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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-01-2005

Lo que dice la constitucin sobre los servicios pblicos

Dominique Mezzi
Rouge

Traducido para Rebelin por Juan Vivanco


Nos prometen que ahora los servicios pblicos estn reconocidos en los tratados. Caramba, y los asalariados y usuarios de France Tlcom, EDF-GDF, Correos... sin enterarse!

En Europa los servicios pblicos van a estar como gallinas en un gallinero: libres, pero con una zorra en el corral. Con el tratado constitucional, cunto tiempo va a durar lo que queda de los servicios pblicos? Varios aos, como mucho. Qu dicen los textos? El tratado de Amsterdam (1997) haba confirmado la expresin, ambigua a ms no poder, de servicios de inters econmico general (presente desde 1957) dado el lugar que ocupan entre los valores comunes de la Unin y su importancia para su cohesin social. La ambigedad no radica tanto en la ausencia del trmino servicio pblico (nocin francesa) como en la palabra econmico. En efecto, dado que la Unin surgi en el campo de la economa y sus leyes (competencia libre, etc.), no admite que una actividad pueda obedecer a criterios como el bien comn o la proteccin pblica de una actividad contra los efectos implacables del mercado. Para la Unin, que en esto asume la ideologa de la Organizacin Mundial del Comercio, todo bien econmico es el resultado de una actividad de empresa para dispensar asistencia mdica, jubilaciones, energa, etc. Por eso, cada vez que los tratados hacen un amago de proteger valores pblicos generales, a rengln seguido introducen varias barreras de prohibiciones que anulan los alcances no mercantiles de la lgica de gestin. De entrada, cuando el tratado Giscard enumera los valores de la Unin en sus primeros artculos, se las arregla para que la nocin de valor comn, reconocida en Amsterdam, se convierta en servicios a los que todos conceden valor en la Unin (artculo III-122 del proyecto). Como un valor concedido no es lo mismo que un valor comn, puede variar de un pas a otro... Pero tambin se aade que todo esto debe aplicarse sin perjuicio de los artculos I-5, III-166, III-167 y III-238. Pues bien, estos artculos son precisamente los que (artculo III-166) no toman ni mantienen ninguna medida contraria a la Constitucin, en particular (III-161) las que ofrezcan a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia. Tambin es incompatible con el mercado interior otorgar ayudas que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas (III-167). Todo queda, pues, atado y bien atado. Cada artculo elogiado como un avance por los valedores del tratado es pulverizado por otros, vigas del libre comercio. En la prctica, como bien sabemos, todo se somete a la competencia y luego se privatiza cuando la gestin se ha vuelto tan privada que slo queda esa solucin frente a la mundializacin. Es as como pasamos del servicio pblico a la competencia de todos contra todos, en una palabra, al capitalismo puro y duro.



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