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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 17-04-2010

Comunicado de la Associaci Memria Contra la Tortura
La paradoja de Garzn

Rebelin

Comunicado de la Associaci Memria Contra la Tortura


Los abajo firmantes nos vemos en la obligacin de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos mbitos geogrficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzn, imputado por delitos de prevaricacin por los procesos que instruye por desaparicin de personas durante la guerra civil y el franquismo.

Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que tambin se podran achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con ste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberan ser matizadas.

En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisin de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz poltico, la defuncin de debates pblicos vivos y necesarios por la accin de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las vctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzn, sino que consideramos que responde a la accin annima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia.

Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervencin inaceptable de la Justicia en el libre debate poltico es imputable tambin al propio Sr. Garzn. Paradjicamente, es ahora vctima de una politizacin de la justicia que l magistralmente dise e impuls. Su apelacin a la ambigedad de las acusaciones que ahora se vierten contra l, la patente desviacin de los hechos objeto de esta causa que denuncia en su recurso, o la instruccin sesgada de que se considera vctima, que slo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar l mismo. Y que ahora denuncia por amarga.

Pero es que adems, se regala solidaridad a Garzn por parte de varias organizaciones, con el apelativo de defensor de derechos humanos sin repasar, su currculum al respecto.

No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia ms envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP ‐Tribunal de Orden Pblico‐. Ms an, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regmenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente sealada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin.

No es balad apuntar que en su actuacin ha impulsado casos contra medios de comunicacin, asociaciones populares, partidos polticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresin directa a la libertad de expresin y al derecho de libre asociacin pacfica. El propio Comit de Derechos Humanos hizo recientemente patente su preocupacin al respecto.

No es gratuito traer a estas lneas que Garzn, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el rgimen de incomunicacin, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas.

Organismos como el Comit para la Prevencin de la Tortura del Consejo de Europa CPT‐, el Comit contra la Tortura CAT‐ o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolicin de esta modalidad de detencin, cuya aplicacin lleva la rbrica de este magistrado.

No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condicin de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT detallado y coherente y que reprochaba al Juzgado no 5 que no adopt medidas repetidamente recomendadas por el CPT para evitarlas. Esta es la lnea argumental seguida tambin en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada Operacin Garzn durante los Juegos Olmpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no haban sido los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales.

Conocemos, pues, la actitud de Garzn en el mbito internacional, as como la conocemos en el domstico. Sabemos de su inters por aparecer como el juez progresista, para poder as llevar a cabo una actitud represiva sin parangn, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, as como hemos podido constatar que su actividad en el mbito internacional en el mbito de los derechos humanos no es ms que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningn caso hayan pasado de ser testimoniales.

Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzn. La admisin a trmite de la presente querella por querer investigar los crmenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaracin de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comit de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido comn.

Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designacin de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuacin ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idntica a la que ahora denuncia.

Firmantes:

Jorge del Cura (Centro de Documentacin contra la Tortura), Ramom Lpez‐Suevos Fernndes, Fernando Blanco Arce, Ana Lorenzo Conde y Elvira Souto (Esculca‐ Observatrio para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramon Piqu y Maria Ferrer (Associaci Memria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidria), Montserrat Munt (Acci dels Cristians per l'Abolici de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituio y Lorea Bilbao (TAT‐Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernndez (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), Jos Ramn Prez (Salhaketa Araba), Carlos Hernndez (Salhaketa Bizkaia), Iaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzlez (Universitat Autnoma de Barcelona‐UAB), Ermengol Gassiot (arqueleg forense, Universitat Autnoma de Barcelona), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), Jos Manuel Hernndez (abogado, CAES), Luis Ocaa Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos), Josep Maria Pi (CGT‐Catalunya).

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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