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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-06-2010

Durante el Gobierno de Uribe han sido asesinados casi 600 sindicalistas
Colombia fue el pas con ms sindicalistas asesinados en 2009

Confederacin Sindical Internacional


El Informe Anual de la CSI sobre los derechos sindicales documenta un impresionante incremento en el nmero de sindicalistas asesinados en 2009: 101 muertes un 30% ms que el ao anterior. El Informe, publicado el da de hoy, expone adems la creciente presin que pesa sobre los derechos fundamentales de los trabajadores de todo el mundo debido al impacto, cada vez ms profundo, de la crisis econmica global en el empleo.

De las 101 vctimas, 48 fueron asesinadas en Colombia, 16 en Guatemala, 12 en Honduras, seis en Mxico, seis en Bangladesh, cuatro en Brasil, tres en la Repblica Dominicana, tres en Filipinas, una en la India, una en Iraq y una en Nigeria. Veintids de los sindicalistas colombianos asesinados eran dirigentes sindicales, y cinco de ellos mujeres, lo que mantiene la acometida registrada en aos anteriores. La escalada de la violencia en Guatemala y Honduras tambin sigue una tendencia que se ha venido desarrollando en los ltimos aos.

Colombia ha vuelto a ser el pas donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningn otro pas, sentencia de muerte, a pesar de la campaa de relaciones pblicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario. El empeoramiento de la situacin en Guatemala, Honduras y varios otros pases es tambin motivo de extrema preocupacin, dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

El informe de este ao vuelve a registrar una extensa lista de violaciones sufridas por sindicalistas que luchan por defender los intereses de los trabajadores, en esta ocasin en 140 pases. Otras violaciones siguen sin ser registradas debido a que mujeres y hombres trabajadores se ven privados de los medios necesarios para hacer or sus voces, o bien prefieren no hablar por miedo a las consecuencias que ello pudiera implicar para sus empleos o incluso para su seguridad fsica. Junto con la abrumadora lista de asesinatos, el Informe proporciona documentacin detallada de acosos, intimidaciones y otras formas de persecucin antisindical.

Se ha tenido adems noticia de otros 10 intentos de asesinatos y 35 amenazas de muerte, una vez ms en Colombia y Guatemala principalmente. Por otro lado, numerosos sindicalistas permanecen en prisin, y en 2009 se sumaron a ellos un centenar ms. Muchos otros fueron arrestados en Irn, Honduras, Pakistn, Corea del Sur, Turqua y Zimbabwe concretamente. La situacin general con respecto a los derechos sindicales continu deteriorndose en numerosos pases, entre ellos Egipto, la Federacin Rusa, Corea del Sur y Turqua.

Las fuerzas antidemocrticas han seguido tomando como blanco de sus ataques la actividad sindical, conscientes de que los sindicatos suelen situarse en primera lnea a la hora de defender la democracia. Esto qued patente en Honduras, durante los episodios de violencia que siguieron al Golpe de Estado; y en Guinea, durante una manifestacin de protesta contra la Junta en el poder que desembocara en una terrible matanza el 28 de septiembre.

En cada una de las regiones se documentaron numerosos casos de represin de huelgas y ataques contra huelguistas. Miles de trabajadores y trabajadoras que se manifestaban para reclamar sus salarios, denunciar unas condiciones de trabajo extremas o los efectos perniciosos de la crisis financiera y econmica mundial, fueron objeto de agresiones, arrestos y detenciones, en pases como Argelia, Argentina, Belars, Birmania, Cte dIvoire, Egipto, Honduras, India, Irn, Kenya, Nepal, Pakistn y Turqua. Tambin se ha tenido noticia en muchos pases de despidos de trabajadores/as a causa de sus actividades sindicales. En Bangladesh, seis trabajadores de la confeccin que estaban en huelga para reclamar un incremento salarial y el pago de salarios adeudados perdieron la vida como consecuencia de una intervencin policial.

Los empleadores siguieron recurriendo a presiones y acciones encaminadas a destruir los sindicatos. En varios pases, diversas empresas amenazaron a los trabajadores con cerrar las plantas de produccin si optaban por organizar o afiliarse a un sindicato. Muchas veces, sencillamente se negaron a negociar con los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, sin que las autoridades hiciesen nada al respecto. Algunos cdigos laborales fueron enmendados para permitir una mayor flexibilidad y para desbaratar los sistemas de seguridad social, lo cual suele tener un impacto importante en el sistema existente de relaciones industriales y redunda en un recorte de los derechos sindicales.

El debilitamiento de las normas del trabajo internacionalmente reconocidas ha supuesto que cada vez ms trabajadores se enfrenten a la inseguridad y vulnerabilidad en el empleo: el 50% de la mano de obra global tiene un trabajo vulnerable. Esto afecta a los trabajadores y trabajadoras en las zonas francas industriales, especialmente en el Sudeste asitico y en Amrica Central; a los empleados del servicio domstico, sobre todo en Oriente Medio y el Sudeste asitico; a los migrantes y a los trabajadores/as agrcolas.

Conviene mencionar que las mujeres representan la mayora de la mano de obra en estos sectores. Por otro lado, se ha constatado el crecimiento del empleo informal y el desarrollo de nuevas formas de empleo atpico, tanto en las regiones como en los distintos sectores industriales. Las dificultades que encuentran estos trabajadores a la hora de organizarse o de ejercer sus derechos sindicales guardan relacin directa con su posicin vulnerable en el mercado laboral.

El Informe tambin pone de relieve muchos casos en los que, aun cuando los derechos sindicales estn oficialmente protegidos por la legislacin, las restricciones en la cobertura legal y una aplicacin dbil o inexistente se suman a la vulnerabilidad de los trabajadores que luchan en las profundidades de la crisis. En un gran nmero de pases las huelgas estn severamente restringidas o rotundamente prohibidas. Por otro lado, unos procedimientos complejos, la imposicin del arbitraje obligatorio y el recurso a definiciones excesivamente amplias de los servicios esenciales hacen que el ejercicio de los derechos sindicales resulte a menudo imposible en la prctica, con lo que se priva a los trabajadores y trabajadoras de sus derechos legtimos a contar con una representacin sindical y a participar en acciones industriales.

El informe de la CSI constata que en 2009 se celebr el 60 Aniversario del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicalizacin y de negociacin colectiva. Pases como Canad, China, India, Irn, Repblica de Corea, Mxico, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam todava no lo han ratificado, lo que implica que aproximadamente la mitad de la poblacin econmicamente activa del mundo no est cubierta por dicho convenio.

El informe de la CSI de este ao muestra que la mayora de los trabajadores y trabajadoras del mundo todava carecen de una proteccin efectiva de sus derechos a organizar sindicatos y negociar colectivamente, un factor importante del incremento a largo plazo de la desigualdad econmica dentro y entre los pases. Los ingresos inadecuados para la mayora de la mano de obra mundial contribuy a provocar la crisis econmica global, y est haciendo que resulte mucho ms difcil encauzar la economa por la va del crecimiento sostenible, dijo Ryder.

Para leer el Informe en espaol:http://survey.ituc-csi.org/+-Whole-World-+.html?lang=es

Captulo de Colombia

Persiste la violencia histrica y estructural contra el movimiento sindical colombiano que se traduce en una poltica sistemtica de violacin de los derechos humanos y de las libertades sindicales. Durante los ltimos 23 aos, aproximadamente cada tres das ha sido asesinado un trabajador o trabajadora sindicalizado en el pas. En 2009, se cometieron 48 homicidios de sindicalistas, siendo los sectores de la agricultura y la educacin los ms afectados. A los asesinatos se suman por lo menos 400 casos de atentados a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas, incluyendo varios intentos de asesinato y tres desapariciones. Las medidas adoptadas por el Estado resultan ineficaces e insuficientes y persisten los homicidios, las desapariciones y las amenazas. Los esfuerzos desplegados para investigar los crmenes son parciales y no se toma en cuenta todos los casos denunciados por las organizaciones sindicales. Permanecen en la ley algunas limitaciones a los derechos sindicales, pese a la introduccin de recientes mejoras. Derechos sindicales segn la ley

Se han dado muchos cambios positivos en la situacin de los derechos sindicales en los ltimos aos, con nuevas leyes y decisiones de los tribunales que han mejorado la proteccin contra la discriminacin antisindical y la injerencia sindical, el reconocimiento de los sindicatos, la negociacin en el sector pblico y que han limitado claramente el arbitraje obligatorio. La libertad sindical est adems consagrada en la Constitucin como derecho bsico. No obstante, existen problemas con relacin a diversos acuerdos contractuales, como las cooperativas de trabajadores, los contratos de prestacin de servicios y los contratos civiles o mercantiles, que encubren verdaderas relaciones de trabajo y que son utilizados para no permitir a los trabajadores constituir sindicatos.

Por otro lado, aun cuando el derecho a la negociacin colectiva est asegurado, el sistema de pensiones no est cubierto por la negociacin colectiva. Tambin hay posibilidad de concluir pactos colectivos con los trabajadores directamente, que pueden ser utilizados para socavar la posicin de los sindicatos.

El derecho de huelga est asimismo incluido en la Constitucin, pero la ley sigue prohibiendo que las federaciones y confederaciones convoquen huelgas. Siguen vigentes en la legislacin normas de 1956 y 1990 en las que se prohben las huelgas, las mismas que se aplican a una gama muy amplia de servicios pblicos que no son necesariamente esenciales.


Derechos sindicales en la prctica y violaciones en 2009

Contexto: Durante 2009, el desempleo ascendi hasta un 12%, tambin aument la informalidad, que afecta al 58% de la poblacin econmicamente activa. La mesa de Concertacin de Polticas Salariales y Laborales no logr alcanzar un acuerdo en materia de incremento del salario mnimo para el ao 2010, a pesar de los esfuerzos realizados por los representantes de los trabajadores. El Gobierno y las fuerzas militares se han visto involucrados en mltiples ejecuciones extrajudiciales incluyendo los escndalos en torno a los denominados falsos positivos, que involucran al ejrcito colombiano con cerca de 2.000 asesinatos de civiles inocentes hacindolos pasar por guerrilleros muertos en combate, motivados principalmente por los beneficios otorgados a miembros de la fuerza pblica y funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) mediante el decreto 1400 de 2006 expedido por la Presidencia de la Repblica. Por otro lado, algunos partidos polticos afectos al Gobierno promueven un referndum para cambiar nuevamente la Constitucin, posibilitando as una nueva reeleccin en el ao 2010.

La legislacin contribuye a la disminucin de organizaciones sindicales: Las leyes colombianas han influido en la disminucin del nmero de organizaciones sindicales, especialmente desde que se aprobara la Ley 50 de 1990, que en la prctica prohbe a los trabajadores/as afiliarse a un sindicato bajo la amenaza de no renovarles sus contratos individuales de trabajo, que en base a dicha ley se estn celebrando a trmino fijo inferior a un ao. Esta situacin se agrav con la Ley 789 de 2002, expedida por el Gobierno nacional supuestamente para estimular la creacin de nuevos empleos.

Pactos colectivos: A pesar de registrarse un ligero incremento en el nmero de convenciones colectivas firmadas durante el ao 2009 (360, frente a 280 en 2008 segn cifras del Ministerio de la Proteccin Social), contina violndose el Convenio 98 de la OIT. Este ao todava se firmaron 221 pactos colectivos (el mismo nmero que en 2008), usados por los empleadores para ofrecer mejores garantas a los no sindicalizados y lograr que los trabajadores/as desistan de afiliarse a sindicatos. La negociacin colectiva sigue limitada para los empleados/as pblicos: Persiste la negativa del Gobierno nacional a garantizar el pleno ejercicio del derecho de negociacin colectiva a los empleados pblicos, a pesar de que Colombia haya ratificado los Convenios 151 y 154 de la OIT y de la expedicin del Decreto 535 de 2009, que en realidad nicamente hace referencia a la concertacin, situacin muy distinta a la negociacin colectiva.

Incremento de la tercerizacin laboral: La subcontratacin o tercerizacin laboral sigue en pleno auge, principalmente con la creacin de Cooperativas de Trabajo Asociado. Los asociados no ser considerados como trabajadores, no disfrutan de los derechos bsicos consagrados en la legislacin laboral, aplicndoles la legislacin cooperativa y no el rgimen del trabajo. Tampoco disponen de la posibilidad de afiliarse a un sindicato, entre otras razones por no ser trabajadores/as.

Prcticas para evitar la afiliacin : Los contratos de prestacin de servicios, tambin denominados Ordenes de Prestacin de Servicios (OPS), y la contratacin civil hacen inviable que el personal involucrado pued afiliarse a organizaciones sindicales, al ser considerados como trabajadores con un rgimen legal independiente del laboral. Asesinatos de sindicalistas:

En 2009, se cometieron 48 homicidios de sindicalistas entre los que figuraban al menos cinco mujeres y 22 dirigentes sindicales, entre ellos dos mujeres. En cuanto a los presuntos responsables, slo se tiene indicios sobre un presunto autor en 12 casos, de stos, se encuentran en primer lugar los asesinatos cometidos por grupos paramilitares con siete casos, en segundo lugar, los cometidos por grupos guerrilleros con cuatro casos y finalmente un caso cometido por delincuencia comn. Estos se suman a por lo menos 500 casos de atentados a la vida, la libertad y la integridad de los sindicalistas en Colombia durante el mismo ao, entre las que se encuentran 11 intentos de homicidio y tres desapariciones.

La organizacin sindical ms afectada por homicidios en 2009 es la Federacin Colombiana de Educadores (FECODE) con 19 casos, la segunda es la Federacin Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), de la cual fueron asesinados 11 de sus miembros; en tercer lugar, la Asociacin Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) con tres casos y finalmente, la Asociacin Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC), con dos casos. Respecto a los departamentos con mayor nmero de homicidios es de destacar que slo en Arauca, Santander y Crdoba se presentan la mitad del total de homicidios en 2009, con 10, nueve y cinco casos respectivamente.

De los 48 casos, cabe destacar los siguientes:

El 16 de enero fue asesinado Arled Samboni Guaca, integrante de la Asociacin Campesina de Trabajadores del Municipio de Argelia ASCAMTA, filial de FENSUAGRO-CUT. Arled Samboni Guaca sala de su casa en compaa de su hijo de seis aos cuando fue interceptado por dos sujetos que le dispararon siete balazos. En septiembre de 2008 haba sido amenazado y desplazado forzosamente con su ncleo familiar, por los narco paramilitares autodenominados los Rastrojos.

El 21 de marzo, fue asesinado Walter Escobar, miembro del Sindicato nico de Trabajadores de la Educacin del Valle (SUTEV). Encontraron su cadver en el municipio de Palmira. Haca ocho das que no asista al centro escolar donde trabajaba.

Tambin el 21 de marzo, Jos Alejandro Amado Castillo, guardia penitenciario y afiliado a la ASEINPEC, se desplazaba en un vehculo oficial cuando fue asesinado por sicarios.

El 24 de marzo, fue asesinado Ramiro Cuadros Roballo, afiliado al SUTEV. Vena recibiendo amenazas desde haca aos.

El 4 de abril, fue asesinado Hernn Polo Barrera, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados Administrativos al Servicio de la Educacin en Colombia (SINTRENAL). Su hija de 16 aos result herida. Dos semanas antes Hernn Polo Barrera haba liderado varias acciones de protesta en Montera.

El 18 de abril, fue asesinado Asdrbal Snchez Prez, afiliado a la Asociacin Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC).

El 22 de abril, presuntos paramilitares asesinaron al activista sindical Edgar Martnez en el municipio de San Pablo (Bolvar). Martnez formaba parte de la Federacin Agrominera del Sur de Bolvar (FEDEAGROMISBO), organizacin que ha venido recibiendo amenazas de grupos paramilitares y siendo vctima de hostigamiento por parte de la fuerza pblica.

El 22 de abril, fue asesinado el docente Vctor Franco Franco, miembro del Sindicato de Educadores Unidos de Caldas (EDUCAL), filial de la Federacin Colombiana de Educadores (FECODE). El profesor fue retenido por hombres armados en la noche del 22 de abril que, despus de torturarlo, lo asesinaron de un tiro de gracia.

El 24 de abril, fue asesinado el profesor Milton Blanco Leguizamn, afiliado a ASEDAR. El asesinato tuvo lugar en una poblacin totalmente militarizada y custodiada tanto por el ejrcito como por la polica.

El 9 de mayo, fue asesinada Vilma Crcamo Blanco, odontloga y miembro de ANTHOC. Vena liderando las jornadas de protesta para reclamar el pago de salarios atrasados y la negociacin del Pliego de Solicitudes Respetuosas.

El 9 de junio, fue asesinado Pablo Rodrguez Garavito de ASEDAR, por desconocidos que le propinaron varios disparos.

El 11 de junio, fue asesinado por desconocidos Jorge Humberto Echeverri Garro, maestro de la escuela del Municipio de Arauquita, miembro de ASEDAR.

El 20 de junio, fue asesinado Rafael Antonio Seplveda Lara, afiliado a la ANTHOC.

El 21 de agosto, fue asesinado en su casa Gustavo Gmez, trabajador de Nestl - Comestibles la Rosa S.A. y afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL). Este crimen se produjo en momentos en que SINALTRAINAL haba presentado un pliego de peticiones a la empresa Nestl Purina Pet Care de Colombia S.A.

El 22 de agosto, dos sujetos en motocicleta asesinaron a Fredy Daz Ortiz, afiliado a ASEINPEC, despus de haberlo golpeado brutalmente.

El 23 de agosto, Abel Carrasquilla fue asesinado, segn testigos, por miembros de las bandas paramilitares Los Rastrojos". El hecho ocurri despus de que Carrasquilla estuviera promoviendo la afiliacin a la Asociacin Agraria de Santander (ASOGRAS) en la empresa donde trabajaba.

El 13 de noviembre, fue asesinada la docente Zorayda Corts Lpez, afiliada al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER).

El 24 de noviembre, fue encontrado el cuerpo de Leny Yanube Rengifo Gmez, docente y activista sindical afiliada a la Asociacin de Institutores y Trabajadores de la Educacin del Cauca (ASOINCA). Haba desaparecido el 12 de noviembre.

Persecucin sindical en la Cruz Roja: En la Cruz Roja Colombiana, principalmente en las Seccionales de Cundinamarca y Antioquia, se viene implementando una implacable persecucin sindical contra el sindicato establecido en dicha organizacin, SINTRACRUZROJA COLOMBIA, que se agudizaron especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre. Esos atropellos fueron denunciados a nivel administrativo y judicial ante la Corte Suprema de Justicia. La Cruz Roja de Cundinamarca intent retirar a los trabajadores y trabajadoras una serie de beneficios extralegales por el simple hecho de haberse afiliado a SINTRACRUZROJA. En la seccional de la Cruz Roja en Antioquia, sin causa justificada, en octubre se solicit el levantamiento del fuero sindical de una de sus directoras para poderla despedir. Negociacin colectiva con el Decreto 535/09 no genera obligaciones: En la concertacin entre el Gobierno y la Federacin Colombiana de Educadores (FECODE) se alcanzaron algunos acuerdos con base al nuevo Decreto, pero el Gobierno nacional tan slo ha cumplido con tres de los puntos acordados. El ejercicio de la huelga contina ocasionando perjuicios a los sindicatos: A pesar de que la declaracin de ilegalidad de una huelga ha pasado a ser competencia de una entidad judicial, siguen producindose violaciones, dado que continan teniendo vigencia normas contrarias a los convenios. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroqumica, Agrocombustibles y Energtica (SINTRAMIENERGETICA), establecido en la empresa Drummond, realiz una huelga para protestar por las violaciones a las normas de salud ocupacional, que ocasionaron la muerte de varios trabajadores en las plantas y la mina de carbn que esta multinacional explota en el departamento del Csar. A pesar que en primera instancia la huelga fue reconocida como legal y legtima, en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia declar la huelga ilegal, con la consecuencia establecida por el Art. 450 CST, esto es, la facultad para despedir a quienes hayan participado en la huelga, situacin que los rganos de control de OIT han declarado contraria a los Convenios de libertad sindical. La defensa de los derechos de los trabajadores mineros a travs de la huelga pacfica desemboc por tanto en el despido de 11 dirigentes de SINTRAMIENERGETICA. Arremetida de Telmex contra la libertad sindical : A partir del 19 de enero, la multinacional de telecomunicaciones Telmex empez a despedir de forma ilegal a varios dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Telmex (Sintratelmex), afiliado a la Confederacin General del Trabajo (CGT), pretendiendo dejar a la organizacin con un nmero de afiliados inferior a 25. Esta situacin hizo necesario iniciar una accin sindical a fin de reintegrar a los trabajadores/as ilegalmente despedidos, lo que se consigui. Telmex inici ante la justicia ordinaria laboral un proceso especial de disolucin, liquidacin y cancelacin de la personera jurdica de la recin creada organizacin sindical, sin lograrlo. La arremetida ha continuado hasta tal punto que, a la fecha, la empresa ha despedido a ms de 30 de sus trabajadores sin justa causa y con el nico propsito de atacar el derecho de asociacin sindical. Despidos masivos en el sector educativo en Barranquilla: El 22 de enero, el Alcalde de Barranquilla inici un proceso de reestructuracin que culminara con el despido de alrededor de 2.300 trabajadores/as, entre los cuales haba 390 docentes miembros del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla (SINTRAEDIBA), afiliado a la Confederacin de Trabajadores de Colombia (CTC). Tambin fueron despedidos trabajadores/as de entidades del orden municipal y hospitales afiliados a la Confederacin General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La medida fue implementada de manera inusual y despiadada por los vigilantes de las escuelas pblicas que, durante la noche, sacaron a los trabajadores/as a la fuerza de sus lugares de trabajo y les notificaron su despido. La protesta pacfica organizada por las organizaciones sindicales fue duramente reprimida por agentes de la Fuerza Pblica. Posteriormente se recibira una amenaza por medio de un panfleto en el que un Frente comn paramilitar declara objetivo militar para darle muerte a un listado de 20 personas, entre los que se encuentran varios dirigentes sindicales. Trabajadores de SINTRAINAGRO amenazados: En los ltimos das del mes de febrero y las dos primeras semanas de marzo, los trabajadores/as del banano en la regin de Urab miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), que est afiliado a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fueron objeto de amenazas de muerte mediante panfletos que circularon das antes del inicio de la negociacin del pliego de peticiones en relacin con las condiciones de trabajo. Graves amenazas contra miembros de la Comisin Colombiana de Juristas por su labor de denuncia sobre la impunidad de la violencia antisindical: El 2 de marzo, se recibi un fax en el que se declaraba como objetivo militar a Lina Paola Malagn Daz, abogada defensora de derechos sindicales abocada al tema de la impunidad en casos de violaciones cometidas contra los sindicalistas en Colombia. En febrero, Lina Paola Malagn realiz un informe sobre la impunidad existente en los crmenes que se cometen en Colombia contra los sindicalistas por sus actividades de defensa de los derechos laborales que fue un insumo importante para la audiencia que se llev a cabo el 12 de febrero en el Congreso estadounidense y cuyo propsito fue examinar la situacin de los derechos de los trabajadores en Colombia y la violencia antisindical. El 5 de marzo, la CSI envi una queja al Comit de Libertad Sindical en el marco del caso 1787. Implementacin de poltica antisindical: El 5 de marzo, la multinacional peruana de bebidas AJECOLOMBIA implement una poltica de persecucin sindical contra SINTRAAJE, afiliado a la Confederacin General del Trabajo (CGT), despidiendo unilateralmente a directivos del sindicato. La empresa abri adems discutidos expedientes disciplinarios contra los dirigentes del sindicato y sus activistas, que culminaran con su despido. Estos despidos obligaron a la organizacin sindical a iniciar procesos de fuero sindical ante la justicia ordinaria, solicitando su reintegro. Interceptadas llamadas telefnicas de la CUT y la CTC: En mayo, los medios de comunicacin dieron gran difusin a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno sobre las intervenciones telefnicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a posibles opositores del Gobierno y a funcionarios de ste, pero especialmente a las Altas Cortes, al Vicepresidente de la Repblica y a organizaciones sociales. Entre las organizaciones interceptadas figuraban la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederacin de Trabajadores de Colombia (CTC). Tambin, se venan interceptando las comunicaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social, del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telfonos de Bogot, y de la Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Detencin del Presidente de SINALTRAINAL de Cali: Durante la marcha conmemorativa del 1 de mayo en la ciudad de Cali, fue detenido Diego Rodrguez, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL) en Cali, junto a sus dos hijos Diego de 16 aos y Laura de 15. Los tres fueron amenazados, intimidados y golpeados por agentes de la Polica Nacional. Despido de trabajadores por crear un sindicato: El 9 de mayo, la empresa Atlas Trasvalores de Medelln despidi a 11 trabajadores que pretendan fundar un sindicato y otros cuatro fueron obligados a renunciar. Amenazado de muerte el Presidente de SINALTRAINAL: El 24 de noviembre, Luis Javier Correa Surez, Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos (SINALTRAINAL), recibi amenazas de muerte al telfono celular que le fuera asignado por el Programa de Proteccin del Ministerio del Interior y de Justicia. Por otro lado, el 20 de noviembre, haban ingresado al telfono fijo de SINALTRAINAL dos llamadas, una confirmando la recepcin de un fax y otra donde un hombre deca que llamara a las seccionales para comunicarles el contenido del fax y que Coca Cola tena relaciones e influencias con el Gobierno y los hijos de lvaro Uribe. Esta amenaza de muerte lleg a pocos das de que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificara su decisin de ampliar las medidas cautelares a integrantes de SINALTRAINAL y cuando el sindicato se encuentra involucrado en un conflicto colectivo con la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (embotelladora de Coca Cola), que no ha querido firmar la convencin colectiva de trabajo pese a haberse llegado a un acuerdo en la negociacin del pliego de peticiones presentado a la empresa. 185 trabajadores despedidos por sindicalizarse: El 23 de diciembre, 185 trabajadores/as de los 200 que trabajaban en la Finca Palo Alto se afiliaron al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO) y presentaron un pliego de peticiones. En cuanto tuvo conocimiento de la situacin, la empresa despidi a los 185 trabajadores, adeudndoles un mes de salario, el seguro de salud, el subsidio familiar, el seguro funerario, prestaciones que les eran descontados a los trabajadores pero que no haban sido pagadas a las respectivas entidades desde haca siete aos.



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