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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2010

Honduras
El caso MUCA, la reforma agraria y el neoliberalismo

Gilberto Ros
Radio ELM


Introduccin

Lo que en adelante presenta no tiene propsitos acadmicos. Este pequeo y apurado esfuerzo tiene el inters de aclarar la confusin que los medios han creado alrededor del actual conflicto en el Bajo Agun y analizar la propuesta de los terratenientes a los campesinos agremiados en MUCA.

Antecedentes [1]

Las tomas de tierra de MUCA en el Bajo Agun, Coln [2], han orquestado a los ms grandes medios de comunicacin del pas contra ese movimiento y reinventado la historia productiva del valle a favor de los terratenientes. Se empean por lograr una opinin pblica agresiva contra los campesinos y con ese propsito repiten hasta el cansancio que ah se gesta un movimiento guerrillero apoyado por venezolanos, cubanos y guerrilleros de las FARC.

Adulteran los hechos histricos cuando aseguran que las inversiones de los terratenientes son las que convirtieron el Bajo Agun en un lugar productivo y que los campesinos no tienen otra opcin que agradecer las oportunidades de empleo que aqullos ofrecen.

La historia del Bajo Agun es muy distinta. Fueron los conductores del Estado hondureo, incapaces de afectar tierras dentro de la frontera agrcola [3] durante la implementacin de la reforma agraria de 1962, quienes en cambio decidieron colonizar [4] ese valle, an con la certeza que tal iniciativa tendra un costo muy alto, que cargara fuertemente la deuda externa del pas.

En 1970 el Instituto Nacional Agrario (INA) realiz las primeras actividades para el cultivo de palma africana y ctricos. En 1971 apoy la siembra de estos cultivos permanentes en tierras de cooperativas del sector reformado [5], muy pequeo para ese tiempo.

Con el gobierno reformista surgido en 1972 se intensific el proceso de colonizacin, siempre con fuerte financiamiento externo [6] y recursos propios como contraparte, con los que el Estado construy carreteras y caminos secundarios, sistemas de drenaje, bordos de contencin de inundaciones, escuelas, centros de salud y otras obras con finalidades econmicas y sociales.

El INA cre un programa de migracin inducida para trasladar campesinos, especialmente de la zona sur del pas al despoblado Bajo Agun. Otros departamentos del pas con altos ndices de pobreza aportaron importante cuota en ese proceso de poblamiento. Tan inhspita era la regin en esa poca que en los primeros aos muchos de los asentados emigraban a otros lugares del pas obligando al Estado a mantener el programa de migracin inducida por ms tiempo que el preestablecido hasta que logr el arraigo de una importante poblacin que se dedicara al trabajo productivo en un proyecto de tan grandes dimensiones. Al Estado se debe, entonces, la colocacin de todos los factores productivos en ese lugar: tierra, capital y fuerza de trabajo.

Como en el resto del pas, los asentamientos campesinos del Agun deban constituirse en cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organizacin societaria en el inters de que los campesinos convertidos en empresarios lograran ser competitivos y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente en manos de latifundistas y empresarios rurales como resultado de la circulacin mercantil, tal como haba sucedido con las asignaciones unifamiliares de tierras que integraron las desaparecidas colonias agrcolas [7] y las pocas realizadas bajo la ley de reforma agraria de 1962.

En esos tiempos a nadie se le ocurra que se pudieran vender las tierras del sector reformado porque la ley de reforma agraria lo prohiba. En el caso de esa eventualidad el interesado deba venderla al INA y esta institucin la reasignara a otros campesinos sin tierra siempre que cumplieran con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria.

El plan nacional de reforma agraria (1974-1978) era coherente en todas sus medidas con la idea de lograr cierto grado de equidad en el acceso a tierra cultivable. A partir del diagnstico preliminar -en que se bas el PNRA- de las formas de produccin y propiedad de la tierra se dividi la zona rural en tres compartimientos: el tradicional, expresado en el binomio latifundio-minifundio; el moderno, por la empresa privada agropecuaria; y, el contemporneo, por las empresas campesinas societarias del sector reformado.

Haba que eliminar, entonces, el compartimiento tradicional con la finalidad ltima de fortalecer el compartimiento contemporneo. El compartimiento moderno se desenvolvera por si solo habida cuenta que el modelo de desarrollo capitalista le ofreca todas las posibilidades para que se fortaleciera.

La imposicin del modelo neoliberal realizada por el gobierno de Callejas (1990-1994) rompi la lgica de esta estrategia con la concentracin de la propiedad y la riqueza producida. La ley de Modernizacin y Desarrollo del Sector Agrcola (LMDSA) promulgada en 1992, elaborada por un consultor [8] de la USAID y el Comit Nacional de Productores para la Poltica Agrcola (CONPPA) [9], junto a otras medidas del ajuste estructural de la economa, cumplieron con esa intencin.

El espritu de la LMDSA no daba lugar a confusin. Haba que concentrar la propiedad de la tierra [10] y en la misma lgica disminuy la categora de minifundio [11] considerada en menos 5 hectreas en la LRA en menos de 1 hectrea [12] en la LMDSA.

Los medios de comunicacin hicieron lo propio como instrumento de los terratenientes, industriales, importadores y exportadores relacionados con el sector agropecuario. La campaa meditica tuvo el inters de hacer creer a la poblacin hondurea que los campesinos no tenan la capacidad para manejar empresas por lo que haba que promover la coinversin con capitalistas experimentados y que el INA deba ocuparse de apoyar en la formacin de los campesinos del sector reformado con el programa de reconversin empresarial que no iba ms all de ser una expresin demaggica de los neoliberales.

An cuando los servicios ofrecidos por el estado para la produccin y el fortalecimiento del recurso humano no cubran la demanda y tampoco con la calidad requerida por los asentamientos campesinos, el sector reformado se mantuvo ntegro hasta la promulgacin de la Ley de Modernizacin y de Desarrollo del Sector Agrcola (LMDSA).

Se reconoce que haba dificultades en el sector reformado propias de las empresas agrcolas que al final se expresaron en endeudamiento; sin embargo, similares deficiencias padecan grandes y pequeas empresas del sector no reformado, por lo que los subsidios estatales favorecieron a uno y otro sector. Y, si se hace un recuento de las condonaciones de deuda, probablemente se concluir en que fueron los terratenientes y grandes empresarios rurales quienes ms se beneficiaron con ellas.

Durante ms de veinte aos (1970- primeros aos de la dcada del 90) los grandes productores del Bajo Agun fueron casi en su totalidad las empresas del sector reformado. La regin se convirti en uno de los centros productivos ms importantes del pas y Tocoa se distingui como la ciudad que ms creca en Honduras.

El ajuste estructural neoliberal fue demoledor para el sector reformado y la pequea y hasta mediana produccin al quedar en la indefensin frente a los grandes empresarios nacionales y transnacionales.

Para los campesinos sin tierra y minifundistas se perda la esperanza de acceder a tierra productiva en cantidad y calidad suficiente que les permitiera convertirse en productores por cuenta propia. La LMDSA elimin casi todas las causales de afectacin de tierras, con excepcin de la ociosidad y los sobretechos [13]; causales casi imposible de aplicar por lo engorroso de los trmites que los legisladores impusieron intencionalmente.

La privatizacin de los pocos servicios de crdito, asistencia tcnica, capacitacin y asesora para la comercializacin que ofreca gratuitamente el Estado, junto a la eliminacin de aranceles a la importacin de productos -muchos subsidiados en sus pases de origen- igualmente afectaran a los asentamientos del sector reformado y a la pequea y mediana produccin del sector no reformado.

Modificaciones burocrticas aviesas, corrupcin de dirigentes campesinos y funcionarios del INA, as como presiones de la misma Direccin Ejecutiva de esa institucin para que las empresas campesinas vendieran sus tierras a grandes empresas o entraran en convenios de coinversin, completaban las condiciones propicias para la venta de tierras. Y si faltaban recursos financieros ah estaban los organismos de financiamiento internacional, como el Banco Mundial, dispuestos a conceder prstamos a los grandes empresarios para que compraran tierras a productores sumidos en dificultades financieras.

Como es fcil concluir, la modificacin de los compartimientos agrarios no se concret como estaba previsto. Gracias a las medidas gubernamentales sealadas y el apoyo financiero de bancos internacionales al modelo concentrador de la propiedad terminaron favoreciendo al compartimiento moderno (empresa privada agropecuaria) [14] por lo que no es de extraar que los que disponan de mejores posibilidades para acceder a recursos financieros han terminado como los propietarios de las mejores tierras del pas.

La promocin de ese modelo concentrador de la propiedad era justificado por los neoliberales como la condicin sine qua non para alcanzar grandes y positivos resultados para el desarrollo del pas: la actividad agropecuaria ahora en manos de genuinos empresarios elevara los niveles de productividad y crecimiento de la produccin a tal grado que la poblacin pobre se beneficiara sustancialmente por el efecto rebalse [15].

Situacin actual


Como era previsible para cualquier iniciado en el tema agrario tales pronsticos no se cumplieron. Aos despus Honduras presenta un terrible cuadro de pobreza. El informe del Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada [16] de la Pobreza Rural es particularmente dramtico.

En l se seala que en promedio, la poblacin rural hondurea vive con menos de 20 Lempiras por persona al da sea 584 Lempiras al mes y que menos del 30% vive en hogares con ingresos per cpita superiores a este valor. Casi la mitad de la poblacin rural vive con ingresos inferiores a 10 Lempiras diarios y cerca del 25% con ingresos per cpita inferiores a 5 Lempiras diarios [17].

La desigualdad es extrema: el ingreso medio del 20% ms rico de la poblacin en las reas rurales es casi 30 veces ms elevado que el ingreso del 20% ms pobre [18].

Utilizando como lnea de pobreza el costo de la canasta bsica en el rea rural, se obtiene que 2.8 millones de hondureos del rea rural viven con un nivel de ingreso inferior a la lnea de pobreza. Este grupo representa ms del 75% de la poblacin rural y ms del 70% de los pobres de todo el pas [19].

Bajo tales condiciones materiales de vida no sorprende que los campesinos hondureos con un largo historial de lucha, ahora que retoman conciencia de la necesidad ineludible de transformar la estructura agraria como nica va para lograr un futuro mejor, hayan reiniciado las tomas de tierras en el Bajo Agun; y que no extrae que al tratarse de una situacin generalizada tales acciones se reproduzcan en distintos lugares del territorio nacional si el estado hondureo no aplique Las polticas apropiadas para resolver tal problemtica e impulsen el desarrollo rural.

En un comunicado reciente de la Plataforma de Derechos Humanos se dice que la situacin de violencia generada en el Agun es producto de un problema estructural no resuelto en Honduras y una expresin de la necesidad de profundos cambios que requiere el pas para que las mayoras gocen efectiva y plenamente de sus derechos humanos.

Con el golpe de estado poltico-empresarial-militar ejecutado el pasado 28 de junio de 2009 se incrementaron las muertes, las persecuciones, las amenazas y las intimidaciones en contra de unas 3 mil 500 familias campesinas que reclaman tierra para vivir con dignidad (en el Bajo Agun).

En los ltimos meses se ha intensificado la represin por diferentes medios: vuelos rasantes de helicpteros y aviones, comandos armados cruzando amenazadoramente poblados indefensos, captura, tortura y cuatro asesinatos de campesinos afiliados al Movimiento Unificado Campesino del Agun (MUCA). Y tambin el inevitable enfrentamiento ha producido la muerte de guardias de seguridad de los terratenientes, de acuerdo a reportes de la polica que se ha parcializado con los terratenientes.

La visita de miembros de la Plataforma de DDHH [20] a 5 asentamientos campesinos durante el 20, 21 y 22 de marzo reciente corrobor que ah no se encuentran guerrilleros ni extranjeros como asegura la prensa hondurea ligada a los intereses de los terratenientes, pero s comprob que los campesinos y campesinas de todas las edades, especialmente nios y nias, viven en un estado de precariedad e insalubridad que exige la atencin de organismos nacionales e internacionales para que acudan en su apoyo.

La propuesta del rgimen actual al MUCA
[21]

La propuesta del rgimen encabezado por Porfirio Lobo seala que los 28 grupos campesinos agrupados en el MUCA tienen derecho a acceder a la tierra para obtener ingresos y alimentos para ellos y sus familias; tambin el logro de la convivencia entre stos y los grandes empresarios afincados en el valle.

La adjudicacin de tierras


El rgimen de Porfirio Lobo Sosa propone a los campesinos en nombre de los terratenientes la adjudicacin de 6,000 hectreas. Se entregaran dos hectreas por familia; una cultivada de palma africana y otra inculta con el compromiso que los campesinos debern cultivarla con palma africana. Pero el ultimtum del rgimen pesa como espada de Damocles sobre los campesinos de MUCA. Si estos no aceptan esta propuesta, que es a todas luces injusta, habra que volver al acta de compromiso que MUCA haba celebrado con Manuel Zelaya, sin eliminar totalmente la posibilidad de desalojarlos por la fuerza con la polica y el ejrcito.

En el documento firmado durante el gobierno constitucional de Zelaya Rosales, en el mes de junio de 2009 las partes acordaron que se investigara para conocer si los terratenientes tenan posesin legal de las tierras que anteriormente formaron parte del sector reformado. En el caso de que se constatar que no haba ilegalidad en la compra venta, faltara que el INA procediera a remedirlas para constatar si en efecto usufructan la cantidad de tierras que constan en los ttulos de propiedad.

MUCA considera que la oferta est muy por debajo de las demandas de los campesinos cuando piden 5 hectreas por familia tal como los seala la Ley de Reforma Agraria o Decreto 170 (30 de diciembre de 1974) y, adems, se quejan de que tal propuesta los ata en beneficio de los dos principales empresarios del Bajo Agun, no solo cuando deja a criterio de estos empresarios la seleccin de tierras que deben ser vendidas, sino que adems obliga a los campesinos a vender el producto de sus cultivos a las grandes empresas de Miguel Facuss y Ren Morales a travs de contratos de coinversin.

Los convenios de coinversin


Las modalidades transaccionales que propone el rgimen recuerdan el modelo de coinversin establecido en la LMDSA debido al cual los asentamientos campesinos del sector reformado se subordinaron al socio capitalista quien por su capacidad de maniobra en las negociaciones con su contraparte termin siendo el verdadero conductor y beneficiario de la empresa originalmente campesina y, cuando quiso, termin comprndola.

Para que no quede duda sobre la dependencia que generar, el mismo convenio de coinversin establecer, segn la propuesta, un compromiso de los agroindustriales para abastecer a los campesinos con insumos a los mismos precios que se obtienen de los proveedores y a brindar asistencia tcnica que les permita obtener mejores producciones y por ende mejores ingresos.

En 1954, en Higuerito, Yoro, la United Fruit Company inaugur una experiencia similar con la creacin de los bananeros independientes de banano con los cuales estableci convenios de coinversin que aos despus incluy a productores de banano del sector reformado. Standard Fruit Co. y Fyffes reprodujeron el modelo que result satisfactorio a sus propsitos: a mediados de la dcada del 90 el 60% de banano exportado por las transnacionales bananeras era producido por cooperativas, empresas asociativas y bananeros independientes.

Con este modelo de coinversin la transnacional se liber de los riesgos propios de la produccin: conflictos laborales, daos por inundaciones, plagas y enfermedades de ese cultivo; as como de las obligaciones contractuales de ofrecer asistencia mdica y educacin a los trabajadores.

Igual que lo que propone la comisin de Lobo Sosa, los convenios de coinversin de las transnacionales establecan compromisos de las empresas transnacionales como asistencia tcnica, aprovisionamiento de insumos para la produccin, fumigacin area y tambin castigos y regalas, todo para darle el cabal sentido a las relaciones de dependencia.

Los convenios de las bananeras establecieron plazos de 8, 10, 12 aos que impidieron que los productores bananeros del sector reformado pudieran acceder al mercado justo [22] cuando tuvieron la oportunidad de beneficiarse con l. Seguramente los convenios que pudieran firmarse con estos empresarios de la palma africana y MUCA no obviarn la imposicin de largos plazos.

Es conocido pblicamente que el seor Facuss ha sido el gran prestidigitador en las negociaciones con el estado a costa del cual acumul la mejor parte de su capital y, actualmente, la persona con mayor poder poltico en el pas. Con estos antecedentes no cabe duda alguna sobre quin ganar con estas negociaciones.

Sin pudor alguno la propuesta anota que adems comprometer a los campesinos a vender la produccin a los procesadores, quienes despus de deducir los costos de los insumos y las cuotas del financiamiento dado por el Gobierno para la adquisicin de tierras, debern pagar a los campesinos la diferencia por el producto, tomando como referencia el precio del mercado internacional. Con lo que no deja espacio a la imaginacin; todo es claro, el mango y el sartn quedan en manos de los seores Facuss y Morales.

Especifica que la fruta cosechada de las plantaciones ya en produccin, ser entregada a la Planta Procesadora de la Sociedad Agrcola Cressida del Agun S.A. de C.V. (propiedad de Miguel Facuss); la fruta cosechada de las nuevas plantaciones ser entregada a la Planta Procesadora de la Empresa Agropalma S.A. de C.V. (propiedad de Ren Morales). Cada grupo campesino deber firmar contrato de coinversin con cada empresa agroindustrial, segn sea el caso, donde se definirn puntualmente los compromisos que asuma cada parte, incorporando un seguro agrcola que proteja a los campesinos (as).

Esta propuesta resulta de las negociaciones entre los dos ms grandes terratenientes del valle para la reparticin de la fuente de materia prima que procesarn y posteriormente comercializarn con enormes ventajas. Tales pretensiones las asegurarn con contratos bilaterales con cada empresa campesina productora (y podra llegarse que las negociaciones se hagan individualmente con campesinos), dejando por fuera al Movimiento Unificado de Campesinos del Agun (MUCA) que hoy por hoy es la organizacin de lucha reivindicativa que ha llevado el tema a un nivel de discusin que muy pocos esperaban, con un gran sacrificio que se expresa en persecucin, atemorizamiento, heridos y muertos. Si a esto se suma que las asignaciones de lotes de tierra sern aislados uno de otro se consumar la estrategia del divide y vencers.

Si no hubiramos vivido experiencias similares en nuestra historia agraria podramos caer en la ilusin de que los empresarios estn preocupados porque los campesinos salgan beneficiados del convenio de coinversin, en especial cuando se refiere al seguro agrcola.

Lo que est detrs de todo el planteamiento es la preocupacin de los grandes empresarios por asegurarse el fruto de la palma africana; de contar con eficientes proveedores de materias primas. Recordemos Isletas (Atlntida), campos bananeros que la transnacional bananera Standard Fruit Co. no rehabilit luego que fueron destruidos por el huracn fif en 1974 y que obreros agrcolas con muy poco apoyo del estado pusieron nuevamente a producir con tal calidad que en muchas oportunidades super lo logrado por las plantaciones manejadas directamente por la transnacional.

La Empresa Asociativa Campesina de Isletas (EACI) [23] se convirti en una de las ms grandes de Amrica Latina dedicada a la produccin agrcola con ms de mil trescientos asociados pero no pudo resistir las agresiones de sus adversarios y sucumbi para dejar tierras, cultivos y dems instalaciones productivas en manos nuevamente de la transnacional.

La Standard Fruit Co. mantuvo relaciones comerciales cordiales con la EACI hasta que sta decidi modificar su estructura productiva en el inters de lograr mayor independencia y capacidad de negociacin con su contraparte. Cuando la EACI inici la diversificacin productiva con el cultivo de maz, arroz y crianza de cerdos fue asaltada el 12 de febrero de 1977 con apoyo del ejrcito, y sus dirigentes histricos [24] purgaron dos aos de prisin por delitos no cometidos.

Los empresarios dedicados al procesamiento del fruto de la palma africana y su comercializacin, tal como la Standard Fruit Company, no estn interesados en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores directos que con su fuerza de trabajo hacen producir los suelos del Bajo Agun. A los Facuss, Morales y Canales no les interesa el mejoramiento de ingresos ni la soberana alimentaria; al contrario, la posibilidad de que los campesinos se dediquen a producir para lograr estos propsitos es una amenaza a la dependencia y consecuentemente a sus propsitos de lucro.

La propuesta dice que el Estado comprar tierras para los campesinos luego de una evaluacin agronmica de las tierras (en produccin e incultas) para establecer un justiprecio. Asimismo se compromete a proporcionar los recursos que permitan la adquisicin de las tierras y los grupos campesinos asumirn la deuda que deber ser pagada al gobierno, con condiciones especiales (bajas tasas de inters a largo plazo), para el establecimiento de las nuevas plantaciones se crear un fondo (fideicomiso) para el financiamiento a los campesinos, en este proceso participarn Agropalma S.A. de C.V. y el Gobierno de la Repblica.

Veamos lo del justiprecio. La primera propuesta que present la comisin especial de Porfirio Lobo a MUCA ya haca estimaciones sobre los precios a pagar por las tierras en manos de los terratenientes, por cierto bastante altos, que la misma propuesta justifica diciendo que las tierras a comprar disponen de una infraestructura costosa, lo que recuerda los juegos burdos de compra/venta repetidos de Facuss con la CONADI [25] que terminaron por quebrarla. Ahora exigen que los campesinos de MUCA les paguen la infraestructura que los terratenientes no construyeron.

Esa infraestructura construida por el Estado para favorecer a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria ha pasado a formar parte de los activos de los terratenientes. De tal manera que de cumplirse los deseos de los empresarios el Estado estara prestando dinero a los campesinos para que paguen una infraestructura que el mismo Estado coste con propsitos de desarrollo social y econmico para los menos favorecidos del sector rural.

En los siguientes numerales seala que Adems de la asistencia tcnica brindada por parte de los agroindustriales y establecida en el convenio de coinversin, la Secretara de Agricultura y Ganadera (SAG) y el Instituto Nacional Agrario (INA) se comprometen a apoyar dicho proceso a travs de programas y proyectos y su personal tcnico de la zona. Adems, la SAG se compromete a incorporar a las Empresas Campesinas como beneficiarios directos del Bono de Solidaridad Productiva [26], que les permita producir maz y frijoles durante los primeros tres aos, en el caso de las tierras donde se restablecern las nuevas plantaciones.

El gobierno se compromete a apoyar a los grupos campesinos con proyectos sociales de salud y educacin. Y para finalizar seala que una vez firmado el acuerdo se definirn con prontitud las reas de las plantaciones ya establecidas y en produccin, as como las reas para las nuevas plantaciones y reubicar a los 28 grupos campesinos

De nuevo el estado hondureo es el que financia y carga con los costos de un proyecto que tendr como beneficiario final a los grandes empresarios. De aceptarse la propuesta tal como est planteada reforzara una figura similar a la que presenta el tradicional y perjudicial binomio latifundio-minifundio, relacin que solo beneficia al grande y mantiene en la dependencia y la pobreza al ms dbil. En tales condiciones el campesino incluido en un proyecto de esta naturaleza no cumple con la condicin de sujeto de desarrollo; al contrario, asume la condicin de objeto sobreexplotado por las obvias desventajas de stos y la voracidad de los grandes empresarios rurales.

El rgimen se muestra solcito y considerado con los campesinos. Ofrece asistencia tcnica a travs de esas dos ineficientes instituciones del estado que por ahora no hacen absolutamente nada a favor del sector reformado ni por la pequea produccin.

Los conductores del rgimen actual estn apurados por resolver una crisis que ha puesto en precario su reconocimiento internacional pero, al mismo tiempo, no desaprovechan la crtica coyuntura para favorecer a los grandes empresarios, a quienes deben su posicin poltica actual.

Para abundar en ofrecimientos no deja por fuera los servicios de educacin y salud, en un pas donde buena parte de la poblacin no tiene acceso a ellos. De todos los hondureos es sabido que luego del golpe de estado militar del 28 de junio tales servicios presentan mayor precariedad en todo el pas.

Si se ha criticado la sobreexplotacin de los trabajadores y el control poltico del pas por las transnacionales bananeras, qu podemos decir de estos empresarios del patio. Sobreexplotan a los trabajadores (nunca han permitido sindicados en sus empresas) e igualmente tienen el control del pas pero sin cumplir con las responsabilidades sociales que las transnacionales tuvieron por dcadas con la asignacin de vivienda, agua y servicios de salud y educacin. Se avizora una prisin verde ms dramtica que aqulla que describi Ramn Amaya Amador para los trabajadores en las bananeras!

Si el Estado puede movilizar tal cantidad y variedad de recursos para la produccin y asistencia social, por qu no pensar en un proyecto orientado en los objetivos constitucionales de la reforma agraria; por qu no pensar que sean los campesinos quienes escojan su actividad productiva y perfilen su futuro de pequeos productores bajo su conveniencia; por qu ponerles grilletes asidos a los intereses de los terratenientes antes de que accedan a la tierra que legalmente y en justicia les corresponde.

Qu no son capaces de lograrlo como pregona la campaa meditica a favor de los terratenientes? La respuesta est en las experiencias exitosas del mismo sector reformado, entre las que destaca Hondupalma [27], una de las ms grandes empresas agrcolas y de transformacin industrial de la palma africana en aceite, mantecas y margarinas que compite con xito con Clover Brand y el mismo Miguel Facuss que ha hecho lo imposible por apoderarse de ella.

El pueblo hondureo debe hacer causa comn con los campesinos que buscan un futuro mejor, apoyado en su trabajo, proyecto que a su vez contribuir al desarrollo del pas y al mantenimiento de la paz.

NOTAS


[1] Las citas 4,5 y 6 corresponden al documento "Elementos de una estrategia para la reactivacin del sector agrcola base terica de la Ley de Modernizacin y Desarrollo del Sector Agrcola, elaborado por Roger Norton y avalado por CONPPA.

[2] Ver anexo 1 y 2

[3] rea rural con infraestructura econmica y social dedicada a la actividad agropecuaria o con ese potencial.

[4] Rompimiento o ampliacin de la frontera agrcola a costa de la utilizacin de territorios vrgenes

[5] Totalidad de asentamientos campesinos de reforma agraria sin distingos de formas de organizacin empresarial campesina desde la reforma agraria de 1962 a la fecha.

[6] Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

[7] Colonias agrcolas: Catacamas, OLA, Monjars, Guaymitas, Len y el mismo Agun en la dcada de los 50.

[8] Roger Norton, por lo que muchos la conocen como Ley Norton.

[9] Para llevar a cabo la tarea, constituyeron "un comit nacional de productores quienes colaboraron con su extensa y variada experiencia. La participacin en el Comit Nacional de Productores para la Poltica Agrcola (CONPPA) fue voluntaria, sin recompensa, motivada por el afn de hacer aportes a la reactivacin del sector agrcola... [9] y participaron en su capacidad personal; no representaron instituciones del sector pblico ni del privado" deca el documento base de la LMDSA. El CONPPA estuvo integrado por Roberto Gallardo (Director), Mario Nufio Gamero (Secretario Ejecutivo), Joaqun Luna Meja (Coordinador), Cornelio Corrales B, Jos Armando Erazo; Andrs Lardizbal; Porfirio Lobo Sosa, Rger Mondragn Carrasco, Orlando Lionel Sevilla y Rafael Weddle. Como asesores tcnicos: Rger Norton, Enrique Alberto Castelln, Magdalena Garca Ugarte, Ramn Narvez y Roberto Villeda Toledo.

[10] Creyendo en que para aprovechar el enorme potencial del sector agrcola, que brilla entre el matorral de males y dificultades, y para bien de todos los grupos en la sociedad es una tarea primordial quitar la tralla (cuerda o correa con que se lleva al perro atado a la cacera, G.R) a esa potencialidad, sentenciaba Roger Norton.

[11] Si bien los trminos minifundio y latifundio hacen referencia a grande y pequeo, para fines prcticos de reforma agraria se ahonda en su conceptualizacin. Latifundio es calificado como la explotacin agropecuaria de grandes dimensiones e ineficiente en el uso de recursos: tierra, agua y mano de obra. Pero al final se concluye en que el latifundio es la cantidad de tierra (y agua) que puede dar ingresos satisfactorios a varias o muchas familias; y minifundio aquel lote de tierra que no es capaz de ofrecer ingresos satisfactorios para una familia.

[12] "Es una regla emprica que una finca de una hectrea, sembrada en granos bsicos, es de tamao suficiente para abastecer una familia con esos productos; entonces, una de dos hectreas ya permite la participacin en el mercado, sobre todo si se siembra parcialmente con hortalizas, caf o frutas. Es decir, ya no representa una parcela de subsistencia".

[13] La ley de Reforma Agraria o Decreto 170 determin techos para propsitos de incentivar el mejor uso de los recursos tierra y agua y, simultneamente, para la afectacin de tierras, que al excederlos convertan la propiedad en latifundio. La cuantificacin en hectreas estaba determinado por la calidad de suelos y la disponibilidad de infraestructura productiva y social. De tal manera que los techos en distritos de riego se estimaron en 100 hectreas; en el Bajo Agun en 300 hectreas; de mil quinientas hectreas en tierras con pendientes de 30% o ms. El sobretecho es la cantidad de tierra que supera los techos y que es autorizado por la Secretara de Agricultura y Ganadera que segn la Ley de Reforma Agraria se concedera cuando esta secretara considerara factible el proyecto presentado por el interesado siempre que la inversin no fuera menor de 1 milln de Lempiras a precios constantes de diciembre de1991

[14] Tal poltica se mantiene. En reciente comunicado de la Va campesina, FIAN internacional y Land Research Action Network sealan que El Banco Mundial parece convencido de que cualquier flujo de capital privado que expanda los agro negocios transnacionales donde an no hayan penetrado es bueno y debe permitrseles proseguir, de tal modo que el sector corporativo pueda extraer ms riqueza del campo.

Y los firmantes del comunicado aaden que el BM intenta distraer el hecho de que la crisis alimentaria global de hoy en da con la cifra record de ms de mil millones de personas sufriendo hambre, no ser resuelta por la agricultura industrial a gran escala que van a aplicar prcticamente todos los inversionistas que estn adquiriendo tierra.

[15] Mientras tanto se superaba el negativo impacto inicial, reconocido por los diseadores del modelo, se constituiran los fondos de compensacin social (Fondo Hondureo de Inversin Social y Programa de Asignacin familiar)

[16] Paes de Barros, Ricardo; Mirela de Carvalho; Samuel Franco. Pobreza rural en Honduras: Magnitud y determinantes; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA), Secretara de Estado en el Despacho de la Presidencia, Tegucigalpa, Honduras, noviembre 2006.

[17] 1 US$ = 19,02 Lempiras (al cambio de marzo 2010)

[18] Ibidem

[19] Ibidem

[20] El acuerdo de constitucin de la Plataforma de Derechos Humanos se tom el 20 de julio de 2009. La constituyen: Comit de Familiares de Desaparecidos de Honduras (COFADEH); Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Centro de Investigacin y Promocin de los Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH);; Centro de Prevencin, Tratamiento y Rehabilitacin de las Vctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT); Comit para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH); Food First Information and Action Network (FIAN Honduras)

[21] Esta propuesta fechada el 23 de marzo de 2010 est firmada por Samuel Reyes Rendn, Designado Presidencial; Jacobo Regalado W, Ministro de Agricultura y Ganadera; y, Csar Ham Pea, Ministro Director del INA.

[22] Promueven una relacin comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Niega las ayudas asistenciales e impone condiciones como respeto al ambiente y a los trabajadores; equidad de gnero

[23] Se constituye formalmente en 1975 y sus propietarios la venden a la Standard Fruit co. El 5 de mayo de 1990.

[24] Efran Rivera Pavn y Porfirio Hernndez luego del asalto perpetrado a la EACI por Gustavo Adolfo lvarez Martnez.

[25] La Corporacin Nacional de Inversiones (CONADI), institucin creada por el Estado a mediados de los 70 para ofrecer financiamiento a los empresarios bajo condiciones muy blandas. Se declar en quiebra en 1980.

[26] Sustituye al bono tecnolgico implementado en la gestin administrativa de Manuel Zelaya Rosales.

[27] Empresa de transformacin industrial de palma africana cuyos accionistas son 31 cooperativas con ms de 500 asociados dedicadas al cultivo de esa oleaginosa.

Fuente: http://radioeslodemenos.blogspot.com/2010/04/el-caso-muca-la-reforma-agraria-y-el.html


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