Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-05-2010

La absolucion de Egunkaria
Una excepcion en la aplicacin de la excepcional legislacion antiterrorista

Carmen Lamarca Prez
Viento Sur


Creo que debemos comenzar felicitando a los procesados del Caso Egunkaria, y felicitndonos todos por esta sentencia absolutoria, una sentencia que, al menos por una vez, ha logrado, como yo misma deca en el artculo que publiqu sobre Razones para la absolucin de Egunkaria que derecho y justicia caminen de la misma mano. Porque igual que he sido siempre crtica con la apertura de esta causa tambin hay que reconocer y alabar ahora una resolucin que creo justa y que, adems, contra lo que es habitual en nuestros tribunales, no ha dudado en mostrarse crtica con la instruccin de este procedimiento; desde un punto de vista estrictamente jurdico constituye adems un buen veredicto que ha logrado, y no es poco, que las acusaciones populares se abstengan de presentar recurso.

La absolucin es, por tanto, firme, ya no cabe marcha atrs aunque, como siempre sucede en estos casos, tampoco hay ya modo humano de reparar el dao inflingido. Porque, cmo reparamos el dao que, no slo para sus directivos, sino tambin para sus trabajadores y lectores supuso el cierre del peridico?, cmo reparamos las torturas que fueron denunciadas?, cmo conseguimos limpiar el buen nombre de las personas que han sido acusadas y nada menos que de un delito de terrorismo?, calumnia que algo queda, dice el dicho popular. Cmo reparamos, en fin, esa pena de banquillo que ya se ha sufrido?.

Con todo, estamos contentos, los encausados, los abogados, los juristas en general y los amigos en particular. Contentos porque se ha demostrado la inocencia aunque perplejos porque hasta ahora la justicia no se haya dado cuenta, porque se hayan necesitado siete aos y una vista oral para declarar lo que los imputados y las defensas alegamos desde un principio y con los mismos argumentos que ahora utiliza la sentencia. Porque la sentencia comienza denunciando, y denunciando de forma valiente, esa, y cito textualmente, estrecha y errnea visin segn la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA lo que, sigue diciendo la sentencia, conduce, en el proceso penal, a una errnea valoracin de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputacin, y esto fue lo que precisamente ocurri en este caso donde se abri un procedimiento penal por la sospecha de que todo lo que tenga que ver con el euskera se sita en el entorno del terrorismo concepto peligroso este del entorno que sirve para perseguir cualquier cosa y a cualquiera.

La sentencia desmonta, como ya habiamos hecho las defensas en nuestros escritos, todas las presuntas pruebas de la acusacin poniendo adems de manifiesto la inconsistencia o la falacia de las mismas. As, por ejemplo, esos Informes de la Guardia Civil que partiendo de decir que las personas que pusieron en marcha el peridico Egunkaria no tenan una clara vinculacin con la organizacin ETA aadan, de su propia cosecha, sin fundamentacin ni prueba alguna, que precisamente esta falta de vinculacin de las personas de Egunkaria con ETA se busc de propsito por la banda armada. De este modo para la acusacin el proyecto de Egunkaria era de ETA bien porque las personas que lo dirigan eran de ETA o bien el proyecto de Egunkaria era de ETA porque, precisamente para disimular, las personas que lo dirigan no eran de ETA, argumentacin francamente difcil pero sobre todo falaz que no dejaba salida alguna. Lo mismo sucede con los famosos documentos incautados a ETA que, presuntamente, tambin demostraban la vinculacin entre Egunkaria y ETA y que la sentencia tambin va desmontando para concluir, como yo misma conclua en mi artculo, que en este proceso lo que exista era mucha especulacin y poca certeza.

Y ahora se dice, y se dice tambin de forma valiente en la sentencia, que la clausura del peridico euskaldn era una medida de difcil encaje constitucional, que no tiene expresa cobertura en el famoso art. 55,2 de la Constitucin, que es el que autoriza la suspensin de determinados derechos con motivo de las investigaciones antiterroristas, pero tambin es cierto que esto ya se puso de manifiesto por activa y por pasiva a lo largo del procedimiento y tambin es verdad que la medida tampoco nos sorprenda porque hay otros derechos que se suspenden en actuaciones antiterroristas y que tampoco tienen cobertura constitucional como, por ejemplo, es el caso del derecho de defensa o del derecho al juez natural predeterminado por la ley.

En realidad lo que ocurri, lo que sigue ocurriendo en otros muchos casos, es que el calificativo de terrorismo ha adquirido en nuestra sociedad y en nuestro sistema jurdico una desmedida vis expansiva que se invoca para hacer frente a fenmenos y actitudes de muy distinta naturaleza, en demasiadas ocasiones de mera disidencia poltica, y para justificar decisiones poltico criminales difcilmente compatibles con los valores de libertad y pluralismo que incluso consagra nuestro texto constitucional. En este contexto, creo que se incluy el procedimiento penal contra las personas que integraban el denominado Proyecto Egunkaria porque, ciertamente, resulta difcil comprender, y ms ahora tras la sentencia absolutoria, cmo pudo calificarse como delito de terrorismo la fundacin y el posterior desarrollo de un proyecto de orden estrictamente cultural como es la creacin de un peridico en euskera instituido con la finalidad de lograr una mayor difusin y promocin de esta lengua y creado en la ms estricta legalidad al amparo de la libertad de expresin y de libre empresa. Hay que constatar, sin embargo, que el ataque a la libertad de prensa tampoco era la primera vez que ocurra, baste recordar los casos de Egin o Ardi Beltza.

Lo cierto es que desde el primer momento, desde que en febrero de 2003 la Audiencia Nacional ordenase la entrada y registro y posterior clausura del peridico Egunkaria, la acusacin planteada no ha resultado nunca muy clara; de hecho, an hoy con la sentencia absolutoria en la mano, no nos ha quedado claro de qu se les acusaba pues se habla de una genrica vinculacin entre ETA y Egunkaria pero nunca se nos ha aclarado si de lo que se acusaba es que la organizacin ETA fundara Egunkaria, aportara dinero para su formacin, dirigiera en la sombra el peridico o recibiera aportaciones econmicas del mismo; a todas estas variadas y contradictorias cuestiones se ha ido aludiendo ms o menos directa o indirectamente a lo largo del proceso, segn iba interesando, y ninguna de ellas ha quedado, como no poda ser de otra forma dado que no es cierto, acreditada en la causa. Ante esta falta de claridad el propio Fiscal retir la acusacin y la verdad es que el procedimiento slo se sostuvo por el empecinamiento de las asociaciones de vctimas del terrorismo.

En realidad, lo nico que ha resultado probado en esta causa, y esto no constituye delito alguno, es que la organizacin ETA estuvo informada durante algunos aos (slo de 1990 a 1993) de asuntos relativos a Egunkaria como lo estara y seguir estando de otras muchas cuestiones. Pero lo que es ms importante es que no existe prueba alguna, porque nunca ha sido cierto, de que se dieran directrices a Egunkaria como, por ejemplo, sobre la lnea editorial a seguir, las personas que deban o no trabajar en el Diario, quienes podan o no escribir en sus pginas, sobre qu temas, y en qu sentido deba o no pronunciarse el peridico y, en definitiva, sobre las cuestiones que verdaderamente suponen controlar un peridico. Es ms, en la misma causa se reconoce que hasta el ao 1996 Egunkaria no reproduce ningn comunicado de ETA lo que no resulta lgico si efectivamente exista un control de esta organizacin y ello aunque, como tambien se afirma en algn documento del procedimiento, esto se hiciera para no despertar sospechas. Pero si no se ordenaba una determinada lnea editorial, ni se escoga a los trabajadores, ni se reproducan comunicados, ni el peridico se form con personas vinculadas a ETA, como cabe decir que ETA controlara Egunkaria?, cundo y, sobre todo, de qu forma pensaba ETA sacar rendimiento a Egunkaria?.

Por todo ello, y como finalmente se ha demostrado, no era posible en modo alguno sostener una acusacin por integracin, ni directa ni indirecta, en asociacin terrorista en el caso Egunkaria. Desde luego era francamente difcil probar que la actividad de la sociedad Egunkaria, que era editar un peridico en euskera, pudiera resultar delictiva y de hecho, como constata la sentencia, nunca ha existido una acusacin contra el peridico porque sus artculos o editoriales constituyeran un supuesto de colaboracin con banda armada, provocacin o ni siquiera apologa y, como es sabido, la integracin en una asociacin ilcita se prueba precisamente por la realizacin de actividades delictivas realizadas en nombre y por cuenta de esa asociacin.

En este mismo sentido, la misma sentencia absolutoria seala expresamente que tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el peridico Euskaldunon Egunkaria haya defendido los postulados de la banda terrorista (o) haya publicado un solo artculo a favor del terrorismo o de los terroristas y que incluso cuando los peritos de la Guardia Civil comparecieron en el juicio reconocieron que no se haba investigado si la lnea del peridico era o no de apoyo a ETA, manifestando la resolucin jurdica que esta falta de investigacin hace incomprensible la imputacin delictiva. En realidad, yo siempre he defendido que no hay en este caso indicios serios en toda la causa no ya del control sino ni siquiera de un verdadero inters de ETA por Egunkaria pero han tenido que pasar 7 aos y un proceso penal en toda regla para que la justicia se diera cuenta de ello.

Pero adems, y por si acaso, tambin tuvimos que aclarar que la integracin en banda armada no se produce por la coincidencia o la comunin con los fines ideolgicos de una organizacin aunque sta sea ilcita como es el caso de ETA y, en este sentido, sealamos que si desde Egunkaria se defenda o se favoreca la idea de un Estado independiente, socialista y euskaldn (lo que por cierto tampoco se tuvo por el ideario del peridico que desde un primer momento declar defender una lnea abierta) estas finalidades son perfectamente lcitas en un Estado democrtico donde lo nico que justificara su persecucin sera que el logro de estos fines se realizara por medios violentos, medios que, evidentemente, no ha utilizado nunca Egunkaria ni se logran con la edicin de un peridico. Tambin sobre esta cuestin se ha pronunciado positivamente la sentencia manifestando de modo expreso que si la lnea editorial del peridico hubiera tenido un sesgo poltico determinado ello no hubiera sido delictivo.

La verdad es que en el mbito jurdico penal la sentencia dictada en el caso Egunkaria es el nico avance que se produce desde hace mucho tiempo porque hay que constatar que en materia de libertades llevamos mucho tiempo de franco retroceso. Y desde luego es retroceder, y mucho, que se criminalicen conductas como quemar fotos o dibujar chistes, o el envio de calurosos aplausos a personas detenidas y, especialmente, que se equiparen la desobediencia civil y el terrorismo como se ha hecho en tantas ocasiones y as en la sentencia dictada en el famoso sumario 18/98. Uno de los ltimos ejemplos de esta situacin de los derechos y libertades en el Estado espaol, lo constituye la detencin, en la sede del sindicato LAB y en el pasado mes de octubre, de determinados dirigentes de la izquierda abertzale a los que se acusaba de intentar reconstituir organizaciones prohibidas o disueltas por la conocida Ley de Partidos una de las normas ms polmicas dictada en los ltimos aos, claramente inconstitucional a mi juicio, que ha venido sirviendo para ilegalizar partidos, coaliciones e incluso listas electorales sencillamente por ser disidentes con el modelo poltico imperante.

En realidad esta crtica cabe realizarla no slo con respecto a la Ley de Partidos sino sobre la mayora de la normativa excepcional antiterrorista; una normativa cuyo desarrollo, en una norma sin precedentes en la legislacin europea, est prevista en el propio texto constitucional, el art. 55,2, que autoriza sin limitacin temporal alguna la suspensin de determinados derechos y garantas; como es lgico, para que la suspensin pueda tener con propiedad este nombre ha de estar limitada en el tiempo, en caso contrario lo que se llama suspensin se convierte en una autntica restriccin permanente de derechos como en efecto sucede. Una normativa excepcional, incluida en textos penales y procesales ordinarios, al amparo de la cual, y de entrada, se detiene y enjuicia por tribunales especiales, como lo es la jurisdiccin de la Audiencia Nacional, una normativa que permite la prrroga, hasta por cinco das ms que en los casos ordinarios, de la detencin sin puesta a disposicin judicial contraviniendo el derecho a no declarar contra uno mismo ni declararse culpable; que autoriza la no comunicacin de esta detencin a los familiares, medida habitual en los estados dictatoriales y origen del problema de las desapariciones, que pone lmites, y muy graves, al derecho de defensa al no autorizar la libre designacin de abogado de confianza, convirtiendo al abogado del sospechoso en abogado sospechoso y, permitiendo, entre otras medidas, una muy extensiva suspensin del derecho al secreto de las comunicaciones. En definitiva, y como sealabamos, una normativa contraria a un autntico Estado de Derecho que difumina las fronteras entre el terrorismo y la disidencia y utiliza la legislacin penal contra el adversario poltico o, sencillamente, y como ha sido este caso, contra los representantes de un sector cultural cuya nica arma ha sido hacer uso de la libertad de expresin.

La llamada legislacin antiterrorista, que de siempre se ha teido con los tonos trgicos del fenmeno que trata de combatir, es todo un semillero de autonegacin del Estado de Derecho cuya aplicacin se pretende inscribir en la normalidad constitucional por ms que represente islas (o archipilagos) de la razn de Estado. Nos dicen que hay que combatir el terrorismo a cualquier precio porque ste va a terminar acabando con el Estado de Derecho pero lo nico que sabemos es que la legislacin antiterrorista ya lo ha hecho. En mi opinin, sin embargo, nada puede justificar la renuncia o la relajacin en la observancia de las garantas y derechos. La legislacin de un Estado de Derecho, incluso la que se pueda dictar para combatir fenmenos de extrema violencia, debe ser siempre respetuosa con los derechos fundamentales y la respuesta al terrorismo slo puede basar su legitimidad en un escrupuloso respeto a la legalidad y a las garantas y derechos de todos los ciudadanos; pero adems, la respuesta al fenmeno terrorista no debe olvidar tampoco que la intervencin penal o policial debe ser, como en todos los casos, el ltimo de los instrumentos y que tambin, y sobre todo, resulta necesaria una intervencin social, que proscriba las desigualdades, y una intervencin poltica que facilite el dilogo para acabar con la violencia

Me gustaria poder decir que la sentencia de Egunkaria marca el inicio de una nueva lnea jurisprudencial en la Audiencia Nacional, que a partir de ahora se va a perseguir hechos y no ideologas y se va a motivar como lo hace esta resolucin exigiendo pruebas serias y firmes y no meros indicios o especulaciones, pero me temo que la sentencia del caso Egunkaria constituya nicamente una excepcin en la aplicacin de la excepcional legislacin antiterrorista.

Fuente: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=2940



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter