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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-06-2010

27 casos de violaciones de derechos humanos, econmicos y sociales por parte de empresas transnacionales en Latinoamrica fueron juzgados pblicamente en Madrid
Culpables de neoliberalismo

Miguel Muoz
Rebelin


El Tribunal Permanente de los Pueblos resuelve denunciar ante la opinin mundial como inmoral la actitud de las corporaciones multinacionales de origen europeo estudiadas en este proceso y que se mencionan en esta sentencia, por las graves, claras y persistentes violaciones de los principios, normas, convenios y pactos internacionales que protegen los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales, culturales y ambientales de las personas. La justicia ordinaria se compone de una serie de tribunales institucionales y vinculantes desde un marco jurdico establecido, mientras que la justicia moral se articula mediante unas fuertes redes construidas por los movimientos sociales a lo largo y ancho del planeta. Y tambin tienen sus mecanismos, como este Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), una instancia tica que lleva varias dcadas dando voz a procesos de denuncia que no llegan a poder enjuiciarse mediante los mecanismos habituales. Durante los pasados 14, 15, 16 y 17 de mayo se celebr en Madrid una nueva edicin de esta estructura social con motivo de la V Cumbre de los Pueblos.

Creado oficialmente por iniciativa del senador italiano Lelio Basso en 1979, tiene como antecedente al Tribunal Russel, establecido en 1966 para investigar y evaluar las acciones de EEUU durante la Guerra de Vietnam. Tras el xito social que supuso aquel organismo, la Fundacin Internacional Lelio Basso por los Derechos y la Liberacin de los Pueblos crea el TPP, como estructura permanente y vocacin itinerante en la ciudad de Bolonia (Italia). Hasta la actualidad se ha reunido en ms de 40 ocasiones para juzgar hechos tan diversos como situaciones de genocidio o crmenes ecolgicos. La sesin acontecida en Madrid se enmarca dentro de la lnea que lleva siguiendo el TPP durante los ltimos aos. En 2006 se celebr en Viena la primera sesin temtica bajo el sobrenombre de Polticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en Amrica Latina y el Caribe, en la que se presentaron las primeras denuncias contra ciertas multinacionales que participaban en los sectores de servicios, infraestructuras, energas o telecomunicaciones, entre otros. La segunda sesin tuvo lugar en Lima, en el ao 2008, y se involucraban ya como responsables ciertos Estados de la Unin Europea.

La IV Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas acoge la culminacin de este eje temtico para el TPP. Lo que queremos destacar, demostrar, la complicidad de la UE y las polticas de los propios estados, que son cmplices en estas violaciones de los derechos humanos en la zona, seala Tom Kucharz, uno de los portavoces de la cumbre. Bajo este foco de atencin, centrado tambin en las polticas, instituciones y actores de la UE como posibles cmplices de la impunidad de actuacin que denuncian los movimientos sociales, se han estudiado 27 casos concretos de posibles violaciones de derechos humanos, econmicos o sociales por parte de las empresas europeas en Amrica Latina. Ms de un centenar de organizaciones sociales procedentes de ambos continentes han participado en la presentacin o recopilacin de datos sobre los casos estudiados. Queremos analizar si estas violaciones pueden ser consideradas crmenes contra la humanidad, seala Kucharz.

Jurado profesional

El tribunal es una instancia de conciencia, que juzga a la luz de la moral, aunque realmente hay un marco jurdico para juzgar estas sentencias jurdicamente. Habla Perfecto Andrs Ibaez, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial durante los aos 1983-1985 y miembro del Tribunal Supremo desde el ao 2000. Ibaez es el presidente de esta edicin del TPP y destaca sobremanera el papel de la vctima en este tipo de procesos. Aqu la vctima pasa de ser el sujeto pasivo de las conductas enjuiciadas, a ser un actor en positivo de la transformacin social, a ser realmente quien encarna la protesta y quien personifica y adquiere el protagonismo de sujeto histrico de la transformacin, seal durante la presentacin de la sentencia definitiva del tribunal moral. El magistrado ha estado acompaado de otras 13 personas con las que ha conformado el jurado del TPP en Madrid. Como secretario general ha desarrollado su labor el italiano Gianni Tognoni, doctor en Filosofa y Medicina y asesor permanente de la Organizacin Mundial de la Salud.

Entre los miembros del jurado destaca la presencia de activistas y defensores de los derechos humanos en Latinoamrica como la argentina Nora Cortias, cofundadora de la Asociacin de Madres de la Plaza de Mayo. No queremos ni explotadores ni explotados. Y por eso seguiremos luchando, afirmaba Cortias, agradecida a la labor del TPP. El pueblo de Honduras, mediante Bertha Oliva, coordinadora del Comit de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en su pas, tambin ha estado representado en el jurado. Incluso las corrientes crticas dentro de EEUU se vieron representadas gracias a la presencia en el TPP de la abogada Judith Brown Chomsky, conocida por interponer varias demandas a compaas petroleras y fabricantes de municiones.

Por parte europea destacan uno de los fundadores de ATTAC, el economista francs Gustave Massiah o el ex senador italiano Franceso Martone, entre otros. Tambin presente Carlos Taibo, profesor de Ciencias Polticas de la Universidad Autnoma de Madrid y uno de los defensores de la teora del decrecimiento, que busca otro modelo en el desarrollo econmico y el progreso. Taibo apunta directamente a la responsabilidad de las polticas neoliberales de la UE. Estamos obligados a preguntarnos qu ha quedado de ese capitalismo social europeo tras dcadas de polticas neoliberales adaptadas por los estados miembros () En este escenario, una de las consecuencias es una apuesta decidida a favor de una liberalizacin privatizadora y una manifiesta desregularizacin, seala el profesor. Con cierto pesimismo, pero con voluntad de seguir trabajando en favor de un mayor protagonismo para los pueblos y movimientos sociales se expresa Taibo. Una vez certificadas conductas impresentables en las empresas europeas, no se aprecia del lado de la UE ninguna voluntad de rectificacin para que se puedan repetir () Es cada vez ms urgente la toma de medidas como las que defiende la sentencia, con un protagonismo a los movimientos sociales y los pueblos ms all de los Estados.

Camino de la privatizacin

Entre las empresa espaolas analizadas y denunciadas por este tribunal, destaca la presencia del Canal de Isabel II, empresa pblica madrilea encargada de la gestin de los recursos hdricos en esta Comunidad Autnoma. La empresa ha sido denunciada pblicamente en este tribunal por la organizacin ATTAC porque sus prcticas atentan contra los derechos laborales y sociales en ciertas poblaciones indgenas de Colombia. Liliana Ramrez, perteneciente a esta organizacin que reclama una justicia econmica global, ha sido una de las encargadas de profundizar sobre este caso ante los miembros del tribunal. Perjudican a las comunidades indgenas que estn establecidas en esa zona y reducen el patrimonio pblico de esos pobladores porque se apropian de sus propias redes de agua comunales comenta Ramrez. ATTAC canaliza las movilizaciones que se han producido dentro de estas comunidades en ciudades como Sabanalarga o Taganga para mostrarse en contra de este modelo de explotacin. A la poblacin local le afecta de muchas maneras. Sobre todo, en el encarecimiento de los servicios pblicos, la reduccin del mnimo de agua necesario para vivir, en la opacidad de su gestin y la precarizacin de los trabajadores y dao al movimiento sindical, continua.

La empresa madrilea, y su grupo empresarial INASSA, compraron gracias a ciertos procesos privatizadores llevados a cabo en Colombia, las empresas Triple A de Barranquilla y Metroagua, de Santamarta. Desde ATTAC se denuncia, por un lado, la utilizacin del paramilitarismo como herramienta de control en la zona, y, por otro, la trama societaria que ha permitido esta operacin. Una cosa importante es que la empresa es un mero instrumento para realizar estas operaciones. Se demuestra que hay una manera de tramas societarias que incluso la utilizan los blanqueadores de dinero en el pas, denuncia Ramrez. Esta es una de las claves que destaca Ramrez para explicar el impedimento de realizar una auditora completa a esta empresa que es cien por cien pblica. Insistimos en el dao, pero tambin en el mtodo, en la forma de actuar. La nica forma de cambiar es una ley transparente. Se propone un control estricto de carcter poltico, aade.

En este sentido, ATTAC quiere destacar el papel de responsabilidad poltica de los gobiernos, tanto el de nuestro pas como el de la Comunidad de Madrid. La forma en la que han creado la empresa, y las tramas societarias, estn hechas bajo el paraguas de una ley flexible, que es la Ley de Sociedades de Espaa, que no persigue los parasos fiscales ni este tipo de inversiones transnacionales, apunta Ramrez. Tampoco se escapa de esta crtica el gobierno colombiano. Hay una legislacin muy permisiva y absolutamente privatizadora, por lo que los dirigentes polticos estn encantados ya que esto supone beneficios econmicos para ellos, de los que se apropian unos pocos, afirma la portavoz de ATTAC. Esperanza Aguirre ha manifestado en los ltimos aos la intencin de privatizar al menos una buena parte de la empresa. Ramrez alerta tambin de los peligros que supondra esta privatizacin. Su poltica de gestin, completamente opaca, ser la misma poltica que se seguir en Madrid como se privatice el Canal de Isabel II. La entidad pblica fue invitada a participar en el TPP para defender su posicin y segn afirman desde ATTAC, estn al corriente de todo lo denunciado a pesar de que no hayan recibido respuesta de ningn tipo.

Las presas hidroelctricas de Endesa

La lucha de la asociacin GreenPeace contra el proyecto de construccin de cinco presas hidroelctricas y un tendido de alta tensin en la Patagonia chilena comenz hace varios aos. El polmico proyecto anunciado por la empresa Hidroaysen, sociedad constituida por Colbn y Endesa- Chile, filial de la espaola Endesa salt a la luz pblica durante el pasado ao 2009, cuando un grupo de activistas de la organizacin ecologista descolg una gran pancarta en la sede central de la compaa en la que se poda leer Buenos das Endesa, si de verdad te preocupan los hijos de tus hijos, no destruyas la Patagonia chilena. La campaa continu con vdeos promocionales y ruedas de prensa, mientras que la nica respuesta de la empresa hidroelctrica fue la peticin ante la justicia de penas de 3 aos y ocho meses de crcel para cada uno de los activistas adems de multas econmicas. Posteriormente, la peticin fue desestimada.

Nos parece una aberracin en trminos ecolgicos, tanto las presas como el tendido elctrico en el sentido de que es una de las ltimas zonas prcticamente vrgenes del mundo. Se destruira el modo de vida de comunidades locales basado en la agricultura y la ecologa sostenible y desplazara a comunidades indgenas para abrir paso a ese tendido. Mabel Bustelo, portavoz de GreenPeace se expresa en estos trminos al sealar los efectos que tendra la realizacin de ese proyecto. La organizacin ecologista internacional es slo una de las voces que se muestran en la construccin del movimiento contra el proyecto de Endesa. Una serie de organizaciones chilenas se han articulado en el Consejo de Defensa de la Patagonia para recurrir contra el proyecto. Ecosistemas Chile, una ong que analiza el medio ambiente en Chile, es una de ellas y estuvo presente en el TPP. Juan Pablo Orrego, representante de la ong, critica los sistemas de evaluacin ambiental realizados para calificar el proyecto en el pas andino. La imperfeccin del sistema es tal que actualmente, respecto del proyecto de HidroAysn se estn evaluando slo las cinco represas, sin las lneas de transmisin elctrica, es un reduccionismo que juega absolutamente a favor de las empresas y gobiernos cmplices, seala.

Orrego insiste tambin en destacar lo innecesario desde el punto de vista energtico de la posible construccin de las presas. Es un proyecto innecesario desde el punto de vista energtico. Chile posee un elevado potencial de energas elicas y uno de los ms altos potenciales de energas renovables no convencionales del mundo: solar, elico, geotrmico, ocenico, biomasa y mini hidrulico. El proyecto se encuentra en una fase de incertidumbre, tal y como seala Mabel Bustelo, ya que se est a la espera de la posicin del nuevo gobierno de Sebastin Piera respecto al mismo. Las responsabilidades en este caso se diversifican, ya que, recuerda Bustelo, Endesa es propiedad de la italiana ENEL. Tenemos el factor adicional de que ENEL es la duea de Endesa, por lo que la decisin no slo est en Madrid, sino tambin en Roma. Es un poco complicado y no sabemos qu va a pasar, afirma la portavoz de GreenPeace.

Contacto con los indgenas

La proteccin de los pueblos indgenas es otro de los ejes sobre los que circulan buena parte de las denuncias presentadas en este Tribunal. En Per, la Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), se ha plantado ante la posible concesin de los derechos de explotacin de los recursos naturales en varias zonas de la Amazonia Loretana del pas latinoamericano. Las multinacionales Perenco, francoinglesa, y la espaola Repsol YPF recibieron gracias a las polticas del gobierno peruano la concesin para explotar los recursos petrolferos de los denominados lotes 39 y 67, que comprenden un territorio considerado como Reserva Territorial a favor de los pueblos indgenas en situacin de aislamiento voluntario.

Tobia Zaffaln, miembro de la organizacin CEIBA, ha sido el encargado de defender a estos pueblos indgenas en el TPP y seala las posibles consecuencias que esta explotacin de recursos podra conllevar. Se producira un Desplazamiento masivo de trabajadores a la zona se dara un contacto directo con los indgenas. stos se veran obligados a huir. Tambin es preocupante para Zaffalon el tema de la salud ya que, segn l, el contacto con estos pueblos aislados podra provocar una serie de enfermedades y epidemias.

El proceso est estancado en estos momentos, ya que AIDESEP, tras solicitar y ser rechazada la proteccin judicial a la Corte Suprema de la ciudad de Iquito, se encuentra a la espera de la decisin del Tribunal Constitucional. Zaffalon seala tambin la responsabilidad de la UE y del gobierno de Per. La UE ha favorecido estos proyectos con los Tratados de Libre Comercios en estas comunidades andinas. Se permite el comercio y el establecimiento de las empresas en el territorio. El gobierno peruano, que ha firmado este Tratado, tambin es responsable. Adems se criminalizan las protestas indgenas y toman medidas para reprimirlas.

Un nuevo modelo

Tanto los miembros del jurado del Tribunal Permanente de los Pueblos como los movimientos sociales reivindicaron durante la IV Cumbre de los Pueblos un cambio en el modelo de desarrollo econmico global. Marcos Arruda, economista brasileo y miembro del jurado sealaba el desgaste de este patrn. La idea de que el crecimiento econmico es el camino para generar bienestar se concibe como un mito. Nos lleva a la conclusin a que este desarrollo est equivocado y es insostenible en trminos humanos y ecolgicos.

El fallo final incluido en la sentencia recoge todo el trabajo desarrollado por los miembros del TPP. Se denuncian como inmorales las prcticas generales del modelo neoliberal, la actitud de las corporaciones europeas y la actitud de la UE, los Estados miembros y los Estados receptores de los proyectos analizados. Tambin le recuerda a la UE el cumplimiento del Tratado de Lisboa en materia de derechos fundamentales y reconoce el derecho para organizarse y movilizarse a todas las vctimas de estos procesos empresariales.

El apartado final propone una serie de medidas cautelares entre las que se encuentra la paralizacin de todos los proyectos cuyo desarrollo est previsto en territorio de pueblos indgenas y que no hayan sido sometidos al consentimiento previo. Del mismo modo pide la paralizacin de los megaproyectos como el de Endesa en Chile, entre otros, que supongan un impacto negativo sobre la vida de las personas sin contrapartida para el desarrollo de las comunidades afectadas. Sobre materia econmica, el TPP resuelve que se suspendan los procesos de conclusin de tratados comerciales o de inversiones mientras que no se sometan a un proceso de evaluacin del impacto con la participacin de los propios pueblos. La moral y la humanidad por encima de las prcticas econmicas establecidas es lo que se ha querido reivindicar con la celebracin del TPP. El Tribunal nos llena de argumentos a la hora de rechazar esos proyectos o pedir que se paren. Es un espaldarazo moral, no tiene ms valor que eso, concluye Mabel Bustelo.

Del silencio a las polticas pblicas y sistemas de evaluacin

Todas las empresas denunciadas en esta edicin del Tribunal Permanente de los Pueblos fueron invitadas a participar para defenderse de las acusaciones. Ninguna de ellas acudi y tampoco se realizaron declaraciones o comunicados al respecto. Ponerse en contacto con el gabinete de prensa del Canal de Isabel II es sencillo pero no obtener una respuesta. Un discreto no es verdad y la negacin a hacer ms declaraciones es lo que nos responden ante la pregunta sobre si tenan conocimiento sobre la causa denunciada.

Diferente es la respuesta de Repsol YPF. Eduardo Garca, director de responsabilidad corporativa nos atiende con conocimiento de causa sobre las denuncias presentadas contra su compaa en Per. Ante esta situacin, Garca nos remite a explicar que Repsol posee una poltica pblica de relaciones con las comunidades indgenas, realizada conjuntamente con la ong Intermn-Oxfam a partir del ao 2007. Las comunidades indgenas tienen derecho a que se realice una consulta previa e informar cuando se realice algn proyecto de inversin, afirma el representante de la empresa. Garca aade que Intermn les hizo saber que ese proceso no es llevado a cabo de forma sistemtica por ciertos Estados, hecho que les llev a la propuesta de redactar esta poltica conjuntamente. Esta poltica posiciona a Repsol de lado del respeto a los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos a los pueblos indgenas, afirma Garca. El texto hace mencin especfica al reconocimiento del Convenio 169 sobre Pueblos Indgenas y Tribales de la Organizacin Internacional del Trabajo y la Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmado en 2007.

Repsol se encuentra trabajando en un estudio de evaluacin de la situacin en los cinco pases en los que tienen establecido algn proyecto de explotacin de recursos con comunidades indgenas. Hemos escrito los trminos de referencia de ese estudio con dos agentes sociales con los que venimos trabajando: Comisiones Obreras y la propia Intermn, afirma el director de responsabilidad corporativa. Este informe se est desarrollando ya en Bolivia y le seguir inmediatamente despus el caso de Per. Los objetivos de estos estudios seran evaluar en qu grado el gobierno ha realizado la consulta previa y en caso de que sea insatisfactoria, Repsol pedir a los agentes independientes las iniciativas necesarias de mejora. Hemos acordado con Oxfam que Repsol har pblicas las iniciativas que lleve a cabo, seala Garca. Aade el representante de la empresa que desde Repsol se est haciendo algo muy pionero en el sector, como es el trabajo con una ong de desarrollo y la propia poltica de relacin con las comunidades indgenas.

En el punto de mira

Hasta ocho empresas transnacionales con capital espaol han sido enjuiciadas durante las sesiones desarrolladas por el Tribunal Permanente de los Pueblos en la Facultad de Matemticas de la Universidad Complutense de Madrid. Aparte de Repsol, Endesa y el Canal de Isabel II, la lista se completa con Pescanova, Telefnica, Unin Fenosa, el Banco Santander y Proactiva Medioambiente. Se les acusa de diferentes aspectos que van desde los daos medioambientales hasta la violacin del derecho sindical y el trabajo digno, entre otros.

A Pescanova se le acusa de explotar negligentemente los manglares en Nicaragua, generando daos irreparables para el Medio Ambiente, as como perjudicar el desarrollo econmico y social de la poblacin de la zona. Telefnica incumple, segn los denunciantes chilenos del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, los acuerdos laborales de la OIT. Por su parte, al Banco Santander se le acusa de financiar las hidroelctricas construidas en el ro Madeira, de la Amazonia brasilea. Estas presas, segn las organizaciones denunciantes entre las que se encuentra SETEM, han causado graves daos ambientales.

Unin Fenosa est sealada como responsable de impactos sociales en pases como Colombia, Guatemala, Mxico y Nicaragua, contando con la complicidad del gobierno espaol. Por ltimo, la gestin privada del agua por parte de Proactiva Medioambiente en Guayaquil, Ecuador, tambin ha sido denunciada por el TPP.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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