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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-01-2005

Caso Granda; la vctima al banquillo

Miguel Bonasso
La Jornada


A ntes de asumir como secretaria de Estado, en su audiencia con el comit del senado estadunidense que aval su designacin, Condoleezza Rice ya evidenci que Washington se propone -una vez ms- violar el derecho internacional para sentar en el banquillo de los acusados a la vctima y proteger de este modo al victimario.

Invirtiendo la carga de la prueba, la Rice acus al gobierno que preside Hugo Chvez de causarle "dificultades a sus vecinos". Cuando est probado que "sus vecinos" -lase el gobierno colombiano- violaron la soberana venezolana al organizar y financiar el secuestro en Caracas del dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda. Un hecho de inusitada gravedad que coloca al gobierno de Alvaro Uribe en un pie de igualdad con las dictaduras militares del Cono Sur en los aos negros del terrorismo de Estado y la Operacin Cndor.

La toma de partido de la funcionaria vino a ratificar -en el ms alto nivel de la administracin Bush- la lnea asumida desde el primer momento por el embajador estadunidense en Bogot, William Wood, quien no demor un da en solidarizarse con el Palacio de Nario y respaldar su poco imaginativa versin acerca de la captura del guerrillero en la localidad colombiana de Ccuta.

Jesse Chacn, el ministro de Interior y Justicia de la Repblica Bolivariana de Venezuela ha demostrado, con documentos irrefutables, que Granda fue secuestrado en Caracas el 13 de diciembre del ao pasado (a las cuatro de la tarde), por militares venezolanos sobornados por oficiales de la inteligencia colombiana y trasladado clandestinamente en un vehculo hasta la frontera, donde fue entregado, el da 14, a las fuerzas de seguridad de Colombia.

A pesar de las curiosas desmentidas de los funcionarios colombianos, que confirman indirectamente el secuestro al declarar que haban puesto precio millonario a la cabeza del guerrillero (y pensaban seguir hacindolo con otros), el ministro del Interior venezolano present ante la Asamblea Nacional y ante la opinin pblica nacional e internacional, una lista abrumadora de evidencias que demuestran la grosera violacin de la soberana venezolana.

Una de esas pruebas es el anlisis de las llamadas telefnicas efectuadas por los secuestradores a lo largo del recorrido entre la capital venezolana y la frontera. Otra, la captura del vehculo en el que fuera transportado ilegalmente el dirigente de las FARC. A las que debe sumarse la detencin de cuatro de los seis venezolanos que participaron en el hecho y que sern juzgados por el infamante delito de "traicin a la patria".

Por si fuera poco, el ministro Chacn revel que no exista ningn pedido de captura de Granda por parte de Interpol en diciembre, ni tampoco una solicitud bilateral de Bogot. El pedido a travs de Interpol -sugestivamente- recin se realiz el 9 de enero.

A esto hay que agregar que pocos das antes cuatro oficiales de la Polica Nacional de Colombia haban sido detenidos en la localidad venezolana de Maracay, a ms de 600 kilmetros de la frontera.

Ante una evidencia que el propio Granda reforz con una carta desde su lugar de detencin, el gobierno de Uribe Vlez decidi sacarse de encima la losa que los incrimina, acusando a Chvez de haber convertido a Venezuela en "un santuario de terroristas". Esa fue la posicin que sostuvo la canciller colombiana Carolina Barco durante el reciente encuentro del presidente Uribe y su homlogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, en la que el mandatario brasileo interpuso sus buenos oficios para propiciar el dilogo entre Nario y Miraflores. Y sa es la posicin que respalda -sin ningn tipo de pruebas- Condoleezza Rice.

Por debajo subyace una amenaza: invocar la Carta Democrtica de la OEA para sentar a la Venezuela bolivariana en el banquillo de los acusados, cuando es Colombia la que debera rendir cuentas a las naciones latinoamericanas por haber violado de manera flagrante la soberana de un Estado asociado del Mercosur.

Para muchos observadores no cabe duda de que este secuestro se parece como una gota de agua a otra, al perpetrado antes en Ecuador contra otro dirigente de las FARC, Simn Trinidad, recientemente extraditado por Uribe a Estados Unidos. Donde pretenden juzgarlo -nuevamente sin pruebas- por presunta participacin en el narcotrfico. Lo cual demuestra -por si hiciera falta demostrarlo- que la inteligencia estadunidense y la colombiana se han puesto de acuerdo para operar contra lo que ellos denominan narcoterroristas en cualquier lugar del hemisferio.

Tambin subraya lo que ya se tema y el propio Chvez anticip antes de su rotundo triunfo en el plebiscito democrtico del 15 de agosto pasado: que Washington propiciara una escalada de provocaciones terroristas si lo favoreca -una vez ms- la decisin soberana del electorado venezolano.

La primera provocacin -aparentemente diseada por terroristas venezolanos exiliados en Miami y vinculados con la mafia cubana- fue el asesinato del fiscal Danilo Anderson; la segunda es el secuestro de Rodrigo Granda, que pretende llevar a Caracas a un peligroso enfrentamiento con Bogot.

La respuesta del presidente Chvez -respaldado por una gigantesca movilizacin popular- ha sido a la vez enrgica y sabia. Conden la violacin de la soberana venezolana, mand llamar al embajador en Colombia y orden paralizar todos los negocios con ese pas, incluyendo el estratgico gasoducto caribeo. Pero, simultneamente, apel a su amistad con el presidente Uribe, lo exculp a priori de una responsabilidad personal en el delito cometido por sus agentes y le dej la puerta abierta para que presente las excusas correspondientes. De Uribe depende, por lo tanto, que las relaciones bilaterales no empeoren.

El intercambio entre los dos pases (que supera los 2 mil millones de dlares anuales) y las necesidades econmicas de Colombia, podran empujar al presidente colombiano a tomar la mano que le tiende el vecino agraviado. Pero su ostensible subordinacin a Washington, su participacin orgnica en el nuevo plan de contrainsurgencia hemisfrico diseado por los halcones-gallina, como Rice, o la soberbia, alimentada por su ideologa de extrema derecha, podran llevarlo a insistir en que su encuentro con Chvez debe ser en un "marco multilateral" (la OEA, por ejemplo) y no en el dilogo bilateral que propicia Chvez.

Estados Unidos tratar de que este sea el escenario, no porque piense seriamente que Venezuela es un "santuario de terroristas", sino porque rechaza el impulso a la integracin latinoamericana que propicia la Revolucin Bolivariana. Y no desde la simple voluntad o la retrica, sino desde el poder que le otorga su inmensa riqueza petrolera.

En este ltimo caso, los pases del Mercosur -que padecieron atroces dictaduras militares y la Operacin Cndor- deberan sealar sin ambages que la violacin de la soberana de uno de sus estados miembros es una grave violacin del derecho internacional que retrotrae a la regin a los tiempos de la infame doctrina de seguridad nacional.



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