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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2005

Justicia chilena reacia al principio de colaboracin internacional
La Corte Suprema juega a ganadora

Jorge Escalante
La Nacin



El reciente rechazo en la Sala Penal de la Corte Suprema al exhorto del juez Gerard Caddeo, del Tribunal de la Gran Instancia de Pars, para indagar en Chile acerca del crimen ocurrido despus del golpe militar del ciudadano chileno-francs Enrique Ropert Contreras, hijo de la secretaria del Presidente Salvador Allende, Miria Contreras, viene a confirmar el excesivo celo con que la Corte Suprema ha defendido la soberana de la justicia chilena en materias de derechos humanos. En el ltimo tiempo, la Corte ha denegado reiteradamente peticiones de tribunales extranjeros y se ha mostrado reacia a aceptar plenamente el principio de colaboracin internacional de la justicia en crmenes de lesa humanidad.

Sin embargo, como contrapartida la Corte Suprema ha recibido el beneplcito de pases como Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina y Uruguay, que han accedido a sus solicitudes para que jueces chilenos realicen diligencias en el extranjero relativas a procesos que se instruyen en Chile o bien han enviado informacin.

Excepciones a esta actitud pueden mencionarse el exhorto acogido en 2001 al juez francs Roger Le Loire, para interrogar a un grupo de oficiales retirados y civiles en el proceso que se instruye en Pars por el desaparecimiento de cinco ciudadanos franco-chilenos, y la autorizacin para que la jueza argentina Mara Servini viajara a Chile a interrogar al ex jefe de la DINA Manuel Contreras y a otros ex agentes, antes de procesarlos en Buenos Aires, en junio de 2001 por el doble homicidio del general Carlos Prats y su esposa.

En poco menos de un ao, la Sala Penal rechaz dos peticiones del Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para indagar en Chile a militares inculpados y testigos en juicios que se instruyen en ese pas por la muerte de ciudadanos belga-chilenos a manos de agentes de la dictadura.

Igualmente deneg dos exhortos del juez espaol Baltasar Garzn, quien solicitaba informacin del proceso que en Chile instruye el juez Sergio Muoz por la fortuna oculta del ex dictador Augusto Pinochet, y peda que se trabara embargo a sus bienes, ambas peticiones relacionadas con el proceso que Garzn instruye en Espaa contra Pinochet por delitos de genocidio y terrorismo.

Normalmente, el argumento de la Corte Suprema ha sido que en Chile ya se investigan los hechos respecto de los que tribunales extranjeros solicitan diligencias.

Pero la justicia internacional no ha tenido la misma actitud. Estados Unidos respondi al juez Guzmn, aunque con demora, el exhorto por el cual se pidi interrogar al ex secretario de Estado Henry Kissinger por los crmenes de Charles Horman y Frank Teruggi, y recientemente el Departamento de Estado accedi a que el ministro Alejandro Sols viaje a Washington a participar en interrogatorios a los ex agentes Michael Townley y Armando Fernndez Larios, vitales para que finiquite su investigacin del crimen del general Prats y su esposa. Sols viajar a EE.UU. el lunes 31 y los interrogatorios sern los das 3 y 4 de febrero.

La justicia de Francia accedi a que la jueza del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago realice diligencias en Orlens para interrogar testigos en el proceso que instruye por un detenido desaparecido. En tanto, Alemania respondi varias veces positivamente a la Corte Suprema chilena acerca de informes sobre Colonia Dignidad.

CASOS DE RECIPROCIDAD ACEPTADA Y NEGADA

La Corte Suprema de Uruguay acogi la solicitud de su par en Chile, para que el ministro Alejandro Madrid viajara a Montevideo en marzo de 2003 a interrogar militares uruguayos por el crimen del ex qumico de la DINA Eugenio Berros. De paso, se trajo copia ntegra del expediente uruguayo.

Y la justicia y el gobierno argentino concedieron a la Corte Suprema chilena en 2003 la devolucin a Santiago del general (R) Joaqun Ramrez Pineda, imputado por los desaparecidos de La Moneda, luego de permanecer un ao detenido en Buenos Aires a requerimiento de la justicia francesa que busca capturarlo por el desaparecimiento del ciudadano franco-chileno George Klein. No obstante, la Corte Suprema no extradit al ex Presidente argentino Carlos Menem cuando fue requerido.

Pero, tal vez, uno de los ms ilustrativos ejemplos de esta falta de colaboracin internacional fue cuando en octubre de 2000 la Corte Suprema neg la peticin de Italia para extraditar a Roma al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al ex jefe del departamento exterior de esa organizacin, general (R) Ral Iturriaga. Ambos haban sido condenados en ausencia en Roma, a 20 y 18 aos de prisin, respectivamente, por el atentado cometido por agentes de la DINA y terroristas italianos el 6 de octubre de 1975 contra el lder DC Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. Sin embargo, por este crimen no exista en Chile un proceso abierto y la corte tampoco orden de oficio abrir una investigacin.

Hoy la Corte Suprema est pidiendo va exhorto a Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Suiza, Espaa, Panam, Islas Bahamas y Gibraltar, que aporten informacin al juez Sergio Muoz sobre cuentas bancarias de Pinochet, y para que Francia acceda a que la jueza Gloria Ana Chevesich interrogue al ex agente del Comando Conjunto Andrs Valenzuela, que vive en ese pas.

JURISTAS

Los abogados que litigan causas de derechos humanos, Alfonso Insunza, Nelson Caucoto y Hernn Quezada, coinciden en que la Corte Suprema no est actuando bajo el principio de la reciprocidad en la colaboracin internacional, en especial en materia de crmenes contra la humanidad. Insunza sostiene que la Corte Suprema demuestra que le cuesta aceptar el derecho internacional, a pesar de que los delitos de lesa humanidad son universales. Caucoto defiende el derecho de los pases extranjeros a investigar los crmenes que afectaron a quienes tambin eran sus ciudadanos y agrega que Chile no est mostrando reciprocidad y eso a la larga se paga caro. Hernn Quezada opina si el argumento de la Corte Suprema es que en Chile se investigan los mismos hechos, ello no excluye que otros pases tambin indaguen estos delitos. Lo que no puede ocurrir es que una persona sea condenada por el mismo hecho en dos tribunales.

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050124/pags/20050124224403.html



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