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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2010

Acerca del Plan Integral de Prevencin del Fraude espaol
El laberinto del fraude fiscal

Ricardo Rodrguez
Mundo Obrero


En la forma en que el Estado afronta la sangra del fraude fiscal se verifica, como en ningn otro campo de las polticas pblicas, la contradiccin ms trgica entre lo que se declara y lo que se hace. No hay gobierno, cualquiera que sea su signo poltico, que no proclame su frrea voluntad de combatir la elusin y evasin de impuestos; pero tampoco ha habido gobierno an, al menos en nuestro pas, que en cumplimiento de tan honrosa voluntad haya hecho mucho ms que emitir proclamas y declaraciones de buenas intenciones.

El actual gobierno socialista se mostr desde el principio muy frtil en lo que a produccin literaria sobre esta materia se refiere. En el ao 2005 se aprob el Plan de Prevencin del Fraude Fiscal, que fue revisado en 2008, y en su cumplimiento se acometieron diferentes reformas legislativas, entre las que destaca la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevencin del fraude fiscal. El pasado 5 de marzo, el Consejo de Ministros, atendiendo uno de los mandatos del Plan E, aprob un nuevo proyecto que agrupa medidas de prevencin del fraude fiscal junto al control del fraude laboral y a la Seguridad Social. A lo que habra que sumar los planes anuales de control tributario (el de este ao se public en el BOE del 19 de enero), con los correspondientes planes parciales de las reas de Inspeccin fiscal, Gestin tributaria, Recaudacin y Aduanas.

Es decir que por falta de planes no hemos de llorar. El inconveniente estriba en que la cantidad de papel escrito no se ha transformado en una cantidad equivalente de deteccin de fraude ni en un aumento significativo de los ingresos pblicos. O, dicho de otra manera, que con los gobiernos socialistas la distancia entre palabras y hechos a que aludamos antes puede medirse al peso.

Injusto sera negar que algunas medidas han resultado tiles, o pueden llegar a serlo cuando su aplicacin sea efectiva. Tal es el caso, por ejemplo, de la existencia de nuevos supuestos de responsabilidad legal por colaboracin en el alzamiento de bienes, o por la participacin en tramas organizadas de fraude y blanqueo de capitales (el llamado levantamiento del velo), o la supresin de la audiencia previa en la remisin de expedientes de delito fiscal al Ministerio Pblico, que conceda un incomprensible privilegio a los defraudadores a Hacienda sobre los dems delincuentes.

Sin embargo, el balance final es desalentadoramente pobre, y nada tiene que ver con la evaluacin optimista del gobierno, que ni comparten los ciudadanos, si hemos de creer en algo las encuestas de opinin, ni los propios tcnicos de la Agencia Tributaria, a los que ni este gobierno ni ninguno de los anteriores tienen por costumbre preguntar para estos menesteres. Constituye una escandalosa paradoja que, disponiendo de profesionales excepcionalmente capacitados en la Administracin Pblica, los gobiernos prefieran acudir para sus proyectos de lucha contra el fraude al consejo de consultoras o colaboradores privados, no muy lejanos a menudo de grupos empresariales que no se distinguen por su entusiasmo cvico en materia fiscal. De hecho, en ninguno de los numerosos planes aprobados hasta la fecha se ha recogido ni una sola de las propuestas estratgicas de los Inspectores ni del cuerpo de Tcnicos de la Hacienda Pblica, grupos profesionales a los que se acostumbra a tratar con un desdn digno de mejor causa.

Del nuevo plan aprobado por el Consejo de Ministros, la mayor virtud es el compromiso de coordinar las labores de investigacin y control de la Tesorera General de Seguridad Social, la Inspeccin de Trabajo y la Inspeccin de Tributos del Estado. Contiene algunas previsiones indiscutiblemente acertadas, como la puesta en comn de las bases de datos de actividades econmicas de la Tesorera General y la Agencia Tributaria, y nuevas posibilidades, bien que no muy contundentes, de presin sobre los defraudadores caso de la opcin de la Agencia Tributaria de instar la baja en el Registro de Empresas Acreditadas que depende de las Comunidades Autnomas. Pero, poco ms. El resto se reduce a recabar informacin, poner en comn informacin, analizar informacin. Y para hacer qu?

Tan laxa aunque prolija enumeracin de medidas no puede constituir un verdadero plan estratgico, ni da la talla de la dimensin estremecedora del problema. Aunque en el fraude fiscal todo clculo resulta aproximativo, aplicando los estudios independientes publicados al respecto sobre la media de presin fiscal en nuestro pas, dentro del espacio temporal de prescripcin de deudas (cuatro aos), los Inspectores de Hacienda llegaban hace unos meses a la abrumadora pero muy creble estimacin de 280.000 millones de euros de agujero fiscal. Para saber lo que esta cifra significa, tngase en cuenta que, segn las previsiones ms triunfalistas, las subidas de impuestos aprobadas para este ao pueden suponer un incremento de ingresos de unos 11.000 millones de euros.

De otra parte, el nuevo plan incurre en errores que los profesionales de la Agencia Tributaria llevan lustros denunciando. Se otorga una importancia desmedida al estmulo del cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Y es loable, desde luego, que se hagan esfuerzos en facilitar a los ciudadanos los trmites de pago de impuestos y en fomentar la conciencia de la importancia de los ingresos pblicos. Pero las tramas empresariales en las que se concentra el mayor volumen de fraude no andan muy ayunas de asesoramiento fiscal ni es de esperar que resulten sugestionables por campaas de civismo. En este terreno, la clamorosa escasez de medios de la Inspeccin, unida a la brusca castracin de posibilidades de control que la Ley General Tributaria de 2003 introdujo para las secciones de Gestin, es la combinacin perfecta para la impunidad. Ni uno solo de los planes salidos a la luz en estos aos ha previsto incremento de personal ni de recursos, que adems, dado que la Agencia Tributaria se financia con un 5% de su recaudacin bruta, podran sufragarse con los mayores ingresos sin coste adicional para las arcas del Estado.

Es an peor: se cataloga como tctica de fomento del cumplimiento voluntario el ofrecimiento de regularizaciones fiscales para sectores econmicos acostumbrados a la ingeniera contable, lo que ha propiciado que en grupos de especial riesgo de fraude caso de tenedores de billetes de 500 euros, llamados de alta gama, o despachos profesionales- se hayan podido sortear numerosas deudas por la va de la prescripcin o la exencin de sanciones y recargos ejecutivos, antes de que la Inspeccin pudiese actuar. Los funcionarios de la Inspeccin tienen por ello perfecto derecho a preguntarse, como han hecho, a favor de quin est actuando el gobierno en estos casos. El contraste de este exquisito trato fiscal a los grandes defraudadores con la diligente ejecucin de deudas de cualquier ciudadano comn es digno de mencin.

Otras reclamaciones de los empleados pblicos siguen siendo tenazmente ignoradas. Dada la simplificacin contable de empresarios y profesionales en Estimacin Directa en la actualidad, carece de sentido seguir manteniendo la regulacin de la Estimacin Objetiva o por mdulos, uno de los focos ms sonoros de emisin de facturas falsas. Resulta ridcula la propuesta contenida en el plan del gobierno de llevar a cabo experiencias piloto de evaluacin en ciertas delegaciones de la Agencia Tributaria, cuando lo ms sencillo es suprimir la opcin de mdulos para aquellos empresarios cuyos clientes no estn formados en un 80% al menos por consumidores finales (es decir, por aquellos que no puedan beneficiarse fiscalmente de las facturas falsas), y adecuar la tributacin de estos empresarios a su capacidad econmica, lo que por cierto es lo ms justo. Y ello por no hablar del saqueo espectacular de las Sociedades de Inversin en las que se ocultan las grandes fortunas, cuyo control se arrebat a la Agencia Tributaria por decisin y para vergenza de nuestro Parlamento. O de la eliminacin del Impuesto de Patrimonio, que no slo aportaba recursos y justicia social, sino preciosa informacin econmica para el conocimiento de rentas y bienes (en los procedimientos de revisin e inspeccin tributaria, y as lo es tambin en la regulacin del vigente Reglamento de Aplicacin de los Tributos de 2007, el examen de las declaraciones de IRPF y del Impuesto de Patrimonio siempre se han vinculado por este motivo; cualquier liquidacin por IRPF de un obligado a presentar Impuesto de Patrimonio tena carcter provisional hasta que se analizaba esta ltima declaracin, y a la inversa).

El fraude fiscal constituye una lacra intolerable, destruye la democracia y convierte en humo los principios constitucionales de igualdad, progresividad y justicia. Su efecto sobre las diferentes clases sociales es atroz, porque las llamadas rentas controladas (en esencia, las del trabajo) acaban cargando con la mayor parte de los costes del Estado, dado que carecen de las posibilidades de evasin de las grandes empresas, grupos financieros y especuladores. Las vas para atajar el fraude no son un insondable arcano; todos los gobiernos las han recibido de parte de los tcnicos que el Estado tiene contratados para ello. Seguir publicando declaraciones litrgicas sin hacer nada prctico supone una estafa a la ciudadana ante la que, como siempre, slo la propia ciudadana socialmente organizada puede reaccionar.

Ricardo Rodrguez es Funcionario de la Agencia Tributaria



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