70,4. Por qu entonces endurecer las penas cada vez ms, alargndolas, abusando de la prisin preventiva, dificultando los beneficios penitenciarios y continuar construyendo macrocrceles?

El hacinamiento

La vida en prisin comienza en el momento del ingreso. Es el momento en el que la persona debe dejar atrs su identidad social para adoptar la nueva identidad de preso. Pero en qu consiste la identidad de preso? Lo explica con claridad uno de los pocos estudios realizados en Estado espaol para conocer la realidad carcelaria a travs de los testimonios de los propios presos (Mil voces presas, 2002). Un estudio que encontr no pocos obstculos por parte de Instituciones Penitenciarias, y que dej patente que existen dos visiones sobre la realidad carcelaria: una, la que trata de sostener y mantener la administracin penitenciaria con todos los medios a su alcance entre ellos los medios de comunicacin; y otra, la percibida por aquellos que soportan el control, dominio y represin de un sistema, el carcelario.

La crcel no evita la reincidencia, sino que la aumenta y se ceba sobre los grupos sociales ms desfavorecidos, que son la clientela habitual de estas instituciones. El progresivo incremento de las personas presas que roza ya las 5.000 por ao trae consigo uno de los principales problemas aunque no el nico, el hacinamiento. Existe un nivel de ocupacin que alcanza el 149% en algunas crceles, con el agravante que supone el elevado nmero de personas encarceladas con enfermedades infecciosas, enfermedades mentales, drogodependencias ms del 60% de los reclusos, etc., prcticamente desatendidos por unos funcionarios desbordados y desmotivados, en su mayora, y en continuo conflicto sindical con la Direccin General de Instituciones Penitenciarias.

No es extrao que los casos de suicidio, sobredosis o muertes por el avanzado estado de una enfermedad sin una atencin mdica a tiempo se den a diario. En la actualidad, por cada 250 presos hay slo un psiclogo, un mdico, una trabajadora social... Para paliar este hacinamiento el Gobierno propone la creacin de 11 nuevas macrocrceles, en lo que ser el mayor programa de construccin penitenciaria de la historia de Espaa, de aqu a 2012, tal y como denuncia la Asociacin de Atencin Integral a presos y ex presos Arrat. Segn esta organizacin, el presupuesto para ello asciende a 1.647 millones de euros, que se sumarn a otros 1.504 millones ya aprobados anteriormente. El problema es que si se sigue con el ritmo de crecimiento de la poblacin penitenciaria contina Arrat, llegado 2012 existiran 80.000 presos y el dficit de las celdas (24.000 plazas) sera, paradjicamente, superior al actual, de 15.000 por lo que habra que seguir construyendo ms macrocrceles. Pero a quin beneficia todo esto?.

La soledad extrema, el aislamiento casi absoluto, la total ausencia de intimidad, el sometimiento radical intensificado en el caso de los presos clasificados en primer grado, en los departamentos de aislamiento y en las dursimas condiciones de traslado de una crcel a otra, animalizan a la persona. Las torturas psicolgicas y fsicas a las que son sometidos en muchos casos, reducen la capacidad social de la persona a cero. La crcel no slo no evita la destruccin fsica y psquica del individuo sino que, indirectamente, por su configuracin, la facilita.

Dispersin

Por si fuera poco, el incumplimiento de la ley General Penitenciaria se produce con demasiada frecuencia: nmero de presos por celda, condiciones de sta, criterios y mtodos utilizados para el estudio, observacin y clasificacin de las personas presas, ausencia de tratamiento individualizado... A lo que hay que sumar los malos tratos fsicos, bajo la apariencia de legalidad, que se dan en las crceles. Adems, casi la mitad de las personas presas no cumplen condena en crceles situadas en la provincia donde se encuentra su domicilio, una situacin que genera desarraigo familiar y un sufrimiento aadido que, desde Instituciones Penitenciarias, se justifica por la disponibilidad de plazas en unos u otros centros, pero que muchos presos consideran sanciones encubiertas condenas dentro de las condenas y obliga a los familiares a desplazarse cientos de kilmetros, con el coste econmico que conlleva. Estos traslados algunos de ms de diez horas se dan, por si fuera poco, en unos vehculos y en unas condiciones inhumanas que ponen en peligro la vida del preso. Si se conociesen los efectos de las crceles muchas personas no permitiran su existencia.

POPULISMO PUNITIVO: CRIMINALIZACIN DE LA POBREZA Y LA DISIDENCIA

A. CHALMETA (MADRID)

Las estadsticas de las crceles espaolas hablan por s solas y describen una realidad en la que se abusa de las penas de prisin si se compara con el resto de Europa. Por qu? Iaki Rivera, profesor de derecho penal en la Universitat de Barcelona y director del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la UB valora que desde hace unos cuantos aos venimos asistiendo a una estrategia de gobierno que, an cuando no es completamente novedosa, se ha venido exacerbando y se nos presenta como inevitable por la prctica totalidad de la clase poltica. Se trata de la cada vez ms recurrente utilizacin del sistema Penal para la regulacin de la conflictividad social (y, por ende, de la conflictividad poltica).

Todos conocemos las apelaciones a mayores cuotas de seguridad (entendida cada vez ms de manera estrecha, es decir, en trminos de policializacin del espacio, del comportamiento, de las costumbres, ya sea con el despliegue de instituciones pblicas o privadas), apelaciones que se han convertido en herramienta de gobierno, en promesa electoral. A esta deriva, explica Rivera, se la denomina populismo punitivo, porque busca la adhesin ciudadana (una ciudadana que previamente ha sido alarmada y precarizada) a polticas punitivas como elemento de gobierno y reproduccin del poder. Sin duda, esto sucede a escala global y los ltimos aos representan una poca paradigmtica al respecto.

La tendencia es clara: gestin punitiva de la pobreza, mercado econmico de total flexibilizacin, criminalizacin cada vez mayor de la disidencia y disminucin del Estado. Frente a ello apuesta por una poltica social ms que penal, una reduccin del sistema penal y no su ampliacin, una poltica descarcelatoria en lugar de acostumbrarnos a convivir con crceles que viven al margen de la propia legalidad.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Mas-carceles-mas-presos-y-mas-mano.html



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