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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-06-2010

Primera condena contra militar de alto rango en el caso del Palacio de Justicia

Rebelin


La sentencia de la Seora Jueza Estela Jara, del Juzgado 3 Especializado de Bogot, resolvi condenar a 30 aos de prisin, en un centro carcelario comn, al coronel Lus Alfonso Plazas Vega. Convirtiendo este fallo en un hecho histrico, luego de ms de medio siglo de impunidad en los crmenes de Estado en Colombia.

Este es el resultado de la persistencia, de la resistencia, de familias, algunas de ellas, casi annimas, que contra toda adversidad han llevado tercamente la presencia histrica de sus seres queridos desaparecidos forzados y ejecutados extrajudicialmente, exigiendo verdad, justicia y reparacin integral.

Se trata de un avance en el reconocimiento jurdico y penal a la verdad histrica, araada, cimentada en la bsqueda de las familias de los desaparecidos del palacio de justicia, de las familias de los ejecutados extrajudicialmente y de los torturados.

La Sentencia con ms de 300 folios, fundamentada en la valoracin de decenas de pruebas testimoniales, tcnicas, cotejadas en la sana crtica y el debido proceso declara penalmente responsable a este mando militar por la desaparicin forzada de Norma Constanza Esguerra, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco, Cristina del Pilar Guarn Cortez, Luz Mary Portela Len, David Suspes Celis, Bernardo Beltrn Hernndez, Hctor Jaime Beltrn Fuentes y Carlos Augusto Rodrguez Vera, desaparecidos del Palacio de Justicia en su calidad de empleados de la cafetera y visitantes ocasionales durante la retoma militar realizada el 6 y 7 de noviembre de 1985, junto a la desaparicin forzada de Irma Franco Pineda en su calidad de militante del M-19.

En la sentencia se orden compulsar copias para que se investigue: el conocimiento previo que pudo tener la fuerza pblica de la intencin del M-19 de tomarse el Palacio de Justicia y la falta de medidas para la proteccin del personal que se encontraba en las instalaciones del recinto de la justicia y las posibles ejecuciones extrajudiciales de las que pudieron ser vctimas algunos rehenes y subversivos del M-19. Igualmente, orden compulsar copias para abrir investigacin contra el ex presidente Belisario Betancur, teniendo en cuenta "i) la calidad que ostentaba de suprema autoridad administrativa, segn lo dispona la Constitucin Nacional de 1889; ii) la aceptacin de responsabilidad en cuanto al desarrollo y consecuencias del operativo expresada por l en la primer alocucin que ofreci a los medios de comunicacin el 7 de noviembre de 1985, una vez finalizada la operacin militar de la retoma", as como a los dems integrantes de la lnea de mando de las Fuerzas Armadas de la poca, que participaron en el operativo del Palacio de Justicia; as como a los miembros de la Polica Nacional y de los organismos de seguridad del Estado que intervinieron en el operativo.

Hoy, 24 aos y 9 meses despus de la comisin de crmenes de lesa humanidad, crmenes de guerra y graves infracciones al derecho internacional, los familiares no conocen en donde se encuentran los desaparecidos forzados el 6 y 7 de noviembre de 1985. An no hay respuesta de los militares procesados a la pregunta en dnde se encuentran los desaparecidos? Ese derecho les contina siendo negado.

La Sentencia es tarda para los familiares de algunos de los desaparecidos que ya han fallecido como Don Jos Guarn, Doa Rosalbina y Doa Aura. Es el resultado de la tenacidad del seor Enrique Rodrguez. padre de Carlos Augusto, Doa Carmen, madre de David Suspes Celis, Don Bernardo Beltrn, Don Hctor Beltrn y su esposa Clara, Doa Elsa Corts, Doa Elvira, de Cecilia Cabrera, de Cesar Rodrguez, de Alejandra Rodrguez, de Rosa Milena y Edinson Crdenas Len, de Ren Guarn, de Ermida y Damaris Oviedo, de Esmeralda y Ral Lozano Castiblanco, de Miriam Suspes y su hija Elizabeth, de Sandra Beltrn, Pilar Navarrete y sus hijas, de Juan Francisco Lanao padre e hijo, de Amparo Esguerra y Debora Arango Esguerra, de la familia Ospina Lizarazo, de Mario Beltrn y sus hijas, de las hermanas Castiblanco, de Jorge Franco, de Ins, Rosa, Carmen, y los dems familiares que persisten a pesar de la impunidad, de la formalidad jurdica, de la ilusin judicial, y contra todo en la exigencia de justicia.

La independencia judicial y la divisin de poderes, como hace 25 aos, contina amenazada frente a este avance parcial en el derecho a la verdad y a la justicia. El propio Alvaro Uribe Vlez conocido el fallo manifest que “una alianza criminal entre el narcotrfico y una guerrilla asesin a la Corte Suprema de Justicia” y cuestion que “ninguno de los actores criminales est en la crcel”. Para Uribe, la sentencia contra Plazas Vega es la condena “a un integrante de las Fuerzas Armadas de Colombia que simplemente busc cumplir con su deber. Duele, da tristeza”.

Por su parte, un da antes de conocerse el fallo, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, le ofreci toda su solidaridad y sostuvo que esperaba se acabara la "justicia espectculo" contra oficiales como el Coronel Alfonso Plazas y los dems uniformados investigados.

Es de conocimiento pblico de las presiones contra la Fiscal ngela Mara Buitrago, contra la jueza Estela Jara y su hijo durante el proceso fueron permanentes. Bajo la persecucin a estas operadoras de justicia se pretendi instaurar un mecanismo de impunidad, el que se suma a la estrategia de dilacin, de la burla procedimental, de las acusaciones, de los sealamientos y de amenazas contra los familiares de las vctimas y representantes jurdicos de estas.

Los cuestionamientos y sealamientos a las actuaciones judiciales indican que los factores de riesgo sobre la Fiscal y la Jueza, y en particular, sobre los familiares de las vctimas y sus apoderados, constata la ausencia de garantas para quines afirman la exigencia de verdad y de justicia. Estas posturas pretenden desconocer que en un Estado de Derecho el uso de la fuerza tiene lmites, que desaparecer, torturar, ejecutar extrajudicialmente no es una defensa de la democracia.

La postura del ejecutivo, de militares y exmilitares pueden conllevar a daos irreparables a la vida e integridad personal, de los familiares y de sus apoderados, como ha sucedido en el pasado con Eduardo Umaa Mendoza, defensor de derechos humanos, que durante 12 aos, fue un cogestor de lo que hoy es este avance en la verdad y la justicia jurdica de este crimen de lesa humanidad.

Bogot, D.C. 09 de junio de 2010

Corporacin Colectivo de Abogados “Jos Alvear Restrepo”

Comisin Intereclesial de Justicia y Paz

Ver sentencia completa en:

http://justiciaypazcolombia.com/Fallo-historico-en-contravia-de-la



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