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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2010

El terror regresa a Oaxaca

Kristin Bricker y Emilio Godoy
IPS


La reaparicin de la violencia en Oaxaca hace temer otra ola de represin y una vuelta a los graves sucesos que paralizaron en 2006 a ese estado del sur de Mxico, segn organizaciones de derechos humanos. La inquietud emergi con una emboscada tendida en la tarde del martes por paramilitares contra una caravana humanitaria que se diriga a la comunidad autnoma de San Juan Copala, situada unos 600 kilmetros al sureste de la capital de Mxico y habitada por indgenas del pueblo triqui.

El ataque dej dos muertos y una mujer herida. Los asesinados son Alberta Cario, directora del no gubernamental Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y el finlands Juri Jaakkola, un observador de derechos humanos, ambos por disparos en la cabeza.

Adems, varias personas fueron secuestradas y se reportaron inicialmente desaparecidas, entre ellos los periodistas rika Ramrez y David Cilia, de la revista Contralnea, una publicacin muy crtica del gobierno federal y de la administracin oaxaquea, encabezada por el gobernador Ulises Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En el listado aparecan tambin dos activistas, David Venegas y No Bautista, de una organizacin no gubernamental local, y dos mujeres triquis secuestradas antes de la emboscada.

Poco despus, los dos periodistas y los dos activistas escaparon de sus captores. Venegas y Bautista lograron llegar a la ciudad de Juxtlahuaca y all mostraron un vdeo donde los reporteros aparecen con vida. Los dos se encontraban escondidos en la sierra y Cilia estaba herido de bala.

Este jueves el gobierno de Oaxaca despach un helicptero para rescatarlos.

Tambin este jueves fueron liberadas las dos mujeres triquis secuestradas poco antes de la emboscada.

La zona es controlada por grupos paramilitares como la Unin de Bienestar Social para la Regin Triqui (Ubisort), acusados de tener lazos con el PRI.

La caravana humanitaria, en la que viajaban observadores de Blgica, Finlandia, Italia y Alemania, tena el fin de suministrar alimentos, agua y otros productos bsicos a la poblacin de San Juan Copala, sometida desde enero al bloqueo de Ubisort, que cort el servicio elctrico e hdrico del poblado.

El contingente escoltaba asimismo a maestros que intentaban volver a dar clases en la zona.

Defensores de derechos humanos temen que el gobierno aproveche el ataque para promover sus propios intereses en la regin triqui. "Tememos que el gobierno use esto de pretexto para militarizar la regin", dijo a IPS Eduardo Almeida, activista de la organizacin Nodo de Derechos Humanos.

Entre mayo y octubre de 2006, el magisterio oaxaqueo afiliado a la Seccin 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacin y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), un paraguas de unas 300 organizaciones locales, tomaron las principales calles de la ciudad de Oaxaca, capital del estado, reclamando la destitucin de Ruiz.

Esas organizaciones acusan al gobernador, esfinge del ala ms conservadora del PRI, de corrupto y autoritario. El conflicto, que paraliz el estado, se zanj con la intervencin de policas federales enviados por el entonces presidente Vicente Fox (2000-2006), del derechista Partido Accin Nacional (PAN).

La accin dej ms de 20 muertos, la gran mayora atribuidas a la represin, unos 370 heridos y aproximadamente 350 detenidos. Las manifestaciones recobraron fuerza a mediados de 2007, pero se extinguieron rpidamente.

Oaxaca, con una poblacin predominantemente indgena, es uno de los estados ms empobrecidos de Mxico.

Gabriela Jimnez, una sobreviviente del ataque del martes y asesora de la APPO, sostuvo que los agresores se identificaron como miembros de la Ubisort y aseguraron contar con respaldo del gobierno estadual. Pero Ruiz neg cualquier vnculo con la emboscada.

San Juan Copala permanece bajo asedio de paramilitares desde que se declar municipio autnomo en enero de 2007. Una de esas organizaciones es la Ubisort, que haba advertido de que la caravana estara en peligro si trataba de ingresar en el pueblo.

Su lder, Rufino Jurez, dijo a la prensa que los tiroteos eran frecuentes en la zona y que la Ubisort no se haca responsable "de lo que pudiera ocurrirle" al convoy, integrado por unas 25 personas entre activistas, maestros y observadores.

El ataque fue condenado por numerosas organizaciones mexicanas e internacionales, que lo consideran un incidente inquietante ante las elecciones de julio para renovar el gobierno y la legislatura estadual.

El presidente de Mxico, el conservador Felipe Caldern, dijo que los sucesos sern investigados a fondo. El desastre de Oaxaca lo toca de cerca, pues Fox orden la intervencin en 2006 para evitar que heredara la crisis, y en los prximos comicios su partido, el PAN, aspira a destronar por primera vez al PRI en Oaxaca.

"A quin beneficia, en trminos electorales, la brutal emboscada en Oaxaca? Las respuestas pueden ser varias. Una de ellas, efectivamente, podra encontrarse en los intereses de los diversos actores poltico-electorales que se mueven en la regin", escribi este jueves el columnista Francisco Lpez en el diario capitalino La Jornada.

Las divisiones entre comunidades triquis son tradicionales en la zona, pero se agravaron a partir de la dcada de 1970. En esos aos, las comunidades nativas crearon El Club, un grupo que con los aos deriv en el Movimiento de Unificacin y Lucha Triqui.

Esa organizacin se dividi ms tarde y dio lugar al Movimiento de Unificacin y Lucha Triqui Independiente, al que pertenece el municipio autnomo.

Ubisort culpa al gobierno de no intervenir en el conflicto, que ha dejado al menos una docena de muertos desde 2007. Esa organizacin se beneficiara de una intervencin gubernamental en el rea, presuntamente dirigida contra la administracin autnoma.

En abril de 2008 fueron asesinadas en la zona las jvenes locutoras Felcitas Martnez y Teresa Bautista, de la comunitaria Radio Copala, "La voz que rompe el silencio", vctimas de la violencia en que se expresan las diferencias en la regin.

El municipio sigue incomunicado y su situacin es incierta. Algunos residentes que se encontraban fuera al momento del ataque demandan que el gobierno cree las condiciones para que miembros de la sociedad civil lleguen al pueblo, sin ninguna intervencin policaca.

La polica estadual visit dos veces el mircoles la escena del crimen para recoger los vehculos tiroteados y los dos cadveres, sin localizar a los desaparecidos ni a los perpetradores.

La situacin permanece inestable en tanto el gobierno, el municipio, la APPO y la Ubisort deciden cules sern sus siguientes pasos. Los atacantes del convoy anunciaron ms violencia, despojaron a los emboscados de sus identificaciones y les advirtieron que seran ejecutados si intentaban regresar o contaban lo ocurrido, dijo un sobreviviente a IPS.



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